Del 27 de mayo de 2019 al 10 de marzo de 2021 se han iniciado 4 mil 867 expedientes de investigación por quejas en la Guardia Nacional. De este total, el 71.56 por ciento (3 mil 483) siguen en trámite, mientras de las quejas concluidas (1 mil 370) sólo 39 ( 2.84 por ciento) se determinaron procedentes.

Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).- A dos años de que empezó a operar, la Guardia Nacional ha aplicado “la fuerza letal” en al menos 144 situaciones, en los cuales, además,  ha privado de la vida a 94 personas. De ellas cinco eran civiles y al resto las señala como “agresores”, revela el informe Poder Militar. Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Del total de eventos en donde la Guardia Nacional ha aplicado la fuerza letal, la mayoría se registraron en Guanajuato (19) y en Michoacán (12). En tanto que Jalisco registró seis sucesos, Zacatecas cinco, Tamaulipas cuatro; Nuevo León y Sonora tres, respectivamente; el Estado de México, Sinaloa y Oaxaca, dos; Baja California, Chiapas, Durango, Guerrero y Quintana Roo, uno cada entidad.

En cuanto a los hechos donde se reconoce el abatimiento de cinco civiles, estos ocurrieron el 19 de septiembre de 2019 en Tlajomulco, Jalisco; el 18 de abril de 2020 en José Sixto Verduzco, Michoacán; el 6 de septiembre de 2020 en Tangacícuaro, Michoacán; el 9 de febrero de 2021 en Texcatitlán, Estado de México y el 13 de febrero pasado en Nuevo Laredo Tamaulipas.

El documento también refiere que la Unidad de Asuntos Internos de esta corporación cuenta con al menos 25 registros de señalamientos a sus elementos de presuntos “vínculos con la delincuencia organizada”, los cuales aún son investigados dentro de la institución, ya que no hay evidencia de que estén en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), que es la autoridad competente para abrir las respectivas carpetas de investigación.

La Guardia Nacional ha sido fuertemente criticada por activistas y organizaciones de derechos humanos porque en su composición, diseño de carrera y doctrina, predomina el componente castrense: los mandos provienen de la SEDENA casi en su totalidad y los controles internos están igualmente imbuidos en la perspectiva militar.

El Centro Prodh aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando estaba en campaña mencionó la necesidad de que las policías civiles fueran fortalecidas y que los elementos castrenses regresaran paulatinamente a los cuarteles; además prometió revisar a fondo el fallido modelo de seguridad.

“Las promesas de campaña del entonces candidato generaron expectativas sobre una revisión del modelo de seguridad y, específicamente, sobre el posible inicio de una gradual desmilitarización de la seguridad pública”,  se lee en el reporte.

Sin embargo, la creación de la Guardia Nacional derribó las expectativas levantadas, “aun cuando en principio la reforma constitucional por la que fue creada esta nueva corporación preservaba un carácter civil y mantenía abierta la posibilidad de generar controles externos para impedir que fuese un vehículo para profundizar la militarización”.

El Centro Prodh señala que lejos de realizar acciones para que la balanza de la Guardia Nacional empiece a inclinarse al carácter civil, ahora se buscará que sea totalmente militar pues el 15 de junio de 2021, el Presidente de la República anunció que promoverá́ una reforma constitucional para asegurar que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

“De este modo, la militarización durante el actual sexenio alcanzó una profundidad legal no vista antes. Los cambios jurídicos están siendo acompañados por una utilización extensiva de las Fuerzas Armadas para labores distintas a sus funciones constitucionales ordinarias. Por ejemplo: se ha vuelto común en el sexenio la participación del Ejército en la construcción de obra pública y en otras funciones”, recalca el informe.

Y agrega que “en contrapartida, algunos de los patrones documentados de violaciones a derechos humanos no han cambiado”, pues los casos nuevos no han resultado en procesos de justicia y verdad.

El reporte sostiene que el protagonismo de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad ha generado las condiciones para que haya “inercias del uso excesivo de la fuerza”, y para ilustrar esto se cita un informe de la organización Intersecta, que muestra que en 2020 crecieron los indicadores sobre el abuso de la fuerza en los enfrentamientos de la SEDENA .

“En el 2020 hubo 260 enfrentamientos en los que estuvieron involucrados elementos de la SEDENA y 170 civiles detenidos; 50 civiles y 56 militares heridos; y, finalmente, 237 civiles y apenas 6 militares fallecidos. Con base en estos números podemos afirmar que, en 2020, murieron más civiles de los que fueron lastimados en los enfrentamientos de la SEDENA, pues por cada civil herido, fallecieron 4.7 civiles. Además, murieron más civiles de los que fueron detenidos (por cada civil detenido, fallecieron 1.4 civiles); y murieron mucho más civiles que militares (por cada militar fallecido, murieron 39.5 civiles)”.

El informe del Centro Prodh también revela que, con base a los datos brindados por la propia Guardia Nacional vía transparencia, este cuerpo de seguridad ha privado de la vida a 94 personas desde agosto de 2019 al corte de mayo de 2021. En la misma información, la corporación detalló que, del total de abatidas en el uso de la fuerza letal, cinco eran civiles y al resto los cataloga como “agresores” para la institución.

“Esta identificación, que hace eco de la manera en que las Fuerzas Armadas tradicionalmente han reportado los ‘saldos’ de sus operaciones, es problemática porque las personas a quienes la Guardia Nacional identifica como ‘agresores’ también detentan derechos”, detalla el documento.

El Centro Prodh explicó que las personas a las que se llama “agresores” aun cuando hayan cometido una conducta delictiva flagrante, deberían ser detenidas y presentadas ante una autoridad ministerial.

La Guardia Nacional aún reporta los eventos en los que hace uso de la fuerza letal “de la misma manera en que las Fuerzas Armadas lo hicieron en el pasado”, recrimina el estudio.

Para la organización civil es necesario que se analice cada uno de estos casos para saber si en efecto la fuerza letal se empleó como último recurso y si en realidad la Guardia Nacional fue objeto de la agresión a la que se refiere su registro.

“Al no acontecer esto —o, por decir lo menos, al no hacerse públicos estos registros— se continúa en la inercia de los últimos lustros de una manera que no contribuye al mejor análisis de posibles violaciones a derechos humanos; a la investigación y sanción, cuando corresponda y, sobre todo, a su prevención”, advirtió.

En cuanto a quejas en contra de los elementos, la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional informó al Centro Prodh —vía solicitud de información— que  del 27 de mayo de 2019 al 10 de marzo de 2021 se han iniciado 4 mil 867 expedientes de investigación por quejas en la Guardia Nacional. De este total, el 71.56 por ciento (3 mil 483) siguen en trámite, mientras de las quejas concluidas (mil 370) sólo 39 ( 2.84 por ciento) se determinaron procedentes.

Respecto de los 39 expedientes administrativos de investigación que fueron determinados como procedentes hay conductas como: no haber aprobado las evaluaciones de permanencia, presuntos vínculos con delincuencia organizada, conductas que desacreditan la imagen de la institución, haber dado positivo a toxicológicos  en evaluación de control de confianza y delitos contra la salud.

Específicamente, la Guardia Nacional refirió que su Unidad de Asuntos Internos tiene 25 registros de señalamientos de “vínculos con la delincuencia organizada” de sus elementos, los cuales, según indicó, ya indaga la misma corporación.

“Resulta especialmente grave que la Guardia Nacional reporte que entre las conductas analizadas en estas instancias se encuentran algunas que, por ser delitos, deberían ser indagadas por el Ministerio Público de la Federación y no por la Guardia, a efecto de que no se construya una suerte de fuero fáctico para sus integrantes. En efecto, que la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional indague conductas de delitos contra la salud y vínculos con delincuencia organizada” es sumamente grave, pues se trata de ilícitos de trascendencia penal que deberían ser indagados por la Fiscalía general de la República”, alerta el documento.

En el informe también se destaca que el discurso del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que en México “ya no se violan los derechos humanos” no es consistente con la realidad. “Desde luego se siguen cometiendo en el país violaciones a derechos humanos; en segundo lugar, lo relevante sería expresar claramente que los abusos serán sancionados por las autoridades civiles competentes para que no prevalezca el espíritu de cuerpo del sector castrense —hoy extendido a la Guardia Nacional— que por décadas ha desembocado en impunidad. Y esto, como muestran las cifras referidas, no está ocurriendo”.

LA MILITARIZACIÓN

La actual administración, según han explicado analistas y defensores de derechos humanos, ha dado continuidad a la estrategia de militarización —iniciada desde el sexenio de Felipe Calderón— con la creación de la Guardia Nacional y con el decreto presidencial publicado en mayo de 2020 con el cual se otorgaron facultades a las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública de manera extraordinaria hasta el año 2024.

El Centro Prodh denunció en el citado informe que además de continuar con la estrategia de militarización, ésta alcanzó una profundidad legal no vista antes.

La asociación recalcó que es una situación preocupante, porque la militarización trae riesgos relacionados con violaciones a derechos humanos, continuidad de la violencia y desbalances en la relación cívico-militar.

Indicó que tradicionalmente, la militarización ha despertado tres grandes preocupaciones: primero, la relacionada con que el despliegue del Ejército y de la Marina en tareas de seguridad, que no ha probado ser una política pública efectiva para la disminución de la violencia.

Segundo, la vinculada con que este despliegue suele ocasionar un aumento cuantitativo y cualitativo de violaciones a derechos humanos y, tercero, la asociada con que el fortalecimiento del sector castrense puede trastocar la relación cívico-militar, lo que es riesgoso para una democracia como la mexicana.

“Estas tres preocupaciones subsisten en la actualidad y se proyectan hacia el futuro, pues la preeminencia castrense que ya se ha plasmado este sexenio en reformas legales trasciende a esta administración”, detalla el documento.

Finalmente, el Centro Prodh enfatizó que es urgente que el país tenga un proceso de gradual desmilitarización de la vida pública y tener mejores políticas de seguridad a fin de reducir las violaciones a derechos humanos y “para reconducir la relación cívico-militar en la lógica propia de una democracia que apuesta por la vía civil”.