Franscisco Garduño sigue en su puesto y respaldado por el Presidente mexicano. Aunque los fiscales pidieron separarle del cargo, el Juez lo rechazó.
CIUDAD DE MÉXICO (AP).— Un Juez deberá decidir el domingo si abre juicio o no al máximo responsable de la agencia migratoria mexicana acusado de ejercicio ilícito del servicio público y omisión en sus obligaciones que llevaron a la muerte de 40 migrantes durante el incendio de marzo en un centro de detención de Ciudad Juárez, en el norte del país.
La Fiscalía presentó numerosos documentos que acreditaban que entre las funciones de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), estaba el salvaguardar y proteger a los migrantes y las instalaciones del Instituto sin perjuicio de que lo hicieran también sus subordinados.
También dijeron que había documentos que probaban que Garduño conocía las malas condiciones del centro de detención siniestrado, donde los migrantes estaban hacinados sin ventilación y encerrados en una celda cuyas llaves nunca se localizaron en el momento del fuego.
Cuarenta migrantes, la mayoría centroamericanos y venezolanos, murieron asfixiados y casi una treintena resultaron heridos en el incendio del 27 de marzo en el centro de detención de Ciudad Juárez, Chihuahua, junto a la frontera con Estados Unidos.
Un pequeño grupo de extranjeros prendieron fuego una colchoneta en señal de protesta y en cuestión de segundos el humo se extendió por el dormitorio sin que ningún guardia abriera la celda para liberarlos, según quedó constatado por las cámaras de seguridad.
Los tribunales ya abrieron proceso penal contra un directivo del INM por mismos cargos que Garduño y contra otros seis funcionarios por homicidio y lesiones, entre ellos, el militar retirado que estaba a cargo del INM en Chihuahua.
También están procesados un guardia de seguridad privado y el migrante que presuntamente inició el fuego, el suceso más letal de estas características de la historia de México.
