Mañana se cumple el sexto aniversario de los hechos atroces ocurridos en un departamento de la calle Luz Saviñón de la Colonia Narvarte. Cinco personas -cuatro mujeres y un hombre- fueron asesinadas de forma atroz. Alejandra Negrete, Mile Virginia Martin, Nadia Vera, Rubén Espinosa y Yesenia Quiroz, son los nombres de las víctimas que retumban en el espacio público como un clamor de justicia y verdad incompletas.

Han pasado seis años de ignominia para quienes les sobreviven. A la pérdida dolorosa de las personas amadas le siguió el escarnio público y la indolencia de autoridades capitalinas en aquel entonces bajo el mandato de Miguel Ángel Mancera.

Entre las víctimas están Nadia, una defensora de derechos humanos, y Rubén, un fotoperiodista, perseguidos por el Gobierno de Javier Duarte, siendo su siniestro Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, un actor fundamental en esta trama. Desde los primeros actos de investigación se desdeñó esta hipótesis como razonable y hoy tampoco se profundiza mucho sobre ella. Alejandra Negrete, trabajadora doméstica, Mile, modelo de nacionalidad colombiana y Yesenia, estudiante de cultura de belleza, fueron víctimas de feminicidio al igual que Nadia. La Fiscalía se ha centrado en indicios de posible explotación sexual en algunas de ellas. Es decir, una investigación compleja por todos los costados.

La decisión política de la entonces Procuraduría General de Justicia encabezada por Rodolfo Ríos Garza fue presentar oficialmente como móvil el robo de una alcancía de seis mil pesos; mientras que “detrás de cámaras” construían con directivos de medios de comunicación una campaña de desacreditación y criminalización de las víctimas. Fue una operación gubernamental para ocultar la verdad y negar justicia. El resultado fue un litigio mediático intenso que asesinó – simbólica y moralmente- por segunda vez a las víctimas.

El caso fue cerrado de facto con la imputación de tres autores materiales, de los cuales dos ya están sentenciados. El móvil, la razón detrás del crimen, nunca importó y hasta pedir su esclarecimiento fue motivo de burlas por parte de altos funcionarios de la entonces PGJDF. Tampoco se quiso ir más allá en la posible participación de otras personas, incluyendo autores intelectuales. Desde esta investigación desaseada y manipulada, tres psicóticos entraron a matar a cinco personas por puro gusto.

Con el nuevo Gobierno en la CdMx y una Fiscalía General local en vías de transición, hay avances pero no hay resultados. Gracias al tesón y la digna rabia de las víctimas se ha logrado que -por lo menos- se construya un plan de investigación con tres grandes hipótesis para explicar el crimen: persecución política desde el entonces Gobierno Veracruz, redes de trata de personas y, como línea transversal a las otras dos, delincuencia organizada.

También gracias a ese empuje incansable de las víctimas, seis años después, se pueden identificar pruebas clave que nunca fueron recabadas. Cabe decir que la mayoría de estas pruebas habían sido propuestas desde los primeros días de agosto de 2015 y es hasta ahora que se logró “convencer” a los investigadores sobre la pertinencia de recopilarlas.

No podemos dejar de lado la mejor disposición de la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy. Pero la Fiscal enfrenta la misma problemática que otras funcionarias y funcionarios que quieren cambiar las estructuras podridas del aparato de justicia y es que dicho aparato está cooptado por redes criminales y políticas. Sabemos que no se trata de desear un cambio y de tener buena voluntad, sino de instalar capacidades que francamente no hay o están muy limitadas.

Por eso también es necesario deslindar responsabilidades de quienes manipularon una investigación, inocularon la estigmatización de las víctimas en la conversación pública y re-victimizaron a las familias de Alejandra, Mile, Nadia, Rubén y Yesenia. Este tipo de investigaciones también son importantes y también nos acercan a la verdad. ¿Por qué el ocultamiento y el rechazo sistemático de evidencia aportada por las coadyuvancias? ¿Qué intereses había para desviar la investigación, o mejor dicho, cerrarla con celeridad durante el mancerismo?

A tres años de la nueva administración, llevar a cabo investigaciones complejas como el “caso Narvarte” es una aspiración cuya cristalización se antoja lejana. Hay que cambiar mentalidades y prácticas, hay que romper complicidades. Para eso, la valentía y determinación de las víctimas son fundamentales, ellas son el motor del cambio que el país necesita para romper la espiral de impunidad. Este caso nos lo recuerda todos los días.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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