Tirano, autoritario, inexperto, son algunos de los calificativos que los expertos utilizan para hablar sobre el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien con tres años y casi ocho meses en el poder, ha colocado a la entidad entre las más violentos, más endeudadas, más peligrosas para el ejercicio periodístico y con más habitantes viviendo en la pobreza. A decir de Darío Ramírez, director de la organización Artículo 19 en México, Duarte no sólo ejerce en exceso su autoridad, sino que utiliza su poder en contra de quienes disienten con él. Sobre las cifras de violencia, es difícil negarlo, incluso, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dicen que en lo que va de su gestión han ocurrido la mayor cantidad de homicidios, extorsiones y secuestros de las últimas tres administraciones…
Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).– Nació en el puerto de Veracruz el 19 de septiembre de 1973, tiene una vasta formación académica y su trayectoria en el gobierno –que no en la política– ha estado desde el principio ligada a la del ex Gobernador priista Fidel Herrera Beltrán. Esa es la somera apreciación que puede hacerse del actual Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a partir de su ficha curricular.
Pero si se intentara un acercamiento al mandatario local a la luz de los hechos que han delineado su gestión, tendrían que considerarse aspectos como el aumento de la violencia, el incremento de la deuda pública, las agresiones a la prensa y la prevalencia de la pobreza en la entidad. Se trata de temas que Duarte se ha empeñado en negar o frente a los cuales ha sido omiso en los tres años y casi ocho meses de gestión al frente de un estado que figura entre los más violentos, más endeudados, más peligrosos para el ejercicio periodístico y con más personas viviendo en la pobreza.
Si se quisiera ver a Duarte a partir de sus relaciones políticas, de inmediato salta a la memoria la figura de Herrera Beltrán, su antecesor en la gubernatura y quien ha estado presente desde el inicio de su carrera en la administración pública, hace casi dos décadas.
En 1995, con apenas 22 años y sin tener aún ninguno de los títulos académicos que afianzó entre 2001 y 2009, Duarte se convirtió en asesor de Herrera Beltrán cuando éste fungió como Coordinador General para la Promoción de la Participación Solar, en la Secretaría de Gobernación. Después, cuando ocupó una curul como Diputado federal, entre 1997 y 2000, Duarte fue su secretario particular. Durante la gestión de Herrera Beltrán como Gobernador de Veracruz, Duarte se incorporó de nueva cuenta a su equipo de trabajo: primero como subsecretario de Finanzas y Administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), y luego como titular de dicha dependencia.
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Tras un año en ese puesto, en 2009 Duarte saltó por primera vez a la política al convertirse en Diputado federal, cargo que abandonó en 2010 para competir por la gubernatura de su estado natal, con apenas un año de experiencia en un puesto de elección popular.
De ahí que uno de los rasgos que definen a Duarte sea su inexperiencia política, a decir del investigador de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez. “No podemos decir que Duarte tuviera una trayectoria política, no es un político, no ha sido un Gobernador que haya tenido una estructura de largo aliento […] sino que es a partir de esta construcción fundamentalmente con sus lazos personales y su conocimiento económico, vinculado con el gobierno económico” que llegó al poder.
El pasado 7 de julio, en una reunión con líderes empresariales, Duarte mismo reconoció esa falta de conducción en su administración al afirmar que su gobierno no estaba preparado “para el complejo escenario que se tenía”, e intentó justificarse aludiendo al contexto de inseguridad, a la inestabilidad económica y hasta a los desastres naturales como causas del panorama adverso con el que recibió el cargo.
“Me tocó bailar con la más fea”, dijo el Gobernador.
Sin embargo, lejos de generar la comprensión de los empresarios a quienes se dirigía en esa ocasión, las palabras de Duarte propiciaron críticas entre éstos y entre miembros de la oposición, quienes cuestionaron que el mandatario no ofreciera alternativas de solución a una problemática que no le era ajena, dado que él había formado parte de la administración anterior.
De lo expresado por Duarte en esa ocasión, llamó particularmente la atención el hecho de que por primera vez desde que llegó al cargo, en 2010, reconoció el problema de inseguridad que golpea al estado. Hasta entonces, su posición había sido de una sistemática negación, a pesar de que en menos de cuatro años de gobierno ha contabilizado 2 mil 949 homicidios y mil 465 casos de extorsión, más que los registrados en todo el sexenio de Herrera Beltrán, así como 339 secuestros, cifra muy por encima de los casos ocurridos durante las dos administraciones anteriores.
La falta de pericia política de Duarte es lo que lo ha hecho incapaz de reaccionar adecuadamente ante los problemas que se le han presentado, considera Aguilar Sánchez, quien tiene un doctorado en Ciencia Política y está adscrito al Departamento de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana.
Y apunta que ante situaciones adversas, lejos de la tradición priista de “pegar con la izquierda y negociar con la derecha”, Duarte es incapaz de negociar y su respuesta ante los problemas que se le han presentado ha sido la del endurecimiento político ante cualquier crítica o cuestionamiento a su gestión. De ahí que el académico no dude en definirlo como un personaje autoritario.
“Lo que nos parece es que es un Gobernador al que le cuesta mucho trabajo entender en qué consiste un proceso de democratización, un Gobernador que a mí me parece con un perfil autoritario”, dijo.
EL TIRANO DE LA PRENSA
Para Darío Ramírez, director de la organización Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, el perfil de Duarte más que de un gobernante autoritario es el de un tirano, pues no sólo ejerce en exceso su autoridad, sino que utiliza su poder en contra de quienes disienten con él.
“Duarte es un tirano, en términos de filosofía política es un tirano. ¿Qué son los tiranos? Exactamente lo más lejano a la democracia en términos de crítica, en términos de diálogo, en términos de apertura, en términos de rendición de cuentas”, expresó.
La organización internacional que Ramírez dirige en México señaló en 2012 a Veracruz como la entidad más peligrosa del país para los periodistas. Ese año fue particularmente peligroso para la prensa de dicho estado, pues entre el 28 de abril y el 14 de junio cinco periodistas fueron asesinados.
A decir del director de Artículo 19, la situación de riesgo para la prensa en Veracruz persiste, y refiere que no sólo es el estado más peligroso de México para ejercer el periodismo, sino que por la cantidad de violaciones graves a la prensa ocurridas entre 2011 y 2013 en función de su densidad poblacional y geográfica, “es el lugar más peligroso del mundo” para el trabajo periodístico.
De acuerdo con cifras proporcionadas por la organización, de 2010 (año en que Duarte llegó al poder) a la fecha en Veracruz se han documentado 140 agresiones a periodistas, incluidas 53 agresiones físicas, 21 detenciones arbitrarias, 10 asesinatos, 18 amenazas y 15 actos de intimidación o presión, seis desplazamientos forzados, cuatro desapariciones y tres secuestros.
“Lo que vemos en el gobierno de Javier Duarte es un nivel de vulnerabilidad muy alto, en términos de respuesta política del estado de Veracruz para con los periodistas”, dijo Ramírez, quien aprecia dos elementos para explicar tal vulnerabilidad: el hecho de que la mayoría de las agresiones a periodistas provengan de funcionarios y sean de menor intensidad, lo que aumenta la vulnerabilidad frente a las agresiones más graves, y la carente respuesta de las autoridades.
“Eso es lo que aportó Duarte: esa indolencia, esa falta de preocupación hacia el ejercicio periodístico. Si Duarte tuviese una preocupación real y efectiva, al primer homicidio [de un periodista] hubiese cambiado la narrativa y parabas los otros”, opina.
La actitud indolente de Duarte respecto a las agresiones contra periodistas ha propiciado el debilitamiento y el miedo de la prensa en la entidad, señaló Ramírez. Mas puntualiza que ese arrinconamiento y debilitamiento de los medios de comunicación en Veracruz también ha sido propiciado por el gobierno, a través de acciones como la criminalización, el amedrentamiento por parte de funcionarios públicos de las voces críticas, la judicialización de los periodistas víctimas de asesinato, y el uso de bots para silenciar las redes sociales, un ámbito de comunicación donde Duarte no tenía control.
Al respecto, uno de los casos más polémicos fue el encarcelamiento de Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola, dos usuarios de la red social Twitter que el 25 de agosto de 2011 publicaron mensajes donde advertían de supuestos ataques a escuelas en Veracruz, información que fue desmentida por Duarte, también a través de Twitter.
Las autoridades estatales justificaron la detención de los tuiteros al acusarlos de terrorismo y sabotaje. El encarcelamiento despertó una polémica respecto al derecho a la libertad de expresión y los límites impuestos por el Estado.
En la relación de Duarte con la prensa hay otra faceta: la que mantiene con los dueños de los medios de comunicación. Sobre el tema, Ramírez comenta que no sólo en Veracruz, sino en todo el país, los gobernantes recurren a la cooptación de los medios con dinero público y favores políticos, de modo que lejos de tener una utilidad de servicio público, la prensa se maneja en contubernio con los gobiernos estatales.
El 3 de abril de 2013, Duarte recibió un reconocimiento por parte de la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos, por “los esfuerzos que ha hecho Veracruz para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión”. Para ese momento, su gobierno sumaba ya nueve de los homicidios de periodistas que ha habido en su gestión.
LA NEGACIÓN, LA OMISIÓN
Desde el inicio de su mandato, Duarte ha mantenido el discurso de que trabaja de manera eficaz para restablecer los índices de seguridad en la entidad. En meses recientes, por ejemplo, ha dicho que “Veracruz está en calma” y que “en Veracruz no hay extorsiones, no hay balaceras y no hay secuestros”.
Sin embargo, los hechos derriban sus palabras. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va de su gestión han ocurrido la mayor cantidad de homicidios, extorsiones y secuestros de las últimas tres administraciones.
Al respecto, son ilustrativos dos casos en los que se puso en evidencia cómo el gobierno de Duarte intentó ocultar información.
El primero de ellos ocurrió en octubre de 2011, cuando entre la noche del 5 y el mediodía del 6, la policía estatal encontró 31 cadáveres en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. El día 6, la Coordinación de Comunicación Social del gobierno veracruzano, entonces comandada por la polémica Gina Domínguez, emitió un comunicado en el que negaba los hechos y aseguraba que no había ninguna confirmación oficial.
Ese mismo día, la Secretaría de Marina (Semar) respondió con otro comunicado, en el que hacía referencia al hallazgo de los cuerpos, con lo que evidenció al gobierno estatal. Para salir al quite, la Coordinación de Comunicación Social intentó justificar el ocultamiento de información asegurando que los responsables de la investigación habían mantenido el operativo en secrecía hasta su conclusión.
El otro caso ocurrió recientemente, cuando el 16 de junio pasado elementos de la Semar encontraron al menos 31 cadáveres en fosas clandestinas localizadas en el rancho “El Diamante”, en el municipio de Tres Valles. Fue hasta dos días después de que se localizaron los entierros que el entonces Subprocurador Regional de Justicia, Arturo Herrera Cantillo, confirmó el hallazgo. Este hecho le valió ser removido de su cargo.
El Gobernador Duarte afirmó que se trataba de un hecho atípico, pero a finales del mes de junio, en paraíso Novillero, en la misma zona del rancho “El Diamante”, fueron encontrados más cuerpos. En respuesta, el Procurador General de Justicia del Estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, rechazó la existencia de la nueva fosa.
Además, Duarte negó que entre los cadáveres localizados hubiera menores de edad, información que fue desmentida por el periodista Ignacio Carvajal, quien ingresó a las fosas del rancho “El Diamante” y documentó que cuando menos tres menores de edad estaban entre los muertos.
El pasado 2 de julio, Carvajal denunció que había sufrido el robo del auto Tsuru blanco con el que trabajaba.
El de la violencia no es el único tema que Duarte se ha empeñado en ocultar. La deuda pública es otro problema que ha marcado a su administración y que, de acuerdo con el periodista veracruzano Luis Velázquez, por mucho tiempo se intentó omitir de la agenda.
En una columna publicada el pasado 21 de julio en el sitio blog.expediente.mx, Velázquez refirió que del 15 de diciembre a la fecha, el gobierno de Duarte ha solicitado 21 créditos por un total de 41 mil millones de pesos sin que los diputados locales le hayan exigido hasta ahora un informe al respecto.
Según el más reciente informe de la Sefiplan, correspondiente al primer trimestre de 2014, la entidad tiene una deuda total de 41 mil 147 millones de pesos, aunque hay quienes estiman que el monto de la deuda alcanzaría hasta los 80 mil millones de pesos. Pero incluso la cifra oficial representa un monto casi cinco veces superior al de la deuda pública que heredó de su antecesor, la cual ascendía a 9 mil 307 millones de pesos.
Un tema en el que Duarte ha sido omiso, tanto en el discurso como en la acción, es el de la pobreza. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 52.6 por ciento de la población veracruzana vive en pobreza; de ellos, 14.3 por ciento (equivalentes a 1 millón 122 mil personas) sobreviven en pobreza extrema. Aunque proporcionalmente no es la entidad con mayores índices de pobreza, sí es el segundo estado con más personas pobres, con 4 millones 141 mil 800.
DUARTE NO SE VA
En abril de 2013, el Partido Acción Nacional (PAN) denunció, con audios y videos, la existencia de una “estructura paralela” de 57 funcionarios dispuestos a desviar programas sociales para favorecer al PRI en las elecciones de julio siguiente para renovar alcaldías y diputaciones locales. Aunque se señaló a Duarte y a la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, entre los principales responsables, el escándalo sólo mereció la destitución de siete funcionarios estatales.
A poco más de un año de que Duarte saliera airoso de esa polémica, el pasado 16 de julio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) sancionarlo, junto con otros tres servidores públicos, por haber asistido a un evento de Enrique Peña Nieto, cuando éste era candidato presidencial.
El Gobernador se defendió diciendo que no se había tratado de un acto proselitista, y los empleados públicos arguyeron que pidieron licencia sin goce de sueldo para acudir en día y horas hábiles al evento, pero el máximo órgano de justicia electoral en el país consideró que con tal acción se violó el principio de imparcialidad de las contiendas.
Pero a pesar de este señalamiento y de la crisis en su gobierno que algunos analistas vieron tras el escándalo de la “estructura paralela”, Duarte se ha mantenido en el poder. Cerca del último tramo de su gestión y pese a lo polémico de ésta, el investigador Aguilar Sánchez ve poco probable una eventual salida.
De cara a la contienda electoral en 2016, lo que el PRI necesita en Veracruz —que siempre ha sido gobernada por el tricolor– son operadores políticos, de modo que la continuidad de Duarte más que deseable es necesaria, dijo el académico veracruzano. La necesidad de operadores políticos para los tiempos electorales también explicarían el acercamiento que está teniendo nuevamente Herrera Beltrán con su otrora subalterno, a decir de Aguilar Sánchez.
Con más de la mitad de su gestión avanzada, el silencio y el paso del tiempo juegan a favor de Duarte, consideró el director de Artículo 19, pues le han servido para ir quitándose “esa loza como el lugar más peligroso, como el gobernante de donde asesinan y desaparecen a más periodistas”, estimó.
“Creo que no va a cambiar el contexto, va a estar igual, pero el igual implica peor porque la impunidad es el único mensaje de aliento a futuras generaciones”.
