Desde su aprobación en la Cámara de Diputados, ocurrida el pasado 18 de octubre, trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial llevaron a cabo, además del paro nacional, manifestaciones y protestas, incluida una marcha multitudinaria realizada el pasado domingo 22 de octubre.
Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) regresó este día a sus labores, luego de un paro nacional extendido que empezó el pasado 19 de octubre y culminó ayer domingo por la extinción de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial.
A través de un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional y el Sindicato anunciaron que a partir de este lunes se retomarían las labores, con el objetivo de evitar “malentendidos” que pudieran afectarles “desfavorablemente”.
El Sindicato explicó que ahora cambiarían “escenario”, pues pasaron de las calles al jurídico porque ya trabajan en una defensa en contra de la extinción de los fideicomisos y la posible reducción del presupuesto del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal 2024.
🔴#ÚLTIMAHORA I Trabajadores del #PoderJudicial regresan a sus labores luego de días en paro en protesta contra la extinción de los fideicomisos. pic.twitter.com/MQmHjVYqcC
— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) October 30, 2023
“Por ahora es necesario que cambiemos el escenario de lucha, uno que nos es perfectamente conocido por ser en el que desarrollamos nuestro trabajo día con día, es decir, al jurídico, respecto del cual se les hace del conocimiento que esta dirigencia ya trabaja en la defensa jurídica, que para el caso consiste en un amparo colectivo para trabajadores sindicalizados e incluso para los que no lo son”, informó.
“Por lo pronto corresponde, en sentido figurado, ‘volver a nuestra trinchera para reagruparnos y reorganízanos’ y de manera unida decidir los pasos que siguen. También para no agotar nuestros ímpetus, ni perder el objetivo de nuestra lucho, que no es otro, sino el de mantener un Poder Judicial de la Federación independiente y autónomo”, agregó.
Asimismo, expresó que las manifestaciones de la semana pasado no tuvieron precedentes y constituyeron la “primera” lucha que enfrentará, por lo que llamó a aplicar “aplicar una estrategia bien pensada y que tome en cuenta todos los posibles escenarios de afectación, pero además y sobre todo, que se haga, desde un frente común integrado por todos los que hemos decidido engrosar las filas de esta institución que ahora afronta un grave riesgo: el de perder su independencia, y por tanto, su imparcialidad”.
#JUFED. Acuerdo de Directivas Nacional y Regionales para el inicio de la defensa constitucional y ante Organismos Internacionales, contra el Decreto legislativo que elimina los fideicomisos. #TodosSomosPJF. 🇲🇽♾💯 pic.twitter.com/uZVMMUQfoI
— Juzgadoras y Juzgadores Federales (@jufed_org) October 30, 2023
De la misma forma, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación acordó emprender la defensa constitucional contra el decreto de la eliminación de los fideicomisos.
“Las juzgadoras y juzgadores federales asociados, en sesiones de directivas nacionales y regionales, acordaron el inicio de la defensa de la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación, tanto en forma individual como colectiva, contra el decreto que elimina los fideicomisos de dicho poder”, informó.
“La defensa del personal del Poder Judicial de la Federación implica defender a los grandes de los derechos humanos de todas las y los mexicanos”, aseguró.
Desde su aprobación en la Cámara de Diputados, ocurrida el pasado 18 de octubre, trabajadoras y trabajadores del PJF han llevado a cabo manifestaciones y protestas, incluyendo el paro nacional de actividades; así como una marcha multitudinaria realizada el pasado domingo 22 de octubre.
Días más tarde, el 27 de octubre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el cual desaparecen 13 fideicomisos del Poder Judicial, con lo cual se hace oficial la desaparición de estos instrumentos, luego de que el Senado y la Cámara de Diputados aprobaran el decreto.
El documento señala que “no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al mencionado anteriormente”.
27102023-VESTambién establece que se deben dar por terminados los mandatos correspondientes, es decir, los fideicomisos, con el fin de que en un plazo máximo de 120 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del decreto se suscriban los convenios de extinción o terminación.
A mediados del mes de octubre, Morena impulsaba una reforma legal para extinguir 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial, los cuales ascienden a 15 mil millones de pesos, monto que permite una lista de lujos y que asegura que dicho poder cuente con los recursos suficientes como para pagar las pensiones de altos mandos por hasta 100 años.
Morena y sus aliados plantearon en el dictamen que estos fideicomisos se alimentan de los recursos que año con año pide el PJF pero que no emplea, además de que no cuentan con un sustento legal como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, norma en la cual sólo está amparado uno de los fideicomisos.
El Presidente @lopezobrador_ demostró esta mañana que los fideicomisos del Poder Judicial no son usados para pagar pensiones, prestaciones ni gastos médicos de trabajadores.
Es decir, la eliminación de los fideicomisos no afecta a jueces, magistrados, ministros y mucho menos a… pic.twitter.com/f5gyTKWPBR
— Gobernación (@SEGOB_mx) October 25, 2023
Los ajustes que buscó hacer Morena y aliados en el Congreso, tanto con los cambios a Ley del Poder Judicial de la Federación, como al Presupuesto para el próximo año, ahorran hasta 30 mil millones de pesos; 15 mil por fideicomisos y 15 mil más por presupuesto en cuanto a los ajustes al Poder Judicial.
La SCJN ha sostenido que desaparecer 13 fideicomisos y fondos del Poder Judicial afecta a las y los trabajadores de dicha instancia gubernamental, pues al menos seis fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social a través de prestaciones como pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro.
