SSPC: Ministra y Magistrada desechan queja contra Jueza que absolvería a delincuentes

30/05/2023 - 5:28 pm

El Subsecretario Luiz Rodríguez Bucio afirmó que la Ministra presidenta de la SCJN, desechó como titular del CJF, una queja contra una Jueza en un caso relacionado con un desaparecido.

Ciudad de México, 30 de mayo (SinEmbargo).– La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer que la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, y la Magistrada María Gabriela Rolón desecharon una queja contra la Jueza Beatriz Eugenia Álvarez, quien podría absolver a cuatro escoltas del exgobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, acusados de cometer desaparición forzada.

De acuerdo con el comunicado extendido, la Ministra presidenta de la SCJN indicó que se desechó la queja promovida en contra de la Jueza Álvarez, quien podría absolver a los procesados del delito de desaparición forzada en contra del pepenador José Francisco “N”.

Otros casos que presentó son el de Cecilia Crokman Flores, encargada del despacho del Juzgado de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en Iguala, Guerrero. Ella decretó auto de libertad a Héctor Luis “El Güero” Palma por prescripción de la acción penal por el homicidio de nueve personas, aunque continúa preso por otra causa penal.

En tanto, el Juez José de Jesús Rodríguez Hernández, ordenó la liberación de Guadalupe Israel “N”, alias “El Choncho”, y siete de sus cómplices en Guanajuato. El 24 de mayo fueron detenidos en flagrancia en un cateo y en posesión de drogas y balas.

La información fue presentada por el Subsecretario de la dependencia, Luis Rodríguez Bucio, durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí, el funcionario federal reveló los nombres de jueces que habrían favorecidos a delincuentes.

El Subsecretario Rodríguez Bucio resaltó que del 16 al 29 de mayo fueron detenidas 16 mil 947 personas por delitos del fuero común y federal.

Se realizaron las extradiciones hacia Estados Unidos de Odilón “N”, de origen mexicano, por homicidio, robo con violencia y encubrimiento; Jorge “N”, guatemalteco, por violación y agresión sexual; y Gilberto “N”, mexicano, por asociación delictuosa y contra la salud. Además, expuso diversos casos de detenciones. Evelyn Marlene “N”, alias “La Pato”, por extorsión en agravio del comerciante en Alpuyeca, Morelos. Ella se apoyaba de su madre Jessica “N” para el cobro de las extorsiones; la mujer también está detenida.

Doris Concepción “N”, de nacionalidad peruana, fue capturada durante el cateo a un inmueble, en donde se realizaban fiestas clandestinas y permitían acceso a menores de edad, quienes tenían acceso sin restricción a alcohol, drogas, incluso podían tener encuentros sexuales.

José Osvaldo “N”, alias “Coma Peter”, operador del Nuevo Cártel de Juárez, fue arrestado en Chihuahua. Tenía orden de aprehensión por homicidio, en agravio de las familias LeBaron-Langford, ocurrido en noviembre de 2019, en Bavispe, Sonora. Con él suman 33 detenidos por este caso.

Por el asesinato de 10 personas en un rally denominado “Cachanillazo”, en San Vicente, en Ensenada, Baja California, se detuvo a Eduardo “N”, Luis Felipe “N” y Hugo “N”. Mientras que en Nogales, Sonora, se arrestó a Carlos “N” y Rebeca “N” en posesión de 2 mil 548 pastillas de fentanilo.

Asimismo, el Subsecretario de Seguridad Pública mencionó algunas vinculaciones a proceso: Dayana “N”, alias “la Diabla”, integrante de “La Línea”, ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación, asesinó a su pareja y la abandonó en el Estado de México. Lizbeth Esmeralda “N” fue procesada por el secuestro de guatemaltecos, quienes intentaban ingresar a los Estados Unidos.

Otro vinculado fue Erick “N”, por la violación de una adolescente, quien ofrecía sus servicios como niñera. Ella fue presuntamente requerida para un trabajo a través de una aplicación denominada “Babycitt”; sin embargo, cuando llegó al sitio, el acusado la subió a un automóvil, la llevó a una casa y abusó de ella. Mientras que José Guadalupe “N” fue vinculado por el delito de feminicidio, homicidio y robo, en agravio de su esposa y sus suegros, en Irapuato.

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El Subsecretario se refirió a varias sentencias: a Javier “N” y María “N” les impusieron una pena de 140 años y 60 años, respectivamente, por la violación de una menor de edad, en Chetumal, Quintana Roo.

También reportó que un Juez condenó a 110 años de prisión a Ramiro “N“ y Mardonio “N” por el homicidio de dos hombres en el municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México. En tanto, a Juan “N” y Rodolfo “N” se les dictó una condena de 52 años de prisión por el feminicidio de Abril “N”, en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. El homicidio habría sido ordenado por Juan Carlos “N”, exesposo de la víctima, quien continúa prófugo.

CJF RESPONDE A UNA DE LAS QUEJAS DESECHADAS

Horas más tarde, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dijo que se habían iniciado las indagatorias correspondientes por el delito de desaparición forzada en el caso de José Francisco Espinoza Huerta.

“Eventualmente, se vinculó a proceso a cuatro elementos de esa corporación, en la causa penal 09/2019 del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la Ciudad del mismo nombre, la cual se encuentra en etapa de juicio”, se lee en la respuesta.

De acuerdo con el documento, en la citada queja, María Auxilio Rojas Gamón consideró que Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez incurrió en abuso de funciones y conducirse con parcialidad en favor de la defensa de los imputados entorpeciendo el desahogo de los medios de prueba, “con una clara predisposición negativa a los fiscales y en beneficio de la defensa; así como por no estar presente de manera física en el desahogo de la audiencia”.

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Como prueba, presentó únicamente copia simple de su credencial de elector. Al proveer sobre la imputación realizada a la Jueza denunciada, la Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal en unión con la Secretaria Ejecutiva de Disciplina de este Consejo, determinaron procedente desechar la mencionada queja, al no contarse con elementos probatorios suficientes aportados por la promovente, para ordenar el inicio de una investigación.

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