Desde la extradición de César Duarte a la fecha, han ocurrido diversos episodios en torno al exmandatario priista, quien ha sido ingresado al menos tres veces al hospital y ha solicitado el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria, petición que ha sido rechazada. Además, fue absuelto de delitos administrativos. Además, a lo largo de su proceso penal, uno de los cómplices de Duarte, Antonio Tarín, se suicidó, y uno de los exfiscales que lo investigó y acusó fue detenido por la Fiscalía de Chihuahua.
Ciudad de México, 30 abril (Sin embargo).- Al menos tres ingresos al hospital, el encarcelamiento del exfiscal que lo investigó y lo acusó, el suicidio de una de sus piezas clave en la trama de corrupción, la absolución de procedimientos administrativos en su contra y dos amparos rechazados, son algunos de los episodios que rodean al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, los cuales han generado controversia y atención mediática desde que fue extraditado hasta el inicio de su audiencia intermedia, que es el paso previo al inicio de su juicio oral.
La mañana del lunes pasado se desarrolló audiencia intermedia contra el exgobernador Duarte Jáquez, quien participó por videollamada ya que fue internado por tercera vez en un hospital privado y de alto costo en la capital de Chihuahua.
Esta audiencia intermedia es la tercera que se ha programado, ya que se había previsto para principios de mes, pero la Fiscalía General del Estado solicitó su reprogramación debido a que la defensa presentó pruebas en un dispositivo de almacenamiento USB con 160 archivos digitales, de los cuales la mitad no se pudieron abrir.
De acuerdo con periódicos locales, la defensa ha argumentado que buscará la presentación de al menos 3 mil testigos, algunos de los cuales ya han fallecido, lo que ha sido considerado por el Ministerio Público como una maniobra dilatoria.
César Duarte Jáquez ha sido señalado por diversos cargos de corrupción, como el presunto desvío de mil 200 millones de pesos del erario público durante su mandato como gobernador de Chihuahua, lo que resultó en 20 denuncias presentadas por la Fiscalía General del Estado y una más desde la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
Según las imputaciones de la Fiscalía General de Justicia, a cargo en ese entonces de César Peniche, en el Gobierno del panista Javier Corral Jurado, los millones de pesos federales destinados a programas para beneficiar a los chihuahuenses habrían ido a parar a las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2016.
El exgobernador fue detenido en Miami, Florida, en julio de 2020 y extraditado a México. A pesar de que tenía 21 órdenes de aprehensión en su contra, fue procesado solo por el delito de cohecho por un monto de 96 millones 665 mil pesos del erario que fueron destinados a causas particulares, en complicidad con funcionarios de su Gobierno entre 2011 y 2014.
El dinero supuestamente desviado por el exmandatario de Chihuahua fue destinado a negocios particulares, compra de bienes inmuebles, pago de servicios no prestados, entre otros, en empresas fuertemente ligadas al exgobernador como la Unión Ganadera División del Norte o la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) Financiera División del Norte.
Su vinculación a proceso se realizó el 9 de junio de 2022 por el Juez Humberto Chávez Allende, quien después de 12 horas de audiencia vinculó a proceso penal al exgobernador por los delitos de peculado y asociación delictuosa. El Juez dio un plazo de seis meses al Ministerio Público para el cierre de la investigación y confirmó que el exmandatario se mantendrá en prisión preventiva como medida cautelar.
Desde la extradición de César Duarte a la fecha han ocurrido diversos episodios en torno al exmandatario priista. Durante estos 10 meses, Duarte ha sido ingresado al menos tres veces al hospital y ha solicitado en al menos dos ocasiones el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria, petición que ha sido rechazada. Además fue absuelto de delitos administrativos. Durante este proceso, uno de los cómplices de Duarte, Antonio Tarín, se suicidó y uno de los exfiscales que lo investigó y acusó fue detenido por la Fiscalía.
Mientras tanto, dos personajes que han sido señalados como sus cercanos a Duarte recibieron cargos en la administración pública. César Jauregui Moreno, fue nombrado Fiscal General de Chihuahua, y Carlos Salas – quien fue Fiscal en la gestión duartista– fue instalado en la Fiscalía Zona Norte.
El activista Jaime García Chávez ha acusado que las autoridades de Chihuahua desde hace meses están preparando el camino para la liberación de Duarte Jáquez, pues acusó que la actual Gobernadora panista, María Eugenia Campos, ha allanado el camino para que no sea sentenciado por corrupción.
«María Eugenia Campos, como está también en medio de esta corrupción por las prebendas que recibía por parte de César Duarte, pues ella está interesada en que, liquidando el tema mayor, quedaría limpia. Podemos apostarle poco a la justicia, esto lo hemos venido diciendo desde hace mucho, porque el sistema de corrupción e impunidad que aún prevalece en el país tiene en el déficit legislativo, en materia penal, la herramienta principal para que los corruptos puedan estar evadiendo permanentemente la justicia cuando hay alguna pretensión de hacer justicia. En ese sentido, el panorama político es propicio para la impunidad», afirmó el activista chihuahuense en entrevista con SinEmbargo.
LOS INGRESOS AL HOSPITAL
El primer ingreso de Duarte en el hospital se registró el 25 de junio, pocos días después de ser detenido y recluido en el Cereso Estatal de Aquiles Serdán. En ese momento, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmó que lo trasladaron al hospital privado Cristus Muguerza, donde se sometió a un procedimiento laparoscópico para colocar una malla en una hernia inguinal derecha.
De acuerdo con las autoridades, el doctor José Luis Ortiz Rodríguez evaluó la salud del exfuncionario y prescribió la cirugía, por lo que ordenaron su traslado.
El 12 de septiembre, Duarte Jaquez salió de nuevo del penal para someterse a una cirugía en las cervicales en el hospital privado Star Médica. Le pusieron un injerto óseo para fusionar la columna vertebral, lo que requería un tiempo de recuperación de dos a tres semanas aproximadamente. Se esperaba que el exmandatario siguiera en ese hospital privado, pero 11 días después, debido a que no pudo continuar en ese lugar, se solicitó al juzgado que le permitiera ser trasladado del nosocomio privado al hospital universitario “Dr. Jesús Enrique Grajeda Herrera”, donde estuvo internado hasta el 1 de octubre del año pasado.
A finales del mes pasado, trascendió en medios locales de Chihuahua que el exgobernador presuntamente había sufrido un infarto, pero las autoridades estatales solo confirmaron que había sufrido complicaciones cardiacas, las cuales habrían sido atendidas en el mismo Cereso 1 de Aquiles. Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) aseguró que las complicaciones no fueron un infarto.
El domingo 23 de abril (un día antes de su audiencia), Duarte Jáquez fue trasladado nuevamente al hospital privado debido a problemas de insuficiencia cardiaca y presión arterial alta. La Fiscalía estatal confirmó que lo trasladaron porque su presión arterial alcanzó los 180, lo que indica una crisis hipertensiva. Además, presentaba náuseas, vómitos y un fuerte dolor en el pecho, por lo que el personal médico del Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) número 1, ubicado en el municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua, autorizó y realizó su traslado.
ABSUELTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS
César Duarte enfrentaba, además del proceso penal por el que fue extraditado, siete procesos administrativos en su contra, de los cuales en cinco de ellos ya fue absuelto. El 3 de diciembre del año pasado, las autoridades confirmaron que la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua absolvió al mandatario en un expediente abierto en su contra por presunto peculado de 6 millones de pesos.
La Secretaria de la Función Pública del estado de Chihuahua, María de los Ángeles Álvarez Hurtado, informó en su momento que los procesos administrativos que inició la administración de Javier Corral Jurado en 2019, quedaron prescritos, tras el lapso de tres años, es decir que prácticamente quedan sin efecto alguna investigación, porque por años no lograron avanzar en su investigación y se mantuvieron en “resguardo”.¡
La funcionaria estatal insistió en que la actual administración de María Eugenia Campos Galván y ella como titular de la Función Pública en el Estado, no cuentan con responsabilidad sobre la prescripción que tuvieron esos expedientes, ya que aseguró que durante la administración de Javier Corral estos expedientes quedaron estancados, por motivos desconocidos hasta que finalmente “caducaron”, explicó.
Juan Carlos Mendoza, abogado de César Duarte, explicó en su momento que su representado fue notificado 14 de noviembre de las últimas tres absoluciones.
“Duarte solo está enfrentando un procedimiento penal por la causa 3041/2019 y tiene pendientes dos procedimientos administrativos, uno de ellos es igual que el que se está llevando por la vía penal. Esos procesos administrativos son exactamente iguales, son los mismos hechos que están en las causas penales y por el cual fue señalado como imputado. Se trata de procedimientos administrativos que empezaron a imponerse contra Duarte en el año 2019, luego de que la Fiscalía empezó a advertir que no iba a haber manera —por todas las irregularidades y violaciones al debido proceso— de sostener esa acusación. En esos cinco (procedimientos administrativos) se resolvió que no hay responsabilidad administrativa por parte del licenciado César Duarte”, dijo su abogado defensor en una entrevista con SinEmbargo.
El abogado de Duarte también dijo que durante el juicio oral buscarán incorporar como pruebas la absolución de los procedimientos penales, con lo cual están muy esperanzados a que esto le dé la libertad, así como también la absolución.
PERSONAJES CLAVE
En la historia de corrupción que se le atribuye al exgobernador de Chihuahua, hay varios personajes clave, incluyendo funcionarios públicos y empresarios. Algunos de ellos ya han sido procesados y sentenciados, mientras que otros han fallecido. Uno de los actores fundamentales en la trama, Antonio Enrique Tarín García, fue encontrado muerto el pasado 7 de abril. Él fue uno de los principales operadores del exgobernador de Chihuahua en el desvío de millones de pesos de recursos públicos y se le consideraba una pieza clave en el caso que pronto será sometido a juicio.
Tarín García desempeñó distintos cargos públicos durante la administración duartista, primero como director de Administración y Finanzas del Instituto Chihuahua de Salud y luego como presidente del Comité de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda estatal. Fue en este último cargo donde se le señaló como responsable del desvío de 2.4 millones de pesos del erario, delito por el que fue sentenciado a seis años de prisión. Además, enfrentaba otras ocho causas penales, incluyendo una del fuero federal.
Pero, por otra parte, hay personajes que fueron importantes y clave para la detención de Duarte y que enfrentaron episodios polémicos. Francisco González Arredondo, quien estuvo a cargo del área de anticorrupción ordenada por Javier Corral Jurado durante su Gobierno quinquenal, fue detenido el 21 de noviembre por el delito de tortura psicológica supuestamente cometido contra varios cómplices del exgobernador.
El exfiscal especializado en materia de derechos humanos habría sido detenido frente a los ojos de su padre, Francisco González Vázquez, quien falleció al día siguiente a causa de un paro cardíaco, aunque desde la detención del exfuncionario ya presentaba complicaciones en su salud.
Carlos Torres, abogado del exfiscal que estuvo a cargo de la “Operación Justicia para Chihuahua”–la investigación contra César Duarte y su red– dijo el 23 de noviembre en entrevista para Aristegui En Vivo que el padre de Francisco González Arredondo padecía hipertensión, aunque su estado de salud empeoró hasta sufrir un infarto que le provocó la muerte.
Tras la captura, el exgobernador Javier Corral Jurado acusó a la actual mandataria de Chihuahua, María Eugenia Campos, de ordenar el arresto de un exfuncionario que tenía a su cargo una investigación de corrupción que la involucraba. “Fue detenido por la Fiscalía de Chihuahua el excoordinador de la Operación Justicia para Chihuahua, Francisco González Arredondo, acusado del delito de tortura psicológica, cometido supuestamente en contra de varios de los cómplices de César Duarte”, dijo Corral Jurado en un mensaje en sus redes sociales.
Corral Jurado aseguró en ese momento que Maru Campos fue beneficiaria de sobornos cuando fue legisladora y en tiempos en los que César Duarte Jáquez, hoy detenido en Chihuahua, era el gobernador. Por su parte, Campos afirma que el exgobernador intentó inculparla de corrupción para imponer como candidato del PAN al Gobierno chihuahuense a Gustavo Madero, cercano a él. Corral dice que Campos utiliza su posición para defender a Duarte Jáquez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En marzo pasado, un juez federal ordenó que el exfiscal Francisco González continuara en libertad durante el proceso en el que se le acusa de haber torturado psicológicamente a cómplices de actos de corrupción de Duarte.
Para justificar su retractación, ahora se dicen “torturados”. Es una perversidad política y una brutal ruptura del Estado de Derecho que con base en ello se le detenga. Que caro le está saliendo a Chihuahua el empeño de María Eugenia Campos por tratar de lavarse la cara.
— Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) November 21, 2022
SUS CERCANOS AHORA EN LA FISCALIA
La presencia de dos personajes relacionados con el exgobernador César Duarte, en la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua ha generado controversia y críticas en la opinión pública. Se trata de César Jauregui Moreno, actual Fiscal de Chihuahua, y Carlos Manuel Salas, nuevo Fiscal de Distrito Zona Norte.
El 25 de enero pasado, el Congreso de Chihuahua, de mayoría panista, ratificó a César Jáuregui Moreno como el nuevo Fiscal General del Estado, a pesar de su implicación y acusaciones de participación en el esquema de la «nómina secreta» de César Duarte Jáquez y cuestionamientos sobre su cercanía con el Ejecutivo.
César Jauregui no solo ha sido señalado como parte de la red de corrupción de César Duarte, sino que él mismo habría reconocido haber recibido recursos públicos del exgobernador y haber enviado a Maru Campos a recoger ese dinero cuando ambos estaban en el Congreso durante el periodo 2014-2016.
En enero de este año, el diario El País publicó partes de la declaración ministerial en la que Jáuregui reconoció en 2019 haber recibido dinero público de Duarte e incluso reveló que la ahora gobernadora Campos, que en ese entonces era diputada del PAN, era la encargada de recoger los recursos.
«Encomendé a la Lic. María Eugenia Campos Galván, vicecoordinadora del grupo parlamentario, que me apoyara tanto en los trabajos de apoyo social como en la representación de la coordinación a mi cargo, a efecto de que facilitara la recepción de los recursos que el Ejecutivo del Estado debía dar a través del órgano hacendario de referencia. La entrega de dicho recurso por parte del poder Ejecutivo era sistemática, mensual y regular […]. Cada vez que la Lic. Campos Galván acudía ante la Secretaría de Hacienda a recibir el apoyo correspondiente, debía firmar el recibo de entrega que se le requería para la recepción del numerario», dijo Jáuregui según el diario español.
De acuerdo con el medio español, «ambos (Jáuregui y María Eugenia Campos) fueron acusados por la Fiscalía de beneficiarse de los sobornos de Duarte, pero solo Campos fue llevada ante un juez en 2021 porque los recibos de pago presentados como evidencia fueron firmados exclusivamente por ella».
Por otra parte, ya en su cargo como Fiscal General del Estado, César Jauregui nombró a Carlos Manuel Salas, quien también participó en la administración de César Duarte, como Fiscal Zona Norte para coordinar y dirigir los trabajos de investigación y procuración de justicia en los cuatro municipios chihuahuenses que comprenden la región norte del estado.
Carlos Manuel Salas fue el primer Fiscal de César Duarte, pues estuvo a cargo de la FGE desde 2010 a 2013. El ahora Fiscal de la Zona Norte fue investigado en 2013, durante el mismo sexenio de César Duarte, luego de una denuncia presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por omisiones cometidas por policías y el propio exfiscal del Estado en el caso del asesinato de Marisela Escobedo y la detención de uno de sus presuntos homicidas, José Enrique Jiménez Zavala, alias «El Wicked», hoy fallecido.
De acuerdo con información que publicó el periódico local El Diario de Juárez a inicios de 2014, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, encabezada en ese entonces por Jorge González Nicolás, tenía una carpeta de investigación en contra de Carlos Manuel Salas y otros funcionarios por presuntos delitos relacionados con el caso de Marisela Escobedo Ortiz, activista que fue asesinada en diciembre de 2010.
La investigación se abrió después de que se presentara una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero, según la información disponible, la investigación no trascendió más allá de lo que se reveló en ese momento. La averiguación previa señalaba que Salas y otros funcionarios no habrían realizado las diligencias necesarias para detener a los responsables del asesinato de la activista.
RESOLUCIONES A NIVEL FEDERAL
Aunque algunos episodios a nivel estatal parecieran dar un buen panorama al exmandatario estatal, otras resoluciones emitidas a nivel federal no han sido favorables para su entorno. Entre ellas, destaca la negativa de amparos al exgobernador y una multa impuesta al PRI por el desvío de recursos.
El 3 de octubre del año pasado se dio a conocer que un juez federal rechazó otorgar dos amparos a César Duarte. Uno de los amparos rechazados implicaba la anulación de la vinculación a procesos; mientras que otro buscaba evitar la prisión preventiva justificada como medida cautelar. Su defensa argumenta que dicha medida constituiría una pena anticipada.
En tanto que, apenas el pasado 29 de marzo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó multar con más de 97 millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por aceptar desvíos de César Duarte Jáquez para favorecer al tricolor.
De acuerdo con la resolución del INE, los desvíos ascendieron hasta 39 millones de pesos a través de triangulaciones durante el 2015. El organismo electoral concluyó que el partido actuó con dolo, con la intención de «engañar a la autoridad y de evadir la fiscalización».
La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE documentó la triangulación de 39 millones 166 mil pesos que salieron de la Secretaría de Hacienda local durante la administración de Duarte y que fueron entregados al Comité Estatal del PRI en Chihuahua. El partido los usó para el pago de nóminas de los 65 comités municipales, cubrir los gastos ordinarios del partido, dispendio de apoyos a deportistas para acudir a eventos nacionales e internacionales, y otorgar subvenciones para personas que padecían alguna enfermedad.
