Doce son los “grandes” cárteles que, de manera impune y corruptora, se disputan el territorio mexicano.

De acuerdo a un estudio realizado, no por alguno de los tres poderes que integran el Estado Mexicano, sino por el Congreso de los Estados Unidos, a mediados de este año revelaron que las organizaciones criminales identificadas son: el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Golfo, el de los Beltrán Leyva, Los Zetas, los Arellano, la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, el cártel del Noroeste, los Viagra y los Rojos.

Una indagación somera en los estados por parte de la Fiscalía General de la República o de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, les habría confirmado la información. De hecho, en varios de los documentos que forman parte del hackeo masivo a la Secretaría de la Defensa Nacional, ha quedado evidenciado que, por lo menos el Ejército conoce de las organizaciones criminales que delinquen en cada una de las entidades federativas, aunque esa información, proporcionada por las distintas regiones militares, no ha sido utilizada para elaborar una estrategia ya no digamos de combate, ni siquiera de contención.

De esas doce organizaciones del crimen organizado, dos son las preponderantes, y de hecho, ese es el origen de muchas otras células delincuenciales que afectan distintas regiones de México. Se trata del cártel Jalisco Nueva Generación, en franco crecimiento desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, y del cártel de Sinaloa, que atraviesa por un segundo aire criminal a partir de la aprehensión de Joaquín Guzmán Loera, en la presente administración de Andrés Manuel López Obrador.

Los cárteles de Jalisco y Sinaloa se disputan el territorio mexicano a fuerza de balazos, masacres, desapariciones forzadas, secuestros, cobro de piso, vendettas, asesinatos. Ante la complacencia por incapacidad, y acaso por corrupción en sus bases, de la FGR, los cabecillas de los cárteles de la droga en México viven libres en la impunidad. No los persiguen, y cuando por azares de la inseguridad logran aprehenderlos, no los pueden retener en prisión debido a la ausencia de investigación sobre los delitos de alto impacto en los que participan.

Particularmente estos dos cárteles, uno liderado por Nemesio Oceguera “El Mencho”, y el otro por Ismael Zambada “El Mayo”, han sacado las armas y reiniciado una narco guerra por el control de distintos municipios, ya no únicamente en la frontera norte para el trasiego de drogas hacia los Estados Unidos, también en estados del sur, centro y pacífico, los cuáles utilizan en alguno de los proceso criminales para recibir precursores químicos de otros países, instaurar laboratorios de drogas, sembradíos de mariguana o amapola, o de tránsito de la droga.

Datos oficiales, al menos los del presidente, dan cuenta que del 1 de diciembre de 2018 cuando él tomó posesión del cargo, y hasta el 21 de noviembre de 2022, en México han sido asesinadas 139 mil 510 personas, más de los homicidios contabilizados ya sea en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, o en el de Enrique Peña Nieto. Estos homicidios, evidentemente al alza, tienen su origen en el narcotráfico y el crimen organizado, y particularmente, en la guerra que sostienen entre sí las organizaciones criminales, donde resaltan el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, pero no son los únicos.

En estos momentos de violencia de alto impacto, de masacres, de balaceras diurnas o nocturnas, de toma de ciudades, de actos de terrorismo por parte de los narcotraficantes con la quema de vehículos, la toma de carreteras y vialidades, el gobierno de la República no está actuando en consecuencia. De hecho, los cárteles de la droga han avanzado en la “conquista” de territorios a sangre y plomo, porque el gobierno ha retrocedido en su obligación de perseguirlos y proveer seguridad a los gobernados.

Varios elementos tienen los cárteles a su favor: la política pública de “abrazos, no balazos” que les permite delinquir de manera impune, sabiendo que no serán perseguidos, ni detenidos, mucho menos investigados. La inacción de la fiscalía general de la República, que se concentra en los litigios políticos y no cuenta con una estrategia de persecución, investigación y desmantelamiento de los cárteles y la criminalidad organizada. La instauración de la Guardia Nacional, que eliminó a la Policía Federal, para dar paso a una corporación que “patrulla” calles sin estrategia de contención, ni inteligencia policías, ni investigación, solo para “inhibir” con la presencia.

El compromiso del presidente, público en varias ocasiones, de no perseguir a los criminales “porque también son seres humanos”, les ha dado un segundo aire a los cárteles, que, armados, disputan calles, plazas, municipios y estados. Los ha envalentonado a grado que, de ser cierto, a través de narcomensajes atacan a ex gobernadores, en una evidente defensa de gobiernos actuales, como el caso de Baja California (https://zetatijuana.com/2022/11/amenazan-a-bonilla-por-infundir-panico-en-bc-fge-confirma-narcomensaje/).

Y lo que es peor, la guerra entre los cárteles está matando inocentes, vulnerando a la sociedad toda. En las últimas semanas, en Baja California, han sucedido cientos de asesinatos, hay días de 14, 15 homicidios, aunque el promedio es de siete cotidianos, pero llaman la atención aquellos en los que personas ajenas a la criminalidad organizada son atacadas, por entrar en un territorio de su estado, que se supone es libre, es seguro, pero que un cártel se lo ha adjudicado.

El 13 de noviembre, en el municipio de Tecate, el alcalde inauguró la nomenclatura de una calle en el poblado conocido como La Rumorosa. Le puso el nombre de Jaime Maussan. Un día después, tres jóvenes que acudieron a una convención en esa zona, acudieron a la calle para tomarse una fotografía con el letrero. Los recibieron a balazos. Los jóvenes, turistas de Mexicali, la capital del Estado, subieron a su auto y huyeron hasta ser sacados de la carretera por los impactos de bala.

Los delincuentes arreciaron el ataque y se llevaron a uno de ellos. Fernando Rodríguez, un joven de 28 años, graduado de la universidad, con ocupación en el sector salud. Su cuerpo, torturado y mutilado, aparecería días después. Sus amigos, estaban heridos en el hospital. Las investigaciones oficiales determinan que los criminales que los atacaron y privaron de la libertad y de la vida a Fernando, son del cártel de Sinaloa y que los confundieron con rivales delincuenciales, es decir con miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Por eso los mataron con tanta saña.

Lo mismo le sucedió a Kevin Yale, un niño de catorce años que, en Tijuana, después de acompañar a su papá al trabajo, caminó por una zona dominada por el narcotráfico, para regresar a casa. A su paso realizaba una videollamada con uno de sus amigos a quien dijo que ya iba en camino. Delincuentes que transitaban el puente creyeron que el niño los videograba a ellos y que pertenecía a “los halcones” del grupo contrario. Por eso lo asesinaron a sangre fría.

Ambos casos, como los más de 139 mil homicidios, siguen en la impunidad. Mientras la autoridad retrocede en su obligación de investigar, perseguir, detener y procesar a los narcotraficantes y delincuentes organizados, los cárteles en México ganan terreno y avanzan con su estela de violencia, terror y crimen en una sociedad victimizada por las omisiones de su gobierno.

Adela Navarro Bello

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