El Presidente Enrique Peña Nieto termina su administración con un saldo de al menos 146 mil 149 homicidios dolosos, 43 mil más que los registrados en la administración federal del panista Felipe Calderón Hinojosa.
Especialistas en materia de seguridad, representantes de observatorios ciudadanos y académicos reprobaron tajantemente el desempeño el sexenio de Enrique Peña Nieto en materia de seguridad, pues coinciden que el mandatario entrega un país colapsado, sumergido en una crisis de seguridad, lleno de muertos y violencia.
Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).– El Presidente Enrique Peña Nieto entrega la República con una grave crisis en materia de seguridad pública y seguridad nacional, acompañada de un sostenido estado de impunidad, coincidieron expertos y académicos consultados por SinEmbargo. A unas horas de que concluya el mandato del priista, diversos analistas y estudiosos del tema se sumaron a una serie de opiniones que reprueban la gestión del priista oriundo de Atlacomulco, Estado de México.
“El Presidente Peña deja en manos de los delincuentes el país”, destaca José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
Para Francisco Rivas Rodríguez, director de Observatorio Ciudadano, considera que “el Gobierno de Peña Nieto termina en un absoluto fracaso en materia de seguridad”. Mientras que Irene Tello Arista, directora de la organización Impunidad Cero, el Jefe del Ejecutivo federal entrega la Nación sumergida en la impunidad.
“Sí creemos que el mensaje que hereda el Gobierno de EPN es que se puede cometer un delito en este país y no va a pasar nada, eso nos preocupa muchísimo”, añade Tello Arista
José Antonio Álvarez León, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de México (UNAM), también sostiene que el oriundo de Atlacomulco se va y “deja un saldo pendiente y un país con una grave crisis de seguridad publica y seguridad nacional”.
La administración de Enrique Peña Nieto acumula 146 mil 149 carpetas de investigación por homicidio doloso, desde diciembre de 2012 a octubre de 2018, mes del corte de las cifras más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Son 43 mil 290 asesinatos más que los registrados en el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa, quien sumó 102 mil 859 carpetas por homicidio doloso de diciembre de 2006 a noviembre de 2012.
Sin embargo, en el caso de Peña Nieto los 146 mil 149 asesinatos serán más pues todavía faltan por contabilizarse las cifras de noviembre de este año.
De enero a octubre de 2018, en toda la República se abrieron 24 mil 022 carpetas de investigación que aglomeran al menos 27 mil 792 víctimas de asesinato, de acuerdo con las cifras oficiales. El pasado mes de julio fue el más mortífero en la administración peñanietista, con una cifra de 3 mil 57 víctimas de homicidio doloso en el país.
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Francisco Rivas expone que parte de los resultados de seguridad son directamente imputables a las decisiones o los errores cometidos por el Gobierno federal, y otros a la falta de construcción de contra pesos y capacidades por parte de los gobiernos locales.
“Creo que el Gobierno de EPN termina en un absoluto fracaso en materia de seguridad debido al repunte de violencia porque no hubo un ejercicio por tratar de cambiar el rumbo, aun y cuando se empezaron a detectar focos rojos lo que hizo fue salir a tratar de desalentar la crítica”, comenta Rivas.
El director de Observatorio Ciudadano recuerda que Enrique Peña Nieto recibió el país con un comportamiento de homicidio a la baja y así siguió por varios meses.
“En el Gobierno de Calderón, los delitos graves –como homicidios, robos, secuestros, etcétera– venían bajando. Recordemos que después de la crisis de 2011, donde se llega a un punto máximo de violencia en octubre de ese año, el comportamiento empieza a ser sostenido a la baja y así se mantiene durante un largo periodo, incluso con el inicio de la administración de Enrique Peña: Pero desde la mitad de este sexenio para acá, el homicidio y otros delitos han llegado a sus máximas expresiones”, detalla Rivas.
México tenía una tasa de 18.33 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes cuando Peña Nieto asumió el poder en diciembre de 2012. En 2014, dicha tasa disminuyó 29.3 por ciento, a 12.96 por cada 100 mil habitantes y fue la más baja del sexenio, de acuerdo con cifras oficiales.
Para 2016, con un total de 20 mil 547 carpetas de investigación abiertas, el homicidio doloso subió 21.51 por ciento: 3 mil 638 carpetas más que en el 2015, que reportó 16 mil 909 casos, según muestran las cifras oficiales. La tasa de asesinatos por cada cien mil habitantes subió de 13.97 a 16.80, es decir, 16.84 por ciento.
En 2017, la tasa fue de 20.50 homicidios por cada cien mil habitantes, un alza de 22.02 por ciento con respecto a 2016, que reportó una tasa de 16.80 y creció 58.17 por ciento en comparación con 2014 [con 12.96 homicidios dolosos por cada cien mil habitantes]. Respecto a 2013, el primer año de este sexenio, la tasa se acrecentó un 11.83 por ciento.
“En ningún momento hubo un ejercicio por salir a flote. […] En materia de seguridad Peña Nieto entrega el país en condiciones mucho más graves”, insiste.
José Antonio Ortega Sánchez, Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, concuerda en que el mandatario hereda un país con mayor violencia que el que recibió el primero de diciembre de 2012.
“El Presidente Peña deja más homicidios dolosos, más extorsiones, cobro de derecho de piso y una violencia generalizada en todo el país. … deja en manos de los delincuentes el país”, sostiene.
La extorsión alcanzó una cifra de 35 mil 687 casos de diciembre de 2012 a octubre de 2018 de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo. Son 3 mil 742 carpetas más que en la administración de Felipe Calderón, quien acumuló 31 mil 945 delitos de extorsión.
El académico José Antonio Álvarez León coincide con Rivas y Ortega: “El Presidente deja un saldo pendiente en materia de seguridad y deja un país con grave crisis de seguridad publica y seguridad nacional. Lo veo así porque la base de los delitos comunes en general, casi en todas las entidades de la república, ni siquiera pudo mantenerse con respecto a los sexenios anteriores sino que aumentó”.
El catedrático de la UNAM explica que fueron las carencias políticas de la administración de Enrique Peña Nieto lo que reflejó el incremento de delitos comunes.
“Cuando hablamos de los delitos graves o de los delitos de impacto, lo que nos muestra es una carencia de control político institucional del sistema de justicia penal. No sólo no los resolvió sino que además los agravó, y una de sus variables es la impunidad y la corrupción; es decir, estos delitos crecen porque hay impunidad y porque se pueden asociar fácilmente o incorporar a los delitos también del fuero común”, expone el Doctor en Derecho.
El delito de robo con violencia, de acuerdo a datos oficiales, se registraron al menos 1 millón 196 mil 489 carpetas de investigación por asaltos desde diciembre de 2012 a octubre de 2018, periodo de Enrique Peña Nieto. En el sexenio del panista, Felipe Calderón se contabilizaron al menos 1 millón 110 mil 775 casos.
Irene Tello Arista, directora de Impunidad Cero también destaca que, además de la inseguridad, la impunidad es otra de las marcas que sobresale del actual Gobierno.
“Creo que estamos en un escenario muy crítico. Sí creo que estamos viviendo en una crisis de inseguridad muy grave que va acompañada de una crisis de impunidad que nos preocupa mucho. Sabemos que los delitos y la inseguridad no responden sólo a la parte de sanción o la capacidad que tenga el Estado de sancionar estos delitos. Sin embargo, sí creemos que el mensaje que ha mandado el Estado o el Gobierno de EPN es que se puede cometer un delito en este país y no va a pasar nada, eso nos preocupa muchísimo”, sostuvo la especialista.
La impunidad en México es de 98 por ciento en delitos en general. En relación al homicidio doloso, la impunidad es de 83.4 por ciento y en secuestro la impunidad es de 69 por ciento.
LAS FALLAS
Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo, sostiene que fueron tres los principales errores de la administración de Peña Nieto: continuar con el combate frontal contra el crimen organizado, no reconocer que la estrategia era errónea, y no regular las drogas.
“Lo que le hizo mucho daño a este sexenio fue continuar con la misma guerra contra el mercado de las drogas por la vía de los balazos y el no reconocer el grave fracaso de la prohibición [de las drogas] y el no independizarse de Estados Unidos, en este tema. y no haber regulado las drogas”, opina.
Roel también rechaza la política que eligió Enrique Peña Nieto llevar con relación a Estados Unidos.
Para Francisco Rivas la primer decisión desacertada fue desaparecer a la Secretaría de Seguridad Pública y la conformación de la Comisión Nacional de en un contexto, “incluso legalmente, poco claro”.
El segundo aspecto, explica el analista de índices delictivos, fue la estrategia de descabezar a los grupos delincuenciales en lugar de combatirlos y desarticularlos hasta sus núcleos financieros. Al respecto, Rivas también destaca que en la administración federal que hoy se prefirió usar los instrumentos de inteligencia financiera para fines políticos y no para combatir al crimen.
“Enfrentar a los enemigos del Presidente, a los candidatos que no gustaban, y no enfocarse en combatir a los grupos de delincuencia para desarticular las redes de corrupción”, afirma.
José Antonio Ortega sostiene que el principal falla fue que el mandatario simplemente no enfrentó al crimen.
“No fue su prioridad, se lo delegó a Miguel Ángel Osorio Chong. Dijeron que ellos sí sabían [como combatir la delincuencia] y con lo que tenemos ahorita pues resulta que no supieron como hacerlo. No supieron como coordinar, no combatieron la impunidad, dejaron crecer a los grupos criminales”.
Ortega Sánchez también considera que fue una equivocación la táctica dar continuidad a la política de Calderón Hinojosa.
“Descabezó pero no desarticuló a las bandas criminales y dejó a esos ejércitos de esas bandas crimínales que siguieran operando. Esos son los que hoy se disputan las plazas y se asesinan entre ellos, asesinan a miembros de las instituciones de seguridad publica y asesinan a miembros de la sociedad civil que no se someten a sus pretensiones”, reiteró Ortega.
Para José Antonio Alvarez León fueron diversos los desatinos que ha enfrentado México materia de seguridad publica. El constante cambio de rumbo en los temas de agenda, es una de las razones a las que el académico adjudicaría los malos resultados. “Estar redefiniendo [las agendas] pues los proyectos son inconclusos, se malgastan los recursos y no hay control del delito”.
La paz en México se deterioró 11 por ciento en 2017, según el Índice de Paz publicado el 10 de abril de 2018 por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP). Es el segundo año consecutivo en que retrocede; la más reciente medición –de abril de 2018– destaca el alza récord de homicidios dolosos durante 2017, con al menos 29 mil víctimas, es decir 24 muertes por cada 100 mil habitantes, tasa similar a la de Colombia y el doble de Uganda.
IMPUNIDAD, ESTADO COLAPSADO EN JUSTICIA
Una de las principales fallas es que el sistema de justicia está colapsado, resume Irene Tello de Impunidad Cero.
“Sí creo que todas las herramientas del sistema de justicia penal no han sido explotadas o aprovechas, que el cuello de botella de sistema de justicia y que se ha descuidado este tea, y que el tema de procuración de justicia se ha descuido, o utilizar el sistema con fines, políticos”, dice Tello.
La experta indica que es necesario empezar a reforzar el sistema de procuración de justicia y que el poder judicial otorgue sentencias condenatorias.
En México, la efectividad en el sistema de procuración de justicia es de 18 por ciento; es decir, de cada cinco delitos denunciados sólo uno se resuelve de forma efectiva. La probabilidad de que un delito sea denunciado, investigado y esclarecido es de 1.14 por ciento, de acuerdo con un informe de Impunidad Cero.
El número de Ministerios Públicos estatales por cada cien mil habitantes –a nivel nacional– subió de 7.6 a 8.4 de 2016 a 2017. Se estima que a nivel nacional las personas duran más de dos horas para interponer una denuncia, 135 minutos en promedio. Guerrero es la entidad donde más tiempo tardan, con un promedio de 212 minutos, y Chihuahua es el estado con menor tiempo: 85.7 minutos en promedio.
Irene Tello considera que se intentaron hacer unos avances para intentar reforzar les sistema de justicia y que sí se hizo un esfuerzo por intentar transicionar a esta Fiscalía General de la República; sin embargo no funcionó porque las reformas se hicieron tarde.
“Se quedaron cortos. […] Lo que vemos es que al final, aunque se hagan muchos intentos de reforma de la gran institución de procuración de justicia en el país. Las reformas para generar esta Fiscalía Autónoma sí llegaron tarde en el sentido de que apenas están aprobando el dictamen para la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, y no se consiguieron los cambios que se necesitan al Artículo 102 para poder dar autonomía a las designaciones y nombramiento del Fiscal, pero bueno ahí van”, comenta la especialista.
Para la representante de Impunidad Cero, la Fiscalía Autónoma debió ser una de las primeras cosas que el sexenio de EPN debió impulsar “ Si había tanta preocupación por la seguridad en e país, el tema de la FGR debió ser un tema abordado desde el inicio del sexenio de Peña Nieto”, concluye.
