La administración de Enrique Peña Nieto podría ser la que está más sujeta a una investigación debido a que aún no hay plazos para que prescriban los posibles delitos cometidos en su Gobierno y ya que la documentación de lo que ocurrió en se gestión debería estar disponible.
Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).- Desde que en agosto pasado fue aprobada la Consulta Popular para enjuiciar a los cinco últimos expresidentes mexicanos, la lista de motivos para investigar a Enrique Peña Nieto se ha robustecido.
Las irregularidades detectadas en el Gobierno de Peña Nieto no se cometieron hace 20 años a diferencia de los otros exmandatarios. Entre ellas, sobresalen los fraudes denunciados con OHL; las obras de infraestructura que no se terminaron, pero en las que se gastaron millones de pesos; el desvío de recursos públicos detectado a través de secretarías federales; el posible financiamiento de Odebrecht a la campaña presidencial de Peña Nieto y el posterior pago de sobornos con dinero de esta empresa para la aprobación de la Reforma Energética, como se ha denunciado.
Además, recientemente se ampliaron los datos del espionaje masivo que se desplegó durante su administración. Sobre estos temas, el argumento en defensa puede ser que no fue Peña Nieto en persona, el que cometió los posibles delitos, pero como se manejó en el caso de Rosario Robles —juzgada por el desvío de millones de pesos en la Sedesol y la Sedatu—, no había forma de que él no estuviera enterado porque las cantidades de dinero que estuvieron de por medio y los proyectos en juego no fueron menores, sino notorios y además, se trató de acciones continuadas.
Hay una declaración clave de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que le da al periódico La Jornada en diciembre del 2020: “No había posibilidades de que el Presidente [Peña Nieto] no tuviera conocimiento de esta corrupción a alta escala que tuvimos en México”.
Sin embargo, no se conocen a detalle todas las tramas de corrupción en las que estuvieron involucrados los funcionarios del más alto nivel y los más cercanos a Peña Nieto. Para ello, para llamar a que el expresidente priista rinda cuentas, se ha organizado la Consulta Popular del próximo 1 de agosto, en la cual se revisarán las decisiones políticas tomadas en los años pasados para “garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”, entre ellas las del peñismo.
El mismo Santiago Nieto ha explicado que aunque ya no puede haber una acción penal en contra de algunos expresidentes, lo que sí se puede lograr con la Consulta “es una especie de comisión de la verdad de la corrupción en el país”, a partir de la cual, más que una pena legal figuraría una pena política y un juicio histórico.
En el documento con el que se promovió la Consulta Popular —que concluyó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación— el actual Presidente describe las razones por las que Peña Nieto debería enfrentar la justicia:
“La irrupción de grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto fue señalada desde 2012, sin que ello tuviera consecuencias legales o llevara al TEPJF a anular la elección, como en ese tiempo, desde la oposición formalmente lo exigimos. Sin embargo, declaraciones recientes de Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex durante el sexenio de Peña, han permitido documentar que parte de ese dinero provino de sobornos anticipados de la empresa Odebrecht. Por otra parte, los señalamientos de Lozoya apuntan a la presunta complicidad de Peña Nieto en las cuantiosas sumas de dinero que se entregaron a legisladores del PAN para obtener los votos y la aprobación de la llamada reforma energética, así como en la compra fraudulenta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, operación que causó al erario un quebranto superior a los 200 millones de dólares”.
LOS CAPÍTULOS DEL PEÑISMO
-Odebrecht: Lozoya, Reforma Energética, Campaña de 2012…
Hace justo un año, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), rendía cuentas ante la justicia en México. Dio muchos datos y prometió pruebas de cómo la empresa brasileña Odebrecht apostó por Enrique Peña Nieto desde antes de la elección presidencial, con miras a una Reforma Energética que sería impulsada con dinero para obtener más proyectos.
Pero hasta el momento no hay detenidos, la investigación continúa y Lozoya tiene prisión domiciliaria.
El 29 de agosto de 2020, Lozoya Austin fue vinculado a proceso por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, en su calidad de autor material y naturaleza dolosa. La Fiscalía lo acusa de haber recibido sobornos de Odebrecht en una trama en la que se asoció con su madre, su esposa y hermana. Él negó esas acusaciones y dijo haber sido “intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado” y se comprometió a denunciar y señalar “a las personas responsables de estos hechos y los posibles beneficiarios de los mismos”.
En la audiencia se contó una parte de la historia de la elección de 2012 y el modus operandi en el círculo cercano al expresidente que incluyó el pago de sobornos y la asignación de contratos de obra publica. De acuerdo con las acusaciones que la FGR, Lozoya negoció con la constructora Odebrecht pagos por 4 millones de dólares durante la campaña de Enrique Peña Nieto y otros 6 millones cuando fuera director de Pemex.
Las declaraciones de Alberto de Meneses, representante de la empresa en México en ese entonces, detallan más lo que ocurrió esos días al señalar cómo la empresa diseñó junto con Lozoya “infinidad de planes irregulares” para aplicarlos en el país.
-OHL, la fiesta
En 2015, una cuenta anónima de YouTube difundió una serie de audios en los que funcionarios de la administración federal y directivos de OHL, eran exhibidos acordando vacaciones y reuniones para obtener contratos. La empresa española negó esos presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de interés con funcionarios del Estado de México y del Gobierno federal, pese a que la evidencia decía lo contrario.
En la lista de funcionarios involucrados figuraron los titulares de las Secretarías de Transporte estatal y federal, Juan Apolinar Mena y Gerardo Ruiz Esparza, y la ex Consejera jurídica del Estado de México, Luz María Zarza y algunos magistrados. Se sumaron además los de directivos de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa Reza, ambos designados por el Presidente Peña Nieto.
Para ese entonces, OHL era la constructora que más licitaciones había ganado en el sexenio, con más de 41 mil millones de pesos. Entre 2013 y 2014, OHL y el Gobierno federal habían establecido cinco contratos con un monto total de 2 mil 456 millones 469 mil 577 pesos.
La presunta negociación con Lozoya Austin proyectó un posible conflicto de interés, ya que el actual funcionario formó parte del consejo administrativo de la empresa española hasta diciembre de 2012; días después comenzó a ejercer su puesto en Pemex.
-Obra sin terminar, la sombra de Ruiz Esparza
El hilo más delgado en la trama de presunta corrupción que cubre a esa administración federal tiene nombre y apellido: el fallecido Gerardo Ruiz Esparza. En 2017, SinEmbargo publicó un texto en que se aseguró que cualquiera de los candidatos que prometiera auditar la administración de Peña Nieto, inevitablemente tenían que pasar por Ruiz Esparza, el hombre encargado de la obra pública del Grupo Atlacomulco durante más de una década.
Además de los posibles conflictos de interés y sobornos, la administración de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) quedó marcada por obra que no se terminó, pero en la que sí se gastaron millones de pesos. Dos ejemplos: el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y el Tren Interurbano México-Toluca.
En ambas se destinaron miles de millones de pesos cada año y los datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mostraron que gran parte de ese dinero se ejerció mal. En 2021, el NAIM está cancelado y el Tren continúa en construcción.
-La Estafa Maestra
En agosto de 2019, un Juzgado imputó a Rosario Robles Berlanga dos cargos por ejercicio indebido del servicio público por su gestión tanto en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) como en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Los cargos son “agraviados” por tratarse, dijo, de un delito continuado; la vinculó a proceso y le decretó medidas cautelares de prisión preventiva justificada en el penal de Santa Martha Acatitla.
El agravio por el que se le acusó fue por el desvío de 5 mil millones de pesos y hasta el día de hoy continúa presa. En la audiencia, la defensa de la exsecretaria de Estado dijo que contaba con pruebas de que Rosario Robles le avisó a José Antonio Meade Kuribreña, ex candidato presidencial del PRI, que había pendientes por solventar en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que eso quedó constatado en las actas de entrega/recepción de la Sedesol. Ella se los presentó para explicar que sabía que había pendientes por solventar.
Y no solo eso, sino que Robles sí habló sobre la situación de las secretarías con Enrique Peña Nieto vía teléfono rojo; la Fiscalía desestimó la prueba de que informó a Peña y dijo que se necesitaba un oficio firmado o sellado dirigido al entonces Presidente. Horas después el Juez retomó dicha prueba; reafirmó que ésta, para hacerse válida, tenía que presentarse por escrito y que no valía el haber informado en una gira o en una línea de teléfono.
-Ayotzinapa y Tlatlaya
Estos dos episodios marcaron a la administración de Peña Nieto. El 30 de junio de 2014, en Tlatlaya, Estado de México, 22 personas fueron asesinadas por elementos del Ejército Mexicano. La versión oficial fue que los fallecidos eran presuntos delincuentes que habían muerto en el enfrentamiento con los militares. Pero uno de los tres supervivientes, fue quien aseguró que un civil había muerto en el choque y los demás habían sido asesinados tras un interrogatorio.
Hasta el momento solo hay llamados de organizaciones civiles para que el hecho sea esclarecido.
En la misma sintonía está Ayotzinapa: la desaparición de 43 normalistas y el asesinato de otros 9, la madrugada del 26 de septiembre de 2014, que sigue en la impunidad.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado en reiteradas ocasiones que la investigación del caso Ayotzinapa está “en el momento crucial para avanzar” y que la Comisión que trabaja en el caso tiene el pleno compromiso de dar con el paradero de los jóvenes.
Luego de tumbar la “verdad histórica” vendida por Jesús Murillo Karam, se determinó que sí hubo participación de elementos del Ejército. Sobre esto, el dato más reciente indica que al menos 12 mil 338 quejas se han presentado en contra del Ejército ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entre los años 2000 a 2018, de las cuales, 3 mil 311 se registraron durante el periodo en que el General Salvador Cienfuegos Zepeda estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
-Espionaje descontrolado
El espionaje a periodistas que se realizó en México en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto habría sido mayor al anunciado en 2017 y abarcaría más de 15 mil personas, de las cuales 25 son periodistas, reveló una investigación elaborada por periodistas de la revista Proceso y el sitio Aristegui Noticias. México rebasa el número de teléfonos ingresados al spyware Pegasus y se colocó por encima de países como Marruecos o Emiratos Árabes Unidos.
El pasado 22 de julio, el Presidente López Obrador dijo que los ciudadanos deben considerar el espionaje de Pegasus en la Consulta Popular.
La Secretaría de Seguridad Pública anunció la existencia de 31 contratos realizados por México con la empresa NSO, la dueña del polémico sistema de espionaje Pegasus, y dijo que las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto pagaron millones (mil 970 millones de pesos) a empresas fachada, como supuestas vendedoras de semillas o de textiles.
Rosa Icela Rodríguez, titular de la dependencia, afirmó que para sus transacciones, la empresa israelí usó otras compañías fachada, llevando a cabo así una simulación de contratos relacionados con el software Pegasus en diferentes instancias del Gobierno federal por conceptos distintos al uso de tecnología de inteligencia”.
