En Pensylvania, EU, pobladores acusan que el fracking contaminó el agua, dañó su salud y los expulsó de sus hogares. ¿Debe México aprender de esta lección?
Condado de Susquehanna, Pensylvania, Estados Unidos, 30 de septiembre (SinEmbargo).— Hace siete años, a mediados de enero de 2008, empleados de la empresa Cabot Oil & Gas Corporation llegaron a la casa de Sheila Ely para hablarle sobre un proyecto que realizarían en las apacibles praderas del noreste de Pensylvania en las que ella y su esposo, William, habían vivido desde hacía 35 años. Lo que le dijeron fue poco, en realidad.
“Especialmente sobre el fracking o algo como eso”, dice Sheila tras una pausa en la que parece intentar rememorar ese momento hasta tener la certeza de lo que va a decir. “Ellos en el contrato dijeron que si el agua era afectada nos la regresarían en un buen estado e incluso mejor. [Antes de perforar] Ellos hicieron pruebas al agua, todo estuvo bien. Después de la perforación, el agua se puso mal”.
La obra de Cabot Oil & Gas Corporation, una empresa gasera y petrolera con operaciones en el Noreste de Pensylvania y el Sur de Texas, consistía en la perforación de pozos para la extracción de gas natural a través del proceso de fractura hidráulica, también llamado fracking.
La fractura hidráulica consiste en taladrar un pozo de forma vertical, hasta 5 mil metros de profundidad, para extraer gas o petróleo del subsuelo. En su modalidad “no convencional”, a la perforación vertical siguen otras de forma horizontal y en varias direcciones en las lutitas, que son formaciones rocosas en cuyos poros se encuentra atrapado el gas natural o el petróleo. En el área perforada se inyecta, a alta presión, una mezcla de agua, arena y un fluido compuesto por varios químicos. La inyección a alta presión fuerza la salida de los hidrocarburos de los poros.
Organizaciones que se oponen a esta práctica han señalado que genera varios impactos negativos, como la disminución de la disponibilidad de agua, ya que la fractura de un pozo requiere de entre 9 y 29 millones de litros de agua; o que entre los químicos que se usan en las mezclas de perforación –cuya fórmula suele ser protegida por las empresas como “secreto industrial”– hay algunos altamente tóxicos.
Otros efectos negativos son la emisión de gases, como el metano, ya sea por la emisión en el proceso de extracción o por fugas; la incompatibilidad con otras actividades como la agricultura o la ganadería; o la desestablización de las fallas geológicas que pueden producir sismos.
Otro de los problemas que, de acuerdo con sus detractores, provoca el fracking es que las fallas que se producen con la fractura del subsuelo pueden contaminar cuerpos de agua cercanos.
Eso fue lo que ocurrió con el acuífero que abastecía de agua fresca a los Ely y a otras 12 familias de los poblados de Montrose y Dimock, donde Cabot había perforado 63 pozos para la extracción de gas.
En una decena de esos casos, incluido el de los Ely, sus fuentes de agua estaban a menos de mil pies (304.8 metros) de alguno de los pozos de Cabot, en contra de lo que establecía la normatividad al respecto, ante la posibilidad de que la perforación de pozos de gas pudieran causar una contaminación de pozos de agua, como comprobó el Departamento de Protección Ambiental de Pensylvania (DEP, por su sigla en inglés) en la investigación que hizo al respecto entre 2009 y 2010.
El hecho que detonó esa investigación ocurrió el primer día del año 2009 cuando el pozo de agua de Norma Fiorentino explotó. Ella era habitante del poblado de Dimock, a donde también había llegado Cabot a perforar docenas de pozos para extraer gas.
La explosión en casa de Fiorentino fue sólo el hilo de una madeja que desenredaron las autoridades ambientales estatales para descubrir que existían altos niveles de metano en las fuentes de agua que usaban los pobladores. En algunas ella también se hallaron otros contaminantes como hierro, manganeso, aluminio y sulfatos.
El 19 de octubre de 2010, el secretario del DEP de Pensylvania, John Hanger, publicó una carta a los residentes de Dimock en la que refería que en varios pozos de gas de Cabot habían atestiguado un gas burbujeante y altas presiones, lo que demostraba su pobre construcción, y habían encontrado muestras de niveles excesivos de gas que sólo podían existir en pozos con fugas.
La misiva de Hanger añadía que Cabot se había negado a responsabilizarse de la contaminación del agua, a pesar de la amplia evidencia que había al respecto.
La empresa fue sancionada económicamente luego de que las familias afectadas la llevaron a juicio y aunque ésta nunca aceptó públicamente su responsabilidad, acordó con varias de las familias que las abastecería de agua traída en contenedores. Con varias de las familias estableció acuerdos económicos a cambio de que se desistieran de la demanda en su contra. Una de esas familias incluso dejó su casa, la cual fue adquirida por una subsidiaria de Cabot y posteriormente vendida a una familia vecina que apoya las actividades de fracking en la zona. Sin embargo, fue establecido que en ese terreno no se podría volver a levantar nunca una casa ni cualquier otro tipo de construcción.
Cabot, dice Sheila, intentó evacuar a las familias. Pero ella y su esposo se quedaron. Hoy siguen viviendo en la misma casa, en la que también habita su nieta y su bisnieto, un regordete y rubio bebé que se divierte entre las piedras y la hierba del traspatio.
Sin embargo, desde entonces no han podido usar el agua que les llega entubada para bañarse ni menos para beberla o usarla para cocinar. En realidad, sólo la usan para las descargas de agua del sanitario. Para todo lo demás, dependen del agua que la misma empresa les surte en contenedores una vez por semana. Les dan tanta como requieren, dice Sheila, hoy de 60 años. A pesar del tiempo transcurrido, para ella sigue siendo difícil no poder consumir el agua de su casa.
Cabot les aseguró que en dos años su agua estaría en buenas condiciones otra vez. Pero el tiempo ha pasado y eso no ha ocurrido, dice.
William lo comprueba al abrir una llave ubicada en el exterior de su casa. Conforme el chorro de agua va cayendo en un contenedor, su apariencia se va volviendo blanquecina. Una vez asentado, el líquido comienza a burbujear, parecido a los borbotones que desprende cuando empieza a hervir. Considerado un elemento inodoro, aquí el agua huele como a metal.
Cuando se supo de la contaminación del acuífero, cuenta Sheila, la compañía que había perforado los pozos y tiempo atrás les había asegurado que si el agua era afectada les devolverían una de mejor calidad, no aceptó siquiera su responsabilidad. Por el contrario, argumentó que el gas metano había estado siempre en el subsuelo.
“Pero cuando ellos hicieron el estudio previo, el gas no estaba ahí”, razona Sheila. “Sé que el gas estaba en el subsuelo pero no estaba en nuestra agua”.
El 15 de diciembre de 2010 , la DEP y Cabot firmaron una Orden de Consentimiento y Acuerdo de Solución respecto a los casos de pozos de agua contaminados (que para entonces sumaron 19).
En dicha Orden se lee que para entonces y pese a los señalamientos hechos por la DEP, Cabot rechazó cualquier responsabilidad. No obstante, aceptó las medidas impuestas por la dependencia para reparar los daños, que incluían pagos al DEP, la suspensión de operaciones de algunos pozos y el inicio del funcionamiento de otros nuevos durante cierto tiempo.
Pero en la vida de Sheila y William algo tan fundamental como tener acceso a agua potable sigue siendo una dificultad y una preocupación en su vida cotidiana, pues no tienen ninguna certeza de los daños que el agua contaminada pudieron ocasionarles. El desasosiego domina sus rostros.
Sin más información sobre los impactos que el agua contaminada pudieran tener en la salud de su familia, sólo una certeza tiene Sheila: que las cosas cambiaron a partir de la perforación de pozos. “No sabemos qué pasó. Sólo sabemos que después de que ellos perforaron, nuestra agua se puso mal”.
Como el de Sheila habría miles de casos más de familias que están siendo afectadas en áreas donde se desarrolla la extracción de gas a través de fracking en Estados Unidos, si se considera que de acuerdo con el estudio “Contaminación del Agua asociada con la Extracción de Gas Natural del Yacimiento Marcellus”, publicado en 2012 en la revista Risk Analysis, un solo pozo puede liberar al menos 200 metros cuadrados de fluidos contaminados. De acuerdo con información de Sierra Club, la organización ambiental más grande e influyente de Estados Unidos, en todo el país hay más de 500 mil pozos activos de gas natural.
Considerada una industria energética alternativa, la fractura hidráulica, convencional y no convencional, ha sido ampliamente desarrollada en Estados Unidos. En consecuencia, es también uno de los países en donde sus impactos son más evidentes.
Países como Irlanda y Brasil encaran actualmente el reto de permitir o no el desarrollo de esta industria. Otros, como Argentina desarrollan ya proyectos de extracción de gas de lutitas, mientras que algunos más, como Francia y Bulgaria, de plano han prohibido esta práctica en sus territorios ante el riesgo de posibles afectaciones a la salud y al ambiente.
Sin embargo, de los principales desafíos para los países en los que esta práctica está en desarrollo es precisamente no tener evidencia de los impactos que podría ocasionar. Por eso el caso de Estados Unidos es ilustrativo de lo que podría ocurrir en otras latitudes, incluido México, donde actualmente existen al menos 924 pozos autorizados para realizar fractura hidráulica, de acuerdo con la organización CartoCrítica.
La organización, que busca acercar la tecnología geoespacial y el análisis cartográfico a causas sociales, encontró que desde 2003 se han perforado pozos para extraer hidrocarburos mediante la técnica del fracking.
A partir de una solicitud de información pública a Pemex Exploración y Perforación, CartoCrítica logró ubicar 924 pozos para la extracción de gas mediante fractura hidráulica en el país, sobre todo en los estados de Veracruz (349), Puebla (233), Nuevo León (182) y Tamaulipas (100). No obstante, un documento de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de abril de 2010, refiere que hay mil 323 pozos tan sólo en Puebla y Veracruz, por lo que deduce que habría muchos más que sólo los 924 reportados por Pemex.
LA CARA DE LA FRACTURA
Basta con revisar un mapa de Google para saber cómo lucen los pozos para la extracción de gas mediante fractura hidráulica, pues la planicie rectangular donde se instala el tubo vertical que perfora, así como las tuberías que la trasladan, es fácilmente identificable desde la altura.
A ras de tierra ocurre algo similar, al menos en el Norte de Pensylvania, donde las planicies adecuadas sobre montículos de tierra se distinguen con facilidad en medio de sus amplias praderas y frondosos árboles, cuyo verdor contrasta con el clima seco de la región. Pensylvania, ubicado al noreste de Estados Unidos, forma parte del Yacimiento Marcellus (en inglés llamado Marcellus Shale), uno de los mayores campos de gas natural en el mundo. Sus 575 millas (925 kilómetros) de extensión se reparten entre los estados de West Virginia, Pensylvania, Ohio y Nueva York.
En el condado de Susquehanna existen mil 245 pozos perforados o en desarrollo, de un total de 2 mil 18, según el portal marcellusgas.org, que ofrece información actualizada sobre la actividad de pozos de gas en Pensylvania.
Ahí, las praderas rodeadas de bosque dominan el panorama, que se rompe cada tanto por alguna casa y ahora también por los pozos para extraer gas natural a través del fracking. Los montículos sobre los que se disponen las planicies y las estructuras verticales no son lo único que denota la existencia de un pozo, ya que los carteles de la empresa Cabot Oil & Gas Corporation que se encuentran a lo largo del camino también lo anuncian.
Vera Scroggins, quien funge como guía de este recorrido, explica que en la región hay siete compañías petroleras que practican fracking, pero que operan como en una especie de disección del territorio. El área donde ella, una agente inmobiliaria jubilada, organiza visitas guiadas para dar a conocer los impactos del fracking está en manos de Cabot. Otras empresas que tienen pozos en el Yacimiento Marcellus son Southwestern Energy, Talisman Energy y Chesapeake Energy Corporation.
Conforme el autobús avanza por el camino –por el que también circulan los camiones que transportan el gas de los pozos a las compresoras– Scroggins va contando las historias de familias a las que el fracking ha afectado de una u otra forma. Ahí está la casa de la familia que arrendó sus 22 acres de tierras la petrolera; por allá la de otra familia cuya agua se contaminó pero que no accede a dar entrevistas; de aquel lado una cerca de la cual hubo una fuga de gas; en aquel otro punto el terreno donde vivía una familia cuya agua también resultó contaminada y que terminó vendiendo su casa a Cabot, que al cabo de un año la destruyó y prohibió construir cualquier cosa ahí.
Por allá, apunta Scroggins, queda la casa de Fiorentino, cuyo caso desató la investigación de la DEP y que, además, es uno de los casos presentados en el documental de Josh Fox, Gasland, que aborda la problemática del fracking en el Yacimiento Marcellus.
Se trata de un trabajo que pese a la contundencia de sus imágenes sobre los efectos del fracking y a los diversos premios que recibió, ha sido desestimado por la industria petrolera. En oposición, ésta muestra los supuestos beneficios de esta práctica: menores emisiones de contaminantes, generación de empleos y una bonanza económica para las comunidades donde se desarrolla.
Sobre el primero de ellos, investigadores de la Universidad Cornell concluyeron, desde 2011, que el gas metano tiene un mayor impacto climático que el petróleo o el carbón. Revisiones posteriores en 2014 y 2015 han reiterado esa conclusión, señalando que los gases de efecto invernadero emitidos por el metano son más que por el carbón y con consecuencias más desastrosas para el clima.
Los académicos Anthony Ingraffea, Rovert Howart y Renee Santoro han concluido que el gas metano es hasta más de 100 veces más poderoso como agente del calentamiento global. Señalan que si bien el dióxido de carbono ha contribuido más al calentamiento global, el metano también aporta una parte importante: mientras el dióxido de carbono contribuye con 1.66 watts por metro cuadrado, el metano apoya 1.0 watts por metro cuadrado Además, aunque las emisiones de dióxido de carbono son menores del gas natural que del carbón, si se toman en cuenta las emisiones de metano el total de gases de efectos invernadero que aporta el gas natural terminan siendo mayores.
Respecto al supuesto desarrollo económico, Scroggins señala que existe cierta bonanza cuando las empresas llegan pero es efímera y los empleos que crean no necesariamente benefician a las poblaciones donde se asientan, pues las empresas suelen traer trabajadores foráneos, sobre todo para puestos especializados.
El condado de Susquehanna es uno de los más pobres del estado, dice Scroggins. Por ello no es ilógico que la gente se entusiasme con la promesa de un trabajo o con la oferta de dinero a cambio de arrendar sus tierras para la instalación de pozos de extracción de gas.
Según la activista, el 95 por ciento de los terrenos privados del condado están arrendados. Son los menos quienes se han resistido a aceptar las ofertas de Cabot para rentar sus tierras, como Cornelia Page, cuya propiedad ha quedado rodeada por terrenos arrendados.
Con su voz suave, como de terciopelo, Cornelia expone su postura en contra de las perforaciones y de la contaminación que considera que ese tipo de prácticas genera. Pero aunque ella se ha negado a rentar su terreno, en el que ha vivido alrededor de 20 años, las propiedades con las que limita están arrendadas, de modo que las tuberías por donde se traslada el gas pasan irremediablemente a pasos de su tierra.
“Es un asunto muy personal. Nosotros no nos vamos a dar por vencidos, somos dueños de nuestra tierra. Si alguien más, uno o dos, [renta], es su asunto, no tengo problema con eso”, contesta cuando se le pregunta si ha sido presionada para acceder a arrendar también.
Y continúa: “Pero si ellos [la compañía] primero vienen y te ofrecen una cantidad de dinero, y luego regresan y te piden que reconsideres por una nueva suma de dinero, y luego vienen una tercera vez, y cada vez nos ofrecían más dinero. Ellos no nos presionaron pero yo supongo que para algunas personas eso es una tentación”.
Cornelia dice que la última oferta que le hizo la empresa para que accediera a rentar su tierra fue de 5 mil 700 dólares por acre (cada acre equivale a 4 mil 46 metros cuadrados) por un contrato de cinco años. “Hay algo inmoral, hay algo en eso que no puedo tolerar”, expresa plantada en la entrada de su casa, una modesta construcción de un piso a la que rodea una verde llanura y altos y frondosos árboles.
Agrega que la gente suele firmar los contratos de arrendamiento sin leerlos, de modo que muchos no se enteran de que están cediendo a la empresa los derechos de su propiedad y que la empresa puede extender el plazo del arrendamiento sin obligación de pagarles más.
Las tuberías como las que se encuentran en los límites de la propiedad de Cornelia también forman parte del panorama, así como los compresores de gas. La activista antifracking señala que éstas aumentan el riesgo para la población, no sólo por las emisiones tóxicas que desprenden al aire, sino por el peligro de fugas y explosiones que implican. Dice que ya ha habido algunas explosiones.
Un problema más se suma a éstos: el agua. En una región seca como esta el agua escasea, dice Scroggins. Pero la fractura hidráulica requiere una gran cantidad de agua, pues se inyectan de 9 mil a 29 mil litros para la extracción de gas. En Susquehena, la empresa saca agua del río o de otros cuerpos de agua, aunque también usa agua reciclada de otros procesos. Eso, por untado, genera desabasto de agua para la población, y por otro, produce agua de desecho que puede contaminar los cuerpos de agua que funcionan como fuentes para el consumo humano.
UN CAMINO LLENO DE OBSTÁCULOS
Ante estos hechos, la duda es obvia: ¿Por qué persiste y se busca extender esta práctica a otros países, entre ellos México?
Raina Rippel, directora del Southwest Pennsylvania Environmental Health Project (EHP), explica que a pesar de la amplia evidencia médica sobre afectaciones en la salud de personas que se encuentran cerca de pozos de extracción de gas natural, no hay evidencias contundentes y objetivas que establezcan como causa directa las actividades extractivas.
La organización que Rippel dirige fue creada para apoyar al condado Washington, en el suroeste de Pensylvania, cuyos residentes creen que su salud ha sido o pudo haber sido afectada por las actividades de fractura hidráulica. Una de las barreras a las que se enfrenta en ese trabajo es la falta de información.
La ausencia de datos es clave por dos cuestiones, explica Rippel: sirve para que las empresas nieguen su responsabilidad al no poderse establecer una causalidad directa y es un obstáculo para que las personas afectadas sepan qué les ocurre.
Paradójicamente, esa falta de información a veces es propiciada por las propias personas afectadas, que rechazan ser parte de investigaciones por temor o por hartazgo, pues terminan convertidos en objetos de estudio sin que eso les asegure un tratamiento médico, expone Rippel.
Otra explicación sobre la falta de información es la que fomentan las propias compañías petroleras al establecer acuerdos de confidencialidad con las personas posiblemente afectadas por sus actividades extractivas. Existen dos tipos de afectados: los pobladores y los trabajadores de la industria. Con los primeros los acuerdos de confidencialidad se establecen a cambio de promesas de tratamiento médico o de dinero, mientras que los trabajadores se encuentran más indefensos, porque carecen de información sobre los posibles riesgos del fracking y cuando presentan síntomas son atendidos en en clínicas establecidas por las propias empresas, cuyos médicos les ocultan sus diagnósticos reales.
De hecho, el asunto de los acuerdos de confidencialidad con los médicos es uno de los problemas que preocupa a Rippel.
Pero los médicos también enfrentan el reto de tampoco saber cuáles son los procesos que sigue la industria, a fin de diagnosticar a sus pacientes, por la opacidad de información que hay de parte de la industria.
De acuerdo con Rippel, las más comunes preocupaciones de las personas por posibles afectaciones son problemas respiratorios y gastrointestinales, y síntomas como nauseas y alergias. A eso, dice, se suman también las afectaciones mentales, sobre todo el estrés, provocadas por la incertidumbre con que vive la gente.
Los acuerdos de confidencialidad no son el único mecanismo al que recurren las empresas para evadir su responsabilidad sobre los impactos del fracking. En el ámbito laboral, la subcontratación también ha resultado ser útil para ese propósito.
El mecanismo opera así: al subcontratar a varias empresas para encargarse de distintas partes del proceso extractivo, se diluye la responsabilidad pues, por ejemplo, la empresa que se encarga de transportar el gas sólo estaría obligada a responder por un incidente en ese proceso, y no es la gran compañía la que asume la responsabilidad por toda la operación.
Una ventaja adicional de la subcontratación, al menos para las empresas, es que también la información se diluye, pues los trabajadores sólo conocen del proceso que llevan a cabo, pero no tienen datos sobre otras partes del mismo, con lo que evitan fugas de información.
Si hay barreras fomentadas por la propia industria para conocer el alcance de las afectaciones de la industria, Rippel también puntualiza que otras limitaciones son inherentes a la propia práctica de la fractura hidráulica. Al tratarse de una actividad que se desarrolla en los sitios donde existen depósitos de gas natural, las condiciones climáticas y geológicas de cada sitio son diferentes, así como la exposición a agentes contaminantes que ha tenido cada comunidad.
Estas condiciones pre existentes impiden ver los impactos del fracking como un todo homogéneo, pero también han servido a la industria petrolera para evadir su responsabilidad, como en el caso de la familia Ely.
Ante ello, Rippel plantea que un factor que ayuda a distinguir si una afectación es causada por el fracking o no es el tiempo: si una comunidad en donde hay condiciones pre existentes se mantuvo por mucho tiempo sin problemas de salud y al poco tiempo de que empieza a hacerse fracking surgen los problemas, “¿qué piensas que pudo causar que ocurriera?”, pregunta.
La propuesta comparativa podría ser tanto más útil para los países en donde el fracking apenas empieza a desarrollarse, por lo que Rippel recomienda que en éstos se lleven registros de las condiciones actuales del agua, del aire y del ambiente, para poderlos confrontar.
CORPORACIONES, NACIONALISMO E INTERESES POLÍTICOS
Vera Scroggins agita sus brazos mientras habla del hostigamiento por parte de Cabot para que cese su activismo y que la ha llevado hasta la Corte, le ha costado que le impongan multas e incluso tenga órdenes de restricción para no acercarse a las instalaciones de Cabot. Tarea difícil si se considera que com parte de su activismo antifracking, Scroggins se dedica a dar visitas guiadas para que la gente conozca de cerca los impactos de dicha actividad en el condado de Susquehanna.
No obstante, Scroggins cumple a cabalidad la restricción que la empresa le impuso de por vida y lo primero que advierte a quienes acuden a sus recorridos es precisamente eso. La mujer de melena cana e infantil sonrisa no oculta, sin embargo, su indignación con la medida. “Me quitaron una libertad en mi propio país, ¿y a ellos qué les hacen?”, reclama refiriéndose a las compañías que operan en la región y que, según ella, acumulan miles de violaciones a las normas ambientales.
La ex agente inmobiliaria cuenta de una ocasión en que personal de la empresa le advirtió que si cruzaba al área donde tiene el paso restringido llamarían a la policía. Ella les contestó preguntándoles que cómo sí estaban dispuestos a llamar a la policía para restringir a una ciudadana, pero no para que sancionara a una empresa que viola la ley.
“Una de mis objeciones es que si tú tienes todas estas violaciones, tu deberías ser clausurado. ¿Por qué le permites a estas compañías operar? Esta es una de nuestras peticiones ahora: queremos que los clausuren porque han cometido muchas violaciones. ¿Qué compañía puede tener millones [de dólares] en multas y todo tipo de violaciones ambientales y se le permite continuar?”, cuestiona.
Una cámara de video cuelga del cuello de Scroggins, quien yergue su pequeño cuerpo cuando ve acercarse a una de las camionetas del personal de Cabot, para demostrarles que no les tiene miedo. Eso sí, siempre en el lado del camino donde le es permitido.
Además de llevar a grupos a la zona, Scroggins documenta en vídeos lo que atestigua. Dice que registra todo lo que puede porque tiene la esperanza de que en el futuro esa evidencia le sirva para demandar a la empresa.
“Quiero grabar y ver lo que pasa en el futuro, quién va a ser procesado. Ahora mismo yo estoy procesada porque soy una ciudadana que denuncia […] ¿Qué nos dice eso? ¿Dónde está la libertad de expresión, dónde está el derecho de denunciar a alguien?”.
En un país donde la defensa de los derechos civiles es paradigmática y donde hay un arraigado sentido nacionalista, la activista dice que Cabot coloca en sus pozos una bandera de Estados Unidos como para reforzar la idea de que es un proyecto que va acorde con los intereses de la Nación. Bajo esa lógica, continúa, quien rechaza esos proyectos es un antipatriota que se opone al bienestar de la Nación.
Para ella, la industria del fracking nada tiene que ver con la idea de la Patria; por el contrario, dice, son compañías beneficiándose a costa de los ciudadanos.
Pero también ha sido la clase política la que, desde Washington DC, ha alentado esa industria. En 2005, el Congreso estadounidense, a petición del entonces Vicepresidente, Dick Cheney, exentó a la industria petrolera de las regulaciones de protección ambiental.
Con ello, las actividades petroleras como la perforación y fractura hidráulica quedaron exentas de siete estatutos, incluidos la Ley de Agua Potable Segura, la Ley para un Aire Limpio y la Ley para una Política Ambiental Nacional.
Cheney había sido previamente directivo de la empresa petrolera Halliburton, que también participa en la industria del fracking en ese país. Además, de acuerdo con la información obtenida por CartoCrítica, es una de las compañías favorecidas con permisos para pozos en México.
En México este tipo de prácticas de beneficiarse de un cargo público para favorecer a una compañía con la que se tienen intereses no es en absoluto ajeno. Por si faltara un ejemplo claro en el tema del fracking, recientemente el ex Presidente Vicente Fox lo brindó, al darse a conocer su alianza con el ex director general de Chesapeake Energy y actual CEO de American Energy Partners, Aubrey McClendon, para explorar el sector energético en nuestro país, como publicó el pasado 8 de septiembre el portal DeSmogBlog.
Otro caso revelado recientemente que descubre estos intereses entre la clase política y las corporaciones, así como el entramado de éstas entre México y Estados Unidos, fue dado a conocer por el mismo medio. El sitio publicó que como responsable de la política exterior de Estados Unidos, la actual precandidata demócrata Hillary Clinton impulsó la llamada reforma energética en México, concretada en 2013 por el Presidente Enrique Peña Nieto.
Con base en correos electrónicos de Clinton, divulgados por el Departamento de Estado de ese país, se reveló que el equipo de Clinton promovió la apertura del sector energético a compañías extranjeras. Dos personajes clave de esa estrategia trabajan en el sector energético y podrían beneficiarse de esa apertura que impulsaron.
Uno es el ex Embajador de Estados Unidos en México Carlos Pascual, quien es vicepresidente de la consultoría IHS, empresa que cuenta con una unidad de “evaluación de las opciones futuras en México”. El otro personaje clave es David Goldwyn, quien dirige una consultora sobre temas de petróleo y gas, funge como abogado de industrias petroleras y trabaja en think tanks financiados por ésta.
Ajenos a esas decisiones, pero que terminarían siendo impactados por ellas, hay personas como Ray Kemble, un ex trabajador de la industria gasera convertido hoy en activista antifracking en el condado de Susquehanna.
Desde hace dos años, Kemble, un antiguo transportista de la industria gasera, se dedica ahora a conseguir agua potable para él y otras familias, pues su agua, como la de aquéllos a quienes ayuda, está contaminada.
En la entrada de su casa, Kemble tiene varios letreros con leyendas antifracking y a favor de proteger el agua. Contrario a la bandera que las compañías colocan en sus pozos para transmitir una imagen de patriotismo, en medio del jardín de Kemble hay una bandera estadounidense colocada al revés. En la tradición, eso significa un llamado de ayuda cuando se está en peligro. Esa imagen bien puede ilustrar lo que implica la lucha ciudadana contra el fracking en una sociedad defensora de los derechos civiles, en la que incluso éstos han sido pisoteados.
–Este trabajo fue realizado con el apoyo de la Heinrich Böll Foundation
