El clima político se enrarece aceleradamente. Nubarrones de uno y otro lado se acumulan en torno a Palacio Nacional y generan, como dirían los meteorólogos, sistemas de alta presión e inestabilidad. A la inestabilidad generada por la ausencia de un secretario de Gobernación que atienda los asuntos nacionales y los insultos del presidente desde las mañaneras, se suman dos fuentes de posible crisis política: la tensión al interior de las Fuerzas Armadas por el involucramiento de algunos de sus miembros no solo en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sino evidenciados en su colusión con el crimen organizado, y la desaparición de dos Marinos asignados a la protección del senador por Zacatecas, José Narro Céspedes.

En la mañanera el presidente reconoció que las órdenes de aprehensión contra 21 militares “eran demasiadas” y que él metió la mano para que solo cinco fueran los procesados. Lo que no ha dicho el presidente ni ha explicado el general secretario, Luis Crescencio Sandoval, es por qué, si el Ejercito tenía esa información desde el primer momento de la desaparición, no dijo esta boca es mía. La institución confiable que nos venden una y otra vez en los discursos parece no serlo tanto. Aunque los militares han tratado de generar, a través de una entrevista con el periodista Jorge Fernández Meléndez, la percepción de que el general es inocente y se trata de una trampa y una injusticia, nadie ha desmentido la veracidad de las capturas de pantalla de los criminales donde hacen referencia a miembros del 27 Batallón de Infantería.

El otro caso, documentado por el periodista Héctor de Mauleón, es la desaparición de dos Marinos que fueron asignados a la protección del senador Narro y cuyo rastro de pierde justo después de una comida que sostuvieron el senador Narro y el hoy gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villareal, con “El Gerry”, un presunto huachicolero del cartel del Noreste. Las fotos, probablemente tomadas por los mismos marinos desaparecidos, están en redes y muestran que la relación de este senador morenista con el crimen organizado es algo más que un encuentro casual.

Los vínculos entre crimen organizado, política e instituciones de seguridad se convertirá en el tema más delicado del fin de sexenio. Lo que está en juego no es solo la estabilidad interna del equipo de gobierno, sino la gobernabilidad del país. Si el presidente, como algunos de sus antecesores, opta por “la tolerancia”, el crimen organizado seguirá avanzando en su lógica territorial y política. Si lo combate, cosa que hasta ahora no ha hecho, tendrá que romper algunas de las alianzas (muchas de ellas representadas en el Senado) que le permitieron llegar al poder y que Morena los necesita para mantenerlo.

El final de sexenio estará marcado por los sucesos políticos más que por los problemas de la economía. Si la inestabilidad política y de seguridad generan tormentas, no hay blindaje ni techo económico que aguante.

Diego Petersen Farah

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