El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, propuso hacer una modificación al Artículo 21 constitucional a fin de que las instituciones policiacas puedan llevar a cabo investigaciones de manera autónoma.
El funcionario enumeró nueve prioridades legislativas que incluyen una modificación en materia de prisión preventiva, así como cambios legales para regular las armas réplica, la compra de tarjetas telefónicas y las operaciones financieras en tiendas de conveniencia.
Ciudad de México, 30 de agosto (SinEmbargo).- El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, solicitó a los diputados de Morena ampliar las facultades de la Guardia Nacional y corporaciones policiales para investigar cualquier delito sin la necesidad de una denuncia previa.
En conferencia en la Cámara de Diputados, Durazo propuso hacer una modificación al Artículo 21 constitucional a fin de que las instituciones policiacas puedan llevar a cabo investigaciones de manera autónoma, y cuando la indagación se encuentre terminada, entregar los registros al Ministerio Público, para que decida formular o no la imputación correspondiente.
Esta facultad también le debe ser otorgada a la Guardia Nacional, pues es fundamental en la estrategia del Gobierno federal para combatir la inseguridad y la delincuencia, dijo.
Agradezco a la plenaria del Grupo Parlamentario de @DiputadosMorena en @Mx_Diputados la oportunidad para dialogar hoy sobre la agenda legislativa en materia de seguridad pública. Con la participación de todos, sumamos esfuerzos a favor de la recuperación de la paz. pic.twitter.com/1HLCz2NEr8
— Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) 30 de agosto de 2019
Trabajamos por una misma causa: la seguridad de todo el país. El secretario @AlfonsoDurazo, el subsecretario @RicardoMeb y el comandante de la #GuardiaNacional, se reunieron con @Mx_Diputados. Así inicio la #PlenariaMorena de los @DiputadosMorena, encabezada por @mario_delgado. pic.twitter.com/vljcAru4EC
— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) 30 de agosto de 2019
Explicó que dicha modificación permitirá “evitar la necesidad de la denuncia”, pues “mucha gente no denuncia porque no quiere problemas”, aseguró.
La reforma de justicia penal de 2008 estableció de manera explícita que la facultad de investigación es de los Ministerios Públicos.
El funcionario enumeró nueve prioridades legislativas que incluyen una modificación en materia de prisión preventiva, así como cambios legales para regular las armas réplica, la compra de tarjetas telefónicas y las operaciones financieras en tiendas de conveniencia.
Pidió que la prisión preventiva se amplíe a los delitos de extorsión y robo de autotransporte. También propuso estandarizar a nivel nacional los tipos penales para evitar el turismo delictivo y regular las armas réplica ante el incremento de asaltos con éstas.
Además solicitó regular la compra de tarjetas telefónicas, debido al uso de equipos celulares desechables en delitos como la extorsión y el secuestro.
“Tenemos registros de investigaciones que nos muestran que en un secuestro se han utilizado 16 teléfonos, un teléfono por llamada, y no sabemos ni quién lo compró ni dónde, y cómo se deshacen de los teléfonos, perdemos la geolocalización que es imprescindible para ubicar al criminal”, destacó.
Durazo aseguró que es necesario regular las operaciones financieras en tiendas de conveniencia, ya que son utilizadas para recibir dinero proveniente de la extorsión o el secuestro. Asimismo, urgió modificar el Artículo 115 constitucional a fin de establecer lineamientos en materia de antros.
“Si ustedes repasan los acontecimientos de violencia recientes, de hace meses o del año pasado, la mayor parte de ellos se cometieron antros, porque la legislación municipal no tiene parámetros comunes y cada Municipio regula estos giros como mejor le parece”, advirtió.
Otras prioridades legislativas son fortalecer las capacidades del Órgano Administrativo Desconcentrado Previsión y Readaptación Social para rescatar a los penales del autogobierno y de las organizaciones criminales que actualmente los controlan, así como otorgarle facultades al Congreso de la Unión para emitir un Código Penal Nacional.
