La movilización estudiantil programada para este domingo 1 de septiembre resulta especialmente significativa y trascendente. Se trata de una convocatoria común de alumnos de la carrera de Derecho en universidades privadas y en la UNAM, unidos esta vez en la defensa del Poder Judicial de nuestro país, el último baluarte autónomo de la recién destrozada democracia mexicana.

A través de redes sociales, diversos  colectivos han difundido la convocatoria a la marcha, denominada En Defensa del Poder Judicial, que se realizará a las 9 de la mañana del Ángel de la Independencia al Senado de la República.

La insólita convocatoria fue firmada  por estudiantes de la Universidad Iberoamericana, la UNAM,  la Facultad de Estudios Superiores (FES) de Acatlán, la Escuela Libre de Derecho (ELD), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Tecnológico de Monterrey, la Universidad La Salle y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Los grupos convocantes tuvieron ya un primer encuentro el pasado miércoles, cuando marcharon juntos por el circuito interior de Ciudad Universitaria y luego hasta la sede del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), sobre la avenida Insurgentes Sur. “Ya no podemos guardar silencio contra la reforma que atenta contra el Poder Judicial, que busca eliminar los contrapesos constitucionales; no ve por los más desprotegidos, sino que busca mantener más poder” dijo ante Rectoría la representante académica Angélica Manrique. “Los estudiantes de Derecho nos prenden una luz de esperanza”.

Por supuesto, el presidente López Obrador, muy a su estilo, descalificó la movilización y aseguró que los estudiantes “están siendo engañados”. Desde el púlpito de Palacio Nacional dijo sarcástico que los maestros de la facultad perteneciente a la Máxima Casa de Estudios les están diciendo que la reforma impulsada por él es algo injusto, además de ser un tema antidemocrático, por lo que advirtió que con este discurso sólo eran malinformados.

La autoritaria postura presidencial ocurre en medio del marranero en que se ha convertido el ámbito político nacional, especialmente a raíz de la legalización de la “mayoría gandalla” de Morena y sus cómplices en la Cámara de Diputados por parte de los organismos electorales cooptados por el oficialismo.

En el caso del Senado, la vergonzosa compra-venta de legisladores, en los que todo escrúpulo ha sido desechado, subraya la afirmación de analistas políticos, colegios profesionales y organismos internacionales de que estamos ante un gravísimo retroceso democrático. La vuelta a una hegemonía totalitaria de los años dorados del PRI invencible, con sus presidentes todopoderosos dueños a la vez de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial está a punto de consumarse.

Efectivamente, el Poder Judicial –y en particular la Suprema Corte de Justicia— está amenazado por una reforma torpe y arbitraria, esencialmente vengativa, que cancelaría su independencia de los otros dos poderes y, pero aun, estaría supeditada absolutamente al mandatario en turno, lo que vulnera todo Estado de Derecho.

Y  con gravísimas, imprevisibles consecuencias económicas, como han advertido cada vez más especialistas, organismos empresariales y calificadoras internacionales. Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua son antecedentes claros de lo que ese ataque mortal al poder judicial significa para la libertad, la democracia y la justicia.

Por eso es harto importante la movilización estudiantil en defensa del último Poder autónomo que nos queda, programada para el próximo domingo, día en que se instalará la nueva legislatura en el Congreso de la Unión y en el que Andrés Manuel rendirá su enésimo y ojalá último “informe” de gobierno.

Lo que es evidente, y así lo han advertido diversas voces independientes, es que el tabasqueño está dispuesto a dejar a su sucesora un país destrozado pero totalmente suyo. Esto por supuesto limita las ya de por sí limitadas posibilidades de maniobra y negociación de la Presidenta electa.

Duele de veras la amenaza que asola a este querido país, especialmente a quienes en una u otra forma trabajamos a favor de una transición a la democracia o la registramos periodísticamente. Costó justo cuatro décadas pasar del totalitarismo priista absoluto a conseguir organismos electorales autónomos y elecciones legales.  Arribar a la alternancia en el año 2000 fue un logro inconmensurable de la sociedad civil.

Hay que recordar que antes de 1977, hace 47 años la hegemonía del PRI (como ahora lo será de Morena) era absoluta. La reforma electoral de ese año, impulsada por Jesús Reyes Heroles, abrió la posibilidad de un régimen pluripartidista con la creación de los llamados diputados plurinominales, que permitieron una representación así fuera minoritaria de las diversas corrientes políticas del país y un elemental equilibrio.

Crucial fue la creación del Instituto Federal Electoral en 1990 y sobre todo su carácter autónomo a partir de 1996. En 1997, luego las sucesivas reformas y mediante elecciones libres,  se logró por primera vez en la historia que se conformara una mayoría opositora en la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados. Todavía hubo que superar inercias totalitarias (como ocurrió en la elección estatal de Chihuahua en 1986, en la de Guanajuato en 1991 y en las  elecciones federales de 1988, denunciadas como fraudulentas por toda la oposición) antes de que fuera posible, en el año 2000, la alternancia democrática que hoy está de nuevo amenazada.

El Registro Nacional de Electores independiente, la credencial de elector y el padrón con fotografía, las boletas foliadas e infalsificables, la admisión de observadores nacionales e internacionales  y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), fueron avances fundamentales.

El proceso continuó a través de las reformas sucesivas de 2002, 2005 y 2007. La última de ellas recogió por cierto las demandas de López Obrador luego de las elecciones de 2006. Hubo dos más, en 2013 y 2014, antes de llegar a la elección de 2018 cuando Andrés Manuel ganó con toda legitimidad la Presidencia de la República.

La brutal paradoja: nuestra costosa y dolorosa democracia, imperfecta y todo, le permitió llegar al poder por la vía electoral. Hoy usa ese poder para destruir a la democracia.

Hoy, toda esa historia arriba repasada está por perderse. La llamada Reforma Judicial acabaría con la autonomía de la Corte, de los tribunales y de los jueces. Faltaría solo, de remate, la ya prácticamente consumada desaparición de los organismos autónomos y la aprobación de la reforma electoral propuesta por el Presidente, que entre otras cosas acabaría con el actual INE –para devolver al gobierno el control de las elecciones–, y con los legisladores plurinominales.

Hay que valorar por eso la marcha estudiantil del próximo domingo sobre Paseo de la Reforma y sumarnos a ella. La  consigna de “México, aguanta, la UNAM se levanta” que corearon los muchachos hace unos días me sabe efectivamente a esperanza. Debemos defender lo que nos queda. Válgame.

@fopinchetti

Francisco Ortiz Pinchetti

https://www.sinembargo.mx/author/franciscoortiz

Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).

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