El clima de recesión internacional y la crisis comercial por COVID-19 hacen inevitable el aumento de la deuda pública en América Latina. El endeudamiento previsto para el cierre de 2020 es 38.6 por ciento superior al de 2019, y equivale al 78 por ciento del PIB promedio de los países de la región. El problema con la deuda es cómo será utilizada por los gobiernos para incentivar la inversión, más allá de sostener el gasto corriente.
Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo).- La economía internacional no está en su mejor momento y Latinoamérica, que ha tenido poco crecimiento económico (0.4 por ciento interanual, en promedio) en los últimos cinco años, será golpeada por una crisis agravada por la pandemia de COVID-19, que presionará las finanzas de los países de la región, obligándolos a buscar fondos adicionales para reactivar su economía y solventar sus gastos de operación, advierten organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
América Latina ha tenido varios episodios de endeudamiento a lo largo de su historia. Uno de los más recientes y más graves ocurrió entre 1982 y 1995, durante el periodo conocido como la “década perdida”.
Fueron años en que algunos países duplicaron sus deudas interna y externa. Fueron años de prueba y error en que Latinoamérica se dio cuenta de que subsanar el déficit presupuestario y la estabilidad macroeconómica con dinero prestado no funciona si los incentivos económicos, en lugar de fortalecer la productividad, generan una estabilidad pasajera que se desboca cuando el dinero se acaba, generando altos niveles de inflación por el aumento del consumo, con un proceso posterior de estancamiento y recesión, con efectos económicos más devastadores que al inicio de la crisis.
Para evitar que la inyección de capital vía deuda genere un incremento insostenible del consumo, la única posibilidad “es destinar la mayor parte de los recursos financieros disponibles a inversión real, a fin de que permitan ampliar la futura capacidad de pago de las economías; de lo contrario, la estabilización no puede dejar de ser transitoria”, se lee en el libro América Latina y el Caribe quince años después. De la década perdida a la transformación económica 1980-1995 de la Cepal.
A pesar de la crisis y el endeudamiento actual, que reducirá el espacio fiscal y agravará las desigualdades socioeconómicas en los países, América Latina vive una situación muy diferente a la observada hace casi 40 años, sobre todo porque la inflación y el estado de los sistemas financiero y fiscal en la región gozan de estabilidad y solidez relativas, salvo en casos excepcionales como Venezuela, por mencionar un ejemplo.
Las cifras del FMI indican que al cierre de 2020, la deuda pública promedio de los gobiernos de América Latina podría ser equiparable al 78 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB). Esta proporción es 38.6 por ciento superior al endeudamiento estimado en 2019, y superior a las proyecciones anteriores que indicaban que la deuda promedio equivaldría al 65.1 por ciento del PIB de los países latinoamericanos.
Las deudas de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Nicaragua y Uruguay son las que más podrían aumentar como proporción de sus respectivos PIB’s, con variaciones de 22 a 13 por ciento, según cada caso. En México, por ejemplo, el endeudamiento será de entre 53.1 y 61.4 por ciento del PIB, dependiendo de la contracción de la economía, que este año podría caer entre 6.5 y 7.6 por ciento en comparación con 2019, de acuerdo con las cifras y proyecciones del Banco Mundial, la Cepal y el FMI.
La experiencia latinoamericana durante la década perdida ofrece varios escenarios para sacar adelante a la región.
Uno de ellos implica el uso de la deuda para rescatar al sector privado, sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas, a través de créditos e inversiones que permitan incentivar la economía, impedir el aumento de las tasas de desempleo y el recorte del poder adquisitivo de la fuerza laboral.
Para que esta medida surta un mejor efecto, Cepal recomienda que haya reducciones en la tasas de encaje legal. Esto significa que los gobiernos reduzcan el porcentaje de dinero que las instituciones bancarias deben de mantener (por ley) bajo reserva para regular y proteger la política monetaria, con el objetivo de aumentar el número de recursos que pueden ser utilizados para otorgar créditos, de modo que el consumo aumente y el PIB se vea beneficiado.
Junto con esta línea de asistencia, es importante que haya también procesos de reestructuración de las carteras de crédito y diferimiento en los pagos de los deudores. Sin embargo, debe de haber control de créditos a largo plazo para evitar un excesivo pago de intereses, además de concentrar la inversión en áreas productivas estratégicas, con diversificación de la economía, para evitar la dependencia de algunos productos básicos y generar mayor inflación, al mismo tiempo en que se agrega valor a otros bienes y servicios de consumo.
A corto plazo, Cepal y el FMI recomiendan “canalizar recursos hacia medidas urgentes” y coordinar a los sectores público y privado, para “garantizar que los recursos inyectados en estas situaciones sean canalizados a los hogares y a los sectores productivos con la condición de preservar el ingreso y el empleo”, más allá de los subsidios necesarios que, en términos prácticos, sostienen la economía pero no generan producción real.
Esto en un contexto en que las cifras del Fondo indican que en 2020, la tasa de desempleo en América Latina será de 9.5 por ciento de la población económicamente activa (PEA). Algo no visto desde 2004, cuando la tasa en la región fue igual a la que podríamos ver al cierre de este año.
Con la productividad en vilo y el desempleo a todo lo que da, la Cepal calcula que las poblaciones en situaciones de pobreza y pobreza extrema crecerán 4.4 y 2.5 por ciento, respectivamente. Ello implica que al final de 2020, América Latina tendrá casi 30 millones de nuevos pobres.
DÉFICIT EN LATINOAMÉRICA
Después de la década perdida, hubo países que cayeron en otra crisis económica por las medidas implementadas. En 1994, México se enfrentó al denominado “efecto tequila”, causado por el uso excesivo de reservas internacionales (o del dinero para hacer transacciones en el extranjero) y por las medidas aplicadas a partir de la entrada en vigor, ese mismo año, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
“El incremento de los pasivos externos, el elevado déficit en cuenta corriente y la dependencia del flujo de capital de corto plazo para equilibrar las cuentas macroeconómicas fueron configurando en 1994 un entorno financiero sensible al clima de marcada incertidumbre política. Esto se vio agravado por una política monetaria expansiva, en un contexto de pérdida de reservas y de leve desajuste en el sector público”, refiere Cepal.
La experiencia del también llamado “error de diciembre” demostró que en México y en América Latina no basta la inyección de dinero sin una base sólida de programas de estabilización económica.
Aquél episodio dejó en claro que la supresión de la inercia inflacionaria y la orientación de las expectativas de los inversionistas por parte del gobierno –a través de tasas de interés, agregados monetarios y manejo del tipo de cambio– sólo funciona si hay un proceso de saneamiento del presupuesto público a través del fortalecimiento de la política fiscal (o recaudación de impuestos) y del manejo de la solvencia del sistema financiero público y privado.
“Si la apertura financiera es muy brusca y se produce un ingreso masivo de capitales, el déficit en la cuenta corriente puede asumir proporciones que afecten severamente el equilibrio macroeconómico, además de ser insostenible en el mediano plazo. A esto se suma una presión al alza del precio de los activos internos —tierra, propiedades y acciones—, cuyo ‘efecto riqueza’ estimula el consumo e incrementa el déficit. Todo esto acentúa el riesgo […] ante lo cual la corriente de capital tiende a invertirse, lo que provoca una profunda recesión […]. En este sentido, hay bastante coincidencia en que la apertura de la cuenta de capitales debe ser progresiva”, indica Cepal.
Para la Comisión, el problema no sólo es que un país impulse su economía con la contracción de mayor deuda, sino que los recursos empleados para invertir y mantener a flote el gasto gubernamental sean productivos y generen rendimientos que impliquen un cierto nivel de ahorro por eficientar el uso del espacio fiscal.
“Si el sector público no ahorra esos recursos de origen cíclico y, por el contrario, los destina a gastos corrientes, se producirá un desajuste con respecto a los rubros menos variables del presupuesto; por lo tanto, el sector público se verá obligado a un costoso ajuste en su nivel de gasto, una vez que la entrada de recursos recupere sus valores tendenciales”, refiere el organismo internacional.
Lo anterior cobra especial relevancia considerando que el déficit presupuestario de los gobiernos de América Latina para 2020 será 78 por ciento superior al de 2019. Los estimados del FMI indican que este año, el promedio de los países de la región tendrá un déficit presupuestario equiparable al 5.5 por ciento de sus respectivos PIB’s, mientras que el año pasado el déficit fue de 3.1 por ciento. Esta caída sería la más abrupta de los últimos 25 años.
En el caso de México, el Fondo prevé un déficit de hasta 4.2 puntos del PIB nacional. Es decir, una caída de 147.1 por ciento, considerando el déficit real de 1.7 por ciento para 2019, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Para la Cepal, el déficit de la cuenta corriente de un país es un indicador de la “sustentabilidad del equilibrio macroeconómico en economías abiertas”, siendo que “no se considera inquietante cuando es moderado (de -1 a -2 por ciento del PIB) o sustentable con ingresos de capital de largo plazo. Tampoco es grave cuando no sustituye al ahorro nacional, sino que lo complementa y se refleja más en un incremento de la inversión que del consumo, y cuando está bien invertido en transables que realzan la capacidad de pago”.
Éste último punto es importante, considerando que la capacidad de ahorro y el gasto de capital (o de inversiones productivas e infraestructura) en algunos países latinoamericanos ha ido en declive en los últimos años. Tal es el caso de México, donde el ahorro corriente del Gobierno federal pasó de 1.5 a -0.6 por ciento del PIB, entre 2017 y 2019, y donde el gasto de capital como proporción del PIB resintió un descalabro de 96.7 por ciento entre 2016 y 2019, al pasar de 5.9 a tres puntos del PIB.
Ante la creciente falta de recursos para sostener la operación de los gobiernos centrales y sus inversiones, se hará inevitable el endeudamiento. Esto en momentos en que se espera que la balanza comercial de América Latina sea negativa (-2.3 por ciento) y que su PIB nominal por paridad del poder adquisitivo –que mide el tamaño de la economía considerando la relación entre la producción (ingresos) y los precios relativos de los bienes y servicios– se contraiga 4.8 por ciento, como pasó en 1982, cuando el FMI registró una caída de 4.4 por ciento en la región.
Pese a todo, algo positivo en esta situación es que más allá de la crisis económica que golpea a los países latinoamericanos, se espera un entorno relativamente estable de inflación para éste (2.4/+1 por ciento) y el próximo año (2.8 por ciento).
LA SITUACIÓN EN MÉXICO
Los gobiernos pueden optar por reducir (o no elevar) los impuestos para propiciar el consumo y generar un mayor control inflacionario, con la finalidad de incentivar el gasto y evitar una reducción del poder adquisitivo de una determinada población. Sin embargo, este tipo de política económica reduce el espacio fiscal del sector público y limita el potencial de inversión productiva. Es por ello que en ocasiones, los gobiernos implementan ajustes económicos que, a pesar de la buena intención, terminan siendo inadecuados.
Tal es el caso de medidas de recorte salarial de funcionarios públicos, la suspensión de obras y recortes en programas de inversión pública, o el atraso en el pago a empleados y proveedores gubernamentales, que de acuerdo con la Cepal, son ajustes ineficaces “porque suponen una absorción real de recursos con el único objeto de que los encargados de la gestión económica ganen tiempo”, sin que haya un impacto sostenido para reducir el déficit del gasto corriente. Es decir, un ajuste sin una verdadera reestructuración económica.
En este contexto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció recortes salariales y de prestaciones a funcionarios de alto nivel del Gobierno federal, además de un tijeretazo de 23 mil millones de dólares al gasto de gobierno. Estas fueron algunas de las estrategias adoptadas para evitar un mayor endeudamiento del país, mientras se avecina una caída histórica del PIB de al menos 6.5 por ciento, según organismos internacionales.
Pese a las medidas aplicadas desde al año pasado, en 2019 el PIB de México se contrajo 0.1 por ciento. El COVID-19 no había llegado al territorio nacional y desde entonces, el sector privado urgió la necesidad de sanar las finanzas públicas y combatir la corrupción, sin detener la inversión pública, que es un detonante de la inversión privada.
Sin embargo, el Ejecutivo federal ha tenido fricciones con la iniciativa privada. Uno de estos últimos episodios ocurrió en la semana, porque la Confederación Patronal de la República Mexicana y el Banco Interamericano de Desarrollo anunciaron créditos por hasta 12 mil millones de dólares a 30 mil micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la crisis del coronavirus en el país. De acuerdo con el Presiente AMLO, se trató de presiones para hacer lo que él no quiere: rescatar a las grandes empresas. Pero el sector empresarial reiteró que lo único que ha solicitado es que el Gobierno no recorte la liquidez para poder reactivar a los sectores productivos.
En un entorno económico en que está prevista la caída del PIB, un mayor endeudamiento y un creciente déficit presupuestario en México, además de mayores niveles de desempleo y una contracción del ahorro corriente del Gobierno federal, el sector privado ha urgido un plan para reactivar la economía y evitar la quiebra de empresas y bolsillos.
La difícil situación obligó al Banco de México (Banxico) a tomar medidas para reactivar la economía, sobre todo a través de la iniciativa privada, sin hacer uso de las reservas internacionales (cuyo excesivo uso agudizó la crisis de recesión en 1994-1995).
Como parte de las medidas, Banxico redujo la tasa de interés al 6 por ciento (para incentivar créditos) e inyectó 750 mil millones de pesos para engrasar el engranaje financiero y dotar de mayor liquidez a los agentes económicos.
De acuerdo con el subgobernador del Banxico, Jonathan Heath, México corre con el peligro de tener una tasa de desempleo de entre 7.9 y 10.7 por ciento de la PEA, además de una caída del PIB, igual o superior al de las crisis de 1994-1995 y 2008-2009.
Por su parte y a pesar de querer evitar un mayor endeudamiento nacional, el Ejecutivo federal ha optado por emitir bonos (deuda) por 6 mil millones de dólares para ayudar a “consolidar el conjunto de fuentes de financiamiento del Gobierno de México, así como garantizar los recursos para enfrentar la crisis derivada del COVID-19, operar los programas y atender cualquier adversidad futura”, además de mantener subsidios y anunciar 3 millones de créditos a la palabra para ayudar a pequeños negocios con 25 mil pesos.
Aunque la Cepal ha reconocido que algunas de las medidas adoptadas por el Ejecutivo son positivas, como en el caso de los apoyos a grupos poblacionales vulnerables, también ha referido que el Gobierno federal no debe de olvidar impulsar con mayor ahínco a la PEA de México, que asimismo sufrirá de reducciones salariales por la crisis de COVID-19.
Para la titular del organismo internacional, Alicia Bárcena Ibarra, el sector público será “lo que nos va a sacar adelante”, ya que será necesario que el Estado apuntale el ingreso de las personas y facilite la producción a través de acciones gubernamentales de la mano con el sector privado, pero con miras a trabajar con otros países, en lugar de seguir la tendencia de regionalización (o proteccionismo) de la economía que se observa a nivel mundial.
“La economía mundial vive una crisis sanitaria, humana y económica sin precedentes en el último siglo y que evoluciona continuamente. […] El Estado debe asumir actividades de planificación que generen las condiciones para sostener y después estimular la oferta y la demanda. Esto requiere capacidades y recursos públicos, e instrumentos de política que deben diseñarse en línea con las capacidades productivas de cada país, buscando preservar las capacidades acumuladas”, indica uno de los últimos informes de la Cepal.
