El Juez Dennis Saylor argumentó que las armerías demandadas por el Gobierno mexicano cuentan con la protección de la Ley de Comercio Legal de Armas que se rige en EU.
Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- Un Juez de la Corte de Distrito de Massachusetts, Boston, desestimó la demanda presentada por el Gobierno mexicano contra siete armerías y una distribuidora de armas de origen estadounidense. No obstante, esta decisión será apelada por México.
El Juez Dennis Saylor señaló que los demandados cuentan con sus permisos adecuados, por lo que cuentan con protección de la Ley de Protección de Comercio Legal de Armas (PLCAA en inglés).
“Esta Corte no tiene la autoridad de ignorar una ley del Congreso. Ni es su papel generar estrategias para evitar ordenes estatutorias, incluso cuando los alegatos de la demanda pueden causar una respuesta de simpatía. Y aunque la Corte tiene una considerable simpatía por la gente de México y ninguna por aquellos que trafican armas a organizaciones criminales mexicanas, su deber es seguir la ley. Por lo tanto, y por las razones expuestas, las mociones para desestimar se garantizan”, aseguró.
Ante esto, el Consejero jurídico de la Cancillería mexicana, Alejandro Celorio, explicó en entrevista con medios que esto es tan sólo el “primer round” dentro del procedimiento legal que el Gobierno mexicano busca impulsar. Es por ello que, concluyó, buscarán apelar la decisión.
En agosto del año pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció una demanda contra empresas fabricadoras de armas como Smith & Wesson, Colt’s, Barrett Firearms, Beretta Holding, Ruger & Co, y Glock, Inc., por lo que esperan de ellas una compensación.
“México demandó que las prácticas en fabricación, distribución, publicidad, y venta de estas empresas favorecen el tráfico y uso de armas en nuestro país vinculado a la violencia”, comentó el Canciller Marcelo Ebrard durante una conferencia de prensa matutina en diciembre de 2021.
“Entonces las empresas las estamos responsabilizando por negligencia, un concepto que se utiliza en la ley norteamericana y que fue admitida por la Corte”, añadió.
Además, señaló que la disponibilidad de armas en México es en un 70 por ciento origen de Estados Unidos, por lo que advirtió que si no se logra reducir la disponibilidad, será difícil reducir la violencia en el país.
“La disponibilidad de armas en México es enorme. Tiene como origen principal las prácticas del tráfico de armas provenientes de Estados Unidos del 70 por ciento. Si no reducimos la disponibilidad, no vamos a reducir la violencia. Eso está demostrado en todo el mundo. A mayor disponibilidad de armas vas a tener mayor tasa de homicidios y de violencia. Es lógico”, expresó el Canciller.
▶️#ConferenciaPresidente| El canciller @m_ebrard resaltó, en conferencia del presidente @lopezobrador_, la importancia de la demanda contra las empresas productoras de armas en EE. UU.:
«Se realizó porque las armas producidas promueven actividades ilícitas y violencia en 🇲🇽»
— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) December 21, 2021
¿QUÉ PIDE MÉXICO?
La inédita demanda que el Gobierno mexicano anunció contra 11 empresas que fabrican y venden armas en Estados Unidos ha sentado un precedente mediante el que México buscan una compensación.
En el litigio, el Gobierno de México acusa a las empresas de negligencia por facilitar el tráfico ilícito y detonar así la violencia en el país.
El recurso se interpuso en una corte federal de Boston, Massachusetts, contra algunas de las compañías de armas más grandes de Estados Unidos, como Smith & Wesson, Colt’s, Barrett Firearms, Beretta Holding, Ruger & Co, y Glock, Inc, para que reparen el daño y garanticen la no repetición.
México pide que las empresas demandadas compensen al Gobierno por los daños causados por sus prácticas negligentes. El monto se determinará en juicio y que se desarrollen e implementen estándares lo suficientemente razonables para monitorear y en su caso disciplinar a sus distribuidores.
El Gobierno mexicano también pidió a las empresas que incorporen mecanismos de seguridad en sus armas, incluido herramientas para prevenir que esas armas sean usadas por personas no autorizadas. También que costeen estudios, programas, campañas en medios y otros eventos enfocados en prevenir el tráfico ilícito de armas y que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño y que podrían ocasionar daños en México.
