Mientras la caravana que pide justicia para la entidad y continúa su camino con destino a la Ciudad de México, en lo legal la ruta para fincar responsabilidades por los delitos de desvío de recursos, parece tener continuos avances y retrocesos.
El abogado Paulo Díez Gargari, encargado de la estrategia jurídica de Chihuahua, acusó que aún no se ha emitido la petición formal de detención provisional con fines de extradición que garantiza que el ex Gobernador César Duarte Jáquez no evada sus asuntos legales en México.
Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).– A un par de semanas de que la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que solicitaría la extradición del ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, no se ha emitido la petición formal de detención provisional con fines de extradición que garantiza que el acusado no evada sus asuntos legales.
En entrevista con SinEmbargo, el encargado de la estrategia jurídica de Chihuahua, el abogado Paulo Díez Gargari, señaló que la dependencia “no ha solicitado al país requerido, que suponen algunos es Estados Unidos, la detención provisional con fines de extradición de César Duarte, que es algo que está previsto en el propio tratado y que con mucha frecuencia se utiliza”.
Esta medida, explicó, consiste en que se pide al país requerido que detenga a la persona. Es una detención provisional, y extiende al Estado un plazo para presentar la solicitud formal de extradición, de modo que eso garantiza que la persona no se vaya a sustraer de la acción de la justicia.
El Artículo 11 de dicho Tratado, establece la facultad de los estados de solicitar al otro estado la detención provisional de la persona que se está requiriendo para efectos de extradición. Eso es lo que permite detener a la persona antes de que ésta tenga noticias de que se ha solicitado su extradición.
Luego de la detención de la persona, el estado que solicitó la extradición, en este caso México, tiene 60 días para presentar la solicitud de extradición.
“Pero aquí todo se ha hecho al revés”, agregó Díez Gargari, quien considera que toda la actuación de la PGR ha sido errática.
El problema, sostuvo, inició desde que la PGR anunció que iría por Duarte y luego que lo haría por tres de las 11 órdenes de aprehensión que existen, lo que generó suspicacia entre las autoridades estatales encargadas de procesar a César Duarte por corrupción.
Esto porque el Artículo 17 del Tratado tiene una regla general en ese sentido: una persona que ha sido extraditada no puede ser enjuiciada ni sancionada en México, por un delito distinto a aquel por el cual se concedió la extradición.
Luego la PGR rectificó y terminó por añadir más órdenes, pero no ha mencionado nada sobre la solicitud de detención.
Mientras, la Caravana por la Dignidad “Unidos con valor” recorre el país. Hoy, encabezada por el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, llegó a León.
Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación, arremetió esta tarde en contra de quienes pretenden “ganar votos negociando la justicia o hacer justicia en aras de obtener votos” y sostuvo que ese tipo de acciones “no daña solamente a un partido, a un gobierno, daña al país y daña a su historia”. En lo que parecía una referencia a las acusaciones de gobiernos estatales en contra de sus antecesores priistas.
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LA FEPADE ENTRA AL CASO
El pasado 22 de enero, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó que atraería la investigación sobre los desvíos del erario de Chihuahua al PRI en las elecciones de 2016.
Anunció en conferencia de prensa que la decisión se tomó por las denuncias de los partidos Acción Nacional y de Regeneración Nacional. Ahí es, dijo, donde encontró la forma de atraer el caso.
Sin embargo, esto fue visto como un “obstáculo” por el Gobernador Javier Corral Jurado, ya que se trata de un proceso ya judicializado. Ahora, la Fiscalía General de Chihuahua tendrá que enviar las investigaciones en curso para esclarecer los hechos y luego fincar las responsabilidades en materia penal y electoral.
La Fepade lo que sostiene en que se trata del presunto desvío de recursos federales y estatales para apoyar a un partido político y no descartó llamar a los involucrados
Héctor Díaz Santana, titular de la Fiscalía dijo que el tema está en su competencia al tratarse de apoyos ilegales a un partido político, porque la fiscalización de los partidos es tarea federal y porque no se reportaron ingresos.
Al respecto, Díez Gargari señaló que lo de la Fepade no se trata de un tema de atracción, sino que la Fepade tendrá que abrir una carpeta por el delito electoral, que es algo que se le ha solicitado desde hace tiempo, incluso por el propio Gobierno de Chihuahua.
Lo que no puede hacer la Fepade, es atraer un delito de carácter no electoral, como es el peculado por el cual está vinculado a proceso Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.
“La Fepade puede y tiene la capacidad de atraer la investigación de algunos delitos electorales, pero no tiene la facultad de atraer los delitos que no lo son. Este caso (el de Gutiérrez) no puede ser atraído por la Fepade por la sencilla razón de que se trata de un asunto judicializado, es decir, ya existe un proceso penal y en ese proceso se ha dictado el auto de vinculación a proceso de Alejandro Gutiérrez, de modo que la Fepade no es un órgano jurisdiccional como para atraer un juicio”, comentó el abogado.
Lo adecuado, y lo que se le ha pedido a la Fepade, dijo Díez, es que aclare que no es que va a atraer las investigaciones ni el asunto completo de Chihuahua, sino que lo que hará es investigar el delito electoral que debió investigar desde hace tiempo y para eso, el gobierno del estado de Chihuahua le ha ofrecido toda la colaboración y apoyo para compartir información relevante para el tema electoral con la Fepade.
“Resulta adecuado que la Fepade abra la carpeta de investigación porque es su competencia y debió iniciarlo hace tiempo. Lo que tendría simplemente que hacer es aclarar que no se trata de una atracción sino de la apertura de una carpeta para investigar el delito electoral”, añadió.
Sobre las denuncias de extorsión emitidas por Antonio Enrique Tarín García y Gerardo Villegas Madriles, quienes sostienen que son presionados para declarar en contra de César Duarte y el ex líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y de que les piden 90 millones de pesos para no fincarles más responsabilidades, consideró que “está claro es que se trata de un ‘nado sincronizado’ con la defensa de Alejandro Gutiérrez y con la PGR”.
