Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y otras tres organizaciones alertaron que en México, más de 11 millones de jóvenes entre 18 y 30 años de edad no tienen empleo ni acceso a educación, situación que los expone al trabajo informal o precario, conductas de riesgo y ocupaciones ilícitas.
Al presentar una iniciativa de política pública para el empleo formal de jóvenes en riesgo, las organizaciones destacaron que cada año más de 600 mil jóvenes abandonan los planteles de educación media superior y quedan sin opciones para concluir su formación y lograr empleos de mejor remuneración.
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Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).– Más de 11 millones de jóvenes mexicanos entre 18 y 30 años de edad no tienen empleo ni acceso a educación, situación que los orilla al trabajo informal o precario, conductas de riesgo y ocupaciones ilícitas, alertaron organizaciones de la sociedad civil.
Al presentar una iniciativa de política pública para el empleo formal de jóvenes en riesgo, las organizaciones destacaron que cada año más de 600 mil jóvenes abandonan los planteles de educación media superior y quedan sin opciones para concluir su formación y lograr empleos de mejor remuneración.
Destacaron que tener el sustento en una rigurosa evaluación de impacto hace muy distinto a este programa, de muchas acciones y programas tanto gubernamentales como sociales, por contar con solidez y resultados demostrados.
Las organizaciones Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Servicios a la Juventud (SERAJ), Jóvenes Constructores de la Comunidad y YouthBuild México coincidieron en que existe una relación directa entre la educación y el ingreso laboral de las personas. A mayor cantidad de años de escolaridad más ingreso personal y mayor crecimiento de la economía.
“La falta de escolaridad y el escaso acceso al empleo remunerado coloca a estos jóvenes en condiciones de vulnerabilidad e incrementa la probabilidad de conductas de riesgo: adicciones, delincuencia, embarazos adolescentes o muy cerca de la violencia, incluso en ocupaciones que ofrece el crimen organizado. Por eso son urgentes estos modelos que contribuyen a la prevención social del delito y la violación”, destacaron.
“Ver a jóvenes que se quedaron sin educación, con obstáculos graves para tener trabajos bien remunerados y sin esperanza, es cada vez más común en las ciudades de México”, lamentó Tere Lanzagorta, directora de Youthbuild México, quien presentó la propuesta de política pública basada en los resultados de “Jóvenes con rumbo”.
La idea, dijeron las organizaciones, es que cada vez más estados adopten el programa y lo conviertan en política pública para beneficiar a una mayor cantidad de jóvenes y crear un ambiente más propicio para el crecimiento económico del país y también para la prevención social de la violencia.
En 2009, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) estimaba la diferencia de ingresos laborales en 34 por ciento más para jóvenes 16 a24 años con Educación Media Superior o superior, respecto a los que sólo tenían educación básica.
Para los adultos de 24 a 65 años, la diferencia de ingreso laboral para quienes sólo tenían secundaria, era un 22 por ciento menos, que si tenían Educación Media Superior.
Las organizaciones indicaron que hasta el momento, las acciones que ha realizado el Gobierno para incorporar a los jóvenes al mercado laboral y a la educación han sido “dispersas, aisladas, basadas sólo en la buena voluntad, muy pequeñas para el tamaño del problema”.
“Jóvenes con rumbo” cuenta con una evaluación de impacto de su operación en las ciudades de Tijuana (Baja California), Monterrey (Nuevo León), Ecatepec (Estado de México) y Mérida (Yucatán). Tiene logros documentados mediante una evaluación rigurosa de impacto, lo que lo distingue de muchos programas gubernamentales y sociales con propósitos similares que carecen de sustento demostrado.
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El programa ha arrojado importantes resultados al cambiar el rumbo de los jóvenes ahora con certificados de estudio y empleos lícitos y mejor remunerados. El Programa ha atendido 14 mil jóvenes de 2013 a la fecha, informaron las organizaciones.
En la presentación de la iniciativa de política pública y del estudio de evaluación de impacto, participaron también representantes de tres gobiernos locales donde se propone iniciar la fase piloto para el modelo de “2ª Oportunidad para jóvenes mayores de 18 años sin educación media superior”, el cual se implementará en la Ciudad de México, Guanajuato y Chihuahua.
Se espera que los resultados de la evaluación motiven a otras entidades a impulsar el modelo.
La propuesta de política pública que presentan las organizaciones civiles también se sustenta en la experiencia internacional de modelos de Segunda Oportunidad para jóvenes fuera del sistema educativo formal, como los realizados por YouthBuild en Estados Unidos y más de 20 países.
