Los acontecimientos de esta semana en Frontera Comalapa, a donde llegaron vehículos pertrechados y conducidos presuntamente por miembros del Cártel de Sinaloa para “recuperar” la plaza y echar de la región a miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, los cuerpos descuartizados colocados en distintos lugares de la zona metropolitana de Monterrey y la muerte de seis jóvenes en Zacatecas, más lo que se acumule en los próximos días, semanas, meses, da para pensar que ese acumulado busca tener o, simplemente, tendrá un efecto en los comicios que celebraremos la próxima primavera.

En 2010, me tocó coordinar un grupo de académicos de siete universidades públicas para analizar los procesos electorales en otro tanto número de estados. El resultado fue un libro testimonial y analítico que lleva por título Elecciones en tiempos de guerra publicado bajo el sello editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Los hallazgos nos llevaron a reconocer que la violencia si tiene efectos directos en la participación ciudadana y los resultados electorales. Más recientemente, lo reafirma un libro de mi autoría por publicarse nuevamente por la UAS bajo el título: El dilema del prisionero en las elecciones sinaloenses de 2021. Sea por el entorno, la atmósfera de selección de candidatos y las campañas por el voto y las estrategias de inhibición y movilización el día de la jornada electoral.

Estamos a las puertas de las elecciones “más grandes de la historia de México” donde estarán en juego más de 20 mil cargos de los tres niveles de Gobierno. Esta frase olímpica y recurrente cada tres o seis años es producto de dos procesos: uno, que tiene que ver con la concurrencia de elecciones; y el otro, con la organización y el incremento natural de la lista nominal de electores.

Sin embargo, igual podemos hipotetizar que en cuanto que estamos inmersos en una vorágine de violencia, sin mucho riesgo al equívoco, podría ser la elección más violenta en la historia política de nuestro país.

Llegamos al inicio del proceso electoral 2023-2034 con una atmósfera terrible y un acumulado en los cinco años de este sexenio que ronda ya en los 170 mil homicidios dolosos y cerca de las 35 mil desapariciones forzadas y nada parece indicar que la situación pueda revertirse, sino, por el contrario, hay más indicios, que muestran un alza acelerada en los 32 estados.

Esto nos permite suponer que la sintonía de violencia de los distintos cárteles lo hacen en clave de mensaje de que son ellos los que tienen el dominio y si sienten que lo tienen, no están dispuestos a perderlo, por el contrario, quieren conservarlo y, eventualmente, incrementarlo.

Y esto sólo es posible atacando sistemáticamente de manera que ante un virtual vacío institucional los cárteles sean los referentes inmediatos para segmentos de la población, como lo acabamos de saber que es un gran generador de empleo y ver en la comunidad chiapaneca de Comalapa, que nos permite suponer el soporte de unas elecciones extremadamente violentas.

Primero, porque los cárteles con gran armamento han logrado empoderarse con mayor proactividad que el sistema de seguridad del Estado, lo que se expresa en la captura de territorios, pero, también, frecuentemente, por el escaso respeto que le tienen a las fuerzas de seguridad del Estado;

Segundo, desde la llamada “Guerra contra el narco” calderonista, los cárteles se han multiplicado producto de desprendimiento de las grandes organizaciones y la diversificación y/o especialización, de manera que se han vuelto muy poderosos financieramente y, mediante el lavado de dinero sucio, han venido fortaleciendo su presencia en el mundo empresarial, al grado que podríamos decir que no hay actividad económica que no la hayan contagiado;

Tercero, no es una hipótesis, sino una realidad que al tener un creciente poder económico llegan a tener naturalmente interés político y se expresa en cada uno de los momentos de los procesos electorales para, frecuentemente, influir en quien será Gobernador, Alcalde o Fiputado o, quien, al menos, no es un obstáculo para su seguridad y ambiciones;

Cuarto, como hay un interés en las elecciones, llegan a tener a candidatos para las administraciones públicas y en los cargos de representación política; y,

Quinto, con una clase política pasmada, que está en otra cosa, aunque diga que le preocupa lo que acontece en Comalapa, Monterrey…

Esto es lo que algunos llaman “Estado fallido”, es decir, Estados incapaces de cumplir y hacer cumplir lo que mandata la Constitución y las leyes que de ella emanan.

Claro, esta dinámica de captura de la política y las instituciones no es homogénea hasta ahora, como tampoco no todos los cárteles tienen el mismo poder, sino hay de instituciones y cárteles a cárteles.

Pero lo que es una realidad es que tenemos una sintonía y un constante estallido de violencia con una secuela de muertes impresionante.

Y se preguntarán algunos, ¿y eso como impacta en las elecciones que celebraremos el año venidero? El libro mencionado y las elecciones estatales de 2021 nos permite ver por los resultados obtenidos –independientemente de la coalición o partido ganador– que distintos cárteles tenían especial interés de que sus “candidatos” lograran triunfos en los estados de fronterizos y costeros del Pacífico.

Y ahí tenemos, los triunfos “coincidentes” de Morena en Baja California y Tamaulipas y desde Oaxaca hasta la península bajacaliforniana, con excepción de Jalisco, donde MC refrendó su influencia, pero Morena gobierna Puerto Vallarta.

Entonces, si en aquellas elecciones parciales el interés fue superlativo y tuvo un alto costo en vidas, como la organización Etellekt Consultores demostró en su Primer informe de violencia política en México 2021 registrando un total de “238 agresiones contra personas políticas con un saldo de 218 víctimas de diversos delitos, de las cuales 166 eran hombres y 52 mujeres. De las 218 víctimas, 61 personas políticas fueron asesinadas (53 hombres y 8 mujeres), 18 de ellas aspiraban a puestos de elección” (https://www.etellekt.com/informe-de-violencia-politica-en-mexico-2021-M20-etellekt.html), es muy probable que se repita en elecciones generales y concurrentes.

En definitiva, cualquiera esperaría, especialmente en aquellos estados donde es más recurrente la violencia, que hubiera acciones preventivas ostensibles para evitar que la experiencia trágica se repita en 2024 y, más cuando estará en juego la Presidencia de la República, sin embargo, no parece haber una estrategia de contención y los cárteles están a su aire y eso no es una buena noticia para la salud de la República.

Ernesto Hernández Norzagaray

https://www.sinembargo.mx/author/ernestohernandez

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.

#Entrevista ¬ México puede con políticas de Trump o grilla de Canadá: Subsecretario