Impune hasta el momento la muerte de una agroproductora a manos de la Guardia Nacional, persiste la toma de la presa La Boquilla, impidiendo se pague el adeudo de agua de México a Estados Unidos. La UIF actuó como agencia de presión al congelar cuentas bancarias de funcionarios de Chihuahua, algunas de las cuales ya fueron desbloqueadas. Investigador de conflictos ambientales Jesús Lemus Barajas, estima que la guerra por el agua ya empezó en el país y las disputas irán en aumento y con mayor violencia
Por Luis Carlos Sáinz
TIJUANA, 30 de septiembre (Zeta).- En Chihuahua todo está pendiente después de desatarse la violencia relacionada con el conflicto del agua en la presa La Boquilla. En tanto el embalse sigue tomado por los campesinos, las autoridades no han esclarecido el homicidio de la agroproductora Jessica Silva, ni ha saldado la voluminosa deuda de agua que se tiene con Estados Unidos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que implementó medidas de presión contra el Gobierno municipal de Delicias -que apoya a sus habitantes-, tampoco pudo preservar el bloqueo de cuentas bancarias tras señalarse presuntos movimientos irregulares.
Como si todo se hubiera detenido, así permanecen las cosas tras la violenta sacudida del 8 de septiembre, cuando comuneros tomaron por la fuerza las instalaciones de la presa y obligaron a elementos de la Guardia Nacional a retirarse.
El mismo día se registraría el ataque en contra de la mujer y su esposo, quien también resultó herido de bala. Desde entonces el vaso acuífero es resguardado por los productores agrícolas para impedir la extracción de agua.
La situación tiene como antecedente el tratado internacional de aguas suscrito por México y Estados Unidos en 1944, que regula el volumen de fluido que corresponde a cada nación con motivo del escurrimiento de los ríos de ambos lados de la frontera que llega al Río Bravo, considerado afluente internacional. Cada país entrega una cuota de agua al otro, y aunque los norteamericanos han cumplido, México debe con atraso 3.6 millones de metros cúbicos de agua.
Por lo anterior, en julio pasado el Gobierno estadounidense hizo llegar una nota diplomática a la Secretaría de Relaciones Exteriores para solicitar el pago de cuotas de agua, estableciendo un plazo que vence el 24 de octubre. El Gobierno de México decidió trasvases entre presas para extraer agua que corriera hacia Texas, incitando la reacción de los campesinos chihuahuenses que el 19 de julio se manifestaron enérgicamente en la presa Las Vírgenes y fueron dispersados por elementos de la Guardia Nacional. El 8 de septiembre se escribió un nuevo capítulo que terminó de manera violenta como se comenta.
Lo que se ve en Chihuahua es solo la punta del iceberg de lo que se avecina en el país, por la llamada “guerra del agua” generada en diversas regiones por la escasez, la ambición y la mala política administrativa del suministro del vital líquido por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y otras autoridades.
El periodista Jesús Lemus Barajas, autor del libro de investigación “El agua o la vida”, documentó la existencia de 916 conflictos de agua a lo largo y ancho de la República.
“Ya se comenzó a pelear en algunas regiones por parte de las familias que van y roban, prácticamente como si fuera huachicol, extrayendo el agua que pasa por los acuíferos, por las tuberías o de los pozos, en pueblos enteros, para que llegue a las granjas, a las huertas, a las empresas de alta productividad. Mucha gente solo ve pasar el agua, pero no la tiene, entonces procede al robo, el saqueo de su propio recurso”, estima Lemus Barajas.
EL CONFLICTO
Desde febrero de 1944, México suscribió el tratado de aguas con Estados Unidos, en el que se acuerda la distribución equitativa del líquido que escurre de diversos ríos hacia el Río Bravo. Un tercio de esa agua corresponde a la Unión Americana, en una cantidad que no debe ser menor a 423 millones de metros cúbicos por año, y el resto puede ser utilizado por México. Las cantidades son monitoreadas periodo a periodo y cada cinco años se realizan las cuentas entre ambos países.
“Pareciera un trato que favorece a México, pero realmente no es así, porque el suelo que está en Estados Unidos es un suelo desértico, y realmente las precipitaciones pluviales y los escurrimientos, de norte a sur, se dan más hacia el lado de México. México siempre termina, en cada quinquenio, porque es por quinquenios cuando miden la proporción de aguas, siempre termina debiéndole agua a Estados Unidos”, señaló a ZETA el periodista Jesús Lemus.
El hombre que documentó los principales conflictos por el agua en el país expresa que “los últimos diez quinquenios, por hablar de un periodo, México ha salido debiendo a Estados Unidos, entre dos, tres, cuatro o hasta cinco millones de metros cúbicos de agua. Nada más para que se den una idea, un millón de metros cúbicos de agua es la cantidad de líquido que cabría en un recipiente del tamaño del Estadio Azteca. Entonces, México acaba debiéndole esas cantidades de agua a Estados Unidos por las condiciones geográficas, topográficas y climáticas del desierto de Estados Unidos, donde no llueve ni hay escurrimientos”, agregaría.
De acuerdo con los últimos datos, de todos los acuíferos que corren desde Tijuana hasta Matamoros, México siempre termina debiéndole agua a EU en cantidades desde dos hasta siete millones de metros cúbicos de agua. “El último quinquenio, el más reciente, es el que está ocasionando conflictos mayores, en la presa La Boquilla, y es porque México le debe a Estados Unidos 3.6 millones de metros cúbicos de agua”, afirma Lemus.
El investigador explica el conflicto: “¿Qué está sucediendo? El agua que está cautiva en La Boquilla se está desfogando para transvasarla hacia las zonas pobladas del área de Texas. Al transvasar esta agua hacia Estados Unidos como pago de una deuda, consecuentemente esa agua hace falta a la zona agrícola del área de Delicias. Es por eso que los campesinos se organizaron y decidieron ponerle un freno a ese tratado internacional, y por eso tomaron por la fuerza la presa La Boquilla, para que finalmente no haya transvase hacia el lado norteamericano y que el agua, mejor, mantenga sus reservas para las zonas cultivos en esa región, que hablamos de más de 70 mil hectáreas agrícolas”.
Lemus establece que el conflicto escalará a mayores dimensiones en los próximos meses, “porque ahora estamos en un ciclo agrícola en el que la demanda de agua no es tanta para los cultivos, porque todavía estamos en el periodo de lluvias, pero esto se va a agudizar probablemente en enero o febrero, cuando ya no haya escurrimientos, cuando ya no haya precipitaciones y cuando los campesinos tengan que recurrir al agua que esté almacenada en la presa La Boquilla. Si ahora se transvasan los 3.6 millones de metros cúbicos de agua hacia Texas, prácticamente se está condenando a un desastre agrícola y económico en toda esa región de Delicias en Chihuahua”.
LA VIOLENCIA
Tras anunciarse que se abrirían las compuertas de la presa La Boquilla a principios de año para pagar la deuda de agua al vecino país del Norte, agroproductores de Delicias y Camargo acudieron a la cortina de concreto para impedir el trasvase. El 4 de febrero, elementos de la Guardia Nacional se presentaron para impedir la toma de la presa, pero los que se dijeron afectados lograron imponerse y evitaron la extracción del agua.
El Gobierno del Estado de Chihuahua y los alcaldes involucrados (Delicias, Camargo y San Francisco de Conchos) se manifestaron en contra de la actitud del Gobierno Federal, comprometiéndose con los comuneros a defender su causa. Los forcejeos regresaron en julio cuando el día 19 los campesinos se enteraron de trasvases de las presas Francisco I. Madero (Las Vírgenes) y Luis L. León (El Granero), siendo contenidos por la Guardia Nacional que utilizó tácticas antidisturbios para repeler a unas 500 personas.
Semanas después, la Conagua informaría que había agua garantizada para el ciclo 2020 en Chihuahua, pues había concluido la dotación del recurso en Las Vírgenes y El Granero, cumpliéndose el compromiso establecido entre autoridades y productores de la entidad para garantizar al 100 por ciento el líquido de riego necesario para las actividades agropecuarias.
Sin embargo, el 6 de septiembre último, se presentaron elementos de la Guardia Nacional en La Boquilla para respaldar a personal de la Conagua que abriría las compuertas de la presa para cumplir con el tratado de aguas con EU y un grupo de comuneros acudió al sitio para tratar de frustrar la maniobra; sin embargo, nuevamente fueron contenidos y obligados a retirarse, lo que motivó protestas frente al Palacio de Gobierno en la Capital del estado.
Con una mayor organización, los agroproductores se volvieron a presentar en La Boquilla para enfrentarse con los policías militarizados. Entre garrotazos y detonaciones de gases disuasivos, los manifestantes se impusieron y cerraron la válvula de desfogue, replegando a los uniformados, quienes casi al anochecer optaron por retirarse, llevando consigo a tres detenidos por portación de granadas. La noche de esa misma fecha, en Delicias, los agentes de la Guardia Nacional se toparon con varios vehículos que al parecer intentaban cerrarles el paso para rescatar a los detenidos, y los gendarmes dispararon sobre ellos.
En la acción se reportó la muerte de Jessica Estrella Silva Zamarripa, mientras que su esposo Jaime Torres Esquivel resultó gravemente herido, ambos con lesiones en la espalda producidas por proyectil de arma de fuego. Versiones oficiales aseguraron que los manifestantes atacaron a tiros las unidades GN-332343 y GN-332340 y los agentes solo habían repelido la agresión. Lo cierto es que ninguno de los vehículos oficiales presentaba disparos.
Días después, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el enfrentamiento de comuneros con la Guardia Nacional era un asunto político, donde PAN y PRI han acarreado gente tratando de sacar provecho personal.
“No descarto de que haya gente preocupada porque se pueda quedar sin agua, agricultores que tienen el legítimo derecho de defender su legítimo derecho, en este caso al agua. Vamos a continuar dando a conocer todo lo que sucede y pedir a la gente que, si va a haber manifestaciones, que están en todo su derecho, sean pacíficas y no se utilice la violencia, y que en la medida de lo posible no se dejen manipular”, exhortó el mandatario.
Por su parte, el Comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, reconoció el 18 de septiembre que la muerte de Jessica fue un lamentable accidente: “El personal de la Guardia escucha disparos, no se tiene bien claro si los disparos eran adelante, atrás y uno de los elementos dispara, desgraciadamente en ese momento uno de los cuatro vehículos que iban estorbando el movimiento del convoy que llevaba a los detenidos iba pasando a lado derecho del vehículo de la Guardia y fue que le pega a las dos personas, fue un desgraciado, lamentable accidente”.
GUERRA FRATICIDA
Como consecuencia de los hechos, 17 elementos de la Guardia Nacional son investigados, aunque hasta el momento no se ha ejercitado acción penal en contra de ninguno de ellos. Por su parte, a manera de presión, la UIF bloqueó las cuentas bancarias del alcalde de Delicias, Eliseo Compeán; del ex gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza; y del presidente de la Asociación de Usuarios de Distritos de Riego, Salvador Alcántar.
Debido a que Compeán es apoderado legal del municipio, la UIF ordenó el congelamiento de 44 cuentas bancarias del Ayuntamiento de Delicias. Sin embargo, la propia autoridad fiscal se encargó de desbloquear las mismas para que la comuna pueda solventar sus compromisos y el pago de los servidores públicos. Independientemente de lo anterior, el Gobierno municipal tramitó un juicio de amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua.
El investigador Jesús Lemus Barajas insistió en que “esta es solo la punta del iceberg de lo que es la guerra por el agua en México. Así como ya ha habido por lo menos una persona asesinada por este conflicto, no podemos olvidarnos que el caso Le Barón es similar. Grupos antagónicos que estaban disputando el agua son los que atentaron contra la vida de la familia Le Barón, y que causó muertes de mujeres y niños, muy lamentables, por supuesto, pero que también los Le Barón tienen mucha responsabilidad por su cacicazgo. Ellos se apropiaron del agua en esa otra zona de Chihuahua, agua que fue arrebatada a los productores agrícolas”.
Y fustigó:
“Por un lado vemos, en el caso Le Barón, el lado trágico, y muy lamentable, insisto, pero no se deja ver el otro lado, que también es trágico, el arrebato del agua, que se está haciendo a los grupos de comisariados ejidales, de campesinos independientes y pequeños productores que se han quedado sin agua porque los pozos de agua potable que autoriza la Comisión Nacional del Agua, fueron concesionados nada más a la gente cercana de la familia Le Barón y a todo el clan Le Barón. Entonces, ellos son prácticamente los dueños del agua, por eso es el arrebato, por eso es la violencia y por eso los muertos”.
El también escritor de “México a cielo abierto”, obra que describe el saqueo de territorio por parte de empresas mineras, advirtió que “la muerte de una mujer en Delicias es un reflejo de lo que pasó en otra zona de Chihuahua con los Le Barón y de los 916 conflictos del agua que se viven actualmente en el país, donde no hay una sola región, no hay una sola cuenca hídrica de todo el país, que se encuentre a salvo de esos conflictos. Y lo mismo que está pasando en Chihuahua, está pasando en otros lugares, pero no hay quien los organice, no hay quien agrupe a la gente que requiere el agua, como ocurre en Chiapas, Michoacán, Jalisco, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, etcétera”.
Para finalizar, el michoacano reconoció que en Chihuahua los pequeños productores agrícolas y sus aliados están más coordinados, con potencial económico y de organización más fuerte que en otras partes del país, “y por eso han salido a defender el agua que está contenida en la presa La Boquilla”.
