La esperanza de vida de los mexicanos se redujo en comparación con la OCDE, a la par, el sector salud público se debilitó. El Gobierno federal respondió con una reducción en su catálogo de atención de enfermedades; sin embargo, la cobertura médica para altos funcionarios creció.
Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).– Para algunos ex trabajadores, la descomposición del sector salud público comenzó en la década de los noventa. Para analistas, el desmantelamiento inició un poco antes. Si bien el principio del fin es incierto, ex empleados, usuarios y expertos coinciden que en la actualidad el ramo enfrenta una de sus peores etapas, pues no da abasto a millones de mexicanos, y no por falta de dinero; el problema tiene que ver con las autoridades, carencia de políticas públicas, rendición de cuentas y un plan que termina con la privatización, aseguran.
Durante 2015, SinEmbargo retrató con diversos reportajes y crónicas el sector salud público. Se encontraron casi las mismas situaciones, en diferentes pacientes, con distintas enfermedades: falta de atención oportuna, carencia de medicamentos, equipo y análisis, malos tratos y hasta negligencias.
El investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Gustavo Leal Fernández, considera que durante los tres años de Gobierno de Enrique Peña Nieto el sector no sólo no recibió una reforma y una buena estrategia para garantizar el derecho a la salud de los mexicanos, sino que además bajó el catálogo de enfermedades que atiende, e incluso se usó con fines electorales; un ejemplo visible, dice, fue el de los vales de medicinas que promovió el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
“Lo que no ha habido es la inteligencia estratégica para el uso sanitario de esos recursos. La pregunta lógica es por qué no lo ha habido, y la respuesta es muy clara: el Presidente [Enrique Peña Nieto] no ha sido capaz de remover del cargo a la Secretaria de Salud, Mercedes Juan López, porque se ha pasado tres años hablando de una supuesta reforma sectorial y a degradar el derecho a la salud de los mexicanos, y bajarlo al nivel de los paquetes del Seguro Popular. Y no han atendido las dos demandas principales de los ciudadanos, que son: la mejora de los servicios con los recursos que tenemos y la ampliación del catálogo de intervenciones del Estado”, comenta.
“Fue una acción electoral. Es una vergüenza. A Peña Nieto no le importó quitarle dinero al IMSS [Instituto Mexicano del Seguro Social] y al ISSSTE [Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado] y que hubiese servido para mejorar los servicios, pero sí los quiere para cumplirle a su aliado el Partido Verde”, agrega el académico.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 (PEFP) se aprobó un gasto de 229 mil 916 millones de pesos para el ISSSTE y 544 mil 321 millones para el IMSS, mientras que el total de gasto para salud fue de 132 mil 216 millones de pesos, 2 mil millones de pesos menos con respecto a los asignados en 2015 para este sector.
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y otras organizaciones han pedido que se transparente el gasto. Explicaron que no se trata de la falta de dinero, sino de la administración de mismo. Hasta este momento no se puede saber cuánto recurso recibe cada unidad de salud, y tampoco a qué se destinó.
Las asociaciones civiles durante una investigación observaron que el dinero se pierde en alguna parte de la cadena, por ello incluso existen trabajadores o médicos inconformes a los cuales se les adeuda su sueldo.
“Nosotros queremos seguirle la ruta al dinero porque en algún lado se está yendo y no está llegando a donde debería llegar. Por un lado, los médicos, enfermeras y usuarios se quejan de no tener los servicios, pero ellos no son los responsables, evidentemente, ellos no son quienes deben administrar y destinar los recursos”, informó Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
“Por el otro lado, en medio, se genera una caja negra que es la que tiene que ser transparentada con el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. Por ejemplo, los recursos se pueden poner en una cuenta separada [en lugar de una cuenta integradora, como actualmente se hace], ese es un buen paso. No se trata de un asunto de contabilidad, sino de rendición de cuentas”, según la organización.
No es para menos, actualmente la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha interpuesto más de una docena de denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el IMSS y el ISSSTE.
En Veracruz, por ejemplo, realizó una observación por un monto de más de mil 580 millones de pesos, que debieron ser transferidos para la Cuota Social y las Aportaciones Solidaria Federal al Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Seguro Popular. Hasta ahora no se sabe nada de ese dinero.
SALUD: DEL BOLSILLO DEL USUARIO
En la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2013, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en conjunto con el IMSS contabilizaron un total de 91 millones 540 mil 602 de derechohabientes de algún tipo de seguro, público o privado.
La mayoría está afiliada a los servicios públicos de salud. Se trata de 41 millones de personas en el Seguro Popular, otros 40 millones en el IMSS y 6 millones en el ISSSTE. Sólo 848 mil 264 personas pertenecen al segundo rubro.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio a conocer que en 2012, el gasto total en salud en México representó el 6.2 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), “este porcentaje se encuentra entre los más bajos de los países de la organización (sólo por encima de Estonia y Turquía) y muy por debajo del promedio (9.3 por ciento)”, estableció.
El documento de la OCDE, titulado “Desempeño y Reformas del Sistema Mexicano de Salud”, dedicado a analizar el desempeño y las reformas del sector, señaló como el mayor de sus problemas la “amplia inequidad en el acceso”, pues además de que un porcentaje menor cuenta con seguridad social, alrededor de la mitad del gasto en este sector proviene del bolsillo de las personas, en contraste con la mayoría de los países miembros de la organización que cuentan con una cobertura universal o casi universal y el gasto directo del paciente es menor al 20 por ciento.
Es decir, que más del 90 por ciento tiene algún tipo de cobertura en el sistema público, pero la cobertura no es suficiente, de acuerdo con el catedrático Gustavo Leal.
Por otra parte, existe un sector de la población que al no encontrar una pronta respuesta acude a servicios privados de fácil acceso. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, cerca de 22 por ciento de las personas que reciben atención en los consultorios de farmacia (el llamado médico de punto de venta), lo hace porque no quieren ir al médico en el sistema público.
Lucila Servitje Montull, del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (IMDOSOC), opinó que la apuesta del Estado es “dividir y vencer” para luego privatizar el servicio público, por ello, dijo, es necesario defenderlo.
“Hay una tendencia a privatizar en todos los niveles. Es como un divide y vencerás. Lo vemos en el nivel más básico, donde después de las horas de espera y la falta de medicamentos la cuestión es irse a una farmacia, éstas de consultorio. Es lo que haríamos todos en la cuestión práctica. Pero esa tarea de resolver nuestro día a día, es defender nuestro bien público, defender aquello que es entregado a la Federación para que se reparta para todos. Ahí hay una doble tarea. Tenemos que resolver, como podamos, nuestros problemas inmediatos, pero también tenemos que saber qué pasa con esto que entregamos al Gobierno para que nos lo devuelva en forma de servicio”, refirió Servitje Montull.
“Están dando seguros de gastos médicos menores para personas que necesitan una cobertura de gastos médicos mayores”, refirió Leal Fernández.
Existen 15 mil farmacias que brindan estos servicios en México, las cuales generan 300 mil consultas diarias, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública. Un modelo que ha proliferado por la escasez de servicios de salud y la mala atención, de acuerdo con organizaciones civiles.
Se les llama consultorios adyacentes a farmacias (CAF) y de acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en 2014 el 35 por ciento pertenecía a Farmacias Similares, el 19 por ciento a las Del Ahorro, y empatados con 6 por ciento del mercado, las farmacias Benavides, GI y Dr. Descuento.
¿ATENCIÓN? NI PRONTA NI DE CALIDAD
¿Cuántas personas mueren por culpa de deficiencias en el sector salud? No se sabe. Sin embargo, el primer Reporte Ciudadano sobre Calidad y Acceso Efectivo a la Salud expone que la información sobre estos servicios está incompleta, no es consistente y presenta errores. Ejemplo de ello es que la Secretaría de Salud indica que el tiempo de espera para una consulta es de de 22 minutos en zonas urbanas; sin embargo, en la realidad una persona espera en promedio 1.32 horas.
En el estudio se indica que una tercera parte de las unidades de salud (32.6 por ciento) no han reportado información sobre calidad de los servicios que prestan en los últimos 4 años (2011-2014); entre ellos el Hospital General Xoco, en la Ciudad de México.
Las cinco entidades federativas con peor rendición de cuentas en sus indicadores de calidad son: Baja California Sur, Chiapas, Distrito Federal, Michoacán y Coahuila.
Además, casi dos terceras partes de las unidades de primer nivel urbano (63.4 por ciento) y seis de cada diez de las del área rural (59.5 por ciento) tienen fallas en el abasto completo de medicamentos; una tercera parte de los pacientes no recibe los medicamentos que se le recetan; 3.9 millones de personas tuvieron que pagar por consultas, medicamentos o estudios de laboratorio.
Un 61 por ciento de las unidades de urgencias incumplen con los tiempos de espera previstos en la norma; una de cada diez unidades reporta más de un mes de espera para cirugía (9.6 por ciento); el 42.3 por ciento por ciento de las personas que se sometieron a intervención quirúrgica en los servicios públicos de salud tuvieron que pagar por algún material o medicamentos para la cirugía.
Suma a que más de la cuarta parte de las unidades de primer nivel (27.8 por ciento) y casi tres cuartas partes de las unidades de urgencias, tienen quejas de los usuarios (73.5 por ciento).
En tanto, México tiene la menor esperanza de vida de todas las naciones de la OCDE: 74.6 años en promedio, 5.8 años menos que el nivel promedio establecido por la organización (80.4 años). Además, la expectativa de vida en el país es la que aumenta con mayor lentitud en comparación con todos los demás.
LOS FUNCIONARIOS Y EL SECTOR PRIVADO
La otra cara del sector salud es la privada. Por contradictorio que resulte México es uno de los destinos de turismo médico preferido por muchos.
En el país operan actualmente 20 empresas especializadas en turismo médico en 11 entidades federativas, con potencial para alcanzar hasta 25 mil pacientes anuales a escala nacional en los próximos cinco años, señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón Castañón.
Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, Quintana Roo, Puebla, Hidalgo, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, San Luis Potosí y Sonora son los estados donde personas de Estados Unidos y Canadá, principalmente, contratan servicios de salud porque son de “costos accesibles, calidad y menores tiempos de espera”, de acuerdo con el sector privado.
Pero son son las únicas personas que gozan de buenos hospitales. El Presidente, secretarios de Estado, senadores, diputados, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consejeros electorales y otros altos funcionarios mexicanos gozan de sueldos superiores a los de la monarquía española, sumando bonos, apoyos complementarios, compensaciones, seguro de vida, seguro de separación individualizado, seguro de gastos médicos mayores, estímulos, recompensas, aguinaldo y en algunos casos hasta el pago de horas extraordinarias, según estipulan los manuales de percepciones de cada área.
De 2012 a 2014 el gasto en ese rubro a nivel federal pasó de 2 mil 50 millones de pesos a 5 mil millones de pesos, sólo contando los seguros de las secretarías de Estado y al gabinete ampliado de Peña Nieto.
En 2013, Enrique Peña Nieto tuvo un seguro médico por 22 mil 646 pesos, con posibilidad de ampliarlo. A eso se agrega su seguro de vida y la potenciación de éste con un “bono extraordinario de riesgo” de más de 380 mil pesos.
Los secretarios de Estado Miguel Ángel Osorio Chong, de Gobernación, y Luis Videgaray Caso, de Hacienda y Crédito Público, tienen sueldos cercanos a los 200 mil pesos mensuales y seguros médicos por 333 días de su salario.
En el caso de ministros, magistrados y jueces, de 2012 a 2014 la bolsa para su cobertura médica privada fue de mil 666 millones de pesos. Los paquetes que se contrataron con Banorte Generali incluyeron ambulancia aérea, atención en el extranjero y operación de nariz, entre otros.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue la que más gastó, pues anualmente destinó más de 61 millones de pesos para seguro médico.
Por otra parte, el pasado noviembre, el Senado de la República dio a conocer que de marzo a diciembre de este año, la bolsa para los seguros de gastos médicos mayores de los legisladores y altos mandos fue de casi 13 millones de pesos, sin contar los impuestos.
