Para Sergio Aguayo Quezada y su defensa, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se ha convertido en una “mazmorra”, ya que la demanda en su contra por ejercer el derecho de libertad de expresión viola parámetros legales, implica dolo y corrupción de las autoridades, uso indebido de funciones judiciales y conflictos de interés.
Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- La columna del académico y articulista Sergio Aguayo Quezada en contra del ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés es la más cara de México: 10 millones de pesos demandados por opinar e informar, dijo en conferencia de prensa Sara Mendiola Landeros, abogada de la organización Propuesta Cívica.
La litigante también expresó que la demanda de Moreira en contra de Aguayo es un perfecto ejemplo del uso indebido y abusivo del derecho civil para inhibir la libertad de expresión de periodistas, bajo el alegato de daño moral.
De acuerdo con el abogado de Sergio Aguayo, Héctor Beristain Souza, “estamos ante un acoso judicial pocas veces visto”, en el que hubo dolo y corrupción para amedrentar y censurar al académico del Colegio de México.
El caso de demanda en contra de Sergio Aguayo no sólo está plagado de irregularidades sino que, para Mendiola y Beristain, refleja una dualidad operativa en el Tribunal Superior de Justicia capitalino.
Por un lado, las peticiones de Moreira han sido resueltas de manera expedita; y por otra parte, la resolución de asuntos de la defensa de Aguayo atraviesa por una situación de aplazamientos y letargo.
Entre las irregularidades, ambos abogados mencionaron que el Magistrado que revivió la demanda de Moreira en contra de Aguayo, Francisco José Huber Olea Contró, aplicó disposiciones derogadas para motivar el caso a favor del ex Gobernador de Coahuila.
El Magistrado no sólo “torció el derecho” y se encuentra en un claro conflicto de interés, ya que en 2017 el hermano de Humberto, el entonces Gobernador de Coahuila Rubén Moreira Valdés, le otorgó al hermano del Magistrado una Notaría Pública en Saltillo, Coahuila.
Huber Olea también actuó de manera indebida al continuar con un proceso de demanda que además de atentar contra la libertad de expresión, exige un resarcimiento por presuntos daños morales que excede las disposiciones legales en la materia.
El abogado de Sergio Aguayo refirió que mientras la defensa de Moreira exige el pago de 10 millones de pesos por un presunto agravio causado por una columna de opinión, las disposiciones legales vigentes establecen una sanción económica máxima de 25 mil pesos.
Asimismo, el Magistrado habría errado en su actuar al admitir el proceso de demanda, obviando los mecanismos de excepción que existen en las diversas disposiciones legales de la Ciudad de México.
De acuerdo con Sara Mendiola de Propuesta Cívica, existen mecanismos como el derecho de réplica y rectificación que deben de ser de aplicación obligatoria y previa a cualquier demanda por daño moral.
“Se brincan las excepciones del ley de manera dolosa, corrupta y punitiva”, dijo Mendiola.
VIOLACIONES DE LEY
Sara Mendiola también acusó que en este caso existe una valoración “inadecuada” sobre el trabajo periodístico, ya que para que las autoridades determinaran que hubo abuso de la libertad de expresión, primero debieron distinguir si se trató de una investigación o de una columna de opinión, ya que las opiniones por ningún motivo pueden ser criminalizadas o judicializadas.
“El Magistrado Olea Contró interpretó y aplicó de manera dolosa e inadecuada el Estándar de Malicia Efectiva. Este estándar tiene que ser aplicado a géneros periodísticos de información que por su propia naturaleza implican un contenido de hechos. Y en el caso concreto [de Aguayo] se trata de una columna de opinión, [que] tal como lo ha establecido la SCJN, el Estándar de Malicia Efectiva sólo se puede aplicar en la difusión de hechos y no de opiniones, ideas y juicios de valor”, explicó.
En conferencia de prensa, el abogado de Sergio Aguayo y la litigante de Propuesta Cívica refirieron que, además, el Magistrado Olea Contró “realizó una interpretación errónea del Estándar de Sistema Dual de Protección”, mismo que establece que los límites de la crítica y escrutinio público siempre serán más amplios tratándose de personas con proyección y actividad públicas.
“Sin atender el sentido correcto, el Magistrado Olea decidió que, en atención al sistema dual, el periodista no debió criticar la detención de Moreira en España, ni generar juicio, ni opinión de su función como Gobernador de Coahuila, concluyendo que la columna de Aguayo violaba la presunción de inocencia del ex gobernante. Un argumento falaz, toda vez que el autor de la columna comunicó un hecho cierto y noticioso”, explicaron.
Por lo anterior, el Centro Nacional de Comunicación Social, el Comité para la Protección de los Periodistas, Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras acusaron la existencia de acoso judicial en contra de Sergio Aguayo, que resulta en un retroceso para la libertad de expresión y un precedente riesgoso para la libertad de prensa en México.
En consecuencia, las organizaciones solicitaron a la SCJN que determine la atracción del amparo directo 906/2019 a favor de Aguayo, así como la atracción de la queja 11/2020, para que el Magistrado Francisco José Huber Olea Contró sea investigado por presuntos actos de corrupción en la sentencia y en su función judicial.
