Las familias desplazadas forzosamente de sus comunidades en Chiapas enfrentan un doble riesgo de victimización por redes de Trata de Personas: ser reclutadas para actividades delictivas antes de escapar o durante su éxodo ser retenidas y explotadas.

Asediadas por la violencia entre grupos criminales, cerca de 600 personas abandonaron la semana pasada los municipios de Motozintla, Amatenango de la Frontera y Comalapa, rumbo a Cuilco, Guatemala, a unos 40 kilómetros.

Las denuncias de los habitantes refieren amenazas para integrarse a labores de vigilancia, conocidas como halconeo, para alguno de los cárteles con operación en la zona. También presiones para dejar la siembra de café y cambiar por la amapola.

México no es un país de desplazamiento forzado, contrario a lo ocurrido en naciones como Sudán, donde el año pasado sumaron más de siete millones de personas en esas condiciones, según estimaciones de la agencia de la ONU para los refugiados.

Este tipo de diásporas tienen su origen en conflictos sociales: intolerancia religiosa, disputas entre comunidades, controversias por la propiedad de la tierra, actividades de grupos armados, surgimiento de autodefensa, disputas entre organizaciones criminales e incluso fenómenos naturales.

Desde los años 70, el desplazamiento interno comenzó a tener presencia en México, principalmente en estados como Nayarit, Hidalgo, Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

Detrás de esas crudas cifras se esconden innumerables tragedias humanas. Ese sufrimiento debe impulsar a la comunidad nacional e internacional a actuar para abordar las causas y erradicar los riesgos de victimización en redes de Trata.

Esa realidad estuvo en el centro de atención el viernes pasado en Tapachula, Chiapas, en un foro sobre Trata de Personas realizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con el impulso de Dana Graber y Vanessa Foronda, al cual fue invitado el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México.

Ahí se expusieron los riesgos detectados en el análisis de los reportes a la Línea y Chat Nacional Contra la Trata de Personas, 800 5533 000, para quienes se encuentran en situación de migración. En su camino son acechadas por grupos criminales para someterles a explotación sexual, trabajos forzados o reclutamiento para actividades delictivas, tres de las once modalidades de Trata; además, de otros delitos convergentes como extorsión, secuestro o narcomenudeo.

La coordinación y colaboración entre organismos, así como la disposición institucional para atender la información generada es una ventana de oportunidad para visibilizar y enfrentar los riesgos de la Trata.

Desde Chiapas se revela el reto.

Salvador Guerrero Chiprés

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Salvador Guerrero Chiprés es coordinador general del C5, ex presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra; maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho y en Comunicación por la UNAM. Fue asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, y Comisionado Ciudadano de Transparencia en el InfoDF.

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