Académicos que han estudiado los impactos de la industria minera durante los últimos 30 años en México hicieron un llamado a los legisladores para que “no les tiemble la mano” con las reformas propuestas para la legislación en materia minera, pues aseguran que al momento los beneficios de esta actividad en el país son más bien privilegios “para unos pocos”.
Ciudad de México, 30 de marzo (SinEmbargo).— La industria minera es responsable de menos del 1 por ciento de los trabajos en el país y no asegura el desarrollo en municipios en los cuales realiza actividades extractivas, por lo que los beneficios de esta actividad extractivista realmente son para unos pocos, advirtió el colectivo Cambiémosla Ya, cuyos integrantes señalaron que incluso algunas mineras evaden impuestos.
El colectivo, que reúne a académicos y miembros de comunidades indígenas, resaltó en conferencia de prensa que la industria extractivas —que incluye la minería y el petróleo— es responsable de sólo el 0.62 por ciento de los empleos en México, que eran equivalentes a 131 mil 880 a febrero del 2023 según cifras de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), lo cual difiere con argumentos expresados por opositores a las reformas a la Ley Minera.
“Actualmente, las aportaciones que hace el sector minero a las finanzas públicas son mínimas”, señaló la maestra Beatriz Olivera en entrevista con SinEmbargo. “Prácticamente sólo se ven beneficios en el ISR, que si lo comparamos con respecto a todos los ingresos que recauda el Gobierno, es alrededor del 2.9 por ciento al primer trimestre de 2022; es muy poquito. Y si vemos todas las contribuciones por ISR, por IVA, etcétera, todas las contribuciones equivalen al 0.4 por ciento del PIB, no son contribuciones relevantes”.
Olivera detalló que de todos estos empleos, alrededor de 18 mil son eventuales, y el resto no tienen seguridad social. “Hay quien está señalando que hay alrededor de 400 mil empleos que aporta la industria y que se van a ver afectados, pero los registros de la Secretaría del Trabajo tienen reportados alrededor de 131 mil empleos con seguridad social. Entonces, si es verdad que hay 400 mil empleos o más, quiere decir que son empleos precarizados, que no tienen seguridad social, y en todo caso habría que que ver qué está pasando allí”, advirtió la integrante del Programa Universitario de Medio Ambiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Con respecto a las contribuciones económicas de la industria minera, resaltó que el porcentaje de recaudación minera con respecto a la recaudación total ha sido de 0.13, 0.32 y 0.97 por ciento para los años 2019, 2020 y 2021, respectivamente; mientras que la cifra de recaudación con respecto al sector económico de minería es de 1.62, 7.31 y 13.54 por ciento para los mismos años.
Además, se han registrado casos de evasión de impuestos por parte de empresas de este sector económico, apuntó. “Sí sabemos que hay varias empresas mineras que han evadido impuestos, incluso que se han negado a contribuir con sus cargas fiscales, sobre todo por la falta de vigilancia que se tenía hasta hace algunos años, y eso sí es una constante. Incluso, cuando se les empezó a hacer obligatorio el pago de derechos, que fue desde 2014 que se hizo ese cambio fiscal, muchas empresas no pagaron; empezaron a evadir esta carga, y por ejemplo, lo vemos con el tema del IVA”.
“Ahí, algunas empresas lo que hacen es que inflan costos de inversión para que les sea más fácil deducir esos impuestos, y justo es un llamado a que al menos cumplan con sus obligaciones fiscales, y creo que esta iniciativa es llamarles un poco más al orden, a restarles esos privilegios, y eso me parece lo mínimo necesario que deben de hacer”, señaló Olivera en entrevista.
Por otro lado, en su participación durante la conferencia, la académica resaltó que los municipios en las cuales se establecen las empresas mineras no necesariamente aportan bienestar, pues en nueve de los 21 centros productores de oro, los niveles de pobreza moderada superan el promedio nacional; y en ocho de los 21 municipios productores de oro, se superaba el nivel de pobreza extrema nacional, entre los cuales destacan Mezapil y Ojocaliente en Zacatecas; Guadalupe y Calvo, Ocampo y Chínipas en Chihuahua; Cocula y Eduardo Neri en Guerrero; y Otáez en Durango.
REFORMA A LA INDUSTRIA MINERA
El Presidente Andrés Manuel López Obrador recientemente envió una iniciativa al Congreso de la Unión para reformar las leyes Minera, de Aguas Nacionales y del Equilibrio Ecológico, con la cual plantea la reducción de las concesiones mineras de 50 a 15 años.
En la propuesta del mandatario federal se hace hincapié en que las concesiones serán prorrogables por una sola ocasión para un periodo igual, pero en cualquier caso condicionadas a la disponibilidad de agua, al impacto social, así como a la consulta a comunidades indígenas y afromexicanas.
Asimismo, propone establecer la figura de concesión de agua para uso específico en minería, “a fin de evitar la sobreexplotación y contaminación del recurso hídrico, la concesión de agua para uso específico de minería quedará sujeta a la disponibilidad de agua y tendrá una duración de cinco años con posibilidad de prórrogas por igual tiempo”.
Con respecto a este punto, Maira Olivo Paz, de Fundar, explicó que las reformas contempladas para la Ley de Aguas Nacionales atienden a una omisión legislativa de años anteriores, en la cual se había dejado de lado el derecho humano al agua, pero ahora contempla regular el uso del agua por parte de las empresas mineras.
“Hasta el día de hoy, las mineras tienen acceso al agua, despojan a comunidades y los territorios, muchos de ellos territorios indígenas, de sus recursos hídricos, al mismo tiempo que contaminan mantos acuíferos que impactan en la vida de las comunidades y que hasta el momento no existían concesiones de agua que midieran realmente cuánta agua estaban utilizando las mineras y, sobre todo, que también estuvieran obligadas a informar cómo descargan el agua, qué tipo de impacto tiene también en los mantos acuíferos, toda esta serie de carencias que tiene actualmente la Ley de Aguas Nacionales”, expuso.
La especialista señaló que, de acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, aunque la huella hídrica de la industria minera es variable, en la extracción de oro se registra un mayor consumo hídrico que cualquier otro mineral, pues una mina de oro utiliza entre 79.91 y 252.40 metros cúbicos de agua por kilogramo de oro extraído.
Actualmente, en México –como en varias partes del mundo–, se están atravesando periodos de sequía derivado del cambio climático, y el Monitor de Sequía de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) indicó que al 15 de marzo de este año, la mayor parte del país tenía alguna afectación que iba desde territorio “anormalmente seco” hasta “sequía extrema”.
“Esta propuesta por fin le da fin al régimen de excepción que tiene el agua de laboreo. Ahora, toda el agua tendrá que contar con concesión, medirse y sobre todo pagar derechos, lo cual no ocurre en la actualidad. Se habla ya de aguas de uso de minería con una vigencia de concesiones no menor a cinco años, pero que la prórroga depende del cumplimiento que esta concesión de agua realmente tenga un informe, de un programa de restauración cierre por cierre, o sea, una serie de requerimientos que hasta el momento no existe”, detalló. “Y por otro lado, estos pozos de monitoreo en donde se va a medir todo, en donde no se podrá profundizar los pozos, y sobre todo se prohíbe la transmisión de concesiones”.
DELITOS EN MATERIA AMBIENTAL Y CONSULTAS
La doctora Leticia Merino del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS-UNAM) celebró que las reformas contemplen un consentimiento previo, libre e informado previo a dar una concesión, el cual debería de estar ligado a una consulta realizada según estándares internacionales, y que se considere la problemática de concesiones mineras que se encuentran dentro de Áreas Naturales Protegidas, pues remarcó que existen 63 empresas que están dentro de estos espacios y 25 de ellas están en la zona núcleo de dichas áreas.
“La ley no nos indica que no se va a hacer minería en México, sino que se va a hacer en condiciones atentas a los derechos humanos, a los derechos comunitarios, al derecho de un medio ambiente sano”, declaró. “Lo que intenta hacer esta reforma es regular un ámbito de la actividad económica del país que sólo había garantizado privilegios para muy pocos, y un mapa enorme de apropiación de los territorios, devastación ambiental, y generación de conflictividad socio-ambiental, precisamente por una regulación que sólo beneficiaba a un grupo muy pequeño y que no tomaba en cuenta las poblaciones locales ni tampoco a las finanzas del país”.
Por último, el académico Jorge Peláez Padilla de la Universidad Iberoamericana resaltó la importancia de que se contemple un capítulo de delitos en materia minera, que establece obligaciones al sector minero con respecto a posibles conductas delictivas que pueden ocurrir y que estén directamente relacionados con incluso desastres como en Pasta de Conchos, donde 65 trabajadores quedaron atrapados tras una explosión registrada en el 2006.
“Es súper importante para todos los casos que sabemos que se presentan de minería ilegal o de extracción ilegal de minerales, y otras series de eventos ilícitos que, como en cualquier área de desarrollo económico, pueden estar inmersos. Otro elemento importante son algunas incorporaciones de causales de cancelación que originalmente no estuvieron tan explícitas (…) como que se cancelen las concesiones cuando no se cuente con concesión de agua para la minería vigente y eso es muy importante que esté como causal de cancelación porque hay estudios que han mostrado que pues muchas maneras en el país operan sin siquiera pagar los derechos básicos de agua que les corresponden como obligación”, profundizó el abogado.
Igualmente, indicó las causantes de cancelación por casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas y las personas, y consideraciones para la seguridad física de los trabajadores. “Para la minería legal y para cuando no se cumpla lo que dice la ley y eso tenga consecuencias directas en los trabajadores, entonces también pues habrá consecuencias penales en función de lo que plantea el proyecto”.
