La Alianza por la Salud Alimentaria analizó la “Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes” implementada por el Gobierno federal el 31 de octubre de 2013. Con apoyo de especialistas en el tema, concluyó que las regulaciones que la componen “no son complementarias, están debilitadas por el conflicto de interés (por la alianza con la industria alimentaria) y ninguna por sí misma tendrá impacto directo en el estado de nutrición y salud de la población”. Por lo tanto, exigió, es fundamental que se reformulen tomando como referencia la evidencia científica disponible, así como las recomendaciones internacionales y nacionales.
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Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).– La magnitud, frecuencia y ritmo del crecimiento del sobrepeso y obesidad en México sobrepasa a las políticas del Gobierno federal articuladas en la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, coincidieron especialistas en salud pública. La medida fue implementada el 31 de octubre de 2013, justamente hace tres años, tiempo en que han administrado dos titulares en la Secretaría de Salud: Mercedes Juan López [del 1 de diciembre de 2012 al 8 de febrero de 2016] y José Narro Robles [del 8 de febrero de 2016 a la fecha].
“El objetivo de la Estrategia es desacelerar el incremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los mexicanos, a fin de revertir la epidemia de las enfermedades no transmisibles, particularmente la diabetes mellitus tipo 2, utilizando intervenciones de salud pública, un modelo integral de atención médica y políticas públicas intersectoriales”, justificó el propio Gobierno federal al presentarla.
En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, siete de cada 10 adultos tienen exceso de peso y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) coloca a México en el segundo lugar en prevalencia de obesidad a nivel mundial.
Sin embargo, la Alianza por la Salud Alimentaria destacó que la Estrategia –que busca frenar el ritmo de crecimiento de la obesidad– al no ser una Ley “es débil” en el hecho de que no hay una manera de hacerla cumplir legalmente o asegurar que el Gobierno lleve a cabo sus compromisos.
En su análisis sobre la Estrategia –realizado por Alejandro Calvillo (Poder del Consumidor), Fiorella Espinosa (nutrióloga) y Marisa Macari (política alimentaria)–, la Alianza identificó dos problemas fundamentales:
–Las regulaciones que han sido implementadas no cumplen con los compromisos expuestos en el documento de la Estrategia. Además, no están basadas en evidencia científica libre de conflicto de interés (incluyen a empresas de alimentos) ni en las mejores prácticas internacionales establecidas, por ejemplo, el Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad en la Niñez y la Adolescencia, y la Organización Panamericana de la Salud.
“Hay un gran riesgo si el sector privado que se dedica a producir y comercializar productos altamente procesados está a cargo de desarrollar e informar al público sobre hábitos saludables. La estrategia debe reconocer las implicaciones de una alianza entre el gobierno –que debe de tener la salud pública y los intereses del público como prioridad– y el sector privado –que tiene los intereses de sus inversionistas y sus ganancias como prioridad–”, advirtió el documento.
–Varias medidas que son reconocidas como fundamentales para combatir la obesidad y la diabetes se quedaron fuera de la Estrategia, principalmente medidas regulatorias en el sector agrícola para mejorar el acceso a alimentos saludables y frescos cultivados en el campo, y políticas para apoyar a la lactancia materna.
Asimismo, las regulaciones desarrolladas por la Estrategia toman una perspectiva basada en riesgos. Tratan de evitar pérdidas comerciales y equilibrar los beneficios para la salud que ofrecen las políticas, con los costos económicos para las empresas.
La investigadora en salud pública, Fátima Massa, añadió en entrevista que hay una falta de transparencia respecto a lo recaudado por el impuesto a productos con alto contenido calórico y el destino de los recursos para programas de salud.
“Parte de lo que se recauda del impuesto a productos calóricos se debe regresar a las políticas públicas, lo manda la Ley de Ingresos. Se necesita saber a qué programas se están yendo esos recursos. Como investigadora me encantaría ver un reporte de Hacienda y de la Secretaría de Salud donde expongan cuánto se recaudó del IEPS y cuánto se fue a cuáles programas. Ser específicos en los resultados. Hoy es una adivinanza. Si se hace una solicitud de transparencia se contesta con otros datos. Esa falta es muy grave, sobre todo en un entorno donde se está constantemente recortando el presupuesto a la salud”, cuestionó la también economista y maestra en Administración Pública.
TRES PILARES DE LA ESTRATEGIA
Salud pública, atención médica y regulación-política fiscal son la base de la estrategia gubernamental para promover una cultura que facilite la adopción de estilos de vida que mantengan la salud de las personas, detectar casos de sobrepeso, obesidad y diabetes para controlarlos y, para los que ya lo padecen, ofrecer recursos humanos capacitados e insumos suficientes para hacer efectivo el acceso a los servicios de salud.
El primer pilar sobre el que se apoya la Estrategia es preservar la salud de la población a través de la promoción de estilos de vida saludables, campañas de educación, así como el monitoreo del comportamiento de enfermedades relacionadas como la diabetes o la hipertensión.
Con la atención médica, el segundo pilar, se busca evitar las complicaciones –que resultan más costosas– al garantizar el acceso efectivo a servicios de salud a través de intervenciones dirigidas a personas con factores de riesgo o que ya cuentan con el diagnóstico de hiperglucemia o diabetes mellitus tipo 2.
También urge asegurar los elementos necesarios para el funcionamiento de los servicios de salud destinados a la atención de las enfermedades no transmisibles, así como la presencia de diversas tecnologías que faciliten y mejoren la accesibilidad a las unidades de salud.
Finalmente, el tercer pilar se refiere a la regulación sanitaria y la política Fiscal relacionada con regular el etiquetado y la publicidad de alimentos y bebidas, de manera particular la dirigida al público infantil; además de sugerir políticas fiscales que disminuyan el consumo de alimentos con escaso valor nutricional.
ETIQUETADO EN PRODUCTOS CALÓRICOS
La Estrategia Nacional se comprometió a que el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas debe comunicar información nutrimental clara a los consumidores y fomentar decisiones saludables entre estos.
No obstante, criticaron los analistas de la Alianza por la Salud Alimentaria, utiliza un formato promovido por la industria alimentaria y emplea el término “azúcares totales” (90 gramos frente al límite de 50 gramos de la OMS), en lugar de “azúcares añadidos”, los cuales son agregados por el fabricante y que relacionan con el riesgo de obesidad, diabetes y síndrome metabólico.. También debe indicar la cantidad o porcentaje de grasas totales, no de “otras” grasas.
Además, el etiquetado tiene un formato y conceptos incomprensibles, incluso para los estudiantes de nutrición.
La Alianza recomendó un etiquetado frontal que utilice colores para indicar si un producto es bajo, medio o alto en cada uno de los nutrimentos elegidos. Los valores en rojo servirán de advertencia al consumidor.
IMPUESTOS: RECAUDAR MÁS QUE COMBATIR
La Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, lanzada hace tres años, también consideró necesario utilizar a la política fiscal, a través de la introducción de medidas impositivas que, en teoría, permitan reducir el consumo de aquellos alimentos y bebidas que no aportan elementos nutritivos.
No obstante, la Academia Nacional de Medicina recomienda el diseño de esquemas fiscales mixtos que, por un lado, grave el consumo de bebidas y alimentos hipercalóricos y, por el otro, facilite el acceso a productos nutritivos (frutas y verduras o alimentos propios de la cultura alimentaria tradicional).
En diciembre de 2013, se modificó la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) para establecer un impuesto de 1 peso por litro –equivalente a alrededor de un impuesto de 10 por ciento– a las bebidas con base de agua que contengan cualquier tipo de azúcares añadidos, así como un 8 por ciento de impuesto a los alimentos no básicos con una densidad calórica igual o mayor a 275 kcal por 100 gramos.
Desde la implementación de la Reforma Hacendaria, los ingresos tributarios han seguido una tendencia a la alza. Para 2017 representarán el 13.4 por ciento del PIB, del cual el 0.7 por ciento corresponde al IEPS.
Sin embargo, la Alianza destacó que el impuesto es de 10 por ciento y no de 20 por ciento como se recomienda para lograr una reducción significativa en el consumo de bebidas azucaradas.
Una encuesta de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reveló que el 48 por ciento de los comerciantes cree que las ventas no variaron a raíz de la carga fiscal en alimentos y bebidas. Solo el 6 por ciento consideró que la Reforma Fiscal ha servido par reducir el sobre peso y la obesidad frente al 61 por ciento que afirmó que solo fue útil para recaudar más impuestos.
Entre los consultados, el 83 por ciento aseguró que el cobro de impuestos a refrescos no reduce el fenómeno de obesidad y para el 91 por ciento de los comerciantes, el dinero recaudado por impuestos aplicado a alimentos y bebidas preparadas no se destinó al combate del sobrepeso, obesidad y las enfermedades derivadas.
Finalmente, el 35 por ciento cree que esta enfermedad se combate con una alimentación balanceada y respetando porciones; el 32 por ciento, con reducir el sedentarismo haciendo ejercicio; el 17 por ciento, con educación; y el 16 por ciento, con dietas y restricciones alimenticias.
Se debe “asignar un monto adecuado de los recursos obtenidos con la aplicación del impuesto a bebidas azucaradas en acciones de prevención y control de la obesidad y la diabetes, incluyendo la instalación de bebederos”, determinó la Alianza por la Salud Alimentaria.
“La salud pública y el interés público deben ser la prioridad, no el interés comercial”, concluyó el análisis.
“El Observatorio que se deriva de la Estrategia Nacional sienta a organizaciones no gubernamentales, empresas e investigadores para generar discusiones y encontrar acuerdos. Antes se veían discursos polarizados. Aun así todavía falta hacer buenas evaluaciones con respecto al tema de las políticas”, finalizó la investigadora Fátima Masse.
