Cuando los gobiernos no responden o cuando deciden desarrollar alguna acción sin considerar los intereses de la mayoría, la sociedad se manifiesta. La protesta es una forma de recordarle al gobierno que el que manda y decide es el pueblo y se desarrolla -en gran medida- cuando los demás canales de comunicación se han cerrado, cuando se hace necesario recordar la injusticia, la desigualdad, el nepotismo, la arbitrariedad, etc. Una sociedad que se manifiesta es una sociedad viva.

La protesta puede ser tan diversa como la misma expresión y, en nuestros tiempos, se puede dar en el ámbito físico y en el digital. La identificamos cuando vemos a una multitud tomando las calles con pancartas y el puño en alto, pero lo cierto es que cuando se busca llamar la atención de los poderosos y demandar su escucha y la garantía de derechos, hay que ser creativos. Así, las protestas van desde aquellas que se organizan y despliegan en diversos estados de la República, como la del gasolinazo en 2017; las que buscan atacar las páginas de Internet y cuentas de los Ministerios y Secretarias de Estado, como la gestada por Anonymous en la ciudad de Quebec a través de las cual se generó una ataque DDoS a la página del Ministerio de Seguridad y se advirtió del hackeo y publicación de datos personales obtenidos si no se paraba una reforma de ley que limitaba el derecho de asociación y manifestación; las que buscan cambiar la cultura de las empresas, como sucedió con los boicots de compra de productos Nike para combatir la explotación infantil; y aquellas que implican actos radicales como las “huelgas de hambre”.

Durante el fin de semana, se puso en relieve la necesidad de garantizar el derecho a la protesta en México. En Jalisco, un grupo de estudiantes salió a manifestarse contra la alza en las tarifas de transporte permitiendo a los usuarios pasar sin pagar (algo similar a la protesta #posmesalto de la Cd. De México). Sin embargo, a través de las redes sociales, circularon videos en los que fuerzas de seguridad del Estado agredieron, detuvieron y golpearon a algunos manifestantes, poniendo en evidencia la falta de protocolos de uso de la fuerza; así como de capacitación de los elementos de seguridad en materia de derechos humanos. La indignación provocada por el video dio pauta a una nueva protesta llamada #Alfarorepresor que exigía rendición de cuentas al gobernador del Estado, Enrique Alfaro.

Además, ayer el Congreso del Estado de Tabasco aprobó una iniciativa que criminaliza la protesta social con la justificación de “atraer la inversión y el desarrollo económico” y garantizar “el estado de derecho”. La apodada #Leygarrote utiliza el derecho penal para restringir las manifestaciones y llega al absurdo de fijar una pena de hasta 13 años de prisión contra aquellos que “extorsionen o intenten imponer o impongan cuotas e impidan el libre tránsito de personas”. También fija una pena similar para aquellos que “impidan, por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras privadas o públicas”.

La aprobación de la ley pone en relieve la falta de reconocimiento de la Constitución, los tratados y los estándares internacionales de derechos humanos en materia de protesta y libertad de asociación ya que el estado de derecho no se logra ensanchando los códigos penales si no aplicando y reconociendo la ley. De acuerdo a lo expuesto el día de ayer, los diputados locales y el gobernador, buscan eliminar la extorsión de algunos sindicatos para el desarrollo de obras privadas y públicas, pero ¿no sería mejor denunciar la extorsión, que ya es un delito tipificado en el código penal, investigar y sancionar, en lugar de pasar por un proceso legislativo y restringir un derecho humano como lo es la protesta? El derecho penal debe ser, siempre, la última opción. El desarrollo económico no esta peleado con la garantía de derechos, por el contrario, el desarrollo, en cualquiera de sus dimensiones, solo se logra cuando existen libertades, cuando existe la posibilidad de participar.

Pero no todo esta perdido; cada intento por limitar la participación de la sociedad en el espacio cívico ha tenido como respuesta más participación, incluso más allá de las fronteras. Cada vez somos más los que protestamos.

Ana Cristina Ruelas

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Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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