¿Quiénes son los cinco expertos que formarán parte de la Comisión de la Verdad que indagará las desapariciones y crímenes durante la Guerra Sucia? Conoce su trayectoría y los motivos que expusieron los cinco integrantes cuando se postularon.
Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- Activistas, académicos, investigadores, un experto en materia de seguridad y un exRector son quienes integrarán la Comisión para el acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990.
Este viernes el Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas Rodríguez, anunció que los expertos Allier Montaño, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México; Abel Barrera Hernández, activista y antropólogo; David de Jesús Fernández Dávalos, activista; Aleida García Aguirre, historiadora, y Carlos A. Pérez Ricart, profesor e investigador del CIDE, son el equipo de especialistas que integrarán esta Comisión que tiene el objetivo de que se haga justicia por 25 años en los que cuerpos policiales y militares torturaron, asesinaron y desaparecieron a cientos de personas, y que se repare a las víctimas por esos crímenes de Estado.
Pero, ¿qué experiencia y trayectoria tienen los expertos que fueron elegidos en este proceso que contó con la asesoría técnica de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos?
A continuación, te presentamos los nombres, parte de la carrera de los seleccionados, así como una parte de los motivos que expusieron para postularse a la Comisión de la Verdad sobre la Guerra Sucia.
EUGENIA ALLIER MONTAÑO
Es investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, desde enero de 2007 y actualmente dirige los proyectos “Memorias públicas del movimiento estudiantil de 1968 en México”, “Hacia una historia del presente mexicano: régimen político y movimientos sociales, 1960-2010” y “19-S II. Experiencia, memoria y movilización social”. Antes de ello, dirigió el proyecto “Conmemoraciones de pasados recientes violentos; memoria e identidad. Una comparación México-Uruguay” (2007-2010), y con el Dr. José Carlos Hesles dirigió el proyecto “El carnaval de los héroes, o Crónica de las melancólías.
En su exposición de motivos, explicó que desde su infancia tuvo la oportunidad de crecer en medios sociales vinculados con la militancia del movimiento estudiantil de 1968. Además estudió en escuelas donde también acudieron hijas e hijos de exiliados políticos latinoamericanos que vivían en México.
“Todo esto me sensibilizó frente al mundo que vivía, especialmente a los movimientos sociales y las violaciones de derechos humanos en la región. Estoy segura de que fueron esas circunstancias las que determinaron mis intereses académicos y universitarios, y que me llevaron a optar por historizar el presente histórico, con los retos políticos y éticos que ello implica”, señaló.
La historiadora considera que la Comisión “debería ser plural e independiente, y que en ello la participación de académicas y académicos puede ser decisiva en la búsqueda de la construcción de un país democrático social y político. La verdad es una deuda con las víctimas, pero lo es también con la sociedad en su conjunto.
ABEL JESÚS BARRERA HERNÁNDEZ
Es antropólogo social egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, México, y es fundador y director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, organización civil creada en 1993 con sede en la ciudad de Tlapa, Guerrero, que desde hace 27 años acompaña a los pueblos Na’Savi, Me’phaa, Naua, Ñomdaa, Afromexicanos y mestizos de la Montaña y Costa Chica de Guerrero.
Tlachinollan, explica en su curriculum, forma parte de las organizaciones que acompañan a las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, desde septiembre del 2014, junto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fundar y Servicios y Asesoría para la Paz A.C.
Además, destaca que han litigado junto con Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), los casos emblemáticos de mujeres del pueblo Me’phaa como el de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
Entre sus motivos para formar parte de la Comisión expuso que su interés es porque, como defensor de derechos humanos en la Montaña de Guerrero, ha constatado los estragos de la guerra sucia que padecieron familias indígenas y campesinas por las detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas de esposos, esposas, hijas e hijos.
“Somos testigos de su lucha incansable, de su peregrinar antes las diferentes instancias de gobierno. En medio de tantas adversidades y peligros no han sucumbido, por el contrario, son ejemplos de dignidad y guardianes de la memoria intangible que preservan de sus seres queridos”, expuso.
DAVID DE JESÚS FERNÁNDEZ DÁVALOS
Es maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana, Sacerdote de la Compañía de Jesús (jesuita) fue director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, también fue rector de rector de la
Universidad Iberoamericana así como del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Actualmente es Secretario Ejecutivo de la Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en
América Latina (AUSJAL) que agrupa a 31 universidades en 15 países
El exrector señaló que desde su visión como persona instruida en los temas de derechos humanos y mecanismos de justicia transicional considera que el esclarecimiento de esas violaciones graves a los derechos humanos (tras el conflicto que se vivió entre la insurgencia juvenil y la contrainsurgencia del Estado mexicano a partir del Asalto del Cuartel Madera, en 1965, y hasta la insurrección zapatista de 1994) es fundamental para restañar heridas que, aún ahora impiden la reconciliación cabal en nuestro país, así como para avanzar en la reparación del daño sufrido por numerosos mexicanos y mexicanas, que ponga condiciones eficaces para que estos hechos nunca se repitan.
“Un buen trabajo de esta Comisión de la Verdad podría auxiliar en el rompimiento del pacto de silencio e impunidad que todavía nos agobia. En este período de transición hacia un nuevo régimen más democrático y justo, se hacen necesarios mecanismos extraordinarios de verdad, búsqueda, justicia, reparación y garantía de no repetición de esos lamentables hechos”, destacó en su exposición de motivos.
ALEIDA GARCÍA AGUIRRE
Es profesora de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua con posgrados en investigaciones educativas y acaba de concluir su doctorado en Ciencias en la especialidad de Investigaciones Educativas, dirigida por la Dra. Alicia Civera Cerecedo, para lo cual presentó como tesis la investigación “Subjetividades [políticas] en movimiento: los caminos de maestros y normalistas hacia la militancia armada en México durante los setenta”.
Se ha especializado en historia social del magisterio y el normalismo rural en México, historia oral, relatos de vida y memoria de militantes de izquierda de los años 60 y 70, historia del pasado reciente con perspectiva de género, archivos de la represión política del pasado reciente en México
La experta destacó, en su exposición de motivos, que considera que sus saberes teóricos-prácticos en historia, derechos humanos y perspectiva de género, así como su experiencia de trabajo en archivos y con relatos testimoniales, son idóneos para abonar al esclarecimiento histórico, diseñar estrategias para el acceso a la justicia y la verdad, y promover la memoria y no repetición.
“El llamado a instalar la Comisión, es un gesto de voluntad política que reconoce a las iniciativas histórico-judiciales previas, y en este sentido, mi trabajo buscará dar continuidad a algunas líneas de investigación previamente dibujadas; pero al mismo tiempo, el Decreto reconoce que el esclarecimiento de la verdad requiere de acervos institucionales que han permanecido cerrados hasta el momento (especialmente Sedena). Es necesario que estos acervos sean leídos de manera interseccional para documentar casos de violaciones graves a derechos humanos y reconstruir los contextos que los habilitaron. que su experiencia en la magisterial, moldeada en Argentina y México, contribuirá a distinguir las condiciones contextuales de las violencias y violaciones graves a derechos humanos en testimonios orales y relatos autobiográficos diversos”, señaló.
CARLOS ALFONSO PÉREZ RICART
Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y actualmente se desempeña como profesor-investigador titular en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en la Ciudad de México.
El experto consideró, durante su exposición de motivos, que su experiencia de más de una década trabajando, analizando y estudiando archivos estatales en México y en Estados Unidos; una comprensión crítica, pero a su vez realista y compleja, de lo que fue (y lo que no fue) el Estado mexicano durante el periodo 1965-1990 y una ética profesional y de trabajo de altísimos estándares, son atributos con los que cuenta y que pueden ser particularmente útiles para el trabajo que llevará acabo la comisión.
“Conozco prácticamente todos los acervos documentales relativos a temas de represión policial y militar en México. Asimismo, conozco — y he pasado meses enteros— trabajando en Washington D.C estudiando temas mexicanos. […]Ofrezco una visión que, sin negar la relevancia del Estado como actor relevante en la ejecución de delitos, matiza la idea de que el Estado fue el único actor que centralizó y dirigió toda la violencia que se experimentó en el país. A esta perspectiva se le conoce como “pluralismo violento” y propone, en términos analíticos, el examen de la multiplicidad de fuentes, estatales y no estatales, desde las cuales fue ejercida la violencia en México”, expuso.
