El triunfo de López Obrador en 2018 fue visto por muchos gobiernos y líderes de opinión en el exterior con ecuanimidad e incluso con entusiasmo. La verdad sea dicha, pocos lo consideraban parte de una ola populista internacional, que en los últimos lustros ha desafiado el orden liberal en muchas zonas del planeta. El hoy Presidente de la República y su grupo se aprovecharon de esta especie de “luna de miel” para introducir medidas autoritarias en el orden político mexicano. Los ejemplos sobran: de la destrucción de fideicomisos para la ciencia, a la tentativa por eliminar organismos autónomos y reguladores; de las medidas que atentan contra los derechos humanos, como la prisión preventiva oficiosa, hasta la militarización del país. 

No ayudó que en los Estados Unidos, cuya enorme gravitación sobre lo que pasa en México es innegable, se encontrara en el poder otro populista autoritario: Donald Trump. Ahora sabemos, por diversos testimonios, que hubo un pacto entre ambos líderes en el que México detendría el paso de migrantes hacia el vecino del Norte y, a cambio, el Gobierno norteamericano no criticaría las medidas autoritarias del obradorismo. 

Este acuerdo oculto y vergonzante funcionó muy bien para el actual régimen mexicano. Luego vino el triunfo de Joseph Biden en 2020, y con ello, el fin de este concordato entre dos gobiernos claramente populistas y autoritarios. 

El triunfo del Partido Demócrata significó una gran tragedia para el obradorismo. No es casual que López Obrador le haya hecho el juego a la causa trumpista, al abandonar las cortesías diplomáticas y dejando de felicitar al candidato presidencial demócrata por su triunfo, lo cual realizó hasta el último momento. 

Esta tardanza fue sin duda tomada en cuenta en los Estados Unidos. Voces con un peso específico, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo en la Unión Americana, ya no esconden críticas duras a diversas acciones del Gobierno mexicano, en particular en materia de seguridad. 

Un señalamiento que hasta ahora ha pasado desapercibido es la creciente crítica que en ese país han hecho destacadas voces respecto de la insólita militarización en México. No podía ser de otra forma tratándose del país que más ha avanzado en la noción de que sean autoridades civiles las que encabecen a las Fuerzas Armadas. Se empieza a percibir a sectores relevantes de la política norteamericana fuertes críticas a la adicción militarista de López Obrador, que es tan frecuente en los regímenes tiránicos de todo el mundo.

A pesar de ello, el Gobierno federal que encabeza López Obrador está empecinado en entregarle las fuerzas de seguridad pública federal a los militares, ya no sólo de facto, sino al amparo de normas secundarias de muy dudosa constitucionalidad.

La última ofensa sucedió hace unos días, cuando el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció en una reunión plenaria de los Diputados federales de Morena, que el primero de septiembre próximo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene planeado enviar al Congreso de la Unión una iniciativa preferente relativa a la adscripción de la Guardia Nacional.

Se trataría de una legislación secundaria para modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley del Ejército y Fuerza Aérea, así como la Ley de Ascensos de las Fuerzas Armadas.

Aunque no se trata de una reforma constitucional, debido a que éstas no pueden ser objeto de iniciativa preferente, sí es un cambio legislativo con graves consecuencias. Ambas cámaras del Congreso tendrán que deliberar sobre la iniciativa en un máximo de 30 días. Muy probablemente estas modificaciones se acomodarán dentro del artículo Quinto Transitorio de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional de marzo de 2019, que establece un periodo de cinco años para que las fuerzas armadas participen en las tareas de seguridad pública. 

Así, el proceso de militarización del país continúa aparentemente de manera inexorable. Afortunadamente el panorama para el obradorismo ya no es tan propicio como lo fue en 2018. No sólo las críticas en Estados Unidos, emanadas tanto de gobiernos como de la sociedad, sino también los reclamos dentro de nuestro país son cada vez más sustanciales y vigorosos. 

Al final, esta tentativa autoritaria para militarizar a México fracasará. Es una intentona claramente retrógrada en la tendencia al civilismo que el país inició a mediados del siglo pasado, al institucionalizarse y consolidarse la Revolución Mexicana.

Es tan evidente el despropósito que incluso cuadros relevantes del obradorismo cuestionan, casi todos en voz baja, la conveniencia de la intentona. Lo mismo ocurre de forma creciente en los cuadros de mando de las Fuerzas Armadas.

De imponerse por la mayoría oficialista una legislación inconstitucional que adscriba los recursos, los elementos y el mando de las Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, no faltarán los legisladores y organizaciones de la sociedad civil que inicien la impugnación judicial de la hipotética legislación que resulte. 

Y no hay duda, que el Poder Judicial de la Federación, en su momento, tendrá que enmendarle la plana, una vez más, al régimen obradorista.

Gustavo de Hoyos Walther

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Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

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