El Estado mexicano es omiso en la atención de menores hijos de víctimas de feminicidio, denunciaron familias, activistas y especialistas. Tan es así, resaltaron, que no hay cifras oficiales respecto a cuántos están en esta situación.

Los hijos de víctimas de feminicidios podrían desarrollar una psicopatía si no son atendidos con terapias especializadas, pues crecen enojados y ese sentimiento se ahonda cuando la impunidad impera en sus casos, coincidieron.

“Es algo que realmente destruye, es un duelo que se mantiene en constante lucha; uno de los momentos más duros, es pensar y creer que me arrancaron la oportunidad de que mi madre me abrazara, me aconsejara y hasta me regañara”, comparte en entrevista con SinEmbargo Jade García, hija de Lilia Alejandra García, asesinada en 2001.

Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo).- Jade tenía un año de edad cuando su mamá, Lilia Alejandra García Andrade, fue desaparecida, violada, asesinada y arrojada en un lote baldío de Ciudad Juárez. Era febrero de 2001.

Al igual que su hermano Caleb, Jade creció entre el dolor, la lucha por justicia y el coraje e impotencia por la impunidad: a 17 años, aún no hay castigo para quien asesinó a la madre de ambos.

“Es algo que realmente destruye a uno, es un duelo que se mantiene en constante lucha. Uno de los momentos más duros, es pensar y creer que me arrancaron la oportunidad de que mi madre me abrazara, me aconsejara y hasta me regañara”, dice Jade García, hoy convertida en una joven mujer.

Como Jade y su hermano Caleb hay miles de hijos de mujeres víctimas de feminicidio, que quedaron en total indefensión e invisibles para las autoridades mexicanas. Víctimas, activistas y especialistas acusaron que el Estado mexicano es omiso al interés superior de la niñez.

Se desconoce cuál es el universo de estos niños en México. No hay una cifra, ni aproximada, sobre cuántos menores están o crecieron bajo esta circunstancia y requieren apoyo, apuntó Sandra Soto Azúa, de la Fundación Serymar, quien a raíz del feminicidio de su hermana Serymar busca un protocolo de atención para estos infantes.

Romeo estaba por cumplir cuatro años cuando su madre, Serymar Soto Azúa, fue asesinada por su prometido en enero de 2017 en Coahuila. El menor quedó a manos de sus parientes.

Desde entonces su tía, Sandra Soto, buscó ayuda psicológica, médica y apoyo para el pequeño.

La también abogada precisó que “estos menores, huérfanos del feminicidio, víctimas olvidadas o como lo queramos llamar, no solo sufren por la pérdida de su madre”, pues también sufren múltiples duelos, hasta cuatro en los casos donde el padre es quien asesina a la mamá.

El primero y principal es el de perder a la madre con quien tienen una conexión directa desde el vientre: esa protección y seguridad afectiva queda destruida. El padre se suma al cúmulo de ausencias; así como el sentido de pertenencia a una familia, puede ser la paterna, la materna o ambas; y también -en ocasiones- se quedan sin un patrimonio.

“Muchas veces las parejas están pagando su casa cuando suceden estos hechos,  los niños se van con los abuelos u otros parientes y al existir una suspensión del pago a la vivienda, las hipotecarias reclaman esos patrimonios”, ejemplificó.

A este tipo de huérfanos, explicó la activista, se les conoce como “niños deprivados”, porque tenían una familia, patrimonio y de pronto se quedan sin nada.

Sandra logró inscribir a Romeo al programa de ayuda Seguro para Madres Jefas de Familia –en el que el Gobierno les otorga 300 pesos mensuales– ante la falta de un proyecto para los niños que requieren una ayuda especifica por la pérdida violenta de su madre.

Al toparse con este vacío institucional, optó por iniciar acciones legales en auxilio de su sobrino. En el proceso dimensionó que demás pequeños estaban en la misma situación y optó por unirse con otras familias de víctimas.

Soto Azúa ha interpuesto alrededor de 60 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en los estados de Coahuila, Chihuahua, y Estado de México, contra la Procuraduría de Niños, Niñas y la Familia a fin de que se investigue y se emitan recomendaciones oportunas con la finalidad de conocer por qué la autoridad ha tenido una inacción en proteger a niños, adolescentes y jóvenes que están en total desamparo.

La mujer busca que los menores puedan tener acceso a servicio médico de calidad, atención especializada y becas escolares.

“Esta situación no es de  forma personal sino que es para que se pueda sentar un precedente  de lo que sucede y se les  pueda dar este beneficio a los niños. Que si no existe, lo creen y si existe que lo apliquen, porque sí hay formas de que se les destine un presupuesto en el que se les pueda dar atención a estos niños, y le puedan aligerar estos duelos que ellos tienen, tanto a los hijos y a quienes están como  responsables de ellos”, resaltó la ciudadana coahuilense.

LA TORTUOSA BUROCRACIA

Si bien cada caso tiene sus particulares, la mayoría de los huérfanos se quedan en un principio con los abuelos, principalmente maternos, apuntaron Norma Andrade de Nuestras Hijas de Regreso a Casa y de Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, y Sandra Soto.

Así los abuelos se convierten en “papás” de nueva cuenta, sin embargo, en la mayoría de casos se trata de adultos mayores, personas que no tienen la misma fortaleza física para la crianza y, en un gran porcentaje, tampoco tienen la suficiente solvencia económica para ello.

“Ninguno de los familiares que conozco manifiesta rechazo en tener la custodia de los niños, pero sí viven cosas como la falta de presupuesto para atenderlo, falta de energía, y otro aspecto, es que ellos también necesitan atención psicológica”, comenta Soto Azúa.

Una de las dificultades inmediatas para los nuevos encargados del menor es el estatus sobre la custodia legal. Los niños quedan en una especie de limbo y mientras se realiza el largo juicio de patria potestad, ellos no pueden agregarlos al seguro médico o realizar otros trámites, explicó Norma Andrade,  abuela de Caleb y Jade, y quien lleva años buscando justicia para su hija y que busca llevar el caso ante las instancias internacionales.

La activista expuso su caso como ejemplo.

“Mi esposo y yo hicimos el juicio para la patria de los niños pero nos dijeron que eran hijos de una madre soltera, por lo tanto en nosotros recaía la obligación. Sin embargo, no nos dieron un papel que nos avalara esa responsabilidad y por eso no los pude registrar en el seguro social ni en el ISSSTE. Igual que yo están varias abuelas […]. Yo creo que el Gobierno debería de ver eso en automático, en lugar de hacerle trámites tan engorrosos a las abuelas”, dice.

A su vez, Sandra Soto narró que a falta de estos documentos inmediatos que acrediten a los abuelos o familiares que se quedan a cargo de los niños, se restringen algunos derechos. “Ni siquiera pueden subirse a un avión los abuelos con los niños”, comentó.

Otro problema de la custodia es que en los Códigos Civiles de las Entidades –salvo Jalisco– establecen que primero tiene el derecho a la patria potestad la familia paterna y no excluyen cuando el padre es quien mató a la madre, por lo que se dan casos en que le dan la custodia a la familia del feminicida y “entonces estos niños crecen en este ambiente donde creció quien cometió ese ilícito”, abundó Soto.

Geru Aparició Aviña, psicóloga clínica por la Universidad Autónoma de México (UNAM), coincidió en lo anterior y añadió que el riesgo de que los menores estén con la familia del perpetrador es que ellos tienden a crimininalizar a la víctima y normalizar el feminicidio.

“¿De que le va hablar la familia del perpetrador, si son sus papás? ‘No, mira, es que tu mamá se lo busco’; ‘hay muchas cosas que no sabes’; ‘es que tu mamá era una puta’. Por eso se pide que despojar al padre de la patria potestad y a la familia porque en esa ambivalencia se le empieza a minimizar el hecho a los niños y a culpar a la víctima, lo genera un gran daño a la psique y a las emociones del niño”, ejemplificó la victimóloga.

La maestra en Victimología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales  (INACIPE) señaló que los huérfanos de feminicidio que mayor afectación y daño presentan son los casos en que el papá es el victimario.

“El hecho de que el hombre que dijo amar y proteger a su mamá es quien la mata y quien los despoja del vinculo con su mamá, esa realidad es terrible para ellos”, expuso la también directora de la consultora Resarciré. No obstante, abundó, estos niños generan un  mecanismo de supervivencia que hace que tengan una lealtad invisible, la cual se manifiesta en replicar el rol de la madre como víctima o del papá criminal.

“LES VALEMOS”

Jade, hoy de 18 años, explicó que una parte de lo complicado del proceso de asimilación de la muerte de su madre fue el saber que su abuela no era en realidad su progenitora.

“En mucho tiempo creí que mi abuela era mi madre y luego me di cuenta que no era así. Descubrir lo que le pasó a mi mamá es algo que realmente me destruyó, es un duelo que se mantiene en constante lucha. Uno de los momentos más duros es pensar que me arrancaron la oportunidad de que mi madre me abrazara, me aconsejara, me regañara…”, compartió la nieta de Norma Andrade.

Resumió así su situación: “Tengo a mi abuela pero no es lo mismo, mi abuela ya está cansada. Siempre ha sido  muy complicado no tener a mi madre, aunque tenga a mi abuela no es lo mismo. Y no significa que mi madre [abuela] no me dio todo o que algo me falte, pero realmente a mí me hizo falta mi madre muchas veces”.

Otra carga que enfrentan los jóvenes es crecer con el estigma. Jade platicó que en la escuela era apodada “ la huerfanita”, lo que le dificultó el proceso de duelo y sanación.

“Tenemos una madre que solo podemos ver a través de una foto. Nos quitaron la oportunidad de que nuestra madre estuviera con nosotros. Para mí, haberla perdido desde muy niña, que me la arrebataran desde niña ha sido muy duro que a veces pienso: ¿qué hicé para perderla?, ¿qué hicimos nosotros para perderla?, ¿por qué me quitaron esa experiencia de tenerla cerca, de reír y llorar con ella?”, compartió la joven.

A ello se suma la omisión estatal: Jade García denunció que en los 17 años que han transcurrido desde el crimen no ha recibido ayuda psicológica especial, un acercamiento de las autoridades o una muestra de interés en su adecuado desarrollo.

“Los huérfanos les valemos a las autoridades”, afirmó.

Comentó que su ahora madre Norma Andrade es quien solventó los gastos de medicamentos, escuelas especiales, terapias, sin que ningún servidor brindara ayuda o becas para los estudios a fin de aminorar el impacto económico. “Si ellas mismas [las mujeres asesinadas] les valen.. ¿Qué les va a importar el hijo que dejaron?.  Ellos entre menos se sepa de este asunto [feminicidios] y menos se sepa que existen huérfanos, es mejor”.

La especialista Aparicio Aviña explicó que la impunidad en los casos de feminicidio afecta directamente en el crecimiento de los hijos, quienes no son reconocidos por la ley como víctimas directas.

“Todo el malestar contra el Estado y las autoridades omisas e indolentes que no buscan el acceso a la justicia, el derecho a la verdad y a la reparación integral del daño [provoca]  que los niños y niñas incorporen la venganza como un sistema de justicia propio”, enfatizó.

Estos menores pueden desarrollar una psicopatía si no son atendidos, pues crecen muy enojados y no solo con el sistema, advirtió la especialista en victimología, quien explicó que al no procesar el dolor empiezan a desconectarse de las emociones como mecanismo de defensa, y comienzan a crearse estructuras psicopáticas, como la carencia de empatía o compasión.

“Imagínate no tener todas las herramientas para manejar ese dolor y seguir con la vida. Seguir creciendo sin un reconocimiento de las autoridades de que son víctimas directas y merecen una reparación del daño. Ante tanto dolor se tienen que fragmentar, estamos creando niños y niñas que al tener fragmentados los vinculados primarios básicos de figuras de cuidado (mama y papá) crecen en condiciones de vulnerabilidad”, dijo.

El duelo que viven estos menores, añadió, es incomprensible “y no tienen porque comprenderlo, por eso es importante la justicia. Porque como es un hecho incomprensible es de vital importancia la investigación, la detención  y que estos chicos tengan acceso a medidas de rehabilitación”.

“De  no hacerlo, de no sancionar los feminicidios, estamos impactando trasgeneracionalmente, y se está deteriorando más el tejido social  al no haber justicia en cuanto a sanciones”, abundó.

Geru Aparicio aclaró que no necesariamente todos los niños hijos de víctima van a replicar el mismo patrón de comportamiento ante los variados tipos de resistencia que existen y de la particularidad de los casos.

No obstante, aclaró, es muy importante una rehabilitación especializada, como parte del acceso de la justicia, pues de lo contrario al crecer con carencias emocionales, están en condiciones de vulnerabilidad a la comisión de delitos, u otros conflictos sociales, o de dependencia a personas, e incluso estar en condiciones de vulnerabilidad al reclutamiento de los cárteles de drogas.

“Estas medidas de rehabilitación no solo deben ser psicológicas sino tener una terapia  tanatológica especializada, cosa que no hay. No es nada más ir a cualquier terapia. No se puede creer que ellos solitos van agarrar su camino y este evento lo van a olvidar, ¡no no no!. Es una fragmentación, es un parteaguas  en la dimensión de vida de una persona, y no importa la edad, pero un evento así no se puede procesar por si mismo”, detalló.

Juan Martín Pérez García, representante de la Red por los Derechos de la Infancia en Mexico (Redim), coincidió en que uno de los elementos que sana a los deudos es el acceso a la justicia.

“Si, además de la pérdida por un feminicidio, le agregamos  que no tienen respuesta del Estado en programas de acompañamiento y no tienen acceso a la justicia, el resentimiento será parte de su proceso que no tendrá buenos resultados para la vida de ellos”, comentó el defensor.

Para la maestra en Victimología por el INACIPE debe de existir un programa especializado para que estas víctimas retomen un proyecto de vida, “que tengan un buen abordaje terapéutico, que vacíe el enojo, coraje tienen y miedo que tienen”.

Por su parte, el director de Redim denunció que actualmente la autoridad no atiende adecuadamente a los huérfanos en general, “no importa si es por feminicidio o por otro tipo de  acontecimientos, no está atendiendo a nadie porque en las procuradurías de protección a menores, no tienen capacidad de actuación no tienen recursos, que no son operativos en la gran mayoría de los casos”.

El derechohumanista opinó, contrario a las activistas, que no es necesaria una política pública o toda una normativa, sino que esos casos pueden distinguirse dentro un plan de restitución de derechos que abarque a un sector más amplío de menores en orfandad. Es decir, que dentro de ese plan de restitución de derechos establezca las condiciones según la particularidad de cada caso.

En tanto que Norma Andrade informó que el próximo 7 de mayo viajará a República Dominicana pues tiene una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a quienes les pedirá que se pronuncien al respecto, a fin de llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que esta obligue al Gobierno a emitir un resolutivo en donde tenga que generar una ley para protección de los hijos de las víctimas de feminicidio.

Jalisco es el único estado que hasta el momento ha legislado sobre el tema en especifico. El pasado 6 de diciembre, el Congreso del Estado de Jalisco reformó la Ley de Atención a Víctimas y el Código Civil, con el propósito de establecer que, una vez que se tenga conocimiento de los hechos, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas activará de inmediato los protocolos de atención y protección.

“Se incluirá, además apoyo económico y tratamiento psicológico, garantizándose alojamiento y atención con dignidad”, informó el Poder Legislativo jalisciense en un comunicado de prensa.

Además, detalla que en lo relativo al Código Civil, el Juez de Control podrá suspender la patria potestad y la custodia al agresor y no podrá cuidarlo ni tenerlo en su casa, dijo la Diputada Rocío Corona Nakamura, luego de la votación de ambas reformas, como autora de la iniciativa y Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos.

“Con las modificaciones legislativas, se les dan herramientas para que el Juez de Control haga lo propio con un acuerdo judicial y suspenda la patria potestad a los padres”, detalla.

El informe “La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016” reveló que de 2007 y 2016, el 90 por ciento de los estados de la República mexicana [29 de 32] experimentó un aumento en la tasa de feminicidios por cada 100 mil mujeres.

De acuerdo con el informe, en los últimos 32 años se han registrado 52 mil 210 asesinaros de mujeres  en todo el territorio nacional. El 30 por ciento de ellos [15 mil 535 homicidios] ocurrió en los últimos seis años.

A ello, habrían que agregarle los  3 mil 256 asesinatos contra mujeres ocurridos en 2017, 2 mil 585 clasificados solo como homicidios dolosos y solo 671 tipificados como feminicidios.

Sugeyry Romina Gándara

https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara

Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.

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