Hidalgo se convirtió en el tercer estado del país en aprobar la despenalización del aborto, el primer fue la Ciudad de México y le siguió Oaxaca.
Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).– El Congreso de Hidalgo aprobó hoy, con 16 votos a favor, una abstención y ocho en contra, la despenalización del aborto hasta la semana 12.
El proyecto de decreto, que adicional la causal vida, reforma los artículos 154, 155, 156, 157 y 158 del Código Penal para el estado de Hidalgo.
Con esta aprobación, Hidalgo se convirtió en el tercer estado del país en aprobar la despenalización del aborto, el primero fue la Ciudad de México (24 de abril de 2007) y le siguió Oaxaca (25 de septiembre de 2019); mientras que las entidades de Yucatán, Baja California, Tamaulipas, Chiapas, Sonora, Colima, San Luis Potosí, Durango, Quintana Roo, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Puebla y Nayarit permiten realizarse el aborto bajo ciertas circunstancias.
💚 ¡#EsLey en #Hidalgo! 💚
Se aprueba con 19 votos a favor, 1 abstención y 8 votos en contra.💥¡Qué suba la marea en todo México!
Nos faltan 29 estados📌#EsLeyHidalgo #AbortoLegalHidalgo pic.twitter.com/1AAlITQCue— MareaVerdeMx (@MxMareaVerde) June 30, 2021
El dictamen aprobado permite la interrupción del embarazo hasta la semana número 12 y señala que las instituciones públicas, privadas y sociales que presten servicios de salud en Hidalgo deberán proveer este servicio de forma gratuita y en condiciones de salubridad para las mujeres.
También indica que los médicos tienen el derecho a argumentar una objeción de conciencia y excusarse de realizar la intervención, sin embargo, tienen la obligación de referir a la mujer a un médico o médica que no sea objetor.
El pasado 30 de abril, en el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de Salud, la cual permitirá que las mujeres puedan interrumpir legalmente un embarazo antes de las 20 semanas (cinco meses) de gestación en caso de haber sido víctima de violación.
El Congreso capitalino aprobó con 45 votos a favor, 12 en contra y cero abstenciones, la Ley de Salud de la Ciudad de México, cuyo objetivo es mejorar la capacidad y la atención de los servicios de salud.
Entre las actualizaciones realizadas en la legislación se estableció que los médicos deberán responder a practicar la suspensión de embarazo en caso de que la mujer afirme que fue víctima de violación sin necesidad de presentar una denuncia formal.
NO SE DESPENALIZA EN VERACRUZ
En julio de 2020, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó, con cuatro votos en contra, el proyecto que obligaría al Congreso de Veracruz a despenalizar el aborto.
El fallo representó un golpe al movimiento por los derechos reproductivos de las mujeres en México, donde sólo Ciudad de México y Oaxaca permiten la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, aunque en todos los estados se autoriza por violación y en casi todos por riesgo a la salud y muerte de la madre.
De hecho, la Suprema Corte ya ha fallado a favor de los derechos reproductivos de las mujeres al validar en 2008 la interrupción legal del embarazo en Ciudad de México y al validar en 2019 la Norma Oficial Mexicana (NOM) 46, que permite a cualquier víctima de violación abortar sin tener que presentar pruebas.
ABORTO EN AMÉRICA LATINA
Pese a los logros alcanzados en México y a ese mayor consenso social de la opinión pública sobre el aborto, las mujeres aún se enfrentan a numerosas barreras para acceder a un aborto, incluso en los países donde es legal, como es la objeción de conciencia de profesionales ginecológicos que no quieren participar en esta práctica. Otros obstáculos se deben al creciente número de dirigentes conservadores y al avance de los grupos contrarios al aborto, si bien la situación varía dependiendo del país.
“En términos generales hay una mayor conciencia de la capacidad de decidir de las mujeres y la mayoría de los países latinoamericanos tiene leyes que reconocen el derecho de las mujeres a una amplia gama de anticonceptivos, protocolos de atención donde hay causales justificadas para abortar, etc.”, señala Susana Chávez, directora de la organización peruana Promsex y secretaria ejecutiva del Consorcio latinoamericano contra el aborto inseguro (Clacai). “Sin embargo, existe una corriente conservadora muy fuerte que está interponiendo medidas judiciales al cumplimiento de las leyes y eso añade trabas que limitan”, añade.
Tampoco hay que olvidar que a pesar de que en los últimos años América Latina ha tenido fobiernos progresistas en varios países, por lo general han mantenido una postura conservadora frente a la interrupción voluntaria del embarazo. No se logró, por ejemplo, despenalizar la práctica en Argentina durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. En el caso de Ecuador, Rafael Correa amenazó incluso con dimitir si el Parlamento permitía aprobarlo.
UN PANORAMA DESIGUAL
Pero en la actualidad, ¿dónde es legal el aborto en América Latina y el Caribe? La mayoría de los países de la región cuenta con causales a la interrupción del embarazo que van más allá del peligro de muerte de la madre, aunque cada uno tiene leyes diferentes.
Los países más restrictivos son El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y República Dominicana, donde el aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia. Las mujeres salvadoreñas se enfrentan incluso a penas de prisión que superan los 30 años al ser acusadas de homicidio agravado. Ni siquiera importa si sufrieron un aborto espontáneo.
Honduras, donde también se castiga con cárcel a las mujeres que interrumpen su embarazo, es además el único país de la región donde están prohibidas las píldoras anticonceptivas de emergencia.
“Pese a los logros de la región, Centroamérica no avanza al mismo ritmo e incluso algunas iniciativas de grupos antiaborto están ganando fuerza”, recuerda a este medio el ginecólogo Guillermo Ortiz, asesor médico de IPAS, organización internacional que trabaja para ampliar el acceso de las mujeres a servicios de atención integral del aborto.
Ejemplo de ello es Costa Rica, donde el aborto terapéutico [razones médicas] es legal, pero “ha habido intentos de derogar la ley y tratar de que se vuelva a discutir el tema para prohibirlo completamente”, tal y como pasó en El Salvador en 1998 y en Nicaragua en 2007, cuando el otrora comandante de la Revolución Sandinista Daniel Ortega asumió la presidencia.
Otros estados latinoamericanos que cuentan con leyes muy restrictivas son Paraguay, Venezuela y Surinam, donde las mujeres únicamente pueden suspender su embarazo legalmente cuando su vida peligra.
En el caso de Perú, la gestante puede abortar si está en riesgo su salud o su vida, pero se aplica una perspectiva restrictiva de la norma. “Se imponen condiciones que no aparecen en la ley y se niegan derechos que ya tienen las mujeres imponiendo embarazos forzados aún a costa de su salud y su vida”, asegura Chávez.
Todas estas restricciones legales se han convertido en una amenaza para la vida y salud de las mujeres en la región, ya que se ven obligadas a recurrir a prácticas clandestinas e inseguras para interrumpir su embarazo. La ilegalidad de este procedimiento, además, no reduce su práctica y de hecho el aborto clandestino es una de las principales causas de muerte materna en estos países.
-Con información de EFE, ElDiario.es, RT
