A seis meses del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, Nadia Vera Pérez, Alejandra Negrete Avilés, Yesenia Quiroz Alfaro y Mile Virginia Martín en un departamento de la colonia Narvarte, en la capital del país, los presuntos culpables niegan su participación en el multihomicidio. Hasta ahora, de acuerdo con Artículo 19, no existe una hipótesis robustecida sobre el móvil del crimen.
Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).– A seis meses del asesinato de cinco personas en un departamento de la colonia Narvarte, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sigue sin establecer un probable móvil del crimen ni datos que, a juicio de la coadyuvancia, son cruciales para el avance de la investigación, como la secuencia de lo ocurrido en los alrededor de 45 minutos en los que se realizaron las ejecuciones.
El primer detenido y fuente de la única hipótesis robustecida por la Procuraduría, que es Daniel Pacheco Gutiérrez, se retractó de todas sus declaraciones y ampliaciones anteriores el pasado 14 de diciembre, informó Leopoldo Maldonado, abogado de la organización Artículo 19 y coadyuvante en la investigación.
En esa fecha, explicó, Pacheco declaró en el Juzgado 25 en Materia Penal del Distrito Federal haber sido golpeado por policías hasta aceptar haber ido al departamento de la Narvarte a invitación de Abraham Torres Tranquilino y para sostener relaciones sexuales con la víctima Mile Virginia Martin.
En la declaración de fin de año, informó el abogado, Pacheco agregó que fue de la misma forma forzado a incriminar a los otros dos hoy procesados por los hechos.
“Dice que lo estuvieron golpeando desde el principio, que quienes lo presentan ante el ministerio público no son los mismos policías que firman el parte, que la policía de investigación amenazó a su esposa, que lo obligaron a señalar a Abraham y Omar como sus cómplices, que lo obligaron a ver varios videos y a decir que él llevaba la maleta y que le impusieron al abogado”, dijo Maldonado en entrevista.
Lo mismo declaró, también el 14 de diciembre, Abraham Torres Tranquilino, el segundo detenido y quien de manera similar afirmó que sus declaraciones anteriores, como la que indicó que había conocido a Mile Virginia Martin en un bar de la colonia Condesa, habían sido emitidas a la fuerza.
“Él también se retracta; dice que lo detienen con lujo de violencia el 31 de agosto, que cualquiera de sus anteriores declaraciones fue bajo coacción, que lo amenazaron en el reclusorio”, agregó Maldonado.
Pacheco Gutiérrez y Torres Tranquilino, junto con Omar Martínez, son los únicos tres procesados hasta este día por los asesinatos de Alejandra Negrete Avilés, de 40 años; Nadia Dominique Vera Pérez, de 32; Rubén Espinosa, de 31; Yesenia Quiroz Alfaro, de 18 y Mile Virginia Martin, de 29. El crimen ocurrió el 31 de julio de 2015 en el interior del departamento 401 de un edificio ubicado en Luz Aviñón 1909, de la colonia Narvarte.
LAS INCONSISTENCIAS
De acuerdo con Maldonado, las confesiones que los detenidos dicen ahora fueron emitidas bajo coacción son los principales elementos de la acusación de la PGJDF, además de una huella dactilar atribuida a Daniel Pacheco y encontrada en la recámara en la que se encontraron los cadáveres de Quiroz Alfaro y Martin.
Pero hay también, dice el abogado, rastros genéticos encontrados –en un pela-papas, en las cuerdas con las que ataron a las víctimas– que no coinciden con ninguno de los tres acusados, así como una huella en la habitación en la que encontraron a Espinosa y Vera que tampoco se ha establecido a quién pertenece.
Tampoco, explica el abogado, se ha esclarecido por qué hay dos reportes diferentes sobre los objetos hallados en la escena del crimen, el segundo de los cuales fue levantado dos días después de los hechos y que sumó la presencia de teléfonos, computadoras y bolsas con droga sintética que no habían sido reportados desde el 31 de julio.
Tampoco se han seguido líneas de investigación lógicas, dice Maldonado, como la denuncia por despojo que interpuso Mile Virginia Martin días antes del crimen y sobre la que no se han asentado más datos ni entrevistas en el expediente.
Y tampoco se ha indagado seriamente, agrega Maldonado, el entorno de amenazas que habían expuesto tanto el fotoperiodista Rubén Espinosa como la antropóloga y activista Nadia Vera, ambos acusando al Gobierno de Javier Duarte de Ochoa de ser fuente del hostigamiento que vivían en Veracruz.
“Aun cuando, en cualquier homicidio, cualquier antecedente de amenazas u hostigamiento es una línea de investigación consistente, razonable, en el caso de la Narvarte, para la Procuraduría no ha sido así, tan es así que no ha tratado, en el caso de Rubén, de involucrar a la Agencia especializada en materia de delitos contra periodistas de la misma PGJDF para que revise y recabe las pruebas que muestren el antecedente no sólo de su labor periodística, sino del hostigamiento y las amenazas. Esa línea no se ha agotado”, dijo Maldonado a este medio.
“Lo mismo sucede con respecto a Nadia Vera. Las pruebas que se han desahogado, los testimonios de quienes los conocían, ha sido por la actividad de los abogadas y abogados coadyuvantes, no por el agente investigador. Claro, ya interrogaron al Gobernador Javier Duarte, al Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, a la presidenta de la Comisión de Atención a Periodistas; pero, para nosotros, a la luz de los magros avances en esta línea de investigación, nos queda claro que era más un golpe mediático el que se buscaba, que realmente obtener elementos de prueba que pudieran descartar o confirmar esa línea que vinculaba a actores públicos de Veracruz con el asesinato”, agregó el abogado, que representa en la investigación a la familia del fotorreportero, Rubén Espinosa.
RUBÉN Y NADIA
Residente de Xalapa y especializado en la cobertura de movimientos sociales, Rubén Espinosa se encontraba en la Ciudad de México el verano pasado escapando de una serie de actos que consideraba persecutorios y de vigilancia –en su trabajo y en su casa– de personal no uniformado y que consideraba podrían estar trabajando para el Gobierno del Estado de Veracruz.
Nadia Vera, antropóloga, ex integrante de la Asamblea YoSoy132 y activa participante de manifestaciones contra el Gobierno de Duarte, había sufrido también vigilancia e incluso un allanamiento en su departamento en la capital veracruzana.
Espinosa, de acuerdo con diversos conteos, se convirtió en el periodista mexicano número 14 en ser asesinado en Veracruz desde 2010, periodo en el que, bajo el Gobierno de Duarte de4 Ochoa, esa entidad se ha convertido en la más peligrosa para ejercer el periodismo en México. El país, además, aparece en diferentes registros como el más letal para esta profesión en el continente americano.
De acuerdo con Maldonado, los vicios en la investigación del crimen en la colonia Narvarte, la probable manipulación de evidencias, la falta de profundidad y de voluntad por esclarecer los hechos que muestra la PGJDF, equipara al Gobierno de la Ciudad de México con el resto de las procuradurías estatales y la General de la República, que sostienen un nivel de impunidad casi total en la investigación de crímenes de periodistas.
“El índice de impunidad es infame, del 98 por ciento, y eso nos deja muy claro que, además de que no hay capacidad, tampoco hay voluntad; es decir, en un caso de alto impacto y con toda la atención mediática y social que recibió, tener a seis meses estas explicaciones, que dejan más dudas que certezas, nos lleva a la conclusión de que la falta de capacidad y la falta de voluntad, de manera conjunta, son un aliciente a la impunidad, y ésta a su vez es un resorte para que este tipo de crímenes sigan pasando”, dijo el abogado.
“El mensaje es muy claro: se puede asesinar periodistas, se puede detener arbitrariamente a periodistas, amenazarles sin que haya consecuencias; por eso, cada año las cifras de agresiones a periodistas se incrementan de manera exponencial”, agregó.
