Por Arelhí Galicia*

La lucha por las reivindicaciones laborales mínimas se remonta al siglo pasado y han tenido resultados importantes en tanto a la mejora de las condiciones de trabajadoras y trabajadores. Esta lucha surge en el marco de contextos urbanos y con trabajos relacionados a las fábricas, debido a las ya conocidas condiciones de abuso que vivían obreras y obreros en esos espacios. La reducción de la jornada laboral a ocho horas, la incorporación a la seguridad social (con el beneficio de seguro contra enfermedades y accidentes de trabajo, invalidez y vejez), la igualdad salarial, el derecho al salario mínimo, las vacaciones y bonificaciones, y el derecho a la asociación sindical, han sido algunas de las mejoras que se han conseguido a partir de esta lucha.  

Desafortunadamente, estos avances no se han traducido en mejoras para la vida de todas las personas en todos los contextos. La profunda desigualdad y pobreza en la que viven quienes trabajan en el campo, evidencian las profundas desigualdades en este sector, y aún más para las mujeres jornaleras. Aquí algunos ejemplos:

Reducción de jornada laboral a ocho horas. Aun cuando el trabajo del campo es extenuante, la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (la Red) tiene conocimiento de reportes de campos en los que se les obliga a trabajar para cumplir con la “cuota” de fruta u hortaliza por cosechar, aunque esto exceda el número de horas reglamentado. Las mujeres jornaleras, además de esta labor y las jornadas extra fuera de la Ley, y como en otros contextos y trabajos, regresan a cumplir con jornadas de cuidados y trabajo del hogar.

Incorporación a la seguridad social.  Las personas jornaleras por lo general no cuentan con contrato por escrito y mucho menos con acceso a la seguridad social. Esto afecta especialmente a mujeres jornaleras y la niñez, ya que, al no contar con prestaciones y acceso a lugares de cuidado, llevan a sus hijos e hijas al campo, donde se exponen a las altas temperaturas o accidentes que ocurren en el surco; esto aunado a que no cuentan con la seguridad en caso de enfermedad o invalidez y mucho menos para la vejez. 

Derecho al salario mínimo. Aun cuando en el 2021, en conjunción con la Alianza Campo Junto, logramos que se aprobara la incorporación del salario mínimo profesional para la población jornalera, lo que significa que ganan un poco más que el salario mínimo nacional, para el 2023 el monto aprobado era de $234, y de acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario [1], los hombres ganaban en promedio $228, mientras que las mujeres recibían $201; ni siquiera han alcanzado el monto que por ley se exige. Además, de acuerdo con testimonios recopilados por la Red, mencionan que, con el monto aumentado de salario, en algunos contextos las empresas les exigen trabajar más horas o incrementaron sus cuotas de cosecha para poder “justificar” el pago más alto del salario. 

Igualdad Salarial. Las mujeres jornaleras reciben casi 12 por ciento menos salario que los hombres por el mismo trabajo realizado. En estados como Guerrero, la diferencia llega a ser de más de 32 por ciento. Aun cuando para este año la Organización de las Naciones Unidas trabaja con el tema “Invertir en las mujeres, acelerar el progreso”, esta afirmación está muy lejos de ocurrir en temas como la igualdad salarial.

Vacaciones y bonificaciones. El carácter temporal de su trabajo no permite que tengan acceso a ninguna de estas prestaciones. Por ejemplo, la Red ha compartido testimonios que señalan que la gran mayoría de las empresas no les contemplan en el reparto de utilidades. 

Las condiciones laborales son difíciles para la población jornalera y éstas se agudizan cuando se trata de las mujeres, pues son quienes continúan con una enorme carga a partir de los roles de género, por ejemplo, muchas veces ellas no firman contrato y son los hombres quienes firman por ellas o, no reciben su salario, pues lo entregan a los jefes de familia; además, no denuncian por temor a represalias por parte de las empresas y que no puedan regresar a los campos en la siguiente temporada. 

Aun cuando en el 2019 y el 2024 se aprobaron reformas laborales que proponen mejorar las condiciones laborales de la población jornalera, éstas no han producido beneficios tangibles para las mujeres jornaleras. Las reformas no son suficientes si en su aplicación no se cuenta con recursos, y personal capacitado y sensibilizado para la atención específica de los problemas estructurales que enfrentan día a día las mujeres en los surcos y en los traslados para llegar a los campos de cultivo. Tampoco habrá cambios significativos si no se trabaja por erradicar los roles y estereotipos de género que siguen responsabilizando únicamente a las mujeres como las encargadas del hogar y de los cuidados. 

En un día como el 1° de mayo, en el que las y los trabajadores paramos para conmemorar los logros alcanzados, las jornaleras no paran, siguen trabajando junto con sus familias como lo hicieron en pandemia, recibiendo los salarios más bajos y sin acceso a prestaciones que por Ley les corresponden. Es necesario que la Secretaría del Trabajo mejore y actualice su reglamento de inspecciones y al personal que las realiza, para exigir a las empresas el cumplimiento de los derechos laborales para esta población, y garantizar capacitación al personal para que conozca las necesidades y vivencias particulares de cada grupo que trabaja en el campo, prestando especial atención en las mujeres jornaleras, así, el Día del Trabajo puede convertirse en un espacio de conmemoración y resistencia de las luchas ganadas para todas las personas trabajadoras, en todos los contextos, y no un levantamiento de la voz de aquellas que siguen pendientes.

*Arelhí Galicia es investigadora en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico. 

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Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

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