El 5 de diciembre de 2018 la SCJN ordenó seguridad social para las trabajadoras del hogar, pero aún luchan para que la sociedad mexicana reconozca que servir es un trabajo digno.
Por Karla María Gutiérrez
Ciudad de México, 30 de marzo (SinEmbargo).– Sirvientas, chachas, criadas, domésticas, muchachas. Así les dicen en México a ellas que son parte de la intimidad de millones de familias y del folclor de un país que las ha mitificado y, a la vez, denigrado históricamente. Sin embargo, ya no desean ser llamadas así.
Para Norma Palacios, una de las tres secretarias generales colegiadas del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho), la reivindicación de esta labor comienza con la forma en que se nombra. “Nosotras buscamos el nombre digno, que se nos reconozca como personas trabajadoras del hogar y no como empleadas domésticas, que en México tiene una carga discriminatoria”.
Este sindicato es joven, tiene recursos limitados, mucho quehacer y enormes retos por enfrentar para el reconocimiento de una ocupación infravalorada y denostada. Constituido en 2015 en la capital del país, el Sinactraho es la primera asociación en México dedicada a difundir los derechos a sus agremiados –en su mayoría mujeres–, brindarles capacitación, asesoría legal y buscar alternativas para mejorar su situación laboral. Inició con cien mujeres de Ciudad de México, Puebla, Colima, Chiapas, Estado de México y ahora representa a 1,500 personas.
En México miles de mujeres, adolescentes y niñas trabajan en total vulnerabilidad e incertidumbre. En la informalidad laboral les arrebatan derechos garantizados por ley.
A sus cuarenta y cinco años, Norma Palacios es una veterana del trabajo del hogar. Su experiencia comenzó a los diecinueve en la Ciudad de México. Ahora, desde el Sinactraho se esfuerza en beneficiar a este sector, altamente vulnerable por las condiciones y el lugar donde se realiza, apartado de la mirada pública.
Alexandra Ruiz Gordillo, abogada especialista en derecho del trabajo y seguridad social, destaca como derechos básicos una jornada diurna de ocho horas y nocturna de siete, pago de un salario y horas extra, día de descanso obligatorio y la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
“Los derechos mínimos son para todos los trabajadores. El Artículo 331 de la Ley Federal del Trabajo reconoce a los trabajadores domésticos como los que prestan servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona o familia. Están dentro del apartado de trabajos especiales porque prestan su servicio dentro de una casa y las características de su empleo requieren una regulación diferente. Un problema es que pueden vivir donde trabajan y recibir alimentación, esto podría considerarse una prestación acumulable al salario, pero el empleador no debe aprovechar esto para evitar cumplir la obligación de pagar un sueldo”.
Lo expuesto por la abogada es un asunto recurrente. Pese a desempeñar un trabajo, para muchas empleadas de planta no existe el pago de un salario o bien, es ínfimo al estar condicionado a recibir techo y comida –a veces diferente a la de los patrones. Muchas trabajan de sol a luna toda la semana, pues la labor nunca termina: limpiar, lavar, planchar, sacudir, cocinar. Con sobreexplotación, pésimas condiciones de trabajo y espacios limitados de descanso puede establecerse una condición de servidumbre, delito enmarcado dentro de la trata de personas.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el mundo existen 67 millones de trabajadores domésticos, 83 por ciento son mujeres y 17 por ciento hombres. América Latina y El Caribe poseen el mayor número de trabajadoras domésticas en el mundo con 18,005, 000, seguidos de Asia con 17,464,000, África con 3,835,000, Países Avanzados con 2,597,000 (cifra que equivale a poco más del total de trabajadores del hogar en México), Oriente Medio con 1 329 000, mientras que Europa del Este y la Comunidad de Estados Independientes tienen el menor número con 396,000 mujeres ocupadas en este rubro.
La figura del trabajo del hogar es casi inexistente en países desarrollados como los nórdicos y del norte de Europa (Suiza y Alemania). Su nivel socioeconómico y educativo, el equilibrio de las brechas sociales, el alto nivel de los servicios públicos o la protección y seguridad social orientan la ocupación hacia otros rubros, por lo que es poco usual contratar el servicio doméstico. Además, esta actividad regulada en esos países es de alto coste y casi impagable para una persona promedio, convirtiendo el servicio en un lujo para unos cuantos.
Mientras tanto, América Latina parece no apropiarse aún del concepto de trabajo justo y digno. Hace tiempo la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (Conlactraho) entrevistó a más de 2 200 trabajadoras en Brasil, República Dominicana, Perú, Bolivia, Costa Rica, Guatemala y México, de ellas 69.1 por ciento trabajaba más de 48 horas semanales.
“El trabajo del hogar siempre ha sido subestimado. Para evitar condicionamientos o arbitrariedades hay que regular y concientizar, porque la mayoría son mujeres, y es otro factor de vulnerabilidad para abusos de los empleadores. La principal área de discriminación no es solo que sean mujeres, sino que sean mujeres sin educación que necesitan trabajar a temprana edad y se sitúan en un lugar donde para el otro es fácil abusar, convirtiéndose en un factor de riesgo. Esto podría ser un problema atribuible al Estado porque no está garantizando el acceso a la educación para todas las mujeres”, señala Ruiz Gordillo.
Esta es una condición similar en la región. Para Mary Goldsmith, académica y experta en el tema, “el trabajo doméstico remunerado es una de las ocupaciones con peores condiciones de explotación, en todos los países latinoamericanos hay discriminación en la legislación laboral e incumplimiento con lo que marcan las leyes”. La investigadora considera que “un indicador de las malas condiciones del trabajo y del menosprecio de que es objeto esta ocupación es el hecho de que más del 90 por ciento de las consultadas por la Conlactraho mencionara que no querría que su hijo o su hija fuera trabajadora del hogar”.
LA DISCRIMINACIÓN
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) destaca cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Diez años es el promedio de escolaridad de la población ocupada en México de quince y más años. Para las trabajadoras del hogar, el promedio disminuye a siete.
La segregación contra las trabajadoras del hogar ha sido cultural e institucional, incluso algunas leyes han permitido esta exclusión. Hasta julio de 2019, el Artículo 12 de la Ley de Seguridad Social establecía que, a diferencia de las demás ocupaciones, la afiliación al IMSS no era obligatoria para las trabajadoras del hogar.
Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2017, de los 2.4 millones de trabajadores del hogar en México (95 por ciento mujeres, estimación del Gobierno Federal), solo 2 por ciento tiene contrato, 36 por ciento percibe menos de un salario mínimo y 12 por ciento tiene alguna prestación laboral como seguro médico, vacaciones o aguinaldo. De las entrevistadas, 48 por ciento consideró la falta de prestaciones laborales como su principal problema.
En este sentido, destaca el lanzamiento en marzo de 2019 del Programa piloto para la incorporación de las personas trabajadoras del hogar.
Promovido en el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador –quien considera que “es un programa muy importante”– este ambicioso plan reforma el Capítulo 13 de la Ley Federal del Trabajo para garantizar a las personas trabajadoras del hogar el acceso a la seguridad social “en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores, para revertir condiciones de desigualdad, propiciar bienestar y eliminar esta deuda social”, enfatizó el Presidente mexicano.
El programa ofrece una cobertura de servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos, atención obstétrica, incapacidades, pensión por invalidez y vida, fondo para el retiro y prestaciones sociales como velatorios y guarderías. Asimismo, contempla a beneficiarios como cónyuges, concubinos, hijos y padres.
“Está en fase de prueba y no tiene condicionantes de edad, días trabajados, número de empleadores o si habitamos o no en el lugar de trabajo. El único requisito es que las compañeras ganen mínimo 3 mil 80 pesos al mes”, comenta Norma Palacios del Sinactraho. En este caso, según el tabulador del IMSS, la cuota mensual a ser cubierta por el empleador es de 904.22 pesos. Esta varía conforme al sueldo reportado.
En diciembre de 2019 el Gobierno de México, a través de Zoé Robledo, director del IMSS, informó que en los primeros ocho meses, durante la primera fase del programa piloto, se afiliaron 11 947 trabajadores del hogar, estrategia que ayuda a “visibilizar a uno de los sectores que hasta hace poco era de los más invisibles e ignorados en nuestro país”, indicó el funcionario.
La capacidad de gestión o labor de convencimiento de las trabajadoras con sus patrones, la cooperación voluntaria de ellos y la competencia del Estado para responder a la convocatoria y cumplir su compromiso son factores interrelacionados para determinar el éxito del programa.
“La seguridad social en México aún es un problema, no solo para los trabajadores domésticos, sino para todos. Empleados de otros sectores se quejan del servicio y oferta del IMSS, que la atención no es oportuna, falta de medicamentos o malos tratos. Por eso es necesario delimitar las reglas de operación del programa piloto, los incentivos para los patrones que los inscriban, determinar si el empleo está exento del pago de impuestos y el Estado tendrá que asegurarse que se cuente con infraestructura suficiente para encargarse de todos los trabajadores domésticos afiliados”, anota la abogada Ruiz.
Transformar la idiosincrasia es el reto. De 15 empleadores (12 mujeres y 3 hombres) consultados por la autora de este reportaje, 13 rechazan la idea de firmar un contrato y otorgar seguridad social a sus trabajadoras (86.6 por ciento) y dos estarían dispuestos a hacerlo (13.3 por ciento). Entre quienes se negaron, 53.3 por ciento manifestó no tener recursos para tal fin, 26.6 por ciento teme formalizar la relación laboral y exponerse a una demanda por despido y 20 por ciento considera que la afiliación es un gasto innecesario a su presupuesto.
Independiente a los retos logísticos y operativos que impone la implementación del proyecto, en un país donde es común la falta de planeación de políticas públicas, este logro en beneficio de un sector denostado y vulnerable va más allá de la voluntad política, obedece a la tenaz demanda de las propias trabajadoras del hogar organizadas y a la acción del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, de activistas y organizaciones que hace tiempo se esmeran en mejorar su situación laboral.
A este propósito sirvió el amparo interpuesto por una quejosa de ochenta años que derivó en una sentencia histórica. El 5 de diciembre de 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó inconstitucional que los patrones no estén obligados a afiliar al IMSS a las trabajadoras del hogar y que es discriminatorio e injusto excluirlas del régimen obligatorio de seguridad social.
Por ello, la SCJN ordenó al IMSS implementar un programa piloto para ejecutar un régimen especial para quienes desempeñan esta ocupación en el país. El fallo estipula que tras dieciocho meses, a partir de la aplicación de éste, las instancias responsables deben proponer adecuaciones legales necesarias para que en tres años se establezca como una política de seguridad social obligatoria para los patrones, en beneficio de más de dos millones de trabajadoras del hogar, con una protección que también les brinda la oportunidad de generar un proyecto de vida distinto para ellas y sus familias.
“Estamos en un momento importante, pero todavía falta mucho para que el trabajo del hogar sea reconocido como un trabajo. Tener seguridad social obligatoria, derecho a la organización, que no haya niños y niñas trabajando, además de firmar un contrato por escrito. Hay empleadores sin inconveniente en formalizar una relación laboral, pero muchos se niegan porque les genera responsabilidad, esto es por la falta de conocimiento y reconocimiento a nuestro trabajo”, observa Norma Palacios.
REIVINDICAR SU TRABAJO
México se encamina a reivindicar la situación. En diciembre de 2019 el Senado de la República ratificó el Convenio 189 de la OIT para proteger el trabajo doméstico en el país y los derechos humanos y laborales de quienes lo realizan, reconocer el derecho de negociación colectiva, garantizar la asociación sindical y buscar la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, abolir el trabajo infantil y la discriminación en materia de empleo y ocupación; aspectos de vital importancia.
El trato desigual es habitual para las trabajadoras del hogar. El Conapred señala que “han sido históricamente objeto de una discriminación estructural” porque “enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos a raíz, sobre todo, de la naturaleza misma de su empleo”. Este no es considerado por la mayoría como una ocupación real, sino como una actividad normal o natural de las mujeres. Por eso, “es un sector particularmente invisible y estigmatizado. Las condiciones que enfrentan en el empleo son difíciles. Nuestras leyes permiten que trabajen jornadas hasta de doce horas, sin derechos laborales ni seguridad social, sin contrato, sin garantías de pensión y sin posibilidad de ahorro, entre otras privaciones”. Además las actitudes discriminatorias “legitiman ese trato diferenciado” definen las percepciones de las trabajadoras del hogar sobre su propia ocupación”, apunta el Órgano.
Norma Palacios, secretaria colegiada del Sinactraho, reconoce esto como parte de un proceso. “Al principio yo tampoco reconocía mi trabajo ni me reconocía como trabajadora del hogar. La falta de reconocimiento te hace negar lo que haces porque sabes que para los demás tu trabajo es visto como algo que no vale ni tiene significado. A veces también vamos normalizando el trato que nos dan: que los alimentos no sean los mismos para ti, que te sientas agradecida de trabajar en una colonia bonita o te hagan un regalo en diciembre; tal vez estás trabajando, llega alguien y ni siquiera te saluda, pero saluda a los empleadores nada más y crees que es normal, porque a lo mejor tú eres una persona que no vale lo mismo que el empleador. Así vas normalizando esas situaciones”.
La falta de reconocimiento y la violación reiterada a sus derechos deja huella. Erika Edith Pérez Cancino, psicóloga clínica, considera que “el hecho de que su trabajo no sea valorado, a pesar de tener jornadas extenuantes, las afecta en su condición humana. Las ubica como seres humanos de segunda o tercera clase. Permanecer expuestas por tiempo prolongado a un ambiente hostil modifica áreas del cerebro encargadas de la regulación emocional, toma de decisiones y comportamiento. Merma su autoestima y esta indefensión las empuja también a abandonar sus sueños y anhelos, situándolas como sujetos sin derechos y toma de decisiones. Es la esclavitud del México de hoy”.
Sensibilizar, promover la toma de consciencia y modificar patrones culturales arraigados respecto al trabajo del hogar en México y las personas que lo realizan implica una labor titánica. Este empleo, como otros en el país, también contribuye al desarrollo y al PIB; sin embargo, continúa siendo desvalorizado e infravalorado.
Como muestra, tras mantener una relación laboral de diez años y ser despedida sin previo aviso ni beneficios, Norma se vio desempleada tiempo atrás.
“Tenía necesidad de trabajo y dificultad para emplearme. En Internet encontré a CACEH [Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar], vi que nos daban talleres y capacitaciones. Esto nos empoderó a nosotras y volvimos a encontrar esa dignidad para decir: ‘Yo soy trabajadora del hogar y lo que hago es un trabajo como cualquier otro’. Son impresiones fuertes, pero sirven para el reconocimiento de derechos. Me pregunté: ‘¿Cuántas más como yo no habrá?’. Entre las compañeras surgió la reflexión, teníamos que avanzar y organizarnos en el Sinactraho para defender mejor nuestros derechos sin perder de vista nuestras obligaciones. Todas tenemos derecho a tener una vida digna, al reconocimiento del trabajo que realizamos y ser valoradas como mujeres también”, comparte Norma Palacios.
Las trabajadoras del hogar enfrentan violencia estructural y se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad, explotación y desamparo. Muchas son víctimas que guardan silencio. Como esclavas invisibles, de la puerta para adentro, muchas sobreviven a carencias, malas e inadecuadas condiciones laborales, extensas jornadas, bajos salarios, falta de prestaciones, maltrato, incomprensión e indiferencia.
“Cuando hay pobreza, hay empleadores y empleadoras que abusan. Compañeras que han llegado al Sinactraho han sufrido violencia, han sido maltratadas y violentadas sexual, física y emocionalmente. Muchas la reproducen en su entorno familiar. Después de un tiempo en la organización vemos que esas heridas psicológicas lastiman mucho en el día a día y tenemos que ver cómo sanar esa carga que traemos desde hace muchos años”, señala Norma Vázquez.
Esta realidad impacta de sobremanera en el tejido social.
“Todos, como sociedad, estamos llamados a generar espacios y ambientes sin violencia en pro de la erradicación de estas. La exposición prolongada al maltrato modifica estructuras por un patrón de respuesta aprendido y adquirido en las víctimas. Como respuesta adaptativa, éstas se acostumbran al dolor, sufrimiento y falta de compasión. Aprenden a canalizar las propias frustraciones de forma violenta y se propicia la formación de la escalera de la violencia, donde una persona de mayor poder jerárquico violenta y/o vulnera a la de menor jerarquía. Es decir, pueden ser maltratadas por los patrones y ellas ejercen violencia hacia sus hijos; no es casual que también elijan parejas que las violenten porque aprenden a hacer elecciones del mismo tipo”, explica Pérez Cancino.
La psicóloga clínica anota también: “Muchas mujeres que sufren explotación laboral no tuvieron acceso a la educación por escasez económica, desde niñas vivieron violencia de género en sus hogares y sucede de nuevo con sus parejas. Esto las sitúa en una condición psicológica de indefensión aprendida e hipersensibilidad emocional y sí, también son más vulnerables a otras formas de maltrato. Con este tipo de prácticas a nivel social se continúa normalizando la violencia y la explotación laboral. Sanar las heridas requiere de ayuda profesional, asesoría legal, asistencia social, redes de apoyo interdisciplinarias, y sobre todo visibilizar esta explotación para que ellas mismas puedan dejar de normalizarla al darse cuenta que están siendo víctimas de este abuso. Algunas lo pueden ver, otras no”.
Expuestas a abusos en su empleo y vida personal, sin el goce pleno de sus garantías, las trabajadoras del hogar se tornan más vulnerables.
“También vivimos situaciones de discriminación y violencia porque se condicionan nuestros derechos, no reconocen nuestro trabajo y se ve como un favor: ‘Ah, yo te hice el favor de darte trabajo y que vivas en esta colonia rica, tú nunca en la vida podrías tener acceso a esto, deberías estar agradecida’. Eso nos va debilitando emocionalmente, porque llegamos a pensar efectivamente que nos hacen un favor”, comparte Norma Vázquez.
Promover los derechos laborales de quien trabaja en el hogar es quehacer del Sinactraho. La secretaria general considera que estos no son respetados del todo, por ello enfoca esfuerzos en sensibilizar y difundirlos: “Jornada de ocho horas, salario justo y digno por las actividades a realizar, claridad en periodos vacacionales (mismos que deben ser pagados), prestaciones, tener establecido claramente el aguinaldo, los días oficiales obligatorios no se deben trabajar pero si lo hacen deben pagarlos conforme a la ley y recibir lo que les corresponde cuando termine la relación laboral”.
Aspirar a la justicia social para este sector implica que temas como paridad, reconocimiento, seguridad social y trabajos dignos queden garantizados por ley en México.
Enfrentar la adversidad económica y social, desconocer los derechos inherentes a los trabajadores, permanecer en la informalidad laboral sin contrato de trabajo, salario justo y prestaciones es habitual en México.
“Esta vulnerabilidad no la presentan solo los trabajadores domésticos, es una situación generalizada en trabajadores del Estado y la iniciativa privada. Lamentablemente existe más oferta que demanda en los servicios y son comunes los comentarios como: ‘si tú no quieres hay veinte personas tras de ti que aceptan el empleo’. Y pareciera broma, pero en realidad hay veinte personas tras de ti esperando que rechaces ese trabajo”, anota Alexandra Ruiz.
La abogada observa que “debemos comenzar por el respeto y hacer conciencia entre nosotros, porque aunque las leyes lo establezcan, si en realidad no hay una interiorización de lo que es bueno, al final no las cumplimos y siempre encontraremos formas de evadirlas”.
Hoy en día, tener seguridad social en el trabajo del hogar en México es difícil, pero no imposible. Sociedad y gobierno tendrían que colaborar para garantizarla. Esto no significa una concesión otorgada, sino una auténtica restitución de derechos que conlleva la toma de conciencia generalizada para revalorar esta ocupación.
“Las trabajadoras del hogar debemos reconocernos como personas que merecemos respeto, dignidad y ser reconocidas por la actividad que realizamos. Eso ayudará a cambiar las situaciones de violencia y discriminación que vivimos. A veces normalizamos esto por tantas cosas que traemos arraigadas. Falta más sensibilización y reflexionar, porque desde la casa podemos empezar a ser una sociedad con más reconocimiento de los unos a los otros”, concluye Norma Palacios.
Admitir la dignidad implícita en el acto de servir, visibilizar la situación laboral adversa en el trabajo del hogar o actuar desde la empatía y el respeto son pasos hacia una resignificación que permitiría transformar la mirada y el trato hacia quienes proporcionan este servicio. Se trata de contribuir y disminuir el margen de inequidad, explotación, discriminación y desigualdad hacia el equilibrio social en México.
*Este reportaje fue desarrollado con apoyo de la Fundación Thomson Reuters.
*La autora, Karla María Gutiérrez, es periodista y escritora mexicana que investiga sobre migración, trata de personas, feminicidios y derechos humanos.
