La narcopolítica es lo que interesa a la prensa internacional en las elecciones del próximo domingo en México.
Corresponsales y enviados especiales se preguntan hasta dónde el narco ha infiltrado a los partidos políticos y si la violencia por la que México ha estado en la prensa internacional en los años del gobierno de Felipe Calderón, en especial el asesinato de periodistas, es la expresión de un Estado fallido.
Si bien no se puede comparar a México con países donde las instituciones han colapsado, es innegable que las elecciones generales del 1 de julio ponen en entredicho la “normalidad democrática” que tanto presume el sistema político mexicano, empezando por los partidos y la burocracia de elite del Instituto Federal Electoral (IFE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El escándalo que envuelve al PRI por los monederos emitidos por el Grupo Financiero Monex no sólo exhibe a su candidato Enrique Peña Nieto y refrenda los viejos vicios de ese partido, sino que demuestra, una vez más, la vulnerabilidad del sistema político mexicano: la existencia de millonarios recursos de origen dudoso.
Ocurrió en el año 2000 con los Amigos de Fox y con el “Pemexgate”, ambos demostrados y que acabaron sólo en multas a los partidos políticos.
Las nueve mil 924 tarjetas emitidas por Monex para pagar 70 millones de pesos en la compra de votos a favor del PRI fue lo que la pugna por la Presidencia sacó a flote, pero nada garantiza que haya sido la única utilización de recursos sospechosos.
Los aviones utilizados por el propio Peña Nieto y la candidata del PAN, Josefina Vázquez, son otra muestra de cómo la clase política se ha dejado querer por “empresarios simpatizantes y dadivosos”.
Uno de ellos, Francisco Colorado Cessa, prestó sus aviones a la panista cuando era coordinadora de su partido en San Lázaro. Colorado está ahora detenido en Texas, acusado de lavar dinero para la facción de Los Zetas que encabeza Miguel Ángel Treviño Morales, el “Z40”. Dice el PAN que Josefina Vázquez sólo los usó en 2010.
Los grupos de delincuencia organizada no buscan el control político. No les interesa. Lo que buscan son aliados y protección política para sus negocios ilegales. Da lo mismo que ese apoyo venga del PRI, del PAN, el PRD o cualquiera de los partidos oportunistas.
No imponen sus leyes en el Congreso, pero sí tienen representantes, como acusó la Procuraduría General de la República al frustrado diputado federal del PRD, Julio César Godoy Toscano. O cuentan entre sus filas de sicarios al destituido presidente municipal de Chinameca, Veracruz, Martin Padua Zúñiga, quien ganó las elecciones al amparo del PAN y que fue detenido durante un enfrentamiento del Ejército con Los Zetas.
Además de sus desplantes de violencia, esos grupos imponen presidentes municipales, conviven con gobernadores, controlan las policías locales, infiltran a las corporaciones policiales federales –como lo demostró la semana pasada el asesinato de tres elementos de la Policía Federal a mano de dos sus compañeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México–, compran mandos en las fuerzas armadas, asesinan a periodistas en venganza de alegadas alianzas.
Nada de eso tiene que ver con una “normalidad democrática”. Tampoco, los 55 mil muertos que admite el gobierno calderonista y que suman más de 70 mil, según recuentos independientes; ni los miles de desaparecidos y desplazados.
Incipiente, la mexicana es una democracia capturada por grupos formales y fácticos. En los primeros están los partidos políticos que impiden una verdadera rendición de cuentas y escrutinio. En los segundos, el narco y los monopolios económicos, empezando por el de las telecomunicaciones.
La democracia no se agota en el rito de la votación. En México, hay que construirla a pesar los partidos y sus padrinos.
@jorgecarrascoa
– Apro
