La extinción de 109 fideicomisos públicos cada vez está más cerca de ser aprobada. El Gobierno federal asegura que el impulso económico para científicos, investigadores, deportistas y otros seguirá existiendo, pero algunos opositores de la iniciativa de Morena señalan que el remedio (la extinción) es peor que la enfermedad (opacidad y dispendio) porque no hay mecanismos para garantizar el uso adecuado de recursos.
–Con información de Romina Gándara
Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- El Pleno de la Cámara de Diputados podría discutir y votar la extinción de 109 fideicomisos públicos antes de que acabe ésta semana. Con dicha medida, la Tesorería de la Federación recuperaría el control directo de 68 mil 478 millones 123 mil 839.26 pesos que hoy en día son invertidos en áreas científicas, deportivas, de investigación, problemas sociales y ambientales, entre otros.
Las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indican que el 36.4 por ciento (24 mil 956 millones 674 mil 277.71 pesos) de los fondos de los fideicomisos a extinguir está relacionado con el área de ciencia y tecnología, además del 1.1 por ciento (785 millones 81 mil 311.18 pesos) destinado a instituciones educativas y de estudio, como en los casos de El Colegio de la Frontera Norte y del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
El resto de los fideicomisos, que concentra el 62.4 por ciento (42 mil 736 millones 368 mil 250.37 pesos) del dinero recuperable por la Federación incluye fondos para diversos fines, como en el caso de estímulos a la cinematografía (224 millones 247 mil 606.55 pesos) y al deporte de alto rendimiento (213 millones 440 mil 882.92 pesos), o para desastres naturales (6 mil 861 millones 155 mil 316.78 pesos) y financiamiento rural (12 mil 563 millones 526 mil 670 pesos).
Sobre el manejo de dichos recursos, el Secretario de Hacienda manifestó que el dinero de los fideicomisos no será tocado y que permanecerá a disposición de las instituciones beneficiarias. Hoy, en una comparecencia ante el Congreso de la Unión, Arturo Herrera Gutiérrez dijo que lo único que cambiará es el mecanismo de entrega, ya que los recursos continuarán llegando “directamente desde el presupuesto”.
A diferencia de lo que dijo el economista, la iniciativa de extinción en el Poder Legislativo plantea la posibilidad de redirigir parte de los recursos a programas sociales y a palear la pandemia de coronavirus a nivel nacional, por lo que no queda claro cuál será el destino final del dinero y qué mecanismos de garantía entrarán en vigor para evitar que los recursos sean utilizados a discreción por el Gobierno federal.
“De concretarse la extinción de los fideicomisos, los resultados serían desastrosos para el funcionamiento de la ciencia en México y para el desarrollo del país en el futuro cercano”, refirió en un comunicado la red de científicos, investigadores, médicos y académicos ProCienciaMx, sobre la posible eliminación de 65 fideicomisos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
En la opinión de Carlos A. Coello Coello, eliminar fideicomisos causará un impacto terrible en el desarrollo nacional, máxime considerando que en México la inversión en ciencia y tecnología es menor en comparación con otros países.
“A México le ha tomado mucho tiempo construir una incipiente base científica. Tenemos todavía una comunidad científica pequeña comparada con otros países. Esto [de retirar fideicomisos] puede causar un daño irreversible en el país, porque no es que los apoyos en los gobiernos anteriores hayan sido fastuosos. Ya era mala la situación y ahora está peor; nos están quitando lo poco que ya teníamos”, explicó el científico del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, quien asimismo aseguró que “si matan a la ciencia lo que va a haber es una mayor dependencia tecnológica del extranjero”.
Jesús Zambrano Grijalva también se manifestó al respecto. El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) refirió en una misiva pública que la pretensión del Gobierno federal de acabar con fideicomisos educativos y de investigación estaría “acabando con todo lo que significa el apoyo a los creadores de cultura”.
Asimismo, el director de la organización Artículo 19 dijo a SinEmbargo que el Gobierno federal y la llamada Cuarta Transformación buscan controlar las agendas con las que se financian los fideicomisos que quieren eliminar: educación, cultura, medioambiente, ciencia, salud, protección a periodistas y apoyo a víctimas.
“El fideicomiso garantiza, más allá de los tiempos políticos, que haya recursos para aspectos fundamentales de la vida social y pública del país, además de temas de medioambiente”, dijo Leopoldo Maldonado al explicar que los fideicomisos son indispensables para que la asignación de presupuesto no esté sujeta a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo ni a los vaivenes políticos.
Acerca del argumento de eliminar fideicomisos para obtener recursos para atender la pandemia de coronavirus, el abogado de Artículo 19 advirtió que se trata de una situación que pone a la sociedad mexicana en una disyuntiva “cruel y perversa” en la que se evidencia, por ejemplo, que “o atendemos a enfermos de COVID-19 o atendemos a periodistas y defensores”.
Lo anterior está relacionado con la posible desaparición del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que amasa 250 millones 353 mil 139.84 pesos para realizar labores ligadas a la protección de 1 mil 304 personas (418 periodistas y 886 defensoras de derechos humanos).
En ese sentido, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación comunicó que desaparecer su fideicomiso público “tendría implicaciones negativas en el desarrollo de las acciones de protección, como el incremento de trámites administrativos o la pérdida de flexibilidad en la adopción e implementación de las medidas ante situaciones de riesgo emergentes”.
Otro de los fideicomisos en riesgo de extinción asociado al tema de la defensa es el el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que si desaparece, “se corre el riesgo de un uso discrecional del mismo”, dijeron en entrevista integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Una situación que podría generar abandono al apoyo a víctimas de violencia y que, además de limitar la política de reparación del daño, podría causar circunstancias de revictimización, coincidió Leo Martínez Armenta del colectivo Buscando Cuerpos.
LA REORIENTACIÓN DE RECURSOS
El Gobierno de México utiliza fideicomisos y fondos de inversión similares –como los mandatos y los contratos análogos– para garantizar que el dinero del erario público sea utilizado en “áreas prioritarias y estratégicas del desarrollo” nacional, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 9 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).
Los fideicomisos y fondos son mecanismos que permiten etiquetar y comprometer el gasto gubernamental, de modo que sea rastreable y cumpla con objetivos específicos como el impulso a la infraestructura pública, las pensiones de los trabajadores del Estado, la prevención y atención de los desastres naturales o la estabilización financiera, por mencionar algunos ejemplos.
En México existen dos principales tipos de fideicomisos gubernamentales. Unos cuentan con una estructura orgánica análoga a la entidad paraestatal que los constituyó, tienen comités técnicos y son autónomos; y otros –como los 109 que serán extinguidos– carecen de dicha estructura, dependen de una unidad responsable, fungen como contratos entre entidades gubernamentales e instituciones financieras y son temporales.
Del primer tipo existen 37 casos activos –19 a cargo de la SHCP, 12 del Poder Judicial, cinco de organismos autónomos y uno del Poder Legislativo– y del segundo tipo hay 332, de los cuales, 305 “se encuentran en operación” aunque hay 32 “en proceso de extinción o terminación, por lo que su clave de registro está en etapa de baja”, se lee en el Informe de Fideicomisos Sin Estructura Orgánica de la SHCP del segundo trimestre de 2020.
A pesar de las diversas expresiones en contra de la iniciativa turnada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la bancada morenista en la Cámara de Diputados asegura que los fideicomisos a extinguir no tienen una estructura homóloga a la de la administración pública, lo que “los ha blindado de los controles de ingreso y gasto que caracterizan a los otros fideicomisos”. Una condición que ha permitido que permanezcan en la opacidad, “lo cual es origen de muchos de los problemas vinculados a la discrecionalidad y falta de transparencia en su manejo”, se lee en una de las iniciativas de ley de Morena.
En ese sentido, Alfredo Bravo Olivares dijo a SinEmbargo que en México “existe un problema grave de opacidad que fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación con respecto a la forma en que se manejan este tipo de instrumentos financieros”.
Para el economista y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, la extinción de fideicomisos con la finalidad de eficientar y transparentar el ejercicio de recursos públicos es “una acción adecuada”, siempre y cuando el Gobierno asuma la responsabilidad de cumplir el fin para el que estaban establecidos, como en el caso de aquellos relacionados con la seguridad social, las prestaciones laborales y la infraestructura pública.
“La desaparición de los fideicomisos no significa la desaparición de algunas obligaciones legales del Gobierno o la desaparición de algunos apoyos. Simplemente habrá una reorganización administrativa”, explicó el martes pasado el Diputado morenista Mario Delgado Carrillo, uno de los autores de la iniciativa.
Lo dicho por Delgado fue parcialmente reforzado por lo que expresó el Secretario de Hacienda el día de hoy durante una comparecencia ante el Poder Legislativo.
Aún cuando desaparezcan los fideicomisos, explicó Arturo Herrera Gutiérrez, los beneficiarios “van a seguir recibiendo todo lo que estaba comprometido, nada más que [los recursos] va a llegar directamente del presupuesto”. De ese modo, el funcionario público aseguró que los científicos, los deportistas, los investigadores y todas aquellas personas físicas y morales que dependen del dinero público para sostener sus actividades seguirán siendo apoyadas.
Pese a los aspectos positivos de la extinción de fideicomisos, Olivares advirtió que el uso de los recursos propuesto por Morena no es claro, además de que la propuesta tampoco especifica el mecanismo para redirigir recursos y garantizar el uso eficiente y efectivo del dinero etiquetado para áreas prioritarias y estratégicas del desarrollo nacional.
De acuerdo con el Artículo 11 de la LFPRH, al extinguir cualquier fideicomiso público, “las dependencias y entidades deberán enterar los recursos públicos federales remanentes a la Tesorería de la Federación o, en su caso, a la tesorería de la entidad, salvo que se haya acordado un destino diferente en el contrato respectivo”.
Para Olivares, la cuestión es que en condiciones ordinarias no existe un subprograma de redirección de recursos ligado al Plan Nacional de Desarrollo, “a partir del cual se pudieran absorber todos estos recursos y destinarlos a los fines que estableció el Plan mismo”.
En cuanto a los recursos que pudieran ser redireccionados para atender la emergencia sanitaria por COVID-19, el economista explicó que “el Gobierno federal tendría que presentar un programa perfectamente desglosado con acciones y recursos materiales, financieros y humanos, según un fin estratégico”, en lugar de la “serie de ocurrencias” que han sido expuestas tanto en las iniciativas de Morena como en el Decreto de Extinción de Fideicomisos Públicos Sin Estructura Orgánica, Mandatos o Análogos de Carácter Federal.
ACABAR CON LOS FIDEICOMISOS
El pasado 2 de abril, el Presidente Andrés Manuel López Obrador expidió un decreto de extinción de fideicomisos públicos sin estructura orgánica, con la finalidad de obtener al menos 250 mil millones de pesos, o el equivalente al uno por ciento del Producto Interno Bruto de México, para hacer frente a la emergencia que se vive en el país por la pandemia de COVID-19.
En sus artículos 3 y 4, el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación indica que las unidades responsables de los fideicomisos e instrumentos financieros similares pueden exentar el reintegro de los recursos públicos federales a la Tesorería de la Federación, si justifican la necesidad de mantenerlos ante la SHCP.
La solicitud de extinción de los instrumentos financieros del Gobierno federal se dio en un contexto en que “una de las observaciones recurrentes hacia los fideicomisos ha sido la falta de transparencia y rendición de cuentas”, por lo que, “derivado de lo anterior, se esperaría que la liberación y eventual uso de estos recursos se realicen con las mejores prácticas de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, en beneficio de todos los mexicanos”, refiere un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.
Un mes y 17 días después de ser publicado el decreto presidencial de López Obrador, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para “eliminar la opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos públicos y fomentar la transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad mediante la modificación a 14 leyes y la abrogación de una ley, cuya ejecución implica la extinción de 44 fideicomisos y la continuidad de cuatro fondos”.
Sin embargo, el 10 de septiembre de 2020, el Diputado morenista Mario Delgado Carrillo informó que serían 55 los fideicomisos a extinguir. “Eso le va a dar recursos adicionales al Gobierno; recursos [por 150 mil millones de pesos] que en estos momentos están estancados o están atorados en algún fideicomiso”, explicó Delgado Carrillo.
Unos días después, el 29 de se septiembre, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de extinción para desaparecer no 55, sino 109 fideicomisos públicos sin estructura orgánica. Es decir, el 35.7 por ciento de los fideicomisos sin estructura existentes al 30 de junio de 2020, cuyas “disponibilidades reportadas” equivalen al 9.4 por ciento de los 728 mil 381 millones 700 mil pesos invertidos en éste tipo de fondos de inversión.
Mañana, por otro lado, se prevé que el Pleno de la Cámara de Diputados discuta y apruebe la iniciativa avalada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
