El Juez no determinó que Garduño tuviera que estar en prisión preventiva, sin embargo, si precisó que el funcionario deberá asistir cada 15 días a firmar una “asistencia” los días martes.
Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo/AP).– Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público en relación al incendio ocurrido el pasado 27 de marzo en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, y por el cual fallecieron 40 migrantes.
Luego de unas 10 horas de audiencia, el Juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón determinó que hay datos de prueba para considerar que el funcionario federal fue omiso en el cumplimiento de sus funciones.
Según la acusación formulada por los agentes del Ministerio Público de la Federación, Garduño Yáñez fue “omiso en ejercer, supervisar, proteger y dar seguridad a las personas migrantes que se encontraban en la estación migratoria el pasado 27 de marzo, pues como parte de sus funciones, él era garante de la seguridad de los migrantes”.
Garduño seguirá el juicio en libertad y en su puesto. Los fiscales habían pedido separarle del cargo desde la audiencia previa, pero el juez rechazó la petición y sólo decretó como medida cautelar que acuda periódicamente a los juzgados para firmar.
“Seguiré trabajando en el Instituto Nacional de Migración mientras no se ordene lo contrario, y estaré muy atento a las gestiones para la reparación integral de los daños”, dijo a la prensa a su salida de la audiencia en Ciudad Juárez.
La Fiscalía presentó numerosos documentos que acreditaban que una de las funciones de Garduño era salvaguardar y proteger a los migrantes y las instalaciones del instituto.
Dijeron también que había documentos que demostraban que estaba al tanto de las malas condiciones del centro de detención siniestrado, donde los migrantes estaban hacinados, sin ventilación y encerrados en una celda cuyas llaves nunca se localizaron en el momento del fuego.
Cuarenta migrantes, la mayoría centroamericanos y venezolanos, murieron asfixiados y casi una treintena resultaron heridos en el incendio del 27 de marzo en el centro de detención de Ciudad Juárez, Chihuahua, limítrofe con Estados Unidos.
Un pequeño grupo de extranjeros prendieron fuego a una colchoneta en señal de protesta, y en cuestión de segundos el humo se extendió por el dormitorio sin que ningún guardia abriera la celda para liberarlos, según puede apreciarse en las tomas de las cámaras de seguridad.
Garduño, exresponsable del sistema de prisiones de México y cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace años, ha contado hasta ahora con el respaldo del mandatario, quien le encomendó encabezar el endurecimiento de la política migratoria mexicana desde 2019 ante las presiones del expresidente estadounidense Donald Trump.
Los tribunales ya abrieron proceso penal contra un directivo del INM por los mismos cargos que Garduño y contra otros seis funcionarios por homicidio y lesiones, entre ellos el militar retirado que estaba a cargo del INM en Chihuahua.
Otros que están sujetos a proceso son un guardia de seguridad privado y el migrante que presuntamente inició el fuego, el suceso más letal de estas características en la historia de México.
