La economía mexicana camina rápidamente hacia un precipicio; el precipicio de la crisis de la deuda. En los últimos diez años, el endeudamiento público como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) ha pasado del 18 al 50 por ciento, aumentando en promedio aproximadamente 3 por ciento anual. Si consideramos que la tasa de crecimiento económico durante el mismo período ha sido inferior al 2 por ciento anual, podremos darnos cuenta que este manejo de las finanzas públicas en México está siendo imprudente.

Una economía, como la nuestra, que se endeuda a un ritmo superior al crecimiento de su PIB tiende a la bancarrota. Lo anterior es inequívocamente cierto cuando dicha economía además tiene un débil margen de maniobra para hacer frente a estas obligaciones, como es el caso de México, que ha desmantelado su principal garantía de pago: Petróleos Mexicanos (Pemex).

Hay salidas, pero requieren de una voluntad política que me es difícil de encontrar tanto en el actual gabinete económico como en la autoridad monetaria. Del gabinete económico no hay mucho que esperar; está dirigido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuya credibilidad es cercana a cero. La SHCP carece de autoridad moral especialmente porque, en los hechos, está encubriendo a empresarios y políticos implicados en el escándalo de corrupción derivado de los Panama Papers y permite la evasión fiscal de los grandes empresarios, agudizado por el conflicto de interés de su titular, Luis Videgaray, por su casa en Malinalco.

Por su parte, el liderazgo de la autoridad monetaria recae en el Banco de México. Sin embargo, justo durante el período de mayor imprudencia en el manejo de la deuda en México (2006-2016), el Dr. Agustín Carstens ha estado al frente, primero, de la SHCP (2006-2009) y desde el 2010 a la fecha ha sido el gobernador del Banco de México. Por eso tampoco espero mucho de él.

Yo creo que aún estamos a tiempo de corregir el rumbo para no caer en este precipicio. Para ello, se debe:

Primero: reconocer que la reforma energética es un grave error. Debe derogarse la totalidad de las reformas constitucionales en la materia así como la totalidad de su legislación secundaria. El gobierno debe recuperar el control de Pemex. Sin los ingresos petroleros no habrá con qué hacer frente a la crisis de pagos que se viene en 2018.

Segundo: debe aumentarse la tasa impositiva al sector minero, tasa que hoy en día ronda un ridículo 2 por ciento en promedio –mientras la mayoría de los mexicanos pagamos en promedio 20 por ciento. También debe legislarse y obligarse a todas las grandes empresas a contribuir proporcionalmente. La evasión fiscal de las grandes empresas en México es a veces legal; aunque sumo ilegítima. La corrupción política ha legalizado esta indignante injusticia.

Tercero: debe imponerse un elevado encaje legal a la totalidad del sistema bancario. Durante los siguientes dos años la economía seguirá desacelerándose. Ante ello, la autoridad monetaria fácilmente caerá en la tentación de recurrir a una medida sumamente tóxica: permitirle a la banca el otorgamiento de créditos laxos. La finalidad de esa medida es contrarrestar artificialmente la fuerte caída en la demanda agregada. No debe permitirse que la autoridad monetaria recurra a estos paliativos. Cuarenta años de análisis económico de las crisis en México nos proveen de suficiente evidencia empírica como para saber que esto sólo agravará la crisis.

Cuarto: reducir el gasto corriente del gobierno y aumentar la inversión en proyectos que rinden frutos en el mediano plazo, como pueden ser la eficiencia energética, la reconversión agrícola, el desmantelamiento de las mafias público-privadas que extorsionan empresarios y la desarticulación del hampa público-privada que controla el tránsito de mercancías por vía terrestre y marítima.

Quinto: sentarse a planear en materia económica. Desde hace dieciséis años la planeación económica ha sido mediocre. Y antes tampoco era esto un idilio. México carece desde siempre de una Política de Estado. Ojo: Los artículos en materia económica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no son Política de Estado; Son sólo intenciones explícitas derivadas del Pacto Social escrito por los ganadores de la última guerra civil en México. Aún hace falta desarrollar esas intenciones. Para eso es la Política de Estado.

Una Política de Estado establece metas a 100 años con plazos intermedios de planeación de 50, 30 y 15 años. No tenemos algo así. Por eso el Estado mexicano va siempre a la deriva –no sólo en materia económica, sino en todo. Por eso los Criterios Generales de Política Económica siempre acaban por ser un instrumento sofisticado pero perdido, como una burbuja de surgimiento espontáneo, si acaso vinculado a un Plan Nacional de Desarrollo que más bien parecen los dictados del Rey de Micomicón.

Sergio Saldaña Zorrilla

https://www.sinembargo.mx/author/sergiosaldanazorrilla

Doctor en Economía por la Universidad de Economía de Viena (WU-Wien), en Austria, ex-funcionario de la ONU (CEPAL) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT.

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