El pasado 7 de agosto, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, señaló que el Gobierno respeta a los pueblos indígenas, pero en los hechos esto no se cumple.
México, 30 de agosto (EFE).- Un grupo de ONGs advirtieron hoy que la Secretaría de Medio Ambiente de México propuso un consejo consultivo para el sector que excluye a las comunidades indígenas, algo que no solo es “regresivo”, sino que viola la Constitución y acuerdos internacionales.
La Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presentó una propuesta para sustituir a los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable (CCDS) que operan desde 2011.
Los CCDS son espacios donde empresarios, académicos, representantes de la sociedad civil y comunidades indígenas opinan sobre asuntos que afectan al medio ambiente, desde políticas generales o particulares hasta proyectos específicos o autorizaciones.
La ausencia de la palabra indígenas en el texto elaborado sobre el nuevo consejo consultivo ha generado el repudio de organizaciones como la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf) y la ambientalista Greenpeace.
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El presidente de Red Mocaf, Gustavo Sánchez, señaló a Efe que “la propuesta de Semarnat es regresiva y con un fuerte olor a discriminación a pueblos indígenas y comunidades tradicionales”.
“Las leyes y disposiciones del Poder Ejecutivo deben ir hacia adelante y no hacia atrás”, sentenció.
Por su parte, la abogada de Greenpeace México, María Colín, destacó que la exclusión de los pueblos originarios viola la Carta Magna y el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales.
El artículo 2 de la Constitución prevé que el Estado mexicano debe “promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria”.
“Dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”, señala la Carta Magna.
Jesús Guadalupe Fuentes, representante para México y América Latina del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, dijo a Efe que la propuesta del nuevo consejo supone “una falta de sensibilidad” y una violación de los derechos los pueblos indígenas por los que ha trabajado Naciones Unidas.
Efe buscó la opinión del responsable de la unidad asuntos jurídicos de Semarnat, Wilehaldo David Cruz, pero este evitó hacer comentarios sobre el tema.
El documento sobre nuevo consejo fue publicado en el portal de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para recibir comentarios durante una semana, que periodo que se cumplió el martes, pero la Semarnat no está obligada a tomarlos en cuenta.
Al menos 23 integrantes de organizaciones civiles, así como el senador por Baja California, del conservador Partido Acción Nacional, Ernesto Ruffo Appel, hicieron 61 comentarios al proyecto.
El pasado 7 de agosto, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, señaló que el Gobierno respeta a los pueblos indígenas, pero en los hechos esto no se cumple.
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Por ejemplo, las comunidades mayas de Campeche pelean desde 2009 el derecho a ser consultadas antes de sembrar soya transgénica en la Península de Yucatán porque para este monocultivo se tala la selva y se ha contaminado la miel que los indígenas exportan a Europa.
El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2015 le dio la razón a los pueblos mayas y obligó al Estado a realizar la consulta, pero hasta ahora ésta no se concreta.
En México, existen 15.7 millones de indígenas, la mayoría de ellos ubicados en los sureños estados de Oaxaca, Yucatán y Chiapas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).
Según el Atlas Global de Justicia Ambiental elaborado por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona, en México existen por lo menos 36 casos de injusticia ambiental, muchos de los cuales afectan directamente a comunidades indígenas.
