“En México, los cargos penales a menudo se presentan bajo sello. Como resultado, Duarte no se dio cuenta de los cargos pendientes en su contra hasta después de haber estado en los Estados Unidos durante varios meses, cuando obtuvo copias de los cargos a través de impugnaciones constitucionales”, indica la moción de César Duarte.
Miami, 30 jul (EFE).– La defensa del exgobernador del estado mexicano de Chihuahua César Duarte, acusado en su país de desvío de dinero y delitos electorales y solicitado en extradición, señaló en una comunicación al Juez que su defendido es víctima de una “persecución política” de su sucesor en el cargo, Javier Corral Jurado.
Los abogados de Duarte, de 57 años, que este jueves solicitarán en una audiencia en Miami la libertad bajo fianza de su cliente, señalaron que Duarte corre “peligro” si es enviado a su país”.
“El enfoque de la administración de Corral ha sido buscar la extradición de Duarte los últimos tres años para distraer del mal desempeño de Corral y mejorar su carrera política, incluso mientras busca la Presidencia mexicana”, señalan en el documento en el que piden su libertad bajo fianza.
En la moción de 25 páginas y presentada a última hora, a la que tuvo acceso EFE, la defensa señala que el exgobernador no es un fugitivo y que había solicitado asilo político en Estados Unidos, país al que, dice, llegó legalmente en 2016.
Sus abogados, Juan Morillo, Armando Rosquete Bell y Henry Philip Bell, alegan en el documento que Duarte, detenido el pasado 8 de julio en Miami, no representa riesgo de fuga ni es un peligro para la comunidad.
De igual forma, la defensa subraya que ha vivido en Estados Unidos “de manera abierta y transparente durante más de tres años” y que sus bienes en este país son modestos, mientras aquellos que posee en México están “congelados”.
Duarte “ha revelado de manera proactiva su paradero al Gobierno (de Estados Unidos) y ofreciéndose voluntariamente a rendirse en respuesta a cualquier orden de arresto”, indica la moción.
Los abogados rechazaron el argumento de la Fiscalía de Estados Unidos, que representa al Gobierno de México, de que hay peligro de fuga si es puesto en libertad.
Duarte “no tiene conexiones con ningún país fuera de Estados Unidos aparte de México y su vida correría peligro si regresara allí”, indicaron.
Por otro lado, pidieron su libertad bajo fianza debido a la pandemia de la COVID-19 y las “limitaciones impuestas en su capacidad de comunicarse con un abogado” y señalaron que está dispuesto a someterse “al más alto grado de monitoreo disponible”.
Por otro lado enfatizaron que no es un fugitivo, al señalar que él llegó en noviembre de 2016 a Estados Unidos y solo hasta marzo de 2017 se enteró de los cargos.
“En México, los cargos penales a menudo se presentan bajo sello. Como resultado, Duarte no se dio cuenta de los cargos pendientes en su contra hasta después de haber estado en los Estados Unidos durante varios meses, cuando obtuvo copias de los cargos a través de impugnaciones constitucionales”, indica la moción.
“Corral ha hecho su campaña contra Duarte, su enemigo político, en la mayoría de los casos de forma pública, incluso prometiendo reiteradamente y públicamente poner a Duarte inmediatamente en prisión por tiempo indefinido tras su extradición”, precisa.
La Fiscalía ha señalado que Duarte “no puede demostrar” que “no haya riesgo de fuga o peligro para la comunidad”.
Duarte lleva detenido cerca de tres semanas en el Centro de Detención Federal de Miami, en el centro de esta ciudad de Florida, según la base de datos de la Oficina Federal de Prisiones.
En la audiencia de hoy, a través de video debido a la pandemia de la COVID-19, Duarte comparecerá ante la Jueza Lauren F. Louis, que en un primera audiencia lo acusó de “malversación agravada y conspiración agravada”.
“Duarte, con la asistencia de funcionarios de su Administración y de otras (personas), malversó fondos estatales en beneficio propio y de sus asociados”, detalla la demanda en EU.