Entre los casos más recientes se encuentran el de Esmeralda, la menor a la que la Fiscalía General del Estado de Querétaro quiere imponer una pena de tres años de cárcel por haber sufrido un aborto espontáneo.
Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- La búsqueda de justicia en México suele ser un camino tormentoso para víctimas y familiares de víctimas, que en los últimos años han demostrado que la viralidad de los casos en redes sociales y el manifestarse en calles suelen ser clave para que las autoridades volteen a verlos.
Uno de los casos que ha enardecido a las redes sociales en los últimos días es el Esmeralda, la adolescente que fue violada y sufrió un aborto espontáneo a la que la Fiscalía General del Estado de Querétaro quiere imponer una pena de tres años de cárcel.
La Fiscalía queretana, encabezada por Víctor de Jesús Mendoza, quien asumió el cargo marzo pasado en medio de protestas por parte de legisladores morenistas y petistas del estado, también le exige a la joven una indemnización por 518 mil pesos al “padre del producto”.
En Querétaro hay una niña sin derechos porque la autoridad considera que un ab0rt0 es peor que lo que le han hecho y que no investigó. pic.twitter.com/pTG8N0i0QA
— Adax Digitales A.C. (@ADAxDigitalesAC) October 27, 2024
La decisión de la Fiscalía se conoció durante la audiencia intermedia del caso, realizada en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes, detalló Mayra Dávila, presidenta de la organización feminista Adax Digitales, que se ha encargado de representar legalmente a la menor. Sin embargo, posterior a que se conociera el caso, el Fiscal afirmó que no se ha realizado al momento ninguna imputación al respecto del delito de aborto, sino que fue por homicidio.
Fue gracias a la abogada Mayra Dávila, representante legal de Adax digitales, y a la viralidad del hecho en redes sociales, que el caso de Esmeralda llegó no sólo a miles de internautas sino también a oídos de Citlalli Hernández, Secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, y de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien en la mañanera del pueblo apuntó que “no se debe criminalizar, y menos a una niña de 14 años”.
Otro caso reciente es el de Dulce, madre de Kim, una niña de cinco años que presuntamente fue abusada sexualmente en el Jardín de Niños Graciano Viniegra, ubicado en Mexicali, Baja California.
Fue a mediados de septiembre cuando Dulce denunció en redes sociales que el 9 de septiembre Kim regresó de la escuela con un dolor en sus genitales y al momento de revisarla se percato de que traía una herida en su parte íntima, por lo que llevo a su hija a una clínica para que la revisaran.
“Cuando me decido a ir es por una platica que teníamos yo y la niña en el carro donde me menciona que un maestro y una maestra le limpiaron su partesita pero tapados para que nadie los viera hasta que unos niños los descubrieron a lo cual también menciona que hay otra niña involucrada(sic)”, relató.
En este tenor, la madre de la menor explicó interpuso una denuncia ante la Fiscalía del estado e hizo hincapié que las autoridades escolares se enteraron desde el primer día.
El caso se hizo viral tanto en Facebook como en TikTok, en donde Dulce publicó un video explicando a grandes rasgos qué fue lo que pasó, de tal forma que llegó hasta la Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien a través de redes sociales informó que ha estado en contacto con la familia de la víctima aseverando que “cuentan con todo nuestro apoyo en este proceso, para que este caso sirva como ejemplo y que nunca, nadie más se atreva a meterse contra lo más sagrado que tenemos como sociedad, nuestra niñez. ¡HABRÁ JUSTICIA! (sic)”.
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Días después, la madre de Kim llamó a manifestarse frente a las instalaciones del kínder, en donde el pasado 17 de septiembre se congregaron decenas de personas exigiendo justicia para la pequeña de cinco años de edad.
Pero los casos de Esmeralda, Dulce y Kim no ha sido el único en el que las víctimas y familiares de las víctimas recurren a las manifestaciones virtuales y presenciales para ser vistos.
A finales de febrero del año en curso, colectivos y familiares de una menor víctima de abuso sexual bloquearon Periférico Norte luego de que el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela absolviera al presunto abusador, Alejandro “N”, argumentando que la víctima no había podido dar detalles sobre el lugar, el día y el horario en que ocurrió la agresión.
Para presionar a las autoridades Victoria Figueiras, madre de la víctima, familiares, colectivos y aliados, advirtieron que no liberarían el paso sobre Periférico Norte hasta que autoridades del Estado de México se comprometieran a revisar el caso.
Otro ejemplo sobre el poder que tiene la presión social es el de las alumnas de la carrera de Mercadotecnia Digital, del Instituto Politécnico Nacional, denunciaron que su compañero Diego “N” tenía en su posesión un iPad que contenía fotografías íntimas reales y manipuladas con IA de cerca de mil mujeres con fines de explotación sexual digital.
El caso se dio a conocer a través de redes sociales, en donde rápidamente se sumaron a la causa miles de internautas, en su mayoría mujeres, y la activista Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia y defensora de espacios digitales libres de violencia para mujeres y niñas.
A partir de que el caso se hizo mediático, gracias a protestas y a la viralización del mismo en redes sociales, fue que el IPN tomó cartas en el asunto y dio de baja al alumno. Por su parte, las autoridades procedieron a vincular a proceso a Diego “N” por su participación en el delito contra la intimidad sexual.
De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al corte del 31 de julio, se han registrado 50 mil 069 denuncias relacionadas con delitos contra la libertad y la seguridad sexual a nivel nacional.
