Además la población indígena está invisibilizada: no figura en las estadísticas oficiales de víctimas de la COVID-19 en casi ningún país. “Es una barrera para no responder apropiadamente a la solución del problema”.
“No somos solo una cara para llamar la atención, para bailar o cantar (…) pedimos un reconocimiento pleno”, pidió Tarcila Rivera, coordinadora del ECMIA.
Por Fernando Gimeno
Lima, 30 de junio (EFE).- Ser mujer, indígena y pobre, esta trinidad de discriminaciones que sufren las mujeres de los pueblos nativos de las Américas se ha exacerbado con la pandemia de la COVID-19, cuyo virus azota a sus territorios y se vuelve una amenaza más junto a las distintas violencias de siempre.
Desde las mujeres inuit de Canadá hasta las mapuches de Chile, prácticamente ninguna indígena se ha escapado del aumento de esta triple discriminación a medida que América se ha consolidado como epicentro mundial de la pandemia, con más de 4.7 millones de contagios detectados y más de 233 mil fallecidos.
Las nativas del continente americano, cuya población se calcula en más de 25 millones, se han visto más desamparadas, vulnerables y expuestas con las medidas de aislamiento y protocolos de prevención de los distintos estados, aplicados sin tener en cuenta las costumbres y tradiciones de estas comunidades.
Sin trabajo y confinadas en sus viviendas, la pandemia ha agudizado su escasez de recursos económicos y a muchas de ellas las ha dejado aún más a merced de la violencia machista de sus parejas o convivientes.
Todo ello también ha dificultado su acceso a la salud en un momento de primera necesidad, a servicios básicos como el agua, y también a la Justicia y al derecho a denunciar cualquier agresión. Incluso les ha forzado a emigrar cientos de kilómetros.
VIOLENCIAS
“Por eso nosotras usamos el término violencias en plural”, aclaró a Efe la peruana Tarcila Rivera, coordinadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA) y hasta el año pasado miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas (ONU).
“No escapamos a los problemas de la violencia doméstica, sexual y el racismo, que para nosotras es una forma de violencia tremenda que daña la autoestima”, recordó Rivera, quien también es fundadora y vicepresidenta del Centro de Culturas Indígenas del Perú (Chirapaq).
Los peores episodios de discriminación y violencia contra mujeres indígenas han quedado reunidos en un informe emitido por el ECMIA, una red integrada por más de 30 organizaciones indígenas de 23 países.
El documento recoge la situación en cada país de las Américas afectado por la pandemia del virus SARS-CoV-2 y ofrece una serie de recomendaciones a los Estados, entre ellas una demanda histórica: ser reconocidas de manera efectiva como sujetos de derecho para contribuir realmente al progreso de sus países.
INVISIBLES EN LAS ESTADÍSTICAS
Lejos de ello, la población indígena no figura en las estadísticas oficiales de víctimas de la COVID-19 en casi ningún país. Salvo en Brasil, muy pocos Gobiernos ofrecen datos que diferencien el origen étnico de la población afectada. Los nativos y nativas quedan diluidos en una cascada de cifras oficiales.
“Eso nos invisibiliza, y es una barrera para no responder apropiadamente a la solución del problema. Es indispensable contar con datos desagregados, con registros en los centros de salud y comisarías”, apuntó Rivera.
En la Amazonía, está labor la han hecho por su propia cuenta muchas organizaciones indígenas, pero en los Andes la desinformación es absoluta.
“De todos los miles de muertos, no sabemos cuántos son quechuas y aimaras, tanto de las comunidades como de la ciudad”, lamentó Rivera, natural de la sureña región andina de Ayacucho y perteneciente al pueblo chanka.
“Esa escasez de datos oficiales impide conocer no solo la cantidad de indígenas contagiados y fallecidos en las Américas, sino también dónde están y cuántas son las mujeres que están siendo violentadas y cuya economía se ha visto mellada como consecuencia de la pandemia”, denunció Rivera.
Para la especialista, “es totalmente contradictorio, irónico y doloroso que poblaciones como las indígenas no hayan sido tenidas en cuenta en las políticas públicas”.
En algunos países tardó varias semanas que los consejos de prevención se tradujesen a lenguas originarias. “Para nosotras lo más importante es la información apropiada de acuerdo a las formas culturales y el contexto en el que están las comunidades”, añadió.
DESPLAZADAS Y SIN RECURSOS
De un día para otro, miles de indígenas que habían emigrado a la ciudades en busca de oportunidades se quedaron desamparadas y confinadas.
Sin posibilidad de salir a la calle a obtener nuevos recursos, en Perú cientos de personas nativas emprendieron a pie su camino de vuelta desde Lima hacia los Andes y la Amazonía, en una peregrinación de cientos de kilómetros. “De manera muy romántica los han tildado de ‘caminantes'”, recordó Rivera.
“Es terrible cómo mujeres solas que tenían tres o cuatro hijos y que vivían hacinadas pensando que la ciudad les iba a dar oportunidades han tenido que regresar a pie con sus hijos. En ese viaje también están expuestas a otros tipos de peligro como la violencia sexual”, lamentó.
“Vemos cómo esta pandemia ha desnudado realmente el disfraz que había antes. Se decía que Perú era un país de oportunidades, pero eran oportunidades maquilladas para la gente que viene de afuera o para un sector del país, pero no para toda su población”, añadió.
Algunas de las que optaron por quedarse confinadas lo hicieron “sin poder salir del círculo de violencia” en el que están atrapadas en sus propias viviendas, “y con sus hijos o hijas aún mucho más desprotegidos”, relató Rivera.
UN TELÉFONO SALVADOR
Casi no hay día que no suene el teléfono móvil de Elizabeth Carrasco. Al otro lado de la línea hay mujeres de la etnia qom que quieren denunciar a sus parejas por violencia doméstica en la región argentina del Chaco.
“Me llaman e intervengo para que las autoridades puedan atender el caso”, relató a Efe Carrasco, que ha sido testigo directa del preocupante aumento de casos de violencia machista y familiar en su comunidad durante este tiempo de pandemia.
Para ellas, esta perito traductora se ha vuelto por momentos su último recurso para hacer frente a sus agresores y poder canalizar su denuncia hasta el Poder Judicial.
“Tenemos muchísimos más casos que antes de la pandemia. Antes solíamos tener entre tres o cuatro víctimas a la semana. Ahora podemos tener dos o tres casos de violencia doméstica y abuso sexual en un solo día”, destacó Carrasco.
“Ayer estaba hablando con una amiga que fue a denunciar a su pareja por amenazas, pero a los 15 días salió libre y la sigue amenazando. No sé qué está esperando la Justicia. Puede pasar lo peor”, agregó.
No menos alarmantes son los casos de violaciones a menores, justo en un momento donde, por las restricciones, el sistema de Justicia está funcionando bajo mínimos.
“Las madres tratan de localizarme. Mi número siempre está abierto. Tratamos de hablar con los jueces y el fiscal para que traten de ir detenidos los agresores”, detalló Carrasco.
JUSTICIA LENTA
“Está lenta la justicia. Las cámaras Gessel están tardando muchísimo en hacerse por falta de funcionarios y especialistas. Las víctimas no tienen apoyo psicológico, con un seguimiento para ver cómo van avanzando”, lamentó.
Los obstáculos para denunciar durante los días de confinamiento también se multiplican por las largas distancias. “Son cerca de 45 kilómetros a pie para llegar hasta una comisaría. Como no hablan castellano, a veces son también discriminadas. Eso influye en el hecho de que se concrete una denuncia”, lamentó.
No es en el Chaco el único sitio donde, a pesar de las dificultades, se ha dado un número considerable de casos de violencia machista y sexual. Con los centros de atención cerrados, las llamadas a los teléfonos de emergencia se han disparado. En Perú aumentaron un 30 por ciento, en Argentina un 40 y en Chile un 70.
Durante el periodo de cuarentena se registraron al menos 71 feminicidios en Argentina, 47 en Colombia, 23 en Bolivia, 21 en Perú y 20 en Chile. Nuevamente, ninguna de estas cifras discierne el origen étnico de las víctimas.
VIOLACIONES Y EMBARAZOS ADOLESCENTES
Todavía permanece la conmoción en Colombia tras conocerse la violación de una niña indígena de 12 años por parte de siete militares en una población rural del departamento de Risaralda.
“Esta no solo ha sido una agresión para nuestra niña y su dignidad como ser humano y miembro de un pueblo ancestral, ha sido una agresión para todo nuestro pueblo embera katío”, afirmó el líder nativo Juan de Dios Queragama. En un pronunciamiento adicional, el ECMIA condenó esta violación y exigió una profunda investigación.
Muchas violaciones a menores acaban frecuentemente en un embarazo adolescente. Hasta 20 contabilizó la activista indígena paraguaya Gelga Guainer en chicas de 11 a 17 años de los pueblos guaraní y nivaclé, durante estos meses de emergencia.
“Ellas están confinadas en sus comunidades y, por tanto, expuestas a la violencia sexual. Ni las autoridades tradicionales, ni las agencias del Estado responden efectivamente ante esta situación”, describió a Efe Guainer.
Sin embargo, no todos los indígenas se han refugiado en las comunidades rurales. Muchos han permanecido en la ciudad, y no pocos son parte de la primera línea de defensa contra el coronavirus, a pie del cañón a pesar de no contar con la protección apropiada.
ENFERMERAS DISCRIMINADAS
Así le sucedió a las enfermeras de distintos pueblos nativos de Paraguay en el Hospital del Indígena, ubicado en el área metropolitana de Asunción, que denunciaron discriminación por parte del personal médico, que les encomendaba funciones de menor rango al suyo.
Ha sido la misma Guainer quien se encargó de dar a conocer esta circunstancia y también la falta de artículos de protección del personal médico, y especialmente de estas enfermeras, a la que el hospital solo les proporcionaba dos mascarillas para toda la semana, por lo que debían reutilizarlas en varios turnos.
Por ello, entre las medidas recomendadas por el ECMIA a los Estados está una adecuada protección al personal sanitario indígena, un Fondo de Emergencia, subsidios para garantizar las necesidades básicas, facilitar el acceso a centros de salud y difundir información sobre prevención dirigida a población nativa.
“No somos solo una cara para llamar la atención, para bailar o cantar. Tampoco somos solo los colores de nuestra ropa o las montañas. Esas montañas tienen gente vida, recursos y riqueza. Pedimos eso, un reconocimiento pleno”, concluyó Rivera.
