El caso de Rosendo Radilla Pacheco se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la impunidad en México y de la resistencia frente a la represión estatal. Desde 1976, la familia Radilla y otras víctimas de la represión estatal han denunciado la desaparición forzada de Rosendo ante diversas instancias nacionales e internacionales.
Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).– “¿Hacer corridos es un delito?”, habría preguntado Rosendo Radilla a los militares que aquel 25 de agosto de 1974 lo bajaron del autobús en el que viajaba con su hijo de 11 años. “No, pero mientras ya te chingaste”, le respondieron. Luego, le preguntaron si su hijo sabía llegar a casa para que ellos lo llevaran; Rosendo les respondió que el niño sabía ir solo. Entonces, sacó su cartera y le dio trescientos pesos al pequeño.
“Vete y avisa a la familia”, le dijo Radilla a su hijo, que lleva su mismo nombre. El niño partió hacia su hogar. Esa fue la última vez que se le vio con vida a Rosendo. Aunque testigos y documentos indican que posteriormente fue llevado al Campo Militar Número Uno en la Ciudad de México, su destino final sigue siendo desconocido. Así es como se narran –esos detalles de la última vez que fue visto Rosendo– en la histórica sentencia emitida hace unos días por la jueza Karla Macías, Juzgado Noveno de Distrito en Guanajuato, quien criticó a la FGR por ocultar información clave sobre las violaciones de derechos humanos durante la Guerra Sucia, en un contexto de terrorismo de Estado.
Este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Este año, 2024, en México trae consigo la sentencia que ha marcado un hito, pues es un hecho inédito que un juzgado mexicano califique de “terrorismo de Estado” las violaciones cometidas en ese periodo, que era la plena hegemonia del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Han transcurrido 50 años desde la desaparición de Rosendo Radilla, músico y luchador social, una de las innumerables víctimas de la Guerra Sucia en México. A pesar de que en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia contra el Estado mexicano, recomendando su búsqueda y localización, estas disposiciones no se han cumplido, pues el Estado mexicano no ha hecho justicia ni ha investigado a fondo su caso, lo que llevó a su hija, Tita Radilla, a interponer el 9 de julio de 2018 una demanda de amparo indirecto ante el Juzgado Noveno de Distrito en Guanajuato, en un esfuerzo por obtener justicia .
En 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso y emitió la Recomendación 26/2001[4], reconociendo la práctica de desaparición forzada como política de Estado, y en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano. La Corte determinó que el Estado había violado los derechos humanos de Rosendo Radilla y ordenó una serie de medidas de reparación, incluida la investigación y sanción de los responsables, la búsqueda efectiva de su paradero, y la implementación de reformas legales para prevenir futuros abusos.
A pesar de la sentencia del organismo internacional, el Estado mexicano ha sido renuente en su cumplimiento. Las investigaciones han sido lentas y marcadas por la falta de voluntad política, la negligencia y la obstrucción por parte de las autoridades. La familia, encabezada por Tita Radilla, ha insistido en la necesidad de justicia, pero las respuestas del Gobierno han sido, en su mayoría, evasivas o insuficientes.
La demanda presentada por Tita en el 2018 ante el juzgado en Guanajuato la realizó en busca proteger los derechos fundamentales de la familia Radilla, específicamente el derecho a la verdad y a la justicia, ante las acciones y omisiones del Estado en la búsqueda y localización de Rosendo Radilla.
En dicho amparo se denunció la falta de cumplimiento efectivo de la sentencia de la Corte IDH, argumentando que, a pesar de las promesas de investigación y las medidas ordenadas por la Corte, el Estado no ha realizado una búsqueda exhaustiva ni ha sancionado a los responsables de la desaparición. Es así como la familia Radilla, particularmente Tita, ha jugado un papel crucial en mantener viva la memoria de su padre y en exigir justicia para él y para las miles de víctimas de desaparición forzada en el país.
En la Averiguación Previa del caso Radilla se documentan múltiples casos en los que el Ejército Mexicano, la Policía Judicial y agentes de la Dirección Federal de Seguridad ejecutaron detenciones sin orden legal para luego trasladar a los detenidos a centros clandestinos y torturarlos. Estos actos se realizaron bajo la dirección de altos mandos militares, quienes operaban con total impunidad, sin la intervención del Ministerio Público ni de jueces que supervisaran la legalidad de sus acciones.
Fue así como el pasado 16 de agosto se publicó la crucial sentencia de la jueza Karla Macías en la que recalca que lo ocurrido por las autoridades en ese periodo de contrainsurgencia fue terrorismo de Estado.
“Si bien el terrorismo de Estado fue una violencia ejercida por el Estado en respuesta a una insurgencia armada, ésta afectó no sólo a los involucrados en la lucha armada, sino también a población inocente y ajena a los conflictos; la represión incluyó tácticas atroces que justifican la clasificación de estos actos como delitos de lesa humanidad”, se lee en el documento de 667 páginas.
Asimismo destaca que la violencia estatal no sólo fue arbitraria al servirse de tácticas que afectaron indiscriminadamente a la población, sino también abyecta, ya que llevó la brutalidad a extremos injustificables.
“Estas atrocidades, además de ser inconstitucionales e ilegítimas, ignoraron por completo los mecanismos previstos en la Constitución mexicana para enfrentar situaciones de emergencia, pues las autoridades tenían a su disposición la garantía federal, prevista en el artículo 122 y la suspensión de garantías regulada en el artículo 29, que les habrían permitido actuar dentro del marco constitucional para restaurar el orden sin recurrir a medidas ilícitas”.
La desaparición de Rosendo Radilla se enmarca en el contexto de la “Guerra Sucia”, un periodo en el que el gobierno mexicano, mediante fuerzas militares y policiacas, llevó a cabo una serie de acciones represivas contra movimientos guerrilleros, activistas sociales, defensores de derechos humanos y cualquier persona considerada como una amenaza para el Estado. Durante los años 60, 70 y principios de los 80, Guerrero fue uno de los estados más afectados por la represión. El municipio de Atoyac de Álvarez, de donde era Radilla, fue especialmente castigado, pues se estima que al menos 400 personas fueron desaparecidas en esa región, de acuerdo con cifras oficiales y de organizaciones de derechos humanos.
El Ejército mantenía un control casi absoluto sobre las comunidades, imponiendo toques de queda, controles de alimentos y medicinas, y estableciendo un clima de miedo constante. Las personas detenidas solían ser llevadas a bases militares, donde eran sometidas a torturas y otras violaciones de derechos humanos.
“En el momento en que ocurrieron los actos de terrorismo estatal durante la llamada guerra sucia existía costumbre internacional inderogable según la cual el asesinato, el exterminio, la tortura, la esclavitud, el traslado forzoso de población, el encarcelamiento arbitrario, la desaparición forzada, la violación u otras formas de abuso sexual, y otros actos inhumanos que dañen gravemente la integridad física o mental, la salud o la dignidad humana de la víctima, como la mutilación o el daño corporal severo, cometidos de manera general o sistemática contra la población civil, eran ya considerados crímenes de lesa humanidad y, por tanto, dichos crímenes son imprescriptibles”, destaca el fallo en el Juicio de Amparo Indirecto 565/2018-I.
El delito de terrorismo de Estado, tipificado en los artículos 139 y 145 del Código Penal Federal estaba vigente en la época de los hechos, por lo que la juzgadora destacó que “ es imprescriptible si los medios violentos utilizados para infundir alarma, temor o terror en la población constituyen en sí mismos crímenes de lesa humanidad conforme al ius cogens”.
La resolución además “aborda el cuerpo del delito de terrorismo y la identificación de posibles autores materiales a partir de las pruebas recopiladas en la Averiguación Previa SIEDF/CGI/454/2007. Se individualiza a posibles responsables y se reproducen las cadenas de mando. Para ello, se establece un marco metodológico para identificar a los presuntos autores materiales y mediatos, así como cómplices y encubridores, con base en información contenida en medios de prueba como las Revistas de Inspección Administrativa Mensual, los Libros de Historia de los Batallones presuntamente implicados en el terrorismo y bitácoras de vuelo, entre otros documentos”.
La sentencia de la jueza Macías también evidencia un patrón de negligencias y omisiones que han prolongado la impunidad en el caso de Rosendo Radilla. La falta de acción, la incorrecta clasificación de los delitos, las deficiencias en la investigación y la ineficacia en la búsqueda de la verdad han violentado no solo los derechos de la familia Radilla, sino también el derecho a la memoria colectiva y la justicia para todas las víctimas de la “Guerra Sucia” en México. “La omisión reiterada y sistemática del Ministerio Público al deber estatal de investigar la desaparición forzada de Rosendo Radilla y el contexto de terrorismo de Estado en el que se perpetró ha permitido que esa desaparición continúe cometiéndose con impunidad; que la suerte de Rosendo se desconozca y, junto con la suya, la de cientos de seres humanos sometidos a los mismos actos de barbarie, y que las conductas que constituyeron el terrorismo de Estado hayan permanecido ignoradas por la mayoría de los ciudadanos durante medio siglo”, señala el texto.
El documento critica la falta de acción y el manejo inadecuado de la investigación sobre la desaparición forzada de Radilla, un caso clave de violaciones a derechos humanos durante la “Guerra Sucia” en México. La primera omisión que se recalca es la clasificación incorrecta de delitos pues señala que por 17 años las autoridades no clasificaron correctamente los hechos como desaparición forzada de personas, limitándose a investigar delitos de privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad. No se consideró el contexto de terrorismo de Estado, a pesar de las pruebas suficientes para acreditar este tipo penal, incluidos agravantes por parte de servidores públicos.
Como segunda omisión está la falta de acción penal. La jueza denuncia la inacción de las autoridades para ejercer acción penal, a pesar de que el expediente contiene suficiente evidencia para identificar a los responsables. El fallo recalca que los delitos relacionados, como desaparición forzada y terrorismo de Estado, son imprescriptibles y exige acciones legales inmediatas.
Además, también se revela las deficiencias en la investigación, pues se señala que la investigación fue superficial y deficiente, caracterizada por el desconocimiento del contexto, la falta de herramientas de sistematización, y la delegación de funciones esenciales del Ministerio Público. En cuanto a la búsqueda, se establece que fue ineficaz, ya que, durante décadas, la búsqueda de Rosendo Radilla se centró en un único sitio de excavación sin explorar otras líneas de investigación documentadas, por lo que el fallo instruye la creación de un plan integral de búsqueda en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
El fallo también cuestiona la falta de autonomía de los agentes del Ministerio Público y ordena al Fiscal General expedir el Estatuto del Servicio Profesional de la Fiscalía y formar una Unidad Especial de Investigación para el caso. Además, se dictan medidas para la reparación integral, incluyendo la revisión de nombres de responsables de delitos de lesa humanidad en la nomenclatura pública y la creación de sitios de memoria en lugares donde ocurrieron abusos.
Por otra parte, uno de los aspectos más destacados de la sentencia, es que ordena a la FGR procesar a varios militares de alto rango, incluido el exsecretario de Defensa Enrique Cervantes Aguirre y declarar como “Zona de Monumentos Históricos” las instalaciones del Segundo Batallón de Policía Militar y parte de la base aérea de Pie de la Cuesta. Pero no sólo eso, sino que la jueza también estableció un plazo peritorio: la FGR tiene cuatro meses para procesar a los responsables, con la posibilidad de impugnar la sentencia, lo que podría llevar el caso a tribunales superiores. Esta sentencia es la primera en México que califica las violaciones de derechos humanos de ese periodo como “terrorismo de Estado”.
La desaparición de Rosendo Radilla fue un caso más de los cientos documentados de desapariciones forzadas en Guerrero, pero su caso cobró relevancia debido a la persistente lucha de su familia, especialmente de su hija Tita Radilla, quien desde hace décadas ha encabezado una campaña incansable para esclarecer su paradero.
Tita Radilla, entrevistada por el periodista Álvaro Delgado, destacó que esta reciente sentencia no solo es relevante para el caso de su padre, Rosendo Radilla, sino que también abarca a otras víctimas del periodo conocido como la Guerra Sucia, marcado por la represión estatal y violaciones graves a los derechos humanos.
“Tenemos esperanza de que pueda cumplirse ahora sí, que no haya una negativa como la que ha habido en la sentencia de la Corte Interamericana, donde no ha habido cumplimiento hasta ahora. Entonces, esperamos que esta sentencia la acate el Estado mexicano como tal, porque no se trata solo del caso de Rosendo Radilla, sino de todos estos hechos terribles que ocurrieron”, dijo.
Sobre el papel de la Fiscalía General de la República, Tita Radilla solicitó que se realicen investigaciones efectivas para localizar a los responsables vivos y que se encuentren a los familiares desaparecidos. “Queremos que los busquen y que hagan investigaciones reales para dar con el paradero de nuestros seres queridos,” añadió.
Por otra parte, la hija de Rosendo también destacó la importancia de que el Ejército Mexicano finalmente acate las ordenes de entregar toda la información contenida en sus archivos sobre los desaparecidos pues criticó que, a pesar de una orden presidencial para poner a disposición los archivos de la Sedena, estos no se han entregado a los investigadores.
“Que el Ejército presente toda la información que tenga en los archivos, ya que salió esa lista de las 183 personas a disque arrojadas al mar, cuando es un documento truncado que solamente menciona esa lista, no dice vuelos de la muerte. Arriba (de esa lista) tenía un texto (que le quitaron), ¿por qué le quitaron el texto de arriba? Yo considero, nosotros consideramos como organización, que no corresponde a lo que se dice en esta lista, sino que yo creo que fueron trasladados y por eso le quitaron la parte de arriba porque no corresponde a vuelos”, dijo.
Además, Radilla hizo un llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que garantice el cumplimiento de la sentencia, que ordena la búsqueda, localización y entrega de cuerpos o restos.
“Que acate la sentencia, que cumpla con la sentencia como debe ser. La sentencia ordena la búsqueda, la localización, la entrega de los cuerpos o restos que puedan encontrarse, y que se busque a nuestros familiares desaparecidos. Yo sé que seguramente en los archivos de la Sedena debe haber información de lo que pasó y esos archivos, a pesar de que el presidente de la República ordenó que fueran puestos a disposición de los investigadores, no se hizo; no se acató esa orden del Presidente”, añadió.
Finalmente, la activista también destacó la oportunidad que representa el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum para cumplir con los compromisos asumidos con los familiares de personas desaparecidas. “Es el momento para que el nuevo gobierno realmente cumpla con los compromisos hechos con los familiares de las personas desaparecidas,” afirmó.
EL LUCHADOR COMPOSITOR DE CORRIDOS
A Rosendo lo que más le gustaba era escribir corridos. Así se relata en diversos textos y biografías presentadas sobre su vida, de acuerdo con lo platicado por su familia. En sus letras reflejaba su indignación ante la injusticia, relataba las condiciones de su pueblo, denunciaba los abusos y llamaba a la gente a organizarse y exigir sus derechos. Algunos de sus corridos cuentan las historias de otros luchadores sociales como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y el Partido de los Pobres de Guerrero, de acuerdo con la semblanza realizada por la Comisión Mexicana de Defensa Y Promoción de los Derechos Humanos, A.C, acerca de este luchador social.
Rosendo Radilla, nacido el 1 de marzo de 1914, destacó por su compromiso con los derechos humanos y la justicia social. Además de ser agricultor, se convirtió en un cantautor. Su labor y reconocimiento lo llevó a ser electo presidente municipal de Atoyac de Álvarez entre 1955 y 1956, periodo en el que impulsó mejoras significativas para su comunidad, como la construcción de los primeros puestos del mercado municipal, el primer recolector de basura, y la fundación de un cuartel militar. También promovió la construcción de una escuela primaria y un hospital rural. A pesar de las limitaciones económicas, Rosendo puso de su propio dinero para completar estas obras, siendo recordado como uno de los pocos funcionarios que terminó su mandato con menos recursos de los que tenía al inicio. según se narra en biografías y semblanzas del luchador publicadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la CMDPDH.
En palabras de Tita Radilla: “mi papá era campesino, dirigente de organizaciones, él gestionaba para la comunidad, entre escuelas y hospitales, era lo que a él le gustaba hacer, fue también presidente municipal de Atoyac, y participaba con todos los grupos de personas por sus demandas sociales y en ese momento había en Atoyac una problemática muy fuerte de pobreza, de injusticia, y por eso surgieron grupos armados, de los cuales uno surgió a raíz de una masacre de padres de familia que hubo el 18 de mayo de 1977, fue una masacre de padres de familia de una escuela, uno de esos lo lideraba Lucio Cabañas Barrientos, y el otro el profesor Genaro Vázquez Rojas; con el profesor Genaro Vázquez Rojas, mi papá participó cuando su agrupación era la Asociación Cívica Guerrerense, la que después se transformó en la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, en la que mi papá siguió apoyando sin participar directamente en la guerrilla”.
Su activismo y sus cuestionamientos a la injusta distribución de tierras lo pusieron en la mira del régimen represivo de la Guerra Sucia. El 25 de agosto de 1974, mientras viajaba en autobús con su hijo, fue detenido por un retén militar. Los soldados, al reconocerlo, le acusaron de “componer corridos a Lucio Cabañas”. Esa noche, Radilla fue llevado al ex cuartel militar de Atoyac de Álvarez y desapareció.
LA DESAPARICIÓN Y BÚSQUEDA
Rosendo Radilla viajaba en un autobús hacia Chilpancingo, acompañado por su hijo de once años. En el retén en la carretera Acapulco-Zihuatanejo los militares bajaron a todos los pasajeros del autobús y, al intentar reabordar, a Rosendo y a su hijo no se les permitió continuar. Al ser interrogados sobre la razón de la detención, los militares informaron a Rosendo que su arresto se debía a que componía corridos sobre personajes y eventos políticos. Cuando Rosendo preguntó si eso constituía un delito, la respuesta fue negativa, pero los militares le dijeron “mientras ya te chingaste”. Los soldados le preguntaron a Rosendo si su hijo sabía llegar a casa, y él le dio trescientos pesos, diciéndole que se fuera y avisara a la familia.
Tan pronto como el hijo de Rosendo Radilla regresó a Atoyac de Álvarez para informar sobre la detención de su padre, la familia actuó con urgencia. Tita informó a su madre y a su hermana, quienes vivían en Chilpancingo. Su padre estaba en camino hacia esta ciudad cuando fue detenido. La hermana de Tita, profesora en la Universidad de Guerrero, realizó una denuncia pública y se reunió con el Gobernador del estado de Guerrero, que en ese momento era Israel Nogueda Oter. Durante esta reunión, el mandatario ofreció apoyo bajo la condición de que la familia cesara su participación en el movimiento de búsqueda de desaparecidos. La familia, rechazando esta oferta, continuó su búsqueda sin obtener la cooperación esperada.
En ese momento, en Guerrero ya tenía un elevado número de desaparecidos, con cerca de cuatrocientos casos documentados solo en Atoyac de Álvarez, y aunque se rumoreaba que Rosendo podría haber sido llevado al Campo Militar Número Uno en la Ciudad de México, la certeza sobre su destino sigue siendo incierta. Sin embargo, testigos afirmaron haberlo visto en el cuartel militar de Atoyac, aunque la mayoría de estos testigos ya han fallecido.
Además, la familia contactó al Comité Eureka y a Amnistía Internacional en su intento por visibilizar el caso. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la respuesta del Estado fue insatisfactoria y la búsqueda continuó sin resultados concretos hasta la fecha.
Tita Radilla expuso en su denuncia que a pesar de las reiteradas promesas del Estado Mexicano de cumplir con la justicia, la búsqueda de Rosendo Radilla continúa sin avances significativos. La hija de Radilla, ahora una reconocida activista de personas desaparecidas, ha denunciado que la desaparición de su padre es solo un caso dentro de una estructura de represión que involucró tanto a autoridades civiles como militares, avaladas por el propio Estado.
