Lo dijo el jueves 12 en conferencia de prensa: el camino a seguir es el de la resistencia civil, a contrapelo de lo que aconsejan algunos perredistas, empresarios e incluso priistas. Ese día Andrés Manuel López Obrador habló de las dos vías que tomará su movimiento. La primera, documentar el cúmulo de irregularidades del proceso electoral; la segunda, organizar nuevas movilizaciones en las calles para impedir que Enrique Peña Nieto sea impuesto “por la minoría que domina el país”. En entrevista, Jaime Cárdenas Gracia, asesor jurídico del Movimiento Progresista, explica la estrategia jurídica y califica el proceso electoral entero como “una simulación”.
Por José Gil Olmos
MÉXICO, D.F., 14 de julio (proceso).- A contracorriente de grupos de poder, gobernadores, empresarios, militantes del PRI y hasta miembros del PRD, quienes le piden aceptar la derrota para no romper con “la armonía del país”, Andrés Manuel López Obrador insiste en que el camino a seguir es el de la resistencia.
Ya dio el primer paso al documentar ante las instancias electorales que sí hubo fraude en la elección presidencial y ahora prepara las nuevas movilizaciones en las calles para impedir, dice, que Enrique Peña Nieto sea impuesto “por la minoría que domina el país”.
El jueves 12, acompañado de Jesús Zambrano, dirigente del PRD, Luis Walton, del Movimiento Ciudadano, y Alberto Anaya, del Partido del Trabajo, el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que cuenta con más de 4 millones de simpatizantes, llamó a los mexicanos a no permitir que se viole impunemente la Constitución y se cancele la vía democrática.
Se veía cansado por la desgastante campaña iniciada hace cinco años pero sobre todo por los resultados adversos de la jornada del domingo 1. Eso no le impidió esbozar su Plan Nacional para la Defensa de la Democracia y de la Dignidad de México: “Todo lo que hagamos será en estricto apego a nuestros derechos ciudadanos consagrados en la Constitución. Reitero que siempre actuaremos por la vía pacífica. No daremos ningún pretexto para que los violentos nos acusen de violentos”.
En la conferencia de prensa de ese día López Obrador expresó: “No aceptemos que la corrupción domine por entero la vida nacional. Luchemos por el renacimiento moral de México”. Y definió su estrategia, que va en dos vías. La primera será impugnar la elección presidencial ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); la segunda, salir a las calles para convocar a todos los ciudadanos a defender el voto.
El miércoles 11 en entrevista radiofónica respondió a quienes le piden aceptar el resultado de la elección: “No podemos ser cómplices de la corrupción. Pido disculpas por anticipado por las molestias que pueda provocar nuestra postura. Pero pierdan cuidado, voy a actuar pacífica y legalmente, sin violencia. Un dirigente puede poner en riesgo su vida pero no tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás”.
Junto con su equipo, encabezado por su asesor jurídico Jaime Cárdenas Gracia, insistió en que documentará las irregularidades electorales para demostrar que Peña Nieto no ganó.
LA SIMULACIÓN
Después de revisar con detalle las pruebas que el Movimiento Progresista presentó ante el TEPJF como causales de anulación, Cárdenas Gracia concluye que el proceso fue una simulación.
“En todos los sentidos –dice –. Aunque formalmente se pusieron las urnas y se contaron los votos, todo se desarrollo con una gran inequidad; las encuestas se usaron con fines electorales, como si fueran spots diarios, y el propio IFE (Instituto Federal Electoral) cayó finalmente en la inacción”.
Doctor en derecho por la UNAM y por la Universidad Complutense de Madrid, Cárdenas Gracia y el equipo que encabeza presentaron ante el tribunal un expediente con más de 600 páginas, 300 videos y 400 denuncias de seis graves irregularidades cometidas por el PRI, la primera de ellas por la compra y coacción del voto presentada ante la Fiscalía Especial de Delitos Electorales (Fepade). Hasta el cierre de edición ninguna había sido atendida.
Tras el análisis de los documentos, el exconsejero electoral insiste en que hay elementos suficientes para que el tribunal declare la invalidez de la jornada del domingo 1 y llame a elecciones extraordinarias. Todo depende de cómo actúe. Por ejemplo, sólo él puede obtener las averiguaciones previas interpuestas ante la Fepade.
“Si se asume como autoridad administrativa resolverá conforme a las pruebas que presentemos, solamente. Pero si se asume como tribunal tomará en cuenta no sólo lo que le presentemos, también podrá requerir a otras autoridades información o pruebas y dictar medidas para mejor proveer. Eso va a ser muy importante”, dice.
Confía en que para septiembre, cuando concluya el plazo, el tribunal se pronuncie y declare la invalidez de la elección presidencial. La impugnación, explica, seguirá una “ruta indicial” similar a la del Pemexgate. En ese caso el IFE conminó al PRI a pagar una multa de mil millones de pesos, la más grande en la historia electoral de México, luego de corroborar el uso ilegal de 500 millones de pesos del sindicato petrolero para la campaña presidencial de Francisco Labastida en 2000.
Ahora, dice, se presentan alrededor de 4 mil pruebas y documentos para configurar el delito de compra y coacción del voto e inequidad en la campaña presidencial mediante las tarjetas de Soriana y Monex que repartió el PRI antes de la votación.
También las denuncias de compra de votos en zonas rurales donde la participación aumentó hasta 85%, los contratos de los miles de espectaculares comprados desde el inicio de la campaña, las pruebas de contratos de promoción de Peña Nieto en Televisa desde hace cinco años, la actuación de los gobernadores del PRI, además de bases de datos, testimonios notariales, informes de la ONU y la OEA sobre la concentración de medios y resoluciones de otros casos donde se invalidaron elecciones por razones similares, como las de Morelia, Michoacán, y Zimapán, Hidalgo, en 2009.
“La autoridad electoral ya ha resuelto casos con indicios, por ejemplo en el del Pemexgate, en el cual participé. Te puedo decir que no teníamos prueba directa, la que tuvimos fue que el sindicato de Pemex había depositado en Banorte más de 500 millones de pesos y que unos empleados del PRI sacaron en 10 días esa suma.
“Y aun cuando no supimos a dónde se fue ese dinero –nunca tuvimos prueba de que haya llegado a las cuentas del PRI o se haya ido a la campaña– nosotros sólo dijimos que hubo violación constitucional y legal porque se utilizó para fines electorales. Al final, a partir de las pruebas indiciales, no directas, se multó al partido con mil millones de pesos”, relata Cárdenas.
LA INACCIÓN DEL IFE
El asesor jurídico del Movimiento Progresista advierte, como lo hizo Arturo Núñez Jiménez, el candidato triunfador en los comicios por el gobierno de Tabasco de la coalición de izquierda y uno de los primeros directores del IFE: lo más difícil será comprobar la compra y venta de votos.
Por ello incluyeron videos con testimonios de ciudadanos según los cuales el PRI les dio dinero o la tarjeta de Soriana o Monex a cambio de su voto. Asimismo, dice Cárdenas, aportaron pruebas de cómo los gobernadores del PRI y las estructuras paralelas del partido desviaron millones de pesos para conseguir 5 millones de sufragios, tal como denunció López Obrador durante la campaña.
Comenta que la triangulación de esos fondos de origen ilícito puede tipificarse como lavado de dinero, al igual que el caso de Amigos de Fox en 2000, cuando el candidato panista recibió financiamiento de empresarios mexicanos y del extranjero. “Con esos elementos vamos a construir un argumento para demostrar la compra y coacción del voto”, sostiene Cárdenas.
En lo concerniente al rebase de gastos de campaña y en el asunto de la inequidad, el movimiento tiene pruebas directas para comprobar las irregularidades del PRI y su candidatos, como facturas, notas y documentos. En ellas, según el asesor jurídico, se evidencian gastos por 4 mil 599 millones de pesos, superiores a los 336 millones autorizados por el IFE.
Y sobre las encuestas, el propósito de la demanda es “construir” el argumento legal para demostrar su uso como propaganda. Un ejemplo son los sondeos de la empresa GEA-ISA publicados por el grupo Milenio en su periódico todos los días y retransmitidas en noticiarios televisivos, en los cuales Peña Nieto siempre llevó una cómoda ventaja sobre sus contrincantes.
De manera similar se comportaron Consulta Mitofsky en Televisa y Telefórmula; Parametría en la Cadena Organización Editorial Mexicana que edita El Sol de México; Ulises Beltrán para el diario Excélsior, y Buendía y Laredo en El Universal.
“En términos legales y constitucionales eso implica una ‘adquisición indebida de tiempos en radio y televisión’. Para medir el impacto de las encuestas utilizaremos el monitoreo de IBOPE o los del propio IFE. Vamos a demostrar el impacto de ese tipo de encuestas orientando a la opinión pública durante todo el proceso. Las encuestas eran como spots y en casos como el de del periódico Milenio se publicaron todos los días”, precisa el entrevistado.
En el caso de la presencia de Peña Nieto en televisión durante los últimos cinco años, asegura que la queja está respaldada con fotocopias de los contratos encubiertos de Televisa, así como por las menciones del candidato presidencial en los programas del consorcio, incluidos los de espectáculos.
–¿Se va a pedir la invalidez o la anulación?
–Podríamos decir que hay dos tipos de nulidad o de invalidez. La nulidad por la violación a la ley, que es una; la otra es la nulidad o invalidez por violación a principios constitucionales. Nosotros vamos a proponer una nulidad por principios constitucionales. Lo que decimos en el escrito es que reclamamos la nulidad y exigimos la no declaración de validez de la elección, por violación a principios constitucionales.
“Para nosotros los principios que se violaron fueron los de libertad, sufragio, equidad, legalidad, certeza y autenticidad. Todos se violaron a lo largo del proceso electoral”.
Expone también que son tres los argumentos principales en el recurso de inconformidad: el de equidad con el rebase de topes de campaña; el de compra y coacción del voto, relacionado con el principio de libertad del sufragio, y el de las encuestas, que tiene que ver con equidad y autenticidad del voto.
Otro aspecto del recurso de impugnación es el de la inacción por parte de la unidad de fiscalización del IFE, pues aunque recibió las primeras quejas desde hace dos meses aun no las resuelve. Lo mismo sucedió con la Comisión de Quejas del instituto, que no atendió las querellas sobre compra o coacción de votos.
“Todo eso lo sustentamos jurídicamente como pruebas que incluyen videos, bases de datos, testimonios notariales, resoluciones de la autoridad, informes de la ONU y de la OEA sobre la concentración de medios, pruebas documentales, técnicas, ‘pruebas indiciarias’, estudios demográficos e informes de instituciones como el Inegi y el IFAI. El expediente contiene más de 600 páginas, 3 mil o 4 mil pruebas y algunos anexos”, resume Cárdenas.
Dice que el 8 de febrero, casi un mes antes del arranque de su campaña, López Obrador propuso al presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, 12 medidas para inhibir la compra de votos. Tres meses y medio después el instituto contestó que era asunto de la Fepade.
“Acudimos al tribunal (electoral) pero confirmó lo que dijo el IFE. Creo que en materia de compra y coacción del voto el instituto ha sido una autoridad omisa. Sé que de las quejas presentadas ninguna ha sido resuelta hasta el momento”.
En materia de fiscalización fueron los propios partidos, en particular PRI y PAN, los que desaparecieron la comisión de fiscalización en el IFE y la convirtieron en unidad, sostiene el entrevistado, “porque la fiscalización es a lo que más le temen los partidos luego de los escándalos de Amigos de Fox y el Pemexgate. Inventaron esa unidad técnica de fiscalización para, en lugar de investigar, dedicarse sólo a imponer multas”.
Además los resultados de fiscalización se dan después de la declaración de validez de la elección, cuando ya no tiene ningún impacto en la calificación del tribunal.
De acuerdo con Cárdenas, también están quejas como el rebase de topes de campaña de Peña Nieto con los espectaculares, que pese a que presentaron al arranque de las campañas “no se han resuelto”.
Reitera: “Creo que en materia de fiscalización, compra y coacción del voto el IFE ha sido insuficiente, omiso. Lo mismo pasó con las encuestas: no hizo nada. Esos problemas los fuimos denunciando pero todos fueron omitidos. Si el instituto hubiera tenido un plan para atender esas contingencias, otra sería la situación”.
–La no solución de quejas ¿es más una cuestión de ley o intencional?
–Las dos cosas. La ley no ayuda mucho, por eso (los consejeros del IFE) se escudan y dicen que es una cuestión de la ley, pero en realidad es la interpretación que ellos hacen de la ley.
“Aunque viéndolo bien creo que es intencional. Cuando aseguran que la compra y coacción de votos no es asunto suyo sino de la Fepade, es para quitarse una crítica de encima o para evitar abordar un tema delicado que podría enfrentarlos con los gobernadores, alcaldes o caciques.
“En el tema de la fiscalización se enfrentan con la maquinaria de los partidos; en las encuestas, con los medios y las empresas encuestadoras. No quisieron líos, piensan que su tarea es organizar los comicios y contar votos. Pero no. El proceso electoral tiene que ver con generar condiciones de equidad, libertad y autenticidad para que éste no sea una simulación”.
“Ahora veremos al Tribunal. Aunque el recurso se entrega al IFE, éste lo turna al tribunal porque así lo dicta la ley. La pelota está en el tribunal. Y si vemos a los magistrados, algunos podíamos llamarlos progresistas, pero en general son conservadores. La mayoría de sus integrantes son letristas de la ley”.
–Ante este panorama, ¿qué van a hacer?
–Hay que dejar el testimonio histórico, preparar los procesos electorales venideros, darle aliento a la gente que ha perdido la esperanza en las instituciones. Esta es la vía para hacerlo, aunque haya pocas posibilidades. Jurídica e históricamente estamos obligados a hacerlo.
–Apro
