Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).– A los miembros de los grupos de autodefensa del municipio de Los Reyes, en Michoacán, negarse a pagar extorsiones a la delincuencia organizada les está costando su aislamiento.
Los comuneros, quienes en su mayoría viven en la serranía Purépecha, tomaron esta decisión luego de que a inicios de año recibieron amenazas de grupos delincuenciales de que debían pagar 2 mil pesos por hectárea productiva o, en su defecto, serían ejecutados.
Las amenazas pasaron a los hechos cuando desaparecieron al comunero Roberto Serrano Cervantes, de quien no saben nada desde entonces.
Entonces fue cuando decidieron cuidarse a sí mismos, porque no confían en los policías municipales ni en los estatales.
La semana pasada marcharon frente al Palacio Municipal para protestar por la situación, pero la delincuencia organizada masacró a cinco de los manifestantes.
“Pasaditas las 11 los asesinaron a sangre fría a los compañeros”, dijo uno de los nueve comuneros que ayer ofreció una conferencia conjunta en el Centro Pro de Derechos Humanos. A él le tocó ver de cerca la masacre del 22 de julio, en la que un número indeterminado de hombres llegaron en camionetas y dispararon 104 tiros.
Desconocen a cuál grupo pertenece la delincuencia que los azota, pero tienen la certeza de que están apoyados por policías municipales y estatales. Es por eso que vinieron al Distrito Federal para pedir la ayuda del gobierno federal. Piden que les preste la misma atención que a la región de Tierra Caliente, en el mismo estado.
“En Tierra Caliente sí atienden”, se quejó otro de ellos. Los nueve comuneros acudieron cubiertos de sus rostros, por temor a ser identificados y convertirse en el blanco de quienes los amenazan en su tierra.
Tapadas sus caras con paliacates y franelas, los cabellos con gorras, capuchas y sombreros, explicaron su situación.
“Venimos para solicitar el apoyo del gobierno federal para que le ponga atención a las comunidades indígenas”, externaron.
Son parte de los afectados por la inseguridad que azota a Michoacán, son espectadores y víctimas de la violencia que dejó cinco muertes en su municipio la semana pasada. Asimismo, sufren los estragos de las prácticas de la delincuencia del crimen organizada como el pago a delincuentes para que los dejen vivir sin consecuencias.
También padecen por la complicidad entre autoridades y delincuentes.
“Almuerzan y hacen vida social juntos”, acusa uno de los Purépechas que habló en conferencia.
VER RESPUESTA DEL GOBIERNO MICHOACANO: El gobierno de Michoacán negó de manera categórica las acusaciones contra el mandatario interino, Jesús Reyna García, y afirmó que de existir evidencia de que éste se reúne con criminales «alguien hubiera publicado de inmediato videos o fotografías en medios de comunicación y redes sociales». IR A LA NOTA.
ESTÁN AISLADOS
Pertenecientes a la serranía purépecha, los campesinos que ayer asistieron al Centro Pro forman parte de una comunidad de 5 mil 500 personas, llamada Comunidades Unidas.
Explican que se cuidan entre todos, que desde que les solicitaron el pago del derecho de piso en enero evitan en lo posible bajar de la serranía, por el miedo. Para ello formaron una cocina comunitaria. Ahí comen juntos, y reúnen víveres que conforme avanza el aislamiento se reducen paulatinamente.
Los adolescentes que estudiaban en el municipio ya no lo hacen porque tienen miedo, y prefieren asegurar su vida.
Prefieren evitar ir a la cabecera municipal, ante la vigilancia policíaca, la cual actúa en complicidad con la delincuencia. Una situación a la cual ya se había referido la senadora por Michoacán, Luisa María Calderón Hinojosa, en entrevista con SinEmbargo.
Aislados por decisión propia en la sierra, los purépechas admiten que están sitiados por ellos mismos, dice uno de los comuneros.
Pero además de su propio aislamiento, está el de las autoridades, las cuales antes les surtían de agua con pipas. Ya no lo hacen. Ellos deben comprar garrafones para surtirse, deben comprarse medicinas porque no hay clínicas. Por eso piden auxilio.
“Son comunidades que sufren. Es un acontecimiento nuevo. Cambiaron nuestras vidas. No podemos ir a trabajar y nuestra vida corre peligro”, lamenta otro de los purépechas.
La delincuencia es como un iceberg, compara otro. Lo visible son los policías municipales, a quienes ellos ubican y tienen miedo, pero la parte que lo sostiene y no es visible son los delincuentes, añade.
ENTRE ELLOS SE CUIDAN
Cuando detectan peligros las Comunidades Unidas de Los Reyes hacen llamados de alerta con las campanas de la iglesia.
“Hay alarma constante en el rostro de la gente. Quién nos va a proteger. Estamos solos”, dice otro de ellos.
Aunque vigilan la zona, una costumbre surgida desde antes de la aparición del problema de la inseguridad, no se asumen como las guardias comunitarias surgidas en el mismo estado o en otros con el fin de oponer resistencia a la delincuencia. Ellos no, y por eso no actúan armados, como algunos medios lo han dicho. Ellos hacen rondas nocturnas, desarmados, afirman. Sí vigilan que no haya peligro cerca.
Las rondas comunitarias las integran los hombres adultos, las mujeres, los niños y la gente de la tercera edad. O sea todos.
“Se comunican con cohetones y las campanas de la iglesia”, explica uno.
“Toda la comunidad se cuida y si ve algo extraño va a la Casa Comunal y se advierte por radio o altavoz”, agrega otro de los comuneros tapados.
La comunidad votó por la no entrada de “los malos”, recuerda uno de los Purépechas.
“Las mujeres dijeron si ustedes no pueden, nosotros vamos a hacerlo”. Así fue cómo se decidió no pagar las extorsiones, pero el aislamiento es cada vez mayor”. Por eso piden ayuda federal, a pesar de que ya hay elementos federales, los cuales no parecen ayudar mucho. Pero después de pedir ayuda en el gobierno estatal, en el municipal ni pensarlo, y recibir indiferencia, sólo quedaba el siguiente nivel.
“Queremos que nos presten atención”, demandaron.
Alertan de la falta de gobernabilidad, en un estado donde el gobernador Fausto Vallejo toma licencias, una de 90 días y otra reciente de 180 días, por su enfermedad.
“No queremos seguir siendo un botín político”, concluyen.
