Durante 2020 se registraron un millón 629 mil 211 nacimientos. De éstos, cinco mil siete madres, que corresponde al 0.3 por ciento del total, declararon tener menos de 15 años al momento del nacimiento de su hijo, reportó el INEGI en septiembre pasado.
Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo).- El embarazo infantil sigue siendo una problemática en México que, más allá de involucrar cuestiones de salud pública, conlleva a otros delitos más graves, relacionados con la violencia sexual a la que están expuestas las niñas, que en muchos casos están involucrados familiares de las víctimas, así como con matrimonios forzados, principalmente en comunidades rurales del país.
El 26 de abril, el Periódico Central de Puebla dio a conocer el caso de una niña de ocho años fue atendida en el hospital de la Mujer de Tehuacán porque estaba embarazada, hecho que al parecer ocurrió el año pasado, por lo que actualmente se desconoce el estado de salud de la menor.
Del hombre que abusó de la niña de ocho años no se tiene ningún dato, sólo se sabe que logró escapar. Tampoco se tiene mayor información sobre si los padres de la pequeña, en su momento, presentaron alguna denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Pero este no es un caso aislado, desde el 2020, el Consejo Nacional de Población (Conapo) advirtió que “la fecundidad forzada en niñas y adolescentes de 10 a 14 años iba en aumento”, señaló Gabriela Rodríguez Ramírez, Secretaria General del Conapo, el 24 de septiembre de 2020.
Pese a que se tiene conocimiento de estos casos, en México no existe un registro oficial que contenga el número exacto de niñas de 10 años, o menos, a 14 años que hayan sido madres en los últimos años. Lo que para el especialista en derechos de la infancia y poblaciones callejeras, Juan Martín Pérez García, tiene que ver con que existe “un subregistro de estos casos”.
En entrevista con SinEmbargo, Pérez García explicó que “no tenemos una cifra que nos permita decir cuánto ha incrementado, cuánto ha disminuido [el embarazo infantil], porque hay un subregistro”.
“Muchas de estas cosas no llegan a ser denunciadas porque las familias lo resuelven y generalmente los agresores los resuelven en los contextos comunitarios”, agregó, y detalló que este tipo de prácticas muchas veces son parte de “las prácticas tradicionales nocivas en los pueblos originarios, [en las que participan] parteras y demás, que no llegan al sistema de salud”.
“Cuando sabemos de estos casos es porque llegan al sistema de salud, y por ley están obligados a denunciar”, subrayó el especialista, quien enfatizó que la obligación de informar sobre estos es del “sistema DIF, que está en una profunda crisis institucional, a través de sus procuradores de protección son las obligadas de identificar a estas niñas en una condición de riesgo para poder restituir esos derechos y mantenerlos en una condición de protección”, ahondó.
Subrayó que “los datos [sobre embarazos infantiles] tienen que ser oficiales, porque cualquier otro dato puede generar o una impresión escandalosa o una condición de poca valoración de lo que está sucediendo, y lo central es que esta información tiene que ser pública, desagregada y que esos datos ayuden a tomar decisiones. Por ello, es que el dato es que no hay dato, el problema es que hay subregistro y lo más grave es que no hay una respuesta institucional articulada que nos permita frenar esto, identificar a las víctimas, porque hay que asumir que estas niñas son víctimas, para poder restituir derechos”.
El Ipas México, una organización sin fines de lucro, también destacó en un informe publicado el 4 de agosto de 2020, que existe “escasa información sobre fecundidad de un grupo que tradicionalmente no se incluye en las encuestas: las niñas y adolescentes menores de 15 años”, pero “según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), América Latina y el Caribe es la única región del mundo en la que los partos en menores de 15 años se han incrementado”.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que de 2015 a 2020 hubo una reducción en los índices de natalidad en los últimos siete años, ya que de 198 mil 426 madres de entre 12 y 17 años que se registraron en 2015, en 2020 hubo 153 mil 485, una reducción del 22.6 por ciento. Sin embargo, estas cifras no significan que no se hayan presentado embarazos en menores de 12 años de edad, como la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) refiere en su documento Embarazo y maternidad de niñas y mujeres adolescentes en México, publicado el 31 de enero de 2022.
Inegi publicó el 23 de septiembre de 2021 el reporte Características de los Nacimientos Registrados en México durante 2020, el cual señala que en dicho año se registraron un millón 629 mil 211 nacimientos, de los que cinco mil siete madres, que corresponde al 0.3 por ciento del total, declararon tener menos de 15 años al momento del nacimiento de su hijo, sin especificar las edades de las madres.
Al respecto, Tania Ramírez, Directora Ejecutiva de la la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), comentó a SinEmbargo que “el censo [del Inegi] no recaba información sobre madres de menos de 12 años, sin embargo, las estadísticas de natalidad que maneja el Inegi tiene registros de madres desde los 10 años de edad. Tenemos el número y el cálculo entre los 12 y los 17, pero eso [el embarazo infantil] puede presentarse desde los 10 años de edad, lo cual es muy preocupante porque a los 10 años no se ha ni siquiera concluido el ciclo de educación primaria”, como sucedió con el caso de la niña en Puebla, de quien se desconoce la identidad.
En conferencia de prensa en el marco del Día Nacional para Prevención del Embarazo en Adolescentes, el 24 de septiembre de 2020, Gabriela Rodríguez Ramírez, Secretaria General del Conapo, destacó que el embarazo en menores de 14 años se encuentra ampliamente relacionado con casos de violencia sexual, en los que en muchas ocasiones las personas agresoras son familiares, así como con matrimonios y uniones forzadas, situación que de acuerdo con diversas organizaciones internacionales se incrementó durante la pandemia por COVID-19.
Pérez García coincide al señalar que “los embarazaos tempranos son una expresión de la violencia sexual que están vinculados con una lógica de abuso sexual, de acoso, de uniones tempranas”. “El rango de 10 a 14 años de edad, claramente es una violación, no se puede de ninguna manera justificar como un tema de consenso, porque el cuerpo de una niña, hasta antes de los 18, no tiene condiciones metabólicas para poder dar vida a otra persona, mucho menos en el rango de 10 a 14”, añadió.
“Pensar que una niña de 10 años, muy probablemente por quedar embarazada, tenga que detener sus estudios y su desarrollo es inadmisibles”, agregó por su parte la Directora de la Redim, quien enfatizó que “a los 10 años de edad, ni siquiera los cuerpos de las mujeres han terminado de desarrollarse plenamente, y a veces vemos a niñas muy pequeñas que ni siquiera han terminado de crecer, teniendo que cargar a hijos”.
En un documento emitido el 27 de marzo de 2020, la Organización de Naciones Unidas (ONU) alertó que las medidas restrictivas que se establecieron para contrarrestar los contagios por el nuevo coronavirus en todo el mundo eran un factor que “intensifican el riesgo de violencia doméstica”.
“Es muy probable que aumenten las tasas de violencia doméstica generalizada, como ya sugieren los informes iniciales de la policía y la línea de ayuda directa. Para demasiadas mujeres y niños, el hogar puede ser un lugar de miedo y abuso. Esa situación empeora considerablemente en casos de aislamiento, como los bloqueos impuestos durante la pandemia del COVID-19”, advirtió la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, Dubravka Simonovic.
A lo que se sumó la interrupción al acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, lo que provocó que se obstaculizara “la capacidad de las autoridades para responder a la violencia de género, en un momento en que las mujeres y las niñas necesitan más estos servicios”, advirtió el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
En tanto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef por sus siglas en inglés) el 15 de diciembre de 2020, publicó un documento que elaboró en conjunto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Oficina de la Representante Especial del Secretario General sobre Violencia contra los Niños, en el que sostuvo que las niñas, niños y adolescentes en América Latina y el Caribe eran los sectores más expuestos a las violencias en su propio hogar durante el confinamiento derivado por la pandemia de COVID-19.
Asimismo, resaltó que el incremento en denuncias por violencia contra “la mujer (que tiene una estrecha relación con violencia perpetrada contra niñas, niños y adolescentes), el aumento en el estrés y la ansiedad, el impacto económico en la niñez y adolescencia, el incremento de la actividad en línea tanto de niñas, niños y adolescentes, como de los perpetradores de violencia sexual”, señaló el documento titulado Violencia contra niños, niñas y adolescentes en tiempos de COVID-19.
A estas situaciones se sumaría la reducción de factores de protección, un elemento que contribuiría a exacerbar los riesgos de violencia, como resultado de que las autoridades tendrían una menor capacidad para detectar incidentes de violencia “debido al aislamiento físico y al cierre de actividades presenciales en instituciones educativas y centros de primera infancia, la reducción en la oferta social de los Estados y la crisis económica que ha impactado el nivel de ingresos en los hogares”.
“Claramente la pandemia desmanteló muchos de los servicios públicos, de salud, instituciones se cerraron, y lamentablemente el confinamiento a quien más afectó fue a los niños, y especialmente a las niñas. Naciones Unidas alertó desde el principio que el confinamiento iba a representar un incremento de la violencia al interior de las familias”, dijo al respecto Pérez García, y refirió que el UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas) advirtió “sobre la importancia de proteger a niñas y adolescentes que podrían ser victimas de violencia sexual, pero México no atendió absolutamente ninguna de estas recomendaciones”.
El estudio Violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto del confinamiento por la pandemia de COVID-19 en México, que elaboró ONU Mujeres en conjunto con El Colegio de México y que se publicó en diciembre de 2020, evidenció que la pandemia de COVID-19 agudizó la violencia por razón de género por la que atraviesan las mujeres en el país.
Detalló que tan solo en marzo de 2020, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó que fueron asesinadas once mujeres al día y que, desde que empezaron las medidas de confinamiento social a finales de ese mes, hubo un aumento de las llamadas de emergencia por violencia de género. Además, refirió que datos de la Red Nacional de Refugios indicaron que “en mayo del mismo año, los centros integrados a esta red ya operaban entre 80 y 110 por ciento de su capacidad”.
Entre los resultados que más destacan en estudio en el que participaron seis grupos de discusión los días 20 y 27 de julio de 2020, durante los cuales diversas organizaciones de la sociedad civil expusieron sus experiencias al atender mujeres víctimas de distintos tipos de violencias en los estados de Jalisco, Puebla, Nuevo León, Coahuila y la Ciudad de México, se encuentran que durante la crisis sanitaria por COVID-19 los casos que implican distintos tipos de violencia incrementaron “en cuanto a su frecuencia y severidad”.
“El encierro derivado de la pandemia agravó la problemática sin duda y eso lo vamos a poder contabilizar hasta la siguiente interacción del censo [del Inegi], pero lo que sí sabemos ya es que, dado que estos embarazos son en muchas ocasiones son producto de una violación, incluso si son dentro de una pareja de unión libre, también pueden ser violación”, dijo sobre esta problemática la Directora de la Redim.
“Desde muy temprano observamos que el encierro no iba dejar a salvo a las niñas y a las adolescentes, en general sabemos que las mujeres se encuentran a sus agresores en el entorno doméstico, de la pareja, de la familia, por su puesto que el encierro le imposibilito de poder librarse de este tipo de violencias y violaciones a las niñas y a las adolescentes”, añadió la experta.
Las participantes en la investigación de ONU Mujeres y El Colegio de México indicaron que otro tipo de violencia que fue a la alza durante el confinamiento fue la violencia digital, situación que “afecta principalmente a niñas, niños y adolescentes, y que puede ir desde el bullying, el acoso y el hostigamiento sexual, hasta la circulación de pornografía infantil e intentos de enganche para trata.
Además, destacaron que se presentó “una disminución de la edad de las víctimas de violencia sexual”, aunque no proporcionó una edad en específico, fenómeno que se incrementó durante el confinamiento y al que calificaron como “grave”, en el que, según las personas participantes en el estudio, los agresores serían los propios padres y otros familiares de las víctimas.
“Al explorar los factores de riesgo que pudieron haberse sumado durante la pandemia a los tradicionalmente vinculados con la violencia de género, se encontraron algunos que se generan en el microespacio doméstico, a partir de la dinámica producida por el confinamiento y la convivencia continua en pequeños espacios”, se ahondó en el estudio de la ONU Mujeres y el Colegio de México.
“Reflexionando seriamente sobre el rol de los varones al interior de las familias, sabemos que a veces son los propios padres, los tíos, los abuelos, quienes están violentando a las mujeres sexualmente y violando, que a veces tiene como consecuencia los embarazos”, afirmó Tania Ramírez.
Ante esta situación de violencia de género que empieza cada vez a una edad más temprana, el experto Pérez García consideró necesario “empoderar a las niñas, eso significa que los marcos normativos incluyan que el derecho para una vida libre de violencia de las mujeres incluya a las niñas, porque por ahora es una lógica bastante adultocéntrica”.
“Tenemos que llevar el proceso de educación sexual integral, que ya está en el Artículo tercero constitucional, a todas las escuelas, y desde edades tempranas, y esto significa que asuman decisión sobre su cuerpo, sobre su proyecto futuro y que puedan tener mecanismos de alerta y de protección cuando están siendo víctimas de acoso o violencia”, agregó.
Asimismo, opinó que se debe mantener la conversación pública sobre la problemática, ya que “la violencia sexual inicia con las niñas desde muy temprano”, y refirió el sondeo que colectivos feministas llevaron a cabo en redes sociales con el hastag #MiPrimerAcoso, con el que encontraron que el primer acoso contra las niñas empezaba entre los ocho y 10 años, por parte de hombres adultos.
“Están en riesgo por la cultura machista, pero sobre todo por la normalización de estos temas que además, 8 de cada 10 condiciones de abuso sexual, de violación, se da en contextos familiares, por eso tenemos que hablar de esta conversación en las familias, tenemos que evitar la impunidad y tenemos que empoderar a las niñas, aunque los movimientos feministas están haciendo mucho, tenemos que hacer esta conversación mucho más amplia, en las escuelas, en las comunidades, en las iglesias, y demás”, dijo el especialista.
Ramírez también se sumó a las voces que señalan que este tipo de prácticas tienen que “ver con una suerte de mezcla, que resulta muy negativa, de machismo y adultocentrismo, en el sentido de que no se reconoce que las niñas y las adolescentes son titulares de derechos y se tiende a pensar que son objetos pertenencias; le pertenecen a la familia, le pertenecen, cuando se casan, al marido, ahí está el sexismo, el machismo, esta mezcla tóxica puede darle un estándar de permisibilidad a los varones mayores de cosificar a las mujeres, de pensar que son objetos de posesión y una de las materializaciones de esa sujeción de posesión tiene que ver con el uso de la propiedad a través del sexo”.
Respecto a las alternativas que las niñas tienen para protegerse, dijo Pérez García consideró que “las colegas feministas están dando la pista, necesitamos que las niñas tengan una tribu, que las niñas tengan redes de protección más allá de su familia”, enfatizó, pues “es muy importante que las niñas puedan tener varios círculos de protección”, sostuvo el especialista.
“Necesitamos más círculos, su escuela, sus amigas, su tía, su prima, su vecina, entre más círculos de protección, más redes positivas, más personas vitales, estarán más protegidas, y mucho más fuertes”, concluyó Pérez García.
Mientras Ramírez dijo que “también se puede avanzar hacia el reconocimiento de la niñas y las adolescentes como sujetos de derechos, porque no son nada más propiedad de su familia, ni su vida puede ser determinada por los entornos familiares y domésticos”, además de “Denunciar y condenar ampliamente que esto suceda, abordarlo cotidianamente es algo que se tiene que hacer, esa constancia, darle visibilidad y darle acompañamiento a los casos que van conociendo y que se van denunciando”.
“Engrosar el rango de la condena social contra este tipo de prácticas, lo que ayudaría mucho, porque hay varones que se sienten respaldados, empoderados, que se sienten con la anuncia de cometer este tipo de violaciones, porque no hay una noción social de cero tolerancia, de castigo, de condena pública”, ahondó la experta.
El pasado miércoles 27 de abril, la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Penal Federal para sancionar a quien obligue, coaccione, induzca o gestione que un menor de edad cohabite en forma equiparable a la de un matrimonio, con otra persona que esté en su misma condición o sea mayor de edad.
El dictamen, que fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, establece que “las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, deberán adoptar medidas integrales para la protección de niñas, niños y adolescentes contra las prácticas nocivas de cesión a título oneroso o gratuito con fines de unión formal e informal o consuetudinaria”.
El documentó señala que al responsable de este delito se le impondrá una pena de ocho a quince años de prisión y de mil a dos mil quinientos días multa. Además, la pena se aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo, si la víctima perteneciere a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana. Las sanciones señaladas serán imprescriptibles.
El dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia menciona que a pesar de tener un marco jurídico robusto enfocado a la protección de las niñas, niños y adolescentes, subsisten prácticas relacionadas con el matrimonio infantil.
Según datos del Inegi, hasta el 2020 se registraron 335 mil 563 matrimonios, de los cuales, al menos 26 fueron con uno de los contrayentes menor de edad. Los estados donde se registraron estos matrimonios: Chihuahua con siete casos, Durango con cinco, Guanajuato y Puebla con tres, y el resto correspondiente a cuatro entidades federativas.
Al respecto, Tania Ramírez afirmó que aunque empezaron a “observar que cayó el número de matrimonios, empezó a incrementar el número de uniones libres, que hay que entrecomillar muchísimo, porque habría que analizar seriamente, sin eufemismo, que tan libres son esas uniones. Sabemos que a veces hay prácticas comunitarias en donde las hijas son vendidas, intercambiadas, son acordadas esos matrimonios por parte de personas mayores, por eso no podemos hablar de que una unión sea verdaderamente libre en ese contexto”.
La directora de Redim, señaló que cuando esta situación se observa concretamente en comunidades y pueblos indígenas, se debe recordar que, “sin criminalizar y sin menospreciar los sistemas normativos propios” de estos lugares, “los derechos a la vida, a la no discriminación, al desarrollo de un proyecto de vida digno, a ser libres de violencia, etcétera, están por encima, y no sólo garantizados constitucionalmente, sino gracias a las reformas en materia de derechos humanos”, incluso en un rango internacional.
No obstante, sostuvo que hoy por hoy no hay opciones que le brinden un mejor futuro a las niñas y a las adolescentes, o “son opciones que no estén habilitadas como derechos garantizados”, ya que el “Estado no ha terminado de generar las condiciones para garantizar el derecho al desarrollo de un proyecto de vida libre y digno para las niñas y adolescentes”, pese a que el Estado mexicano, como actor garante, tiene la obligación de proporcionar una serie de derechos humanos y de responder por las niñas y adolescentes.
Al concluir, la directora de Redim subrayó que cuando sucede alguna violación contra una niñas, “algo que pueden hacer padres y madres es recordar que la interrupción del embarazo es siempre una posibilidad que tiene que ponerse sobre la mesa, y que se tiene que dar en término de información pero también de acceso al servicio las niñas que puedan ser violadas, incluso si es en el contexto familiar, independientemente de credos o preferencias es un derecho”.
