Con un discurso lleno de titubeos, que nada bueno augura en un funcionario encargado de la persecución de los delitos y dotado de autonomía constitucional, el Fiscal General del estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, abordó por segunda ocasión en rueda de prensa la agresión sufrida por un grupo de paseantes guanajuatenses en el turístico Puerto Vallarta.

Allí dijo lo siguiente:

“La persona fallecida era de León, Guanajuato. Ya tenemos un poco más de datos que ha proporcionado el estado vecino relacionado a esta persona: que ha tenido algunos domicilios registrados, tanto él como algunos familiares, en la población de Santa Rosa de Lima. Tenemos por ahí algunos familiares de él con algunos antecedentes penales. En el caso de él no se ha localizado nada en específico, no tenemos en este momento mayor avance.”

Mencionando el termino clave de Santa Rosa de Lima, nombre de un grupo delictivo guanajuatense que ha saltado a las primeras páginas y los prime time de los principales noticieros, el Fiscal jalisciense insinuó una posible vinculación criminal de la víctima, Joaquín Alba Bustamante. Se trata de una de las tácticas que la autoridad ha venido usando sistemáticamente en México para liberarse de la responsabilidad de la violencia extendida: la criminalización de las víctimas.

No se quedó en la referencia geográfica relacionada con la narrativa del grupo criminal que tuvo su base en una comunidad del municipio de Villagrán, en el centro de Guanajuato, sino que el Fiscal abundó subrayando los “antecedentes penales de algunos familiares”, sin especificar mayor detalle. Aunque tuvo la delicadeza de precisar que del empresario asesinado “no se ha localizado nada en específico”.

Sin embargo, el Fiscal jalisciense abanicó el lanzamiento nada más por 120 kilómetros.

Como lo consignaron algunos medios y lo confirmaron amigos y familiares de Alba Bustamante, el “Santa Rosa de Lima” donde tenía propiedades la víctima y sus familiares se corresponde con una colonia al norte de la ciudad de León, delimitada por los bulevares Antonio Madrazo e Hilario Medina, con una parroquia dedicada a la santa peruana, de donde toma su nombre el barrio.

Podría parecer de párvulos que el enorme aparato de investigación e inteligencia de una Fiscalía estatal cometa un error tan elemental. Sin embargo, la ignorancia geográfica de la Fiscalía de Jalisco no es tan reprochable como la intención, a todas luces dolosa y revictimizante, de tratar de enlodar a una persona asesinada suponiendo vinculaciones ilegales.

Un México enfrentado a un aluvión de crímenes sin resolver, a miles de muertos que engrosan las estadísticas cada fin de mes, a enormes listados de desaparecidos, a ejércitos de familias que buscan por su cuenta en ausencia del estado y a la espantosa contabilidad de fosas clandestinas que se engrosa cotidianamente, ha visto cómo los gobiernos se eximen de toda responsabilidad con una sola frase: “los mataron por algo”.

Al regresarnos a la selva donde prima la ley del más fuerte, esos funcionarios disuelven la única justificación para que exista un Gobierno: la defensa del estado de derecho.

Al tratar de justificar que el hombre asesinado en Vallarta por un grupo de sicarios armados que transitó a placer por las mismas calles a las que se quiere atraer al turismo nacional e internacional, tenía posibles vínculos delictivos, el Fiscal Solís Gómez lo que pretende es naturalizar la violencia y justificar que se es víctima porque se lo merece y que “quien nada debe nada teme”.

Solo que esta vez, el Fiscal se equivocó precisamente por tanta simplificación. Claro está que no lo hizo solo. En su alocución revela que tuvo intercambio de información con la Fiscalía de Guanajuato, de donde salieron los datos de los “antecedentes penales familiares”, que por cierto no son incriminatorios en ninguna ley vigente, y quizá también el dato de la colonia de origen que confundió a los investigadores jaliscienses.

Al final del día, la geografía es traicionera, pero no tanto como las ganas de escurrir el bulto a lo que debería ser la tarea primordial e ineludible de una Fiscalía: castigar las faltas a la ley y compensar a las víctimas, no escarnecerlas.

Cuando al ser víctima de un delito ocurre que el primer investigado eres tú, que nadie se extrañe de la baja tasa de denuncia, de la impunidad que ello produce y, finalmente, de la enorme bola de nieve de violencia, inseguridad y crecientes territorios escamoteados al estado.

Y si ya es mucho pedir que las fiscalías apliquen la ley que las rige, por lo menos habría que rogarles moderación: señores fiscales de Jalisco y Guanajuato, si vamos a criminalizar todo lo que tenga que ver con Santa Rosa de Lima, no vayamos a terminar declarándole la guerra a la hermana república del Perú.

Arnoldo Cuellar

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Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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