La reforma busca devolver a Petróleos Mexicanos (Pemex) el control de precios, y llevar a cabo cambios en la transportación, distribución, comercialización, venta y almacenamiento de combustibles.
Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló ayer las reformas a la Ley de Hidrocarburos de 2021, con la que se permite al Gobierno federal suspender permisos y ocupar instalaciones cuando las empresas del sector incumplan con los requisitos en la materia.
El pleno de la SCJN validó los artículos 51, fracción III; Artículo 53, párrafo segundo; artículos 57 y 59 Bis, de la Ley de Hidrocarburos; así como cuarto y sexto transitorios, del Decreto publicado el 4 de mayo de 2021.
Las reformas son relativas al otorgamiento y revocación de permisos para el desarrollo de diversas actividades en materia de hidrocarburos, como son refinación, exportación, importación, transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio al público, entre otras.
#LaCorte validó diversos artículos de la Ley de Hidrocarburos, los cuales otorgan y revocan permisos para la refinación, exportación, importación, transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio al público de hidrocarburos. https://t.co/6oeZDorYam pic.twitter.com/FK0FCQeGGP
— Suprema Corte (@SCJN) April 29, 2024
Por unanimidad, el pleno aprobó la propuesta del Ministro Alberto Pérez Dayán, de declarar infundados los alegatos de la minoría de oposición en el Senado de la República, quienes, a través de una acción de inconstitucionalidad, pretendían echar atrás el estatuto.
La Corte detalló que el Artículo 51, fracción III, establece que como requisito para obtener un permiso se debe cumplir con la capacidad de almacenamiento que establezca la Secretaría de Energía; y el cuarto transitorio prevé que la autoridad “procederá a la revocación de aquellos permisos que, a la fecha de entrada en vigor del Decreto, incumplan con el requisito de almacenamiento determinado por la Secretaría, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables”.
Por su parte, en los artículos 57 y 59 Bis se incorporó la figura de la suspensión temporal de los permisos cuando se prevea una causa de seguridad nacional, seguridad energética o economía nacional.
#NoticiasPJF | El Pleno de la #Corte declaró válidos diversos artículos de la Ley de Hidrocarburos relativos a permisos, entre otros temas, para el tratamiento y refinación de petróleo. pic.twitter.com/W8kXw6nKgo
— JusticiaTV (@JusticiaTV_MX) April 30, 2024
“Las disposiciones no son violatorias de los principios de seguridad jurídica, de libre competencia y concurrencia en el mercado de hidrocarburos, pues se busca que las instalaciones suspendidas continúen en la prestación de sus servicios con la ayuda provisional de empresas productivas del Estado, en tanto desaparece la situación que se reputa peligrosa e ilegal”, explicó la Corte.
“La figura de la suspensión no implica una confiscación del patrimonio de los permisionarios, pues es un procedimiento establecido legalmente para que la autoridad deje sin efecto temporal un permiso. […] No afecta la seguridad jurídica de los permisionarios, porque para el efecto se concede previamente la garantía de audiencia y, una vez determinada la suspensión en una resolución debidamente fundada y motivada, el permisionario puede solicitar su terminación por haber concluido el motivo que la originó”, aclaró.
La Ley de Hidrocarburos ha generado polémica entre la oposición y expertos, quienes alertaron de un posible monopolio en Pemex que evitaría la libre competencia. Pero más allá de los intereses económicos, esta reforma también quedó a deber en el aspecto social, pues olvidó los derechos de los pueblos, así como una de las promesas del Presidente Andrés Manuel López Obrador: la prohibición del fracking, aseguraron más de 40 organizaciones que conforman la Alianza Mexicana contra el Fracking.
“En esta iniciativa de reforma que presentó el Ejecutivo y aprobaron los diputados se pierde una oportunidad de modificar aquellos artículos de la Ley de Hidrocarburos que se creó en 2014 y que han venido violando los derechos humanos de pueblos indígenas y campesinos”, dijo en entrevista Itzel Silva, abogada e investigadora en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de la organización Fundar.
Para la Alianza Mexicana contra el Fracking, esta reforma hubiera sido una oportunidad para transformar las promesas del Gobierno en hechos, pero en cambio se presentó un proyecto que sólo velaba por la soberanía de Pemex y conservó en la Ley disposiciones establecidas en la Reforma Energética de Peña Nieto que promueven los intereses de las empresas petroleras nacionales y extranjeras por encima de los derechos de las poblaciones locales y comunidades afectadas por los proyectos.
La iniciativa tiene como eje central devolver a la estatal Pemex un mayor control de precios y echar para atrás la reforma estructural impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) en 2014. Además contiene una serie de cambios en la transportación, distribución, comercialización, venta y almacenamiento de combustibles, y abarca los sectores de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
Los defensores de esta Ley argumentan que servirá para combatir la corrupción, el saqueo y el abuso de empresas privadas, pero el sector empresarial y analistas consideran que es inconstitucional y abre la puerta a la expropiación. El debate, sin embargo, va más allá, dijeron organizaciones consultadas.
Itzel Silva, de la organización Fundar, explicó que los diputados dejaron varios artículos de la Ley de Hidrocarburos vigente que violan los derechos de las comunidades, empezando porque considera a la industria como utilidad pública, por lo que las empresas, incluyendo Pemex, pueden apelar a figuras como las servidumbres legales o la ocupación o afectación superficial necesarias para la realización de sus actividades, mientras que las personas, comunidades y pueblos se verán obligados administrativa o judicialmente a ceder sus terrenos para el desarrollo de proyectos de gas y petróleo.
Una de las promesas de campaña del Presidente Andrés Manuel López fue la prohibición del fracking, una técnica para aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo que provoca daños al medio ambiente y la salud. Pero si bien el Ejecutivo rechaza esta técnica y asegura que en su Gobierno ya no se practica, en los hechos Pemex opera tres pozos y va por seis más, denunció la Alianza Mexicana contra el Fracking.
La reforma propone que las empresas estatales tengan un papel más activo para garantizar la seguridad y soberanía energética, ya que busca devolver a Petróleos Mexicanos (Pemex) el control de precios y llevar a cabo cambios en la transportación, distribución, comercialización, venta y almacenamiento de combustibles.
La aprobación abarca los sectores de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, y buscaba tumbar la reforma estructural impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) que promovió en 2014.
De esta forma, se busca desincentivar y castigar diversas prácticas relacionadas con el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos, así como reordenar diversas actividades económicas en el sector con el objetivo de combatir la corrupción, garantizar el abasto, así como proteger la economía nacional y los ingresos que percibe el Estado.
–Con información de Guadalupe Fuentes López
