La crisis energética en España provocó el incremento más grande visto desde 2008 en el Índice de Precios de Consumo (IPC), el cual quedó en 4 por ciento para el mes de septiembre. Además, el nuevo incremento en la luz se produce en plena escalada del precio de todas las materias primas vinculadas a la energía en todo el mundo, como el gas, el petróleo y el carbón, lo que dispara al mismo tiempo los derechos de CO2, también en máximos históricos.
Madrid/Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo/Europa Press/EFE).– Europa sufre fuertes presiones por los problemas acumulados en el mercado energético. Pero de todos los países, España es el más afectado. El Gobierno español puso en manos de empresas privadas el sector eléctrico en un proceso que duró años, y ahora paga las consecuencias: lo amenazan ante instancias internacionales, le retiran inversión y usan sus estructuras de lobbying en la Unión Europea para defender la subida en los recibos que llegan a las familias.
Los precios de la energía eléctrica alcanzaron este viernes niveles nunca antes vistos. El Gobierno intentó un plan de choque para abaratar el recibo, pero no parece funcionar. La razón de más peso es que las empresas privadas se oponen. Pero no sólo eso. El precio del mercado mayorista sufre además la falta de suministro de gas, la crisis en China, el aumento en los precios del petróleo por la recuperación de la pandemia y que las centrales nucleares españolas pararon para una recarga.
Las grandes energéticas, muchas de las cuales operan grandes segmentos del negocio en México, no conocen de crisis. Esta misma semana, junto con los fondos de inversión, enviaron una carta a la Comisión Europea en la que muestran un “profundo malestar” por las medidas adoptadas por el Gobierno español para frenar los precios y alertaron de que “ponen en riesgo la inversión en renovables”.
De hecho, Iberdrola, que es española y una de las empresas firmantes de esta carta, decidió suspender su inversión en energías renovables en España y paró procesos de compra para nuevas instalaciones, aunque mantiene todavía las obras ya comenzadas.
Iberdrola, Endesa y EDP se dijeron en contra de las medidas de control de precios (llamado “decretazo”) que la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aplicó recientemente. Acusan que el Gobierno español, el que les abrió la puerta para hacer grandes negocios, “les confisca 2 mil 600 millones de euros” .
Las empresas han decidido elevar sus quejas a los vicepresidentes de la Comisión Europea, Frans Timmermans y Margrethe Vestager, así como a la Comisaria de Energía, Kadri Simson. Su carta de protesta es firmada por los poderosos grandes fondos de infraestructuras. Exigen que se dé marcha atrás a la medida.
Los directivos de las eléctricas españolas y portuguesas –acompañados de los presidentes de los sindicatos patronales– han endurecido el tono y quieren doblar al Gobierno. Advierten a la Unión Europea del “riesgo de contagio de este tipo de actuaciones en otros países, lo que podría suponer una fractura del mercado interior de la energía”.
“Reclaman que se negocie con el Gobierno español otro tipo de soluciones para la subida del precio de la electricidad que no alteren de este modo la seguridad jurídica. Las compañías protestan porque la normativa aprobada por Real decreto-ley se ha realizado sin contar con un estudio de impacto económico, sin consulta pública, ni debate en el Parlamento y aseguran que no se ha tenido en cuenta que los presuntos beneficios resultantes de los precios del gas no son tales, ya que el 100 por ciento de la energía para este año la tienen vendida a precios inferiores a los que se están registrando en el mercado y el 75 por ciento de la energía del próximo año”, dice hoy El Economista de España.
“El precio de la electricidad en España ya ha marcado previamente sus mayores precios históricos tanto en julio como en agosto, y septiembre ha rebasado ambos registros, hasta una media de 156.14 euros en el noveno mes del año. No obstante, el Gobierno ya ha aprobado un plan de choque que contendrá de forma temporal estas subidas, al rebajar los impuestos y minorar algunos ingresos extraordinarios de las eléctricas, por lo que no se reflejará en las facturas de los consumidores”, agrega por su parte Europa Press.
“Aún así, al tratarse de un problema global, la tendencia inflacionista en todos los tipos de energía podría trasladarse a la industria, pudiendo causar presiones en su actividad o la traslación de los precios a los consumidores. La reducción del IVA al 10 por ciento, la suspensión del impuesto del 7 por ciento a la generación eléctrica, el descuento del impuesto de la electricidad al 0.5 por ciento o la contribución esperada de 2 mil 600 millones de euros por parte de las eléctricas procedente de los denominados ‘beneficios caídos del cielo’, son algunas de las medidas acometidas por el Gobierno español”, agrega la agencia europea.
En cualquier caso, dice, “el precio de la cotización que se publica cada día, como ya ha advertido el Ejecutivo, seguirá en cotas elevadas y subiendo, al menos, hasta marzo del año que viene, momento en el que se prevé que estas medidas decaigan”.
El recibo de luz debería bajar de precio a pesar del alza en el mercado mayorista. Pero eso está por verse. Depende básicamente de una cosa: si el Gobierno de España es capaz de doblegar a las gigantes energéticas, crecidas con dinero público y agarrado de un consumidor cautivo: los españoles.
