El Juez precisó que no es posible analizar las acusaciones por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada de la FGR contra científicos y académicos que del Conacyt.
Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).– El Juez que rechazó las órdenes de aprehensión contra académicos y exservidores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) consideró que la organización operó de forma legal y que el caso no puede se analizados a la luz del derecho penal.
Así lo señaló Gregorio Salazar Hernández, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en la resolución que emitió el 21 de septiembre y con la que frenó la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) para girar órdenes a 31 exservidores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
El fallo judicial, citado por los diarios Reforma y Milenio, señala que el Juez resaltó que no fueron ilegales los 244 millones de pesos recibidos por el FCCyT de enero de 2013 a junio de 2019, como argumentó la FGR. El juzgador consideró que ese financiamiento sí estaba contemplado en normas como el Estatuto y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
“De esta manera, todos los hechos que invoca la fiscalía en los que se involucra el otorgamiento de financiamiento al FCCyT Asociación Civil, de ninguna manera pueden ser analizados a la luz del derecho penal, porque la obligación del Conacyt de dotarlo de los recursos económicos para su adecuado funcionamiento, en su momento estuvieron previstos en la ley que regula precisamente el funcionamiento de dicho Foro y en el Estatuto entonces vigente”, concluyó el Juez Salazar Hernández.
“Se estima que la actuación que se atribuye a los activos, estuvo amparada por el espectro de la legalidad”, agregó.
El Juez precisó que “al no ser delictivas las conductas” que la FGR pretendía imputar a los científicos y académicos no es posible analizar las acusaciones por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Por su parte, el 22 de septiembre la FGR respondió a la negativa del Juez anunciando que volverá a solicitar una orden de aprehensión contra los 31 científicos y académicos.
La FGR argumentó que los académicos del Conacyt investigados violaron la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del propio Conacyt.
#FGRInforma: Posicionamiento sobre la negativa de un Juez de Distrito, a la solicitud de orden de aprehensión a diversos exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (@Conacyt_MX).
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— FGR México (@FGRMexico) September 23, 2021
“El Juez de Distrito señala en su negativa que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del CONACYT, para después incorporarse a ella; y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del CONACYT, lo autoriza”, explicó ese día la dependencia en un comunicado.
La FGR argumentó que el Conacyt no puede convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica.
