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#EnVivo: La Cámara de Diputados se erige en Jurado para discutir el desafuero de Cabeza de Vaca

30/04/2021 - 1:49 pm

El Gobernador de Tamaulipas es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por defraudación fiscal equiparada por seis millones 511 mil 777 pesos y 57 centavos, delito que se sanciona con penas de tres a nueve años de prisión.

Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo).- El pleno de la Cámara de Diputados se erigió este viernes en Jurado de Procedencia para resolver el dictamen relativo a la procedencia del desafuero de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Durante la sesión ordinaria se discutirá si el desafuero del Gobernador de Tamaulipas procede o no. El funcionario es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por defraudación fiscal equiparada por seis millones 511 mil 777 pesos y 57 centavos, delito que se sanciona con penas de tres a nueve años de prisión.

Por su parte, Elizabeth Alcantar Cruz, representante de la FGR, dijo que el Gobernador posee propiedades en Texas y Tamaulipas a partir de prestanombres, principalmente, de su círculo familiar.

Además, la representante señaló que entre 2005 y 2010 el Gobernador ha acumulado un valor estimado de todos estos bienes que asciende a 951 millones de pesos, cifra que está por encima de los 50 millones de pesos que declaró poseer al arranque de su campaña como Gobernador.

Ante ello, el abogado de García Cabeza de Vaca, Adolfo Aguilar Sinzer, replicó que el mandatario no omitió declarar sus ingresos acumulados ante las autoridades, por lo que aseguró que la acusación es improcedente. Asimismo, reiteró su compromiso de trabajar con las autoridades.

También, el abogado defensor argumentó que los derechos a la privacidad del mandatario fueron violados al realizar una audiencia pública celebrada el 19 de marzo.

El 27 de febrero, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados inició el proceso de desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca. Ayer fue notificado del inicio del procedimiento en su contra.

La Sección Instructora aseguró que hay elementos suficientes para considerar procedente la solicitud de declaratoria de Procedencia de causa presentada por la FGR contra el Gobernador de Tamaulipas.

La declaratoria de procedencia es un procedimiento que popularmente se conoce como desafuero, por el cual la Cámara de Diputados tiene que dar permiso para juzgar a altos funcionarios del Gobierno, con el objeto de evitar que se haga un mal uso político de la acción penal.

Ayer, con votación de tres contra uno, la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados aprobó llevar al Pleno la discusión sobre el desafuero del Gobernador de Tamaulipas.

ACUSACIONES CONTRA CABEZA DE VACA

El 22 de abril, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que amplió la denuncia contra el Gobernador de Tamaulipas para reportar nuevos elementos encontrados sobre presunta delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

El titular de la Unidad, Santiago Nieto Castillo, precisó que la ampliación de la denuncia se realizó ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la FGR, para reportar los datos más recientes que se obtuvieron en Tamaulipas.

Las acusaciones en contra del Gobernador García Cabeza de Vaca surgieron a principios de marzo, cuando la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, le notificó sobre la denuncia en su contra y el proceso que se iniciaría al respecto.

Cabeza de Vaca compareció el 22 de marzo ante la Fiscalía de la República, en calidad de indiciado, durante una diligencia donde negó ser responsable de los cargos de defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero.

El pasado 19 de marzo, Santiago Nieto, titular de la UIF, señaló que García Cabeza de Vaca compró inmuebles a través de dos empresas fantasma que en otras ocasiones fueron usadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero.

El Gobernador calificó las acusaciones del titular de la Unidad como una “embestida política” y un “linchamiento político”.

Entre las varias irregularidades detectadas por el organismo, Nieto destacó “una compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita”.

En 2013, Cabeza de Vaca habría recibido 14.3 millones de pesos de una sociedad financiera, que a su vez obtuvo los recursos por parte de dos empresas fantasma que actualmente tienen las operaciones congeladas por haber servido al Cártel de Sinaloa para “lavar dinero”.

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